CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA. ACOGE RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR DEFENSA:

LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A ASISTENCIA LETRADA HACE PROCEDENTE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD. 30 DE MAYO DE 2007, ROL 91-2007

CONSIDERANDOS RELEVANTES. “Que el derecho de contar con defensa letrada también aparece reconocido en diversas disposiciones de nuestro Código Procesal Penal. Así el artículo séptimo dispone que las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia A su vez, el artículo octavo de dicho cuerpo legal estatuye en su inciso primero el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Igualmente el artículo 93 del mismo texto en lo referido a los derechos y garantías del imputado indica en su letra b) ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación. Tampoco debe soslayarse lo establecido en el artículo 12 del cuerpo legal en estudio que considera como interviniente en el procedimiento al defensor, y el artículo 102 que reconoce al imputado el derecho a designar libremente a un defensor, que se le nombre a solicitud del Ministerio Público o por el juez en los términos que señale la ley respectiva. En el mismo razonar cabe tener presente lo consignado en el artículo 103 del texto legal que nos ocupa en cuanto establece que la ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley expresamente exigiere su participación acarreará la nulidad de la misma, y lo dispuesto en el artículo 286 que dispone la presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral será un requisito de validez del mismo” (considerando 5°). “Que de la interpretación de las normas legales y constitucionales analizadas precedentemente, aparece en evidencia que en el caso en estudio la imputada de autos no dispuso de un defensor durante la audiencia del juicio oral, impidiéndole hacer valer sus pretensiones e incorporar los medios de prueba en el debate que permitieran arribar a una verdad comprobable, en términos que los jueces pudieran calificar si la misma se transforma en una verdad procesalmente probada en un procedimiento adversarial y contradictorio, vulnerándose normas no sólo de carácter procedimental sino garantías constitucionales, configurándose así el motivo absoluto de nulidad alegado, sin que la ritualidad de los actos de procedimiento, como los principios de la certeza y seguridad jurídica cedan ante la transgresión de estas últimas” (considerando 6°). “Que en lo concerniente a la reformatio in peius invocada por la defensa, cabe analizar el artículo 360 del Código Procesal Penal. Esta norma establece que el tribunal al fallar un recurso, sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellas o más allá de los límites de lo solicitado, salvo dos excepciones: la primera si sólo uno de varios imputados entabla un recurso, la decisión favorable aprovechará a los demás que no recurrieron, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo así expresamente. Y, la segunda, establecida en el artículo 379 del mismo texto legal, en cuanto en uso de la facultad oficiosa de la Corte, conociendo de un recurso de nulidad puede acoger el interpuesto por el imputado por un motivo distinto del invocado, siempre que se trate de los motivos absolutos de nulidad previstos en el artículo 374 de dicho cuerpo legal. Es así, entonces, que en los recursos la actuación de oficio del tribunal mira al interés del imputado; además, el legislador en el inciso final del artículo 360, determinó que si la resolución hubiere sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no puede reformarla en perjuicio del mismo, consagrando lo que se denomina la reformatio in peius, que constituye una de las manifestaciones del derecho de defensa, esto es, la prohibición de que el tribunal conociendo del fallo de un recurso interpuesto pueda modificar la resolución en contra del mismo recurso, situación que anteriormente permitía el artículo 528 del Código de Procedimiento Penal” (considerando 7°). “Que como puede advertirse la reformatio in peius sólo alcanza al ámbito estricto de la jurisdicción de la Corte, dentro de los límites del recurso deducido, y pretender darle una aplicación y hacerla extensiva a un futuro juicio oral, como lo pretende la defensa, resulta del todo improcedente”
(considerando 8°).

TEXTO COMPLETO
Antofagasta, treinta de mayo de dos mil siete.

VISTOS:

La audiencia realizada el 16 de mayo en curso en la Primera Sala de esta Corte, ante los Ministros Sra. Rosa María Pinto Egusquiza, Sra. Laura Soto Torrealba y Sra. Gabriela Soto Chandía, para conocer el recurso de nulidad interpuesto por el Defensor Penal Público, don Hernán Díaz Verdugo, en la causa RIT Nº 71-2006, RUC Nº 0500633483-2 en contra de la sentencia de fecha 7 de octubre de 2006, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama que condenó a doña Rosa Durán Mayorga a la pena de diez años y un día de presido mayor en su grado medio, y a las accesorias legales como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, perpetrado en la ciudad de Calama el día 4 de diciembre de 2005.

El Abogado Defensor don Ignacio Barrientos Pardo, en estrados, pide la invalidación de la sentencia y del juicio, por incurrir en la causal de nulidad prevista en el artículo 374 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando la audiencia de juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo sanción de nulidad, los artículos 284 y 286.

Señala que durante la audiencia del juicio oral su representada fue asistida por don Mauricio Morales Flores, habiéndose informado por el Ministerio Público con posterioridad a la audiencia de lectura de la sentencia, que el señor Morales Flores había sido detenido por el delito de ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de documento público, fundado en un oficio emanado de la Secretaria de la Excma. Corte Suprema en el que se afirma que éste no figuraba en los registros de abogados que han prestado juramento en dicho Tribunal. Agrega que la imputada no dedujo recurso de nulidad en contra del fallo, por no contar con defensa letrada, la que tuvieron otros imputados. Ante esta situación se dedujo ante el Juzgado de Garantía de Calama incidente de nulidad procesal, para que se anularan todas las actuaciones del juicio en que el señor Morales intervino como defensor de la imputada, el que fue rechazado fundándose, entre otros argumentos, en el hecho de carecer de competencia para conocer del mismo respecto de un vicio acaecido ante el Tribunal Oral de Calama, deduciéndose recurso de apelación, el que también fue desestimado, procediéndose enseguida a interponer ante este último tribunal incidente de nulidad procesal, el que siendo acogido ordenó retrotraer el estado de la causa hasta el momento de la lectura de sentencia.

Sostiene que el derecho a defensa está consagrado en el ámbito constitucional en el artículo 19 N° 3 de nuestra Constitución Política y en el reconocimiento de rango constitucional que se le asigna a los Tratados Internacionales ratificados por Chile, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que reconocen la importancia esencial de la defensa jurídica proporcionada por abogado como un elemento central del debido proceso.

En el orden legal, el derecho de contar con defensa jurídica está recogido en diversas disposiciones del Código Procesal Penal, especialmente en su artículo 7, norma que se complementa con lo expresado en el artículo 8 y reiterada en el artículo 93, consagrándose en el artículo 10 del referido cuerpo legal el principio básico denominado cautela de garantía.

Refiere que estas garantías constituyen el Estatuto del Defensor Penal establecidas en los artículos 12 y 112 del cuerpo legal en examen y que la ausencia del defensor en esta materia, como lo señalan los artículos 103 y 286 del mencionado texto legal, tiene como sanción la nulidad de aquella actuación en que la ley exige expresamente su participación.

Argumenta que en el juicio penal incoado en contra de la imputada faltó un interviniente esencial de la relación procesal penal, concurriendo quien aparentaba ser abogado defensor, no existiendo las garantías de un justo y debido proceso en los términos que lo consagra el artículo 19 N° 3 de nuestra Constitución Política lo que en el Código Procesal Penal constituye por su carácter, un motivo absoluto de nulidad, conforme lo establece el artículo 374 letra b) del Código Procesal Penal.

En tales circunstancias y en virtud de una interpretación coherente del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales y las normas contenidas en el Código Procesal Penal, es requisito de validez de la sentencia y del juicio que ésta proceda de un justo y racional procedimiento, garantizando al acusado las condiciones para una adecuada defensa, bajo sanción de incurrir en vicio de nulidad si faltare tal condición, configurándose de esta forma el motivo absoluto de nulidad. Solicita se invalide el juicio y la sentencia respectiva, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento ordenando la remisión de los autos al Tribunal no inhabilitado que corresponda para la realización de un nuevo juicio oral.

Pide finalmente en la réplica que se haga una declaración expresa acerca de la condición de la reformatio in peius, ya que no es posible que la imputada se vea perjudicada por una sentencia que eventualmente la condene a una pena superior a la que se le impuso en el primer juicio llevado en su contra.

Por su parte el representante del Ministerio Público, Alejandro Azócar Zubicueta no cuestiona la causal de nulidad invocada, por cuanto los argumentos expuestos por la defensa están suficientemente acreditados en distintos casos que se han tramitado sobre la materia y sólo pretende que se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 360 inciso 2° del Código Procesal Penal, en cuanto a que la declaración de nulidad sólo beneficie a quien ha recurrido de nulidad, en este caso, respecto de la imputada Rosa Durán Mayorga, por concurrir fundamentos exclusivamente personales ya que fue la única imputada que no contó con una defensa letrada, puesto que los otros acusados fueron asistidos por sus respectivos abogados.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el recurrente fundamenta el recurso en el motivo absoluto de nulidad contemplado en el artículo 374 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen bajo sanción de nulidad los artículos 284 y 286 del referido texto legal, al haberse producido una transgresión evidente del derecho de defensa garantizado tanto en el ámbito constitucional como legal, al no haber contado la imputada con un abogado durante la secuela del juicio.

SEGUNDO: Que el recurso de nulidad está concebido para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, cuando concurren las causales señaladas expresamente en la ley, respecto de errores que son capaces de generar una nulidad y que influyen en la parte dispositiva de la sentencia, las que están taxativamente señaladas en los artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal.

TERCERO: Que ha quedado debidamente establecido en la litis que la imputada Rosa Durán Mayorga fue condenada por sentencia de fecha 7 de octubre de 2006 a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio como autora del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, siendo asistida en el juicio oral por don Mauricio Morales Flores, quien no tenía la calidad de abogado, de lo que tomó conocimiento el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal luego de la lectura de la sentencia, ocurrida el 7 de octubre de 2006.

Es así, que con fecha 6 de Diciembre del año 2006, se dedujo incidente de nulidad ante el Juzgado de Garantía de Calama, promovido por la imputada a objeto se anularan todas las actuaciones del juicio en las que intervino el señor Morales Flores, el que fue rechazado fundado, entre otros argumentos, en el hecho de carecer de competencia para conocer de dicho incidente, por ser un juicio producido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y habiéndose interpuesto recurso de apelación, fue confirmado por esta Corte.

Posteriormente, se dedujo un incidente de nulidad ante el respectivo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, siendo acogido, ordenando retrotraer el estado de la causa hasta el momento de la lectura de la sentencia, la que se llevó a efecto en audiencia de fecha 16 de abril del año en curso.

CUARTO: Que como lo sostiene el abogado defensor, el derecho a la defensa se encuentra garantizado en el ámbito constitucional estableciéndose en el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, el reconocimiento de los tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen la importancia de la defensa jurídica proporcionada por abogado como un elemento central del debido proceso.

Por su parte, el artículo 19 N° 3 del Texto Constitucional, garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, estableciendo que: Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida..., indicando que La Ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.

QUINTO: Que el derecho de contar con defensa letrada también aparece reconocido en diversas disposiciones de nuestro Código Procesal Penal. Así el artículo séptimo dispone que las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia A su vez, el artículo octavo de dicho cuerpo legal estatuye en su inciso primero el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Igualmente el artículo 93 del mismo texto en lo referido a los derechos y garantías del imputado indica en su letra b) ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación. Tampoco debe soslayarse lo establecido en el artículo 12 del cuerpo legal en estudio que considera como interviniente en el procedimiento al defensor, y el artículo 102 que reconoce al imputado el derecho a designar libremente a un defensor, que se le nombre a solicitud del Ministerio Público o por el juez en los términos que señale la ley respectiva.

En el mismo razonar cabe tener presente lo consignado en el artículo 103 del texto legal que nos ocupa en cuanto establece que la ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley expresamente exigiere su participación acarreará la nulidad de la misma, y lo dispuesto en el artículo 286 que dispone la presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral será un requisito de validez del mismo.

SEXTO: Que de la interpretación de las normas legales y constitucionales analizadas precedentemente, aparece en evidencia que en el caso en estudio la imputada de autos no dispuso de un defensor durante la audiencia del juicio oral, impidiéndole hacer valer sus pretensiones e incorporar los medios de prueba en el debate que permitieran arribar a una verdad comprobable, en términos que los jueces pudieran calificar si la misma se transforma en una verdad procesalmente probada en un procedimiento adversarial y contradictorio, vulnerándose normas no sólo de carácter procedimental sino garantías constitucionales, configurándose así el motivo absoluto de nulidad alegado, sin que la ritualidad de los actos de procedimiento, como los principios de la certeza y seguridad jurídica cedan ante la transgresión de estas últimas.

SÉPTIMO: Que en lo concerniente a la reformatio in peius invocada por la defensa, cabe analizar el artículo 360 del Código Procesal Penal. Esta norma establece que el tribunal al fallar un recurso, sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellas o más allá de los límites de lo solicitado, salvo dos excepciones: la primera si sólo uno de varios imputados entabla un recurso, la decisión favorable aprovechará a los demás que no recurrieron, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo así expresamente. Y, la segunda, establecida en el artículo 379 del mismo texto legal, en cuanto en uso de la facultad oficiosa de la Corte, conociendo de un recurso de nulidad puede acoger el interpuesto por el imputado por un motivo distinto del invocado, siempre que se trate de los motivos absolutos de nulidad previstos en el artículo 374 de dicho cuerpo legal.

Es así, entonces, que en los recursos la actuación de oficio del tribunal mira al interés del imputado; además, el legislador en el inciso final del artículo 360, determinó que si la resolución hubiere sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no puede reformarla en perjuicio del mismo, consagrando lo que se denomina la reformatio in peius, que constituye una de las manifestaciones del derecho de defensa, esto es, la prohibición de que el tribunal conociendo del fallo de un recurso interpuesto pueda modificar la resolución en contra del mismo recurso, situación que anteriormente permitía el artículo 528 del Código de Procedimiento Penal.

OCTAVO: Que como puede advertirse la reformatio in peius sólo alcanza al ámbito estricto de la jurisdicción de la Corte, dentro de los límites del recurso deducido, y pretender darle una aplicación y hacerla extensiva a un futuro juicio oral, como lo pretende la defensa, resulta del todo improcedente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, SE ACOGE el recurso de nulidad interpuesto, declarándose nulo el juicio oral realizado y la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil seis, agregada a fojas 1 y siguientes de esta carpeta, y se repone la causa al estado de realizar nuevamente el juicio oral correspondiente por tribunal no inhabilitado respecto de la acusada Rosa Durán Mayorga.

Regístrese y devuélvanse.
Rol N° 91-2007.

Redacción de la Ministro Titular Sra. Laura de los Ángeles Soto Torrealba.
Pronunciada por la Primera Sala integrada por las Ministros Sra. Rosa María Pinto Egusquiza, Sra. Laura de los Ángeles Soto Torrealba y Sra. Gabriela Soto Chandía. Autoriza la Secretaria Interina, Sra. Claudia Campusano Reinike. Final del formulario