CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL. ACOGE RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR DEFENSOR:

LA NECESIDAD DE CAUTELA DESAPARECE SI EL IMPUTADO SERÁ BENEFICIADO CON ALGUNO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY  18.216. POR LO TANTO LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD SE VUELVE ARBITRARIA. 13 DE MAYO DE 2007, ROL 120-2007.

CONSIDERANDOS RELEVANTES. “Que para dilucidar el asunto planteado en autos es imprescindible tener en cuenta que las medidas restrictivas de la libertad personal sólo deben estar sustentadas en razones de orden legal. En dicho ámbito la medida cautelar personal de prisión preventiva de última ratio debe siempre encuadrarse dentro de las hipótesis que contienen los artículos 139, 140 y 141 del Código Procesal Penal” (considerando 1°). “Que en la especie, analizados los antecedentes referidos al caso sub-lite, se colige de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago al concederle a Jéssica Mendoza Cifuentes el beneficio alternativo de libertad vigilada por reunir las exigencias de la Ley 18.216, hace expresamente desaparecer la necesidad de cautela que se esgrimió para desestimar la solicitud formulada por la defensa” (considerando 2°). “Que en esas circunstancias no aparece razonable ni proporcionado al tenor de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Procesal Penal mantener la prisión preventiva de la sentenciada antes individualizada, resultando no ajustada a derecho tal decisión, al tenor de lo resuelto por el Tribunal antedicho, vulnerándose así la garantía constitucional del artículo 19 N° 7 letra b) de la Constitución Política de la República y reuniéndose los requisitos exigidos por el constituyente en el artículo 21 de la Carta Fundamental, esta Corte hará lugar a la acción constitucional impetrada” (considerando 3°).

TEXTO COMPLETO

San Miguel, trece de abril de dos mil siete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

A fojas 1 comparece el defensor penal público don Rogelio Andrés Piñeiro Santis, domiciliado en el edificio Centro de Justicia de Santiago, con forma de notificación en correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla , recurriendo de amparo a favor de la sentenciada JESSICA MENDOZA CIFUENTES y en contra de la resolución de 05 de abril pasado dictada por el 6º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los magistrados doña Carmen Astorga, Laura Torrealba y don José Sánchez señalando que: En causa Ruc Nº 0500431378-1 y Rit Nº 29-07 su defendida fue sentenciada como autora del delito de sustracción de menores a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y como autora del delito de secuestro a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y que en el basamento vigésimo tercero el tribunal decidió concederle el beneficio de la Libertad Vigilada por reunir las exigencias del la Ley Nº 18.216. Que no obstante, el beneficio otorgado, su defendida ha resultado menoscabada en su derecho a la libertad personal y seguridad individual por cuanto se ha negado lugar a la solicitud de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva revelándose así una contradicción entre lo decisorio del fallo y el mantener la prisión preventiva por darse en la especie los requisitos de las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal; agrega que si bien la sentencia de autos no se encuentra ejecutoriada de conformidad con el artículo 468 del texto ya citado, atendida la pena impuesta y la forma de cumplimiento establecida para ella hacen desaparecer el literal c) del artículo 140 mencionado, de manera que la resolución del trib unal resulta arbitraria e ilegal violando los artículos 19 Nº 7 letra b) de la Constitución de la República y artículo 7.3 de la Convención Interamericana de DD.HH y en virtud de las razones expuestas, pide se acoja el recurso deducido y se adopten las providencias necesarias para que la sentenciada Mendoza Cifuentes no sea privada de su libertad restableciéndose así el imperio del derecho.

A fs. 5 fue admitido a tramitación el recurso, se solicitó informe a señores jueces recurridos, los están agregados a fojas 6 y 9 respectivamente. Señalan las magistrados Atorga y Torrealba, la imputada Jessica Mendoza Cifuentes efectivamente fue condenada por los delitos de sustracción de menores y secuestro a las penas precedentemente referidas y que durante el debate correspondiente la defensa de la sentenciada solicitó se dejara sin efecto la prisión preventiva y tanto los representantes del Ministerio Público como del Ministerio del Interior en su calidad de querellante, manifestaron que tal petición fuera desestimada y el tribunal decidió no hacer lugar a la solicitud de la defensa acordada con el voto en contra del Magistrado Sánchez. En el criterio de mayoría no obstante el beneficio otorgado a la sentenciada en el fallo, éste no se encontraba ejecutoriado y debía la imputada ser mantenida en prisión hasta que ello aconteciera para prevenir que eludiera la ejecución de lo juzgado, situación probable si te tiene en cuenta que la imputada al igual que los demás acusados se negaron a ingresar a la sala de audiencias a oír la comunicación del fallo, constituyendo tal conducta un peligro para la seguridad de la sociedad atendida la entidad de los delitos por los que fue condenada, todo lo anterior resuelto con al convicción de ser una decisión ajustada a la ley y a la Constitución por un tribunal competente. Finalizan su informe indicando que la naturaleza del beneficio de la libertad Vigilada otorga un sentido diferente al que alcanzan las normas de las medidas cautelares siendo del todo independientes unas de otras de manera que no existen decisiones contradictorias entre una y otra.

A fojas 9, el magistrado Sánchez Maestri, indica en su informe que ateniéndose a lo resuelto por el Tribunal que concedió el beneficio alternativo de la Libertad Vigilada, en voto de minoría fue del parecer de acoger la petición de la def ensa por cuanto no subsisten motivos que justifiquen mantener la prisión preventiva conforme a lo dispuesto en el artículo 152 del Código Procesal Penal.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que para dilucidar el asunto planteado en autos es imprescindible tener en cuenta que las medidas restrictivas de la libertad personal sólo deben estar sustentadas en razones de orden legal. En dicho ámbito la medida cautelar personal de prisión preventiva de última ratio debe siempre encuadrarse dentro de las hipótesis que contienen los artículos 139, 140 y 141 del Código Procesal Penal.

Segundo: Que en la especie, analizados los antecedentes referidos al caso sub-lite, se colige de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago al concederle a Jéssica Mendoza Cifuentes el beneficio alternativo de libertad vigilada por reunir las exigencias de la Ley 18.216, hace expresamente desaparecer la necesidad de cautela que se esgrimió para desestimar la solicitud formulada por la defensa.

Tercero: Que en esas circunstancias no aparece razonable ni proporcionado al tenor de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Procesal Penal mantener la prisión preventiva de la sentenciada antes individualizada, resultando no ajustada a derecho tal decisión, al tenor de lo resuelto por el Tribunal antedicho, vulnerándose así la garantía constitucional del artículo 19 N° 7 letra b) de la Constitución Política de la República y reuniéndose los requisitos exigidos por el constituyente en el artículo 21 de la Carta Fundamental, esta Corte hará lugar a la acción constitucional impetrada.

Por lo expresado y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de a Constitución Política de la República, se resuelve:

Que se acoge el recurso de amparo interpuesto a fojas 1 por don Rogelio Piñeiro Santis a favor de Jessica Mendoza Cifuentes en contra de la resolución dictada por el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y en consecuencia, se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva decretada en los autos R.I.T. Nº 29-2007.

Comuníquese de inmediato por la vía más expedita.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° 120-2007-A

Pronunciada por los Ministros señor Ricardo Blanco Herrera y señora María Stella Elgarrista Alvarez y el Abogado Integrante señor Rafael Carvallo Santelices.

San Miguel, a trece de abril de dos mil siete, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.