CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO. ACOGE RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR MP:

LOS FISCALES SON SUJETOS PASIVOS DEL TIPO DEL ART. 264 CP. 04 DE MAYO DE 2007, ROL 386-2007

CONSIDERANDOS RELEVANTES. “Que atingente a las causales del recurso de nulidad interpuesto, interesa destacar las siguientes conclusiones contenidas en el fallo al cual dicho recurso se refiere. En el motivo noveno se concluye por el Tribunal respectivo el tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos: “El día 15 de noviembre de 2006, en la sala Nº 3 del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, y luego de ser formalizada la investigación por el Fiscal Adjunto Patricio Toro Díaz, por diversos delitos contra el acusado E.M.A., éste se dirigió al referido Fiscal del Ministerio Público y lo amenazó de muerte insultándolo diciéndole “te voy a matar concha de tu madre, te voy a matar” en presencia de las personas que habían asistido a la audiencia, entre las cuales se encontraban abogados, defensores, postulantes de la Academia Judicial, miembros de los medios de comunicación y público en general”. Más adelante en el considerando undécimo se señalan los siguientes fundamentos para considerar que tal amenaza constituye la figura típica a la que se refiere el artículo 164 inciso primero del Código Penal: Se transcribe la definición del diccionario de la Real Academia Española respecto del concepto “autoridad” como “poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o su calidad y competencia en alguna materia”. Se hace mención a las bases de nuestra institucionalidad contempladas en los primeros articulados de la Constitución Política de la República la que previene que la soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio está entregado al pueblo –a través de plebiscitos y elecciones periódicas y a las autoridades que la misma Constitución establece. Señala que dentro de nuestra Carta Fundamental se encuentra expresamente incorporado el Ministerio Público al cual se le designa como un organismo autónomo, jerarquizado al cual corresponde dirigir, en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, pudiendo, en el marco de sus atribuciones impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante dicha investigación, salvo respecto de aquellas actuaciones que requieren autorizaciones judiciales previas. Agrega que el ejercicio de las funciones que la Constitución y la Ley Orgánica entregan al Ministerio Público se encuentra radicado, por cierto, en sus Fiscales –Nacional, Regionales y Adjuntos– por lo que en ellos recaen, finalmente las obligaciones y atribuciones antes referidas y, de tal modo, aun no siendo integrantes propiamente del Poder Judicial, sí cumplen una función coadyuvante a los intereses del Estado, y, en consecuencia, en ellos reside, también –en parte– el ejercicio de la Soberanía. Se concluye que, entonces, no cabe más que entender que los Fiscales del Ministerio Público si son “autoridades públicas” pues ellos ejercen, dentro del marco de sus atribuciones un poder o facultad dirigido a la persecución penal pública en la investigación de todo hecho que pudiere constituir delito, supuesto básico y previo al desarrollo de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. Se colige que las expresiones verbales proferidas por el acusado “te voy a matar concha de tu madre, te voy a matar”, constituyen a juicio de la sentenciadoras “amenazas” puesto que E.M.A. dio a entender con palabras que quería provocar un mal constitutivo de delito –la muerte– a una persona –el Fiscal– debiendo sus dichos ser tenidos como serios y verosímiles en los términos del artículo 296 del Código Penal. Se representa la circunstancia de que tales amenazas provinieron de un sujeto que registra varias anotaciones en su extracto de filiación, incluida una condena por delito de amenazas, que había sido formalizado solo momentos antes por ilícitos de gravedad ¬secuestro, robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego- contra el cual el mismo Fiscal afectado dirigía investigaciones por otros delitos igualmente graves -robos con intimidación- sin perjuicio de otras seguidas en el Ministerio Público todo lo cual estaba en conocimiento de la victima dada su calidad de miembro de dicho órgano persecutor” (considerando 2°). “Que, además, este Tribunal sobre la base de los elementos de juicio contenidos en los párrafos finales del motivo undécimo, debe necesariamente concordar en orden a que resultaba creíble la realización del mal con el cual se amenazaba al Fiscal señor Patricio Toro, atendida la situación concreta en que se encontraban, y dada la peligrosidad y características personales del sujeto activo, en cuya virtud el actuar del acusado resultaba impredecible. Se hace referencia en tal considerando a las declaraciones de la testigo M.J.C. quien afirmó con plena convicción y credibilidad que le llamó profundamente la atención el ímpetu, fuerza y decisión con que habló el acusado, lo cual contrastaba con su comportamiento durante el desarrollo de audiencia. Agrega que, además, sus dichos estuvieron acompañados de un correlato físico que respalda las conclusiones de las sentenciadoras, dado que en las imágenes exhibidas se aprecia que el imputado gira hacia el Fiscal y dirige su cuerpo a la persona de Toro Díaz, mientras le habla. Se tiene también en consideración el hecho que, según se señalase, las amenazas provinieren de un sujeto que registra varias anotaciones en su extracto de filiación, incluida una condena por delito de amenazas, que había sido formalizado sólo momentos antes por ilícitos de gravedad y de un secuestro, robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego, contra el cual el mismo Fiscal afectado dirigía investigaciones por otros delitos igualmente graves –robo con intimidación– sin perjuicio de otras seguidas en el Ministerio Público, lo cual estaba en conocimiento de la víctima, dada su calidad de miembro de dicho órgano persecutor. En consecuencia y por las razones expuestas, habiéndose aplicado debidamente la norma penal a que se ha hecho referencia, artículo 264 inciso 1º del Código Penal, no incide en la especie la primera causal en que se fundamenta el recurso de nulidad hecho valer, esto es haberse efectuado en la sentencia recurrida, una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo” (considerando 4°).

TEXTO COMPLETO

Valparaíso, cuatro de mayo de dos mil siete.

VISTOS:

E esta causa RUC Nº 0600814525-1, RIT Nº 13-2007, rol de esta Corte Nº 386-2007, mediante sentencia de 17 de marzo de 2007, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, condenó al acusado E.M.A. a la pena de 541 días de reclusión menor en su grado medio y accesorias correspondientes, en calidad de autor del delito de amenazas a una autoridad descrito y sancionado en el inciso 1º del artículo 264 del Código Penal, en grado de consumado, cometido en dicha ciudad el día 15 de noviembre del 2006.

Contra esta sentencia don FRANCISCO ALBERTO HUNT LEIVA, Defensor Penal Público de Viña del Mar, interpone recurso de nulidad en representación del condenado, solicitando la invalidación de tal sentencia y el juicio oral en el cual recayese, invocando las causales establecidas en los artículos 373 letra b) y 374 letra e) del Código Procesal Penal. Declarado admisible dicho recurso con fecha 11 de abril del 2007, el día 17 del mismo mes se llevó a efecto la audiencia para su conocimiento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, según ha quedado dicho, el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado, se fundamenta en las causales establecidas en los artículos 373 letra b) y 374 letra e) del Código Procesal Penal en virtud de los siguientes fundamentos: 1.- Causal del artículo 373 letra b): Haberse incurrido en el pronunciamiento de la sentencia en una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Para tales efectos, en primer término transcribe la norma contenida en el inciso 1º del artículo 264 del Código Penal: “El que amenace durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o en las audiencias de los Tribunales de Justicia a algún diputado o senador o a un miembro de dichos tribunales, o a un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso, o a un miembro de un Tribunal de Justicia por fallos que hubiere pronunciado o a los Ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos, será castigado con reclusión menor en cualquiera de sus grados”. Señala que si bien existen varias técnicas de interpretación o hermenéutica establecidas por la doctrina, se refiere a la norma contenida en el artículo 19, inciso 1º del Código Civil “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto a consultar su espíritu”, destacando que la lectura atenta del artículo 264 inciso 1º del Código Penal, permite advertir que existen tres clases de autoridades que son protegidas por dicho tipo penal, conforme a la clásica división de los poderes del Estado: 1.- Legislativas, constituidas en un colectivo, “cuerpo de colegisladores” o bien a parlamentarios individualmente considerados por las opiniones en hemiciclo. 2.- Judiciales, en audiencia de los tribunales o miembros de un Tribunal de Justicia “por los fallos que hubieren pronunciados”. 3.- Ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos. Hace presente que, en tal sentido, la sentenciadora incurre en un doble error de derecho al interpretar la norma en cuestión, cuando extiende el ámbito de protección del mencionado tipo penal, considerando en ella indebidamente a funcionarios públicos de un órgano autónomo como el Ministerio Público, siendo que tal disposición protege exclusivamente a los representantes de los poderes clásicos del Estado en el ejercicio de sus funciones. Hace presente que de conformidad a la norma contenida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, la interpretación analógica no cabe en materia penal, por lo que la disquisición conceptual realizada con el concepto normativo “autoridad”, por la sentencia a fin de dar por acreditada la existencia del hecho punible, como interpretación analógica o extensiva, no tiene cabida. Se refiere asimismo a la norma contenida en el artículo 5º del Código Procesal Penal, referida a las medidas privativas o restrictivas de libertad, en cuanto no se puede hacer una interpretación extensiva de las disposiciones legales que restringen o privan de libertad al imputado.

Agrega que es errónea la aseveración realizada por la sentenciadora en el sentido que los Fiscales del Ministerio Público son autoridades públicas, pues ejercen dentro del marco de sus atribuciones, un poder o facultad dirigido a la persecución penal pública en la investigación de todo hecho que pudiere constituir delito, supuesto básico y previo al desarrollo de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. Destaca al efecto que la propia sentenciadora reconoce que el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial, resultando ambigua la aseveración en el sentido que los Fiscales son “autoridad pública” porque ejercen la persecución penal pública, supuesto básico y previo al desarrollo de la actividad jurisdiccional.

Concluye, en relación con esta causal, que efectivamente los Fiscales del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, no pueden ser objeto de amenazas ni maltrato de palabra u obra pero que, penalmente, no están amparados por el tipo establecido por el legislador en el artículo 264 inciso 1º del Código Penal, sino por las que equivalentemente sancionan las amenazas, injurias o lesiones.

2.- Causal del artículo 374 letra e): Haberse omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e). Señala que la sentencia omite en su contenido las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo.

Que al analizar los supuestos de seriedad y verosimilitud, la sentencia impugnada no entrega argumentos adecuados, y los que informan su convicción, plasmada en los considerandos 10 y 11, no cumplen con los estándares de respeto con los principios de la lógica y máximas de la experiencia. Señala que la amenaza atribuida a don E.M.A. corresponde a la figura y descripción del inciso 1º del artículo 296 del Código Penal, que debe cumplir, entre otros requisitos, con la de ser seria y aparecer como verosímil.

La primera exigencia se vincula a la disposición anímica del hechor, manifestada por sus rasgos, tono de voz, actitud corporal, etc., que impresionen exteriormente como que es efectivamente lo que pretende.

En cuanto a su verosimilitud se refiere a la aptitud o idoneidad para materializar el hecho anunciado.

SEGUNDO: Que atingente a las causales del recurso de nulidad interpuesto, interesa destacar las siguientes conclusiones contenidas en el fallo al cual dicho recurso se refiere. En el motivo noveno se concluye por el Tribunal respectivo el tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

“El día 15 de noviembre de 2006, en la sala Nº 3 del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, y luego de ser formalizada la investigación por el Fiscal Adjunto Patricio Toro Díaz, por diversos delitos contra el acusado E.M.A., éste se dirigió al referido Fiscal del Ministerio Público y lo amenazó de muerte insultándolo diciéndole “te voy a matar concha de tu madre, te voy a matar” en presencia de las personas que habían asistido a la audiencia, entre las cuales se encontraban abogados, defensores, postulantes de la Academia Judicial, miembros de los medios de comunicación y público en general”.

Más adelante en el considerando undécimo se señalan los siguientes fundamentos para considerar que tal amenaza constituye la figura típica a la que se refiere el artículo 164 inciso primero del Código Penal:

Se transcribe la definición del diccionario de la Real Academia Española respecto del concepto “autoridad” como “poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o su calidad y competencia en alguna materia”.

Se hace mención a las bases de nuestra institucionalidad contempladas en los primeros articulados de la Constitución Política de la República la que previene que la soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio está entregado al pueblo –a través de plebiscitos y elecciones periódicas y a las autoridades que la misma Constitución establece.

Señala que dentro de nuestra Carta Fundamental se encuentra expresamente incorporado el Ministerio Público al cual se le designa como un organismo autónomo, jerarquizado al cual corresponde dirigir, en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, pudiendo, en el marco de sus atribuciones impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante dicha investigación, salvo respecto de aquellas actuaciones que requieren autorizaciones judiciales previas.

Agrega que el ejercicio de las funciones que la Constitución y la Ley Orgánica entregan al Ministerio Público se encuentra radicado, por cierto, en sus Fiscales –Nacional, Regionales y Adjuntos– por lo que en ellos recaen, finalmente las obligaciones y atribuciones antes referidas y, de tal modo, aun no siendo integrantes propiamente del Poder Judicial, sí cumplen una función coadyuvante a los intereses del Estado, y, en consecuencia, en ellos reside, también –en parte– el ejercicio de la Soberanía.

Se concluye que, entonces, no cabe más que entender que los Fiscales del Ministerio Público si son “autoridades públicas” pues ellos ejercen, dentro del marco de sus atribuciones un poder o facultad dirigido a la persecución penal pública en la investigación de todo hecho que pudiere constituir delito, supuesto básico y previo al desarrollo de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. Se colige que las expresiones verbales proferidas por el acusado “te voy a matar concha de tu madre, te voy a matar”, constituyen a juicio de la sentenciadoras “amenazas” puesto que M.A. dio a entender con palabras que quería provocar un mal constitutivo de delito –la muerte– a una persona –el Fiscal– debiendo sus dichos ser tenidos como serios y verosímiles en los términos del artículo 296 del Código Penal.

Se representa la circunstancia de que tales amenazas provinieron de un sujeto que registra varias anotaciones en su extracto de filiación, incluida una condena por delito de amenazas, que había sido formalizado solo momentos antes por ilícitos de gravedad -secuestro, robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego -contra el cual el mismo Fiscal afectado dirigía investigaciones por otros delitos igualmente graves - robos con intimidación - sin perjuicio s de otras seguidas en el Ministerio Público todo lo cual estaba en conocimiento de la victima dada su calidad de miembro de dicho órgano persecutor.

TERCERO: Que este Tribunal comparte plenamente las conclusiones contenidas en el motivo undécimo de la sentencia recurrida, al que se ha hecho referencia y que permiten precisar la circunstancia de que, en virtud del desarrollo efectuado, el imputado E.M.A. ostenta, en la especie, el carácter de sujeto pasivo de la figura legal del artículo 264 inciso 1º del Código Penal puesto que resulta incuestionable el carácter de autoridad que invisten los agentes del Ministerio Público.

Para tales efectos, se destaca la norma constitucional contenida en el artículo 83 de nuestra carta fundamental, al establecer la exclusividad de las facultades que les otorga: “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley”, agregando en el inciso 3º la facultad del Ministerio Público para impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación. Del mismo modo, se destacan las atribuciones que le confiere el Código Procesal Penal, en cuya virtud, atendida la autoridad que le otorga el poder público que ostenta, resulta interviniente esencial en el inicio, desarrollo y conclusión del proceso penal. Así, después de establecer el artículo 166 inciso 2º el denominado principio de legalidad, le otorga al Ministerio Público en los artículos siguientes, importantes facultades destinadas a descongestionar el sistema, a través del archivo provisional, la facultad de no iniciar investigación o el ejercicio del principio de oportunidad.

Más adelante, una vez formalizada la investigación, es el sujeto activo en promover como salida alternativa, la suspensión condicional del procedimiento.

Una vez cerrada la investigación, en adoptar la decisión de formular acusación, cuando estimare que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado, contra quien se hubiere formalizado la misma o solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa o comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación.

En fin, en las oportunidades que dicho código reglamenta, corresponderá al Ministerio Público proponer la realización de procedimiento abreviado, requiriendo para ello la imposición de una pena privativa de libertad no superior a 5 años de presidio o reclusión menor en su grado máximo o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, a cualquiera fuere su identidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas.

Esto es, determinando la pena en concreto que estaría requiriendo para hacer procedente dicho procedimiento que pudiese decretarse en beneficio del imputado.

De igual forma constituirá facultad del Ministerio Público provocar el desarrollo del procedimiento simplificado, cuando requiriere la imposición de una pena en concreto que no excediere de presidio o reclusión menor en sus grados mínimos.

De la Ley Orgánica que lo reglamenta se destacan los conceptos contenidos en el artículo 1º que repiten la norma constitucional del artículo 83 antes transcrita; aquella que establece el inciso 2º del artículo 2º de la citada ley, en cuanto a que los Fiscales, en los casos que tengan a su cargo, dirigirán la investigación y ejercerán la acción penal pública con el grado de independencia, autonomía y responsabilidad que establece dicha ley.

Más adelante, en el artículo 3º en cuanto a que en el ejercicio de su función, los Fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley, debiendo investigar con igual celo no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúan. Se reitera en el artículo 4º la facultad del Ministerio Público para impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación y se agrega en el artículo 5º que el Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrales del Ministerio Público.

El artículo 8º es elocuente a este respecto: “Los Fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, deberán observar el principio de probidad administrativa”.

“La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”.

Por último, conviene recordar, a propósito de las observaciones contenidas en el recurso de autos, que el legislador asimila a los Fiscales del Ministerio Público, con los Jueces en cuanto a las exigencias destinadas a hacer efectiva la responsabilidad criminal de dichas autoridades, precedida de la querella de capítulos necesaria para tales efectos, como lo establece el artículo 434 del Código Procesal Penal.

CUARTO: Que, además, este Tribunal sobre la base de los elementos de juicio contenidos en los párrafos finales del motivo undécimo, debe necesariamente concordar en orden a que resultaba creíble la realización del mal con el cual se amenazaba al Fiscal señor Patricio Toro, atendida la situación concreta en que se encontraban, y dada la peligrosidad y características personales del sujeto activo, en cuya virtud el actuar del acusado resultaba impredecible. Se hace referencia en tal considerando a las declaraciones de la testigo M.J.C. quien afirmó con plena convicción y credibilidad que le llamó profundamente la atención el ímpetu, fuerza y decisión con que habló el acusado, lo cual contrastaba con su comportamiento durante el desarrollo de audiencia.

Agrega que, además, sus dichos estuvieron acompañados de un correlato físico que respalda las conclusiones de las sentenciadoras, dado que en las imágenes exhibidas se aprecia que el imputado gira hacia el Fiscal y dirige su cuerpo a la persona de Toro Díaz, mientras le habla.

Se tiene también en consideración el hecho que, según se señalase, las amenazas provinieren de un sujeto que registra varias anotaciones en su extracto de filiación, incluida una condena por delito de amenazas, que había sido formalizado sólo momentos antes por ilícitos de gravedad y de un secuestro, robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego, contra el cual el mismo Fiscal afectado dirigía investigaciones por otros delitos igualmente graves –robo con intimidación– sin perjuicio de otras seguidas en el Ministerio Público, lo cual estaba en conocimiento de la víctima, dada su calidad de miembro de dicho órgano persecutor. En consecuencia y por las razones expuestas, habiéndose aplicado debidamente la norma penal a que se ha hecho referencia, artículo 264 inciso 1º del Código Penal, no incide en la especie la primera causal en que se fundamenta el recurso de nulidad hecho valer, esto es haberse efectuado en la sentencia recurrida, una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

QUINTO: Que, también por las razones expuestas, cabe concluir que tampoco incide en la especie la causal establecida en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal.

En efecto, los fundamentos de tal causal, de manera alguna determinan que en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos de la sentencia previstos en el artículo 342 letra c), que indica como uno de ellos: ?La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297? En efecto, los fundamentos de tal causal, de manera alguna determinan que en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos de la sentencia previstos en el artículo 342 letra c), que indica como uno de ellos: ?La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusiones -de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297- los que se cumplen con creces en el motivo décimo del fallo recurrido. 

A propósito de la cita de los incisos 2º y 3º del artículo 297 que efectúa el recurrente, se precisan con claridad en tales motivos, la prueba producida y la valoración de la misma, señalando los medios de prueba mediante los cuales se tienen por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probadas, entregando argumentos adecuados para tales efectos y que son los que conforman la convicción del tribunal. En consecuencia, se reitera que tampoco afecta a la sentencia recurrida esta segunda causal de invalidación hecha valer en el presente recurso, por lo que el mismo deberá ser desestimado en todas sus partes.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 360 y 384 del Código Procesal Penal, SE RECHAZA el recurso de nulidad hecho valer por la defensa del acusado en contra de la sentencia de 17 de marzo del 2007, recaída en el proceso individualizado al inicio de esta resolución y se declara que tal sentencia y el juicio en el cual incide, no adolecen de los vicios de nulidad impetrados.

Regístrese y devuélvase el cuaderno tenido a la vista.

Rol Nº 386-2007.

Redacción del Abogado Integrante señor Fernando Farren Cornejo.