TRIBUNAL DE GARANTÍA DE PUENTE ALTO. ABSUELVE DEL CARGO DE AMENAZAS NO CONDICIONALES:

LA AMENAZA DEL MAL DEBE SER VEROSÍMIL. 29 DE SEPTIEMBER DE 2006, ROL 1767-2006

DOCTRINA Tribunal de Garantía de Puente Alto absuelve del cargo de amenazas no condicionales. A juicio del tribunal para que la amenaza del mal sea verosímil y por lo tanto punible, debe tratarse de un mal cuya realización futura, atendida la situación concreta, sea creíble por la víctima.

El tribunal tampoco considera que las amenazas sean serias, puesto que las expresiones fueron proferidas en un momento de exaltación y ofuscación.

(Que si bien, y como ya se señaló, esta juez ha dado por acreditado los hechos establecidos en el motivo sexto de esta sentencia, es decir la efectividad que el acusado profirió las expresiones tanto a la víctima, E. A., directamente, como por medio de su hija, las que fueron del tenor tal como “te voy a volar la cabeza”, “va a aparecer en pedacitos como el descuartizado”, “tienes contadas las horas”, por lo que cabe analizar si tales expresiones que fueron proferidas por el acusado son susceptibles de ser calificadas de “amenazas”, y si estas tienen el carácter de “seriedad” y “verosimilitud” requerido para ser reprochables penalmente, ya que no sólo basta con proferir éste tipo de expresiones para configurar el delito tipificado en el artículo 296 Nº 3.

En efecto, una amenaza se entiende como el “dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro”, lo que claramente, del tenor de las expresiones proferidas, podemos determinar que se trata de expresiones que constituyen una amenaza en los términos que la lengua castellana entiende por tal, toda vez que el acusado dio a conocer por medio de la palabra que quería hacer un mal a otra persona.

Sin perjuicio de encontrarnos en presencia de amenazas, la ley no exige sólo que existan amenazas, sino que tal debe ser “seria”, esto es “ser proferida o expresada seriamente, sin asomo de burla o broma, dando a entender la decisión de quien la realiza de llevarla a cabo”, sin contener el elemento de seriedad aquella que se profiere en “broma o en un momento de exaltación”, como lo sostiene el Profesor Sergio Politoff (Lecciones de Derecho Penal Chileno, Editorial Jurídica, parte especial, pág. 196); es así que en el caso sublite, se estima que las expresiones proferidas por el acusado fueron dichas en un momento de exaltación, de ofuscación, lo cual fue deducido de los dichos de la víctima, los que coincidieron con lo declarado por el acusado, ya que producto de una serie de eventos, en los cuales son contestes tanto el encartado como su cónyuge, en cuanto a que todo el conflicto familiar detonó por el hecho que M.M. le indicó a su cónyuge que pediría un listado de las llamadas telefónicas entradas y saliente del teléfono móvil que usaba la afectada, ante lo cual se produce una discusión que motivo el abandono del hogar de la afectada y posterior denuncia de estos hechos, sin que el imputado pudiera tener contacto con la afectada sino días después, lo que produjo una ofuscación tal que llevó a expresarse de la manera que lo hizo el imputado. Todo lo que fue respaldado por la declaración de A.R. y L.f., quienes señalaron que la afectada les refirió que su cónyuge estaba celoso, y cual había sido el origen de la crisis familiar.

En relación a la verosimilitud que debe contener la amenaza, para que sea una conducta punible, esto es que “tenga apariencia de verdadero”, es decir debe tratarse

de un mal que, en la forma y circunstancia que se señala a la víctima, sea para ella creíble su realización futura atendida la situación concreta en que se encuentra, en el caso sub-lite tampoco se estima que concurra dicho elemento, toda vez que por un lado la víctima en audiencia señaló que ella producto de una serie de eventos anteriores al hecho ocurrido el día 31 de marzo de 2006, se encontraba en un estado depresivo producto de la situación de sus hijas y del entorno social en que vivían, en especial la agresión que sufrió su grupo familiar respecto de “Pedro y vecinos”, en que resultaron lesionados su suegra, cónyuge e hija y dañado el vehículo particular, todo lo que explotó en una discusión familiar que la llevo a “pedir ayuda para mi y mi marido” (sic), para lo cual concurrió a la Fiscalía “a pedir que me ayudaran, ya que nunca lo había visto tan enojado, lo que era producto de que pensaba que yo tenía otra pareja, yo no quise hacer una denuncia” (sic), la propia víctima indicó que ya “no quería más”, lo cual aclaró al tribunal que se trataba de los problemas con los vecinos y sus hijas, y que frente a lo señalado por doña A.R. en cuanto a que no era necesario que volviera a su domicilio, ella le hizo caso atendido el estado emocional en que se encontraba producto de la depresión endógena que sufre y que esta siendo tratada. En este sentido refirió que su Psicóloga le ha indicado que ella, producto de su enfermedad, se deja llevar por la opinión de otras personas, sin tener voluntad propia.

En el mismo sentido, la víctima señaló que el día 04 de abril, decidió volver a su domicilio y que ella pidió y “trató de hablar con su cónyuge, ya que lo ama”, pese a firmar un compromiso de auto cuidado de no acercarse al imputado en la Fiscalía, y que una vez que pasó la crisis del conflicto familiar se reencontró con su cónyuge con quien actualmente está, todos hechos que coinciden con lo señalado por el acusado. De tal modo que si las amenazas hubieran sido de la envergadura y verosimilitud requeridas para tener reproche penal, no se explica cómo la víctima buscó al agresor, su cónyuge, volvió al hogar y declara en audiencia de juicio que, si bien esta agradecida del actuar del Ministerio Público, ella en su estado no se dio cuenta de lo que hacía al denunciar los hechos y que lo que necesitaba era ayuda para ella, en el sentido de terminar con los problemas de sus hijas, entorno vecinal, y depresión, y que sólo salió de su domicilio porque la Asistente Social se lo indicó.

A mayor abundamiento doña E.A. refirió que ella una vez que se sintió mejor fue a las dependencias de la Fiscalía para hablar con el Fiscal y explicarle la realidad de los hechos y que ella no deseaba seguir con esta causa, ya que la crisis familiar estaba superada y en la actualidad se encontraba con su marido, reiniciando su relación, sintiéndose presionada por el ente persecutor, ya que se le explicó que una vez hecha la denuncia debía seguir el curso legal, no pudiendo poner fin por su voluntad” (considerando 9°). “Que, en cuanto a lo señalado por el Ministerio Público, relativo a que en los hechos existen antecedentes que permiten acreditar la verosimilitud de las amenazas, como lo es la circunstancia que el imputado “cargo la escopeta” lo que fue visto por su hija C.M., quien al respecto nada señaló voluntariamente en audiencia, si no que tuvo que emplearse la herramienta de refrescar su memoria, esta Juez dicho testimonio le pareció insuficiente para acreditar tal hecho, toda vez que claramente se observó que la testigo no quería y se presentó por obligación a declarar, sin que permitiera formar convicción al respecto, más aún si quien evaluó la situación de riesgo en que se encontraba la víctima, doña Alejandra Ramírez, indicó que la víctima nada le señaló acerca de una escopeta. Por otro lado el hecho que una persona sea Funcionario de Carabineros de Chile, y maneje armamento, no implica que necesariamente sea capaz de cumplir una amenaza de la envergadura planteada.

En relación a lo argumentado por el órgano persecutor a que la víctima cambió su declaración producto que se encuentra “pasando la etapa de luna de miel del ciclo de violencia intrafamiliar”, explicado latamente por la Asistente Social Alejandra Ramírez, no se rindió prueba alguna en cuanto a que con anterioridad de los hechos materia del juicio, existió episodios de violencia intrafamiliar, o que fuera de carácter crónico, que permitiera dar por establecido tal circunstancia, toda vez que el único elemento que se acompañó se refiere a un acta de compromiso de fecha 28 de junio del año 2006, documento que la víctima señaló en audiencia que firmó porque necesitaba arrendar su casa y trasladarse para lo cual el Ministerio Público le facilitó un camión de mudanza, hecho que refuerza la circunstancia que la víctima lo que requería era ayuda profesional en cuanto a orientación para solucionar los problemas familiares, de salud y de carácter social que la aquejaban” (considerando 9°)).


TEXTO COMPLETO


Puente Alto, veintinueve de septiembre de dos mil seis.


OIDO, VISTO Y CONSIDERANDO:


PRIMERO: Que el día 25 de septiembre, ante este Tribunal de Garantía de Puente Alto, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral simplificado, en los autos RIT N° 1767-2006, RUC N° 0600224273-5, seguidos en contra del imputado C.A.M.M., Cédula de Identidad N° 10.369.xxx-x, domiciliado en calle Castrina, Block 4x Dpto. 6xxx B Nº x, Comuna de La Granja, funcionario de Carabineros, representado en esta causa por el abogado defensor penal público JUAN PABLO GÓMEZ, domiciliado en calle José Coo Nro. 0998, de la comuna de Puente Alto.


Sostuvo la acusación el fiscal adjunto del Ministerio Público, don CLAUDIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, domiciliado en calle Irarrázabal N° 0283, comuna de Puente Alto.


SEGUNDO: Que los hechos materia de la acusación, objeto del juicio, consignados en el auto de apertura de juicio oral y son del tenor siguiente:

Hecho N° 1:


El día 31 de marzo de 2006, aproximadamente las 17:15 horas, el imputado llamó al teléfono celular de la víctima, mientras ésta se encontraba en las dependencias de la Fiscalía Local de Puente Alto, y le señaló que la iba a matar, que ya tenía la escopeta y que las niñas lo sabían, le dijo textualmente “te voy a volar la cabeza”, este dialogo fue escuchado por la abogado asistente del Ministerio Público, doña Lidia Ferrada.

Hecho 2:


El día 04 de abril del 2006, en horas de la tarde, el imputado llegó hasta el domicilio de la víctima, ubicado en Piuquenes 3681, Villa El Peral, de la comuna de Puente Alto, transgrediendo la condición establecida a su respecto se había decretado el día sábado 01 de abril de 2006 en audiencia de suspensión condicional del procedimiento y procedió a amenazar nuevamente a la víctima, señalándole que tenía las horas de vida contadas y que no viviría tranquila si no estaba con él.

Hecho N° 3:


El día miércoles 05 de abril del año 2006, en horas de la tarde, el imputado Muñoz Millal, fue al domicilio de la hija de la víctima, E.C.A.I., esto es, la hija C.M.A., y le dijo que si su madre no se había muerto con las pastillas que se había tomado, igual moriría y que la iban a encontrar en trozos, igual que al descuartizado de Puente Alto, ello producto que la víctima habría ingerido medicamentos somníferos que la dejaron internada y con tratamiento en el hospital DIPRECA.


El Ministerio Público, calificó los hechos anteriormente descritos, como tres delitos de amenazas no condicionales, ilìcito previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal, en grado de desarrollo de consumado, atribuyéndole al imputado la participación en calidad de autor material, conforme lo dispone el artículo 15 N° 1 del Código Penal.


En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, refirió que al acusado le beneficia la atenuante establecida en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, del mismo modo le perjudica la agravante establecida en el artículo 13 del Código Penal, toda vez que el imputado es el cónyuge de la víctima.


La pena solicitada por el Ministerio Público para cada uno de los delitos es de 180 días de presidio menor en su grado mínimo, las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, el pago de las costas de la causa, y la pena accesoria contenida en el artículo 9 letra b) y c) de la ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar, vale decir la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, y la prohibición de porte o tenencia de arma, y en su caso el comiso de las mismas, por seis meses.


TERCERO: Que el Ministerio Público en su alegato de apertura reiteró los términos de la acusación, indicando que acreditaría cada unos de los hechos fundantes con la prueba que se rendiría en el juicio. Indicó que los hechos por los cuales se acusó se produjeron en un contexto de violencia intrafamiliar, siendo que el día 31 de marzo del presente año, la víctima concurrió a la Fiscalía de Puente Alto para realizar una denuncia, en el lugar, mientras hablaba con Lidia Ferrada, la llamó el imputado a su teléfono celular escuchando la asistente de fiscal las amenazas proferidas por el imputado, frente a lo cual fue detenido, por orden judicial, el encartado quien en audiencia de 01 de abril del mismo año, se sometió a una suspensión condicional del procedimiento, por otro lado, la víctima es sacada de la ciudad quien retorna el 04 de abril, día en que el imputado transgrediendo las condiciones impuestas, concurrió en compañía de su madre al hogar común, en el cual vuelve a amenazar a la víctima, quien producto de la desesperación trata de suicidarse, siendo internada en el Hospital de Carabineros, posteriormente, el día 05 de abril el imputado trató de ubicar a la víctima, su cónyuge, quien se encontraba internada, luego de lo que concurrió al domicilio de C.M., hija común de imputado y víctima, a quien le indicó que no se preocupe que su madre se va a morir igualmente, hecho presenciado por P.C.R. Agregó que luego de estos tres hechos siguieron los conflictos entre imputado y víctima, típico en el denominado “ciclo de violencia intrafamiliar”, en los cuales hay alejamientos y reencuentros. Refirió que los tres hechos mencionados fueron amenazas serias y verosímiles que de no haber obrado los mecanismos de protección estatales, podrían haber desencadenado en hechos de mayor gravedad, y no


habiendo cesado el riesgo evaluado de la gravedad suficiente tanto por el Ministerio Público como por el Juez en su oportunidad, ha decidido traer estos hechos a Juicio Oral.


A su vez en el alegato de clausura, hizo un análisis de la prueba rendida y como acreditó, en concepto del Ministerio Público, más allá de toda duda razonable cada unos de los presupuestos en que fundamentó su acusación.


CUARTO: Que la Defensa sostuvo que para la existencia de un delito de amenazas se requiere que la intervención de un particular que denuncie los hechos, lo cual respecto de dos de los tres hechos, no ocurrió, si bien es un requisito de procesabilidad y la defensa lo planteó en su oportunidad, siendo desechada tal incidencia, ya que en la época de ocurrencia de los hechos, la víctima directa se encontraba imposibilitada de denunciar, haciéndolo su hija, pero sin embargo durante todo el tiempo de la investigación, respecto de los hechos signados con los números dos y tres en ningún momento fueron ratificados ni denunciados por la víctima directa de los mismos, doña E.C.A.I. lo cual implica que el riesgo no era de tal magnitud ni fue de la seriedad y verosimilitud requerida por la norma legal, de tal modo que solicitó la absolución por estos hechos imputados.


Agregó que en cuanto a los hechos reseñados en el número uno de la acusación, no pueden tener la seriedad o plausibilidad requerida, ya que se debe tener en cuenta el estado emocional de la víctima anterior a los hechos, quien pasaba por una depresión endógena, interpretando de una manera distinta los hechos, que en realidad se debieron a un problema conyugal y no a amenazas en los términos requeridos por el artículo 296 nº 3 del Código Penal. De tal modo que solicitó que se recalificara los hechos como la figura contemplada en el artículo 495 Nº 6 del Código Punitivo.


En cuanto a la agravante contemplada en el artículo 13 del Código Penal, invocada por el Ministerio Público, solicitó su rechazo toda vez que es cofundante del ilícito materia de autos, ya que esta causa se intentó terminar a través de un acuerdo reparatorio, el cual no fue aceptado por no permitirlo la Ley de Violencia Intrafamiliar.


En su alegato de clausura haciendo un análisis de la prueba rendida, sostuvo sus peticiones, en atención a las declaraciones de los testigos y de la víctima.


QUINTO: Que habiendo hecho saber al acusado sus derechos, manifestó su voluntad de declarar en la audiencia exponiendo que el conflicto se gestó en el año 2004, cuando comienza a vivir en la comuna de Puente Alto, él entró a la escuela de suboficiales, quedando su cónyuge en Santiago y él en Viña del Mar, lo cual llevó a que perdiera el control de sus hijas, las que se escapan, la mayor de sus hijas conoció a un joven, con quien tuvo una hija, él trabajaba por lo que le pidió a su señora que cuidara de ellas, empezaron discusiones, nunca antes había sucedido algo como esto, a su hija la tiene que salir a buscar tarde en la noche y en una ocasión la vio saliendo de un parque con un joven, fue ha hablar con la familia de él, lo cual fue tomado de mala manera por ellos. Todo esto generó discusiones, y en septiembre de 2005, su madre lo visitó, y le dijo que al llegar por el pasaje “Pedro”, pololo de su hija, le pidió dinero y la insultó, frente a lo cual salió para ver que pasaba, el joven silbaba del modo que hacen los delincuentes ante la presencia policial, en esa oportunidad sacó su


arma de servicio, que esta autorizado para portar, los jóvenes apiedraron el automóvil y agredieron a todo su grupo familiar, hicieron la denuncia respectiva y el encargado de investigar fue un policía de investigaciones, quien tomó declaración a su madre, esposa e hija, siguiendo llamando a su señora a altas horas de la noche, producto de estas llamadas, el día del primer hecho le indicó a su cónyuge que iba a pedir un detalle de las llamadas de el teléfono celular que le había comprado, frente a lo cual su señora se puso nerviosa, produciéndose una discusión, sin golpes ni agresiones, ella salió de la casa y se fue a la casa de su hermana. Agregó que días después tomó conocimiento que su señora estaba en el Hospital ya que había tomado medicamentos, la trató de ubicar, sin hacer escándalo ni tratar a nadie mal, en el Hospital de Carabineros, ya que si lo hubiera hecho lo habrían sancionado. Reconoció que se ofuscó, que tenía rabia, y que hoy está con ella, su cónyuge, a quien apoya en su tratamiento y a sus hijas, reconoció que en la Fiscalía las ayudaron. Respecto del hecho ocurrido el 31 de marzo indicó que él la llamó y que sentía rabia y que no recuerda que le dijo, pero si que pudo haber dicho lo que se le acusa, ya que estaba desesperado por la situación de sus hijas, sus vecinos que lo hostigaban, le escupían el auto y agredían a su familia, que no tiene contacto con su nieta, ya que no la acepta.


A las preguntas del defensor precisó que está con E.C.A.I. su cónyuge, a quien calma, y que dentro de la relación hay altos y bajos, que ella esta en tratamiento por una depresión endógena y por ser muy impulsiva, y que de alguna forma el hecho de estar separados algún tiempo ha permitido superar los problemas.


SEXTO: Que el Tribunal apreció la prueba producida en el juicio con libertad, velando por no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, con lo que logró adquirir, más allá de toda duda razonable, la convicción: que el día 31 de marzo del año en curso a las 17:15 horas aproximadamente el imputado llamó a la víctima, mientras se encontraba en presencia de Lidia Ferrada, en dependencias de la Fiscalía Local de Puente Alto y le señaló que “ya tengo la escopeta, las niñas lo saben, te voy a volar la cabeza”; que posteriormente, el día 4 de abril del mismo año el imputado llegó al domicilio de la víctima ubicado en Piuquenes 3681, villa El Peral, de la comuna de Puente Alto, transgrediendo la condición establecida a su respecto en la audiencia celebrada el día 01 de abril de 2006 en audiencia de suspensión condicional del procedimiento, señaló a la víctima “que tenía las horas de vida contadas y que no viviría tranquila si no estaba con él”; luego el día miércoles 05 de abril del mismo año, el imputado en horas de la tarde concurrió al domicilio de C.M.A., a quien le dijo que “si su madre no se había muerto con las pastillas que se tomó, igual se moriría y que la iban a encontrar en cuadritos, igual que al descuartizado”.


SÉPTIMO: Que la convicción lograda por el Tribunal respecto los hechos reseñados en el motivo anterior, es consecuencia de lo concluido luego de apreciar, del modo indicado al inicio del motivo anterior, la prueba aportada por el Ministerio Público y que consistió en la declaración de doña Lidia Ferrada quien señaló que mientras tomaba declaración a la víctima, E.C.A.I. quien estaba muy nerviosa, movía sus manos, lloraba, ésta recibió varias llamadas y que escuchó en el teléfono de la víctima una voz masculina que le indicaba que “la iba a matar, que ya tenía la escopeta y que las niñas ya lo sabían, te voy a volar la cabeza”, al preguntarle el motivo de aquella situación, la


ofendida le refirió que era porque su cónyuge creía que tenía una relación con otro hombre, la mujer le indicó que su marido poseía una escopeta, y que producto de la declaración de la víctima y el estado en que se encontraba la derivó a la Asistente Social Alejandra Ramírez, quien evaluó el riesgo en que se encontraba la afectada. En igual sentido se contó con la declaración de la afectada quien señaló que efectivamente fue a la Fiscalía a solicitar ayuda para controlar a su esposo y a ella, producto de un conflicto conyugal, producto que su marido pensaba que lo engañaba, estaba preocupada con la situación, sin señalar nada más acerca de lo sucedido en la Fiscalía, amparada en su derecho a no declarar en contra de su cónyuge. Acerca de este hecho declara la Asistente social Alejandra Ramírez, testigo de oídas de lo relatado por la víctima quien refirió que el acusado la habría amenazado y que ese era el motivo de su descontrol y desequilibrio emocional; además que en dicha oportunidad evaluó la situación de riesgo, ya que la afectada se encontraba muy preocupada por sus hijas, por lo que se tomaron las medidas de protección que en el momento se estimó oportuno tomar, buscando red de apoyo familiar, determinando el traslado momentáneo de la afectada y sus hijas a la quinta región por unos días. Precisó esta última testigo que la víctima nada le indicó acerca de una escopeta.


En cuanto a los hechos acaecidos el día 04 de abril de 2006, sólo a través de la herramienta contemplada en el artículo 332 del Código Procesal Penal, E.C.A.I.recordó lo señalado en una declaración anterior, prestada en la Fiscalía Local de Puente Alto, en que declaró que “me dijo al oído que contaba las horas que me quedaban pocas” (sic), refirió que dicha declaración la prestó después de salir del Hospital, momento en que todavía estaba mal por su depresión. Respecto a estos hechos, en el mismo sentido declaro doña Alejandra Ramírez, testigo de oídas de los dichos de la víctima, quien relató en audiencia, que la afectada el día 04 de abril ya estaba en condiciones de volver a su domicilio cuando, y que el día 05 de abril C. M. le dijo que el día anterior el acusado habría vuelto a amenazar a su madre, por lo que la señora E.C.A.I. habría decidido suicidarse. De tal modo que para acreditar los hechos ocurridos el día 04 de abril del año 2006, se consideró lo recordado por la afectada y la testigo de oídas Alejandra Ramírez, lo cual fue unido a lo señalado por la hija de la afectad quien refirió de manera vaga e imprecisa que el día 04 de abril fue al domicilio su abuela en compañía de su padre, ya que se amparo en el derecho de no declarar en contra de su padre, sin perjuicio de lo cual uniendo los tres indicios referidos, se pudo acreditar la existencia de este hecho.


En relación a los hechos ocurridos el día 05 de abril se contó con el testimonio de Pedro Cortes, quien indicó que, si bien no recuerda el día exacto, el acusado concurrió a su domicilio, en el cual vivía C.M.A., y le dijo a ésta que a la madre la iba a encontrar en pedacitos igual que al descuartizado, que esto lo presenció y escuchó. En el mismo sentido declaró doña Alejandra Ramírez quien indicó que C.M.A., el día 5 de abril le señaló que su padre habría ido a buscar a la casa donde de residía y le señaló que iba a encontrar a su madre “igual que al descuartizado”; de tal forma que éstos testimonios permitieron dar por acreditado, el hecho signado con el número tres de la acusación, ya que fueron contestes en cuanto lo declararon los testigos.


La prueba referida resultó ser, en criterio de esta Juez, eficaz para dar por acreditados los hechos reseñados en el motivo anterior, en cuanto a que resultaron contestes en cuanto a lo que refirieron haber visto y escuchado de otras personas, demostraron ser


personas que fueron veraces e idóneas, que pudieron dar razón de sus dichos, tanto respecto de aquello que percibieron por sus sentidos como de aquello que supieron por medio de terceros, pese a que tanto la testigo y víctima E.C.A.I.como la hija común de víctima e imputado, C.M.A., se ampararon en reiteradas oportunidades en el derecho de no declarar en contra de su cónyuge y padre respectivamente.


OCTAVO; Que si bien, y como ya se señaló, esta juez ha dado por acreditado los hechos establecidos en el motivo sexto de esta sentencia, es decir la efectividad que el acusado profirió las expresiones tanto a la víctima, E.C.A.I. directamente, como por medio de su hija, las que fueron del tenor tal como “te voy a volar la cabeza”, “va a aparecer en pedacitos como el descuartizado”, “tienes contadas las horas”, por lo que cabe analizar si tales expresiones que fueron proferidas por el acusado son susceptibles de ser calificadas de “amenazas”, y si estas tienen el carácter de “seriedad” y “verosimilitud” requerido para ser reprochables penalmente, ya que no sólo basta con proferir éste tipo de expresiones para configurar el delito tipificado en el artículo 296 Nº 3.


En efecto, una amenaza se entiende como el “dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro”, lo que claramente, del tenor de las expresiones proferidas, podemos determinar que se trata de expresiones que constituyen una amenaza en los términos que la lengua castellana entiende por tal, toda vez que el acusado dio a conocer por medio de la palabra que quería hacer un mal a otra persona.


Sin perjuicio de encontrarnos en presencia de amenazas, la ley no exige sólo que existan amenazas, sino que tal debe ser “seria”, esto es “ser proferida o expresada seriamente, sin asomo de burla o broma, dando a entender la decisión de quien la realiza de llevarla a cabo”, sin contener el elemento de seriedad aquella que se profiere en “broma o en un momento de exaltación”, como lo sostiene el Profesor Sergio Politoff (Lecciones de Derecho Penal Chileno, Editorial Jurídica, parte especial, pág. 196); es así que en el caso sublite, se estima que las expresiones proferidas por el acusado fueron dichas en un momento de exaltación, de ofuscación, lo cual fue deducido de los dichos de la víctima, los que coincidieron con lo declarado por el acusado, ya que producto de una serie de eventos, en los cuales son contestes tanto el encartado como su cónyuge, en cuanto a que todo el conflicto familiar detonó por el hecho que M.M.le indicó a su cónyuge que pediría un listado de las llamadas telefónicas entradas y saliente del teléfono móvil que usaba la afectada, ante lo cual se produce una discusión que motivo el abandono del hogar de la afectada y posterior denuncia de estos hechos, sin que el imputado pudiera tener contacto con la afectada sino días después, lo que produjo una ofuscación tal que llevó a expresarse de la manera que lo hizo el imputado. Todo lo que fue respaldado por la declaración de Alejandra Ramírez y Lidia ferrada, quienes señalaron que la afectada les refirió que su cónyuge estaba celoso, y cual había sido el origen de la crisis familiar.


En relación a la verosimilitud que debe contener la amenaza, para que sea una conducta punible, esto es que “tenga apariencia de verdadero”, es decir debe tratarse de un mal que, en la forma y circunstancia que se señala a la víctima, sea para ella creíble su realización futura atendida la situación concreta en que se encuentra, en el caso sub-lite tampoco se estima que concurra dicho elemento, toda vez que por un


lado la víctima en audiencia señaló que ella producto de una serie de eventos anteriores al hecho ocurrido el día 31 de marzo de 2006, se encontraba en un estado depresivo producto de la situación de sus hijas y del entorno social en que vivían, en especial la agresión que sufrió su grupo familiar respecto de “Pedro y vecinos”, en que resultaron lesionados su suegra, cónyuge e hija y dañado el vehículo particular, todo lo que explotó en una discusión familiar que la llevo a “pedir ayuda para mi y mi marido” (sic), para lo cual concurrió a la Fiscalía “a pedir que me ayudaran, ya que nunca lo había visto tan enojado, lo que era producto de que pensaba que yo tenía otra pareja, yo no quise hacer una denuncia” (sic), la propia víctima indicó que ya “no quería más”, lo cual aclaró al tribunal que se trataba de los problemas con los vecinos y sus hijas, y que frente a lo señalado por doña Alejandra Ramírez en cuanto a que no era necesario que volviera a su domicilio, ella le hizo caso atendido el estado emocional en que se encontraba producto de la depresión endógena que sufre y que esta siendo tratada. En este sentido refirió que su Psicóloga le ha indicado que ella, producto de su enfermedad, se deja llevar por la opinión de otras personas, sin tener voluntad propia.


En el mismo sentido, la víctima señaló que el día 04 de abril, decidió volver a su domicilio y que ella pidió y “trató de hablar con su cónyuge, ya que lo ama”, pese a firmar un compromiso de auto cuidado de no acercarse al imputado en la Fiscalía, y que una vez que pasó la crisis del conflicto familiar se reencontró con su cónyuge con quien actualmente está, todos hechos que coinciden con lo señalado por el acusado. De tal modo que si las amenazas hubieran sido de la envergadura y verosimilitud requeridas para tener reproche penal, no se explica cómo la víctima buscó al agresor, su cónyuge, volvió al hogar y declara en audiencia de juicio que, si bien esta agradecida del actuar del Ministerio Público, ella en su estado no se dio cuenta de lo que hacía al denunciar los hechos y que lo que necesitaba era ayuda para ella, en el sentido de terminar con los problemas de sus hijas, entorno vecinal, y depresión, y que sólo salió de su domicilio porque la Asistente Social se lo indicó.


A mayor abundamiento doña E.C.A.I.refirió que ella una vez que se sintió mejor fue a las dependencias de la Fiscalía para hablar con el Fiscal y explicarle la realidad de los hechos y que ella no deseaba seguir con esta causa, ya que la crisis familiar estaba superada y en la actualidad se encontraba con su marido, reiniciando su relación, sintiéndose presionada por el ente persecutor, ya que se le explicó que una vez hecha la denuncia debía seguir el curso legal, no pudiendo poner fin por su voluntad.


NOVENO: Que, en cuanto a lo señalado por el Ministerio Público, relativo a que en los hechos existen antecedentes que permiten acreditar la verosimilitud de las amenazas, como lo es la circunstancia que el imputado “cargo la escopeta” lo que fue visto por su hija C.M.A., quien al respecto nada señaló voluntariamente en audiencia, si no que tuvo que emplearse la herramienta de refrescar su memoria, esta Juez dicho testimonio le pareció insuficiente para acreditar tal hecho, toda vez que claramente se observó que la testigo no quería y se presentó por obligación a declarar, sin que permitiera formar convicción al respecto, más aún si quien evaluó la situación de riesgo en que se encontraba la víctima, doña Alejandra Ramírez, indicó que la víctima nada le señaló acerca de una escopeta. Por otro lado el hecho que una persona sea Funcionario de Carabineros de Chile, y maneje armamento, no implica que necesariamente sea capaz de cumplir una amenaza de la envergadura planteada.



En relación a lo argumentado por el órgano persecutor a que la víctima cambió su declaración producto que se encuentra “pasando la etapa de luna de miel del ciclo de violencia intrafamiliar”, explicado latamente por la Asistente Social Alejandra Ramírez, no se rindió prueba alguna en cuanto a que con anterioridad de los hechos materia del juicio, existió episodios de violencia intrafamiliar, o que fuera de carácter crónico, que permitiera dar por establecido tal circunstancia, toda vez que el único elemento que se acompañó se refiere a un acta de compromiso de fecha 28 de junio del año 2006, documento que la víctima señaló en audiencia que firmó porque necesitaba arrendar su casa y trasladarse para lo cual el Ministerio Público le facilitó un camión de mudanza, hecho que refuerza la circunstancia que la víctima lo que requería era ayuda profesional en cuanto a orientación para solucionar los problemas familiares, de salud y de carácter social que la aquejaban.


DÉCIMO: Que, como se anunció al comunicar el veredicto, siendo éste absolutorio, esta juez no se pronunciará respecto de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal invocada por el ente acusador, ni de las demás alegaciones efectuadas por la defensa del acusado.


UNDÉCIMO: Que se ha desestimado la prueba documental consistente en el informe psicológico, de E.C.A.I.que señala que se trata de una persona con personalidad limítrofe de rasgos histérico-depresivo, y que su contacto superficial y subjetivo con la realidad en situaciones límites implica que sus interpretaciones pueden tener un sesgo psicótico, toda vez que tratándose de un informe que emite una persona que tiene conocimiento de una ciencia y arte especial, y por la naturaleza del mismo debió incorporarse mediante la declaración del perito que lo emitió. Por otro lado el documento consistente en una carta suscrita por doña E.C.A.I. y copia de la audiencia de control de la detención, en nada altera lo ya razonado.


DUODÉCIMO: Que, atendido el tenor de los hechos materia de la acusación, prueba rendida y circunstancias de los hechos, son motivo suficiente, tal como lo señaló el ente persecutor, para haber realizado a su respecto un juicio oral en el que se conociera y fallaran los mismos, se eximirá del pago de las costas de la causa al Ministerio Público.


Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1 y 296 N°3 del Código Penal; artículos 1, 45, 48, 295, 296, 297, 298 y siguientes, 329, 340, 341 a 342, 388, 396 del Código Procesal Penal, se declara:


1.- Que se ABSUELVE a C.A.M.M. ya individualizado, de la imputación en calidad de autor de tres delitos de amenazas, consumado imputado por el Ministerio Público.


2.- Que se exime del pago de las costas de la causa al Ministerio Público.


Devuélvase a los intervinientes, en su oportunidad, las pruebas acompañadas al juicio.


Dictada por Katia Alejandra Valenzuela Morrás, Juez de Garantía de Puente Alto.