TRIBUNAL DE GARANTÍA DE CURACAVÍ. ABSUELVE DEL CARGO DE AMENAZAS NO CONDICIONALES:

EL TIPO DEL ART. 296 CP PROTEGE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 07 DE FEBRERO DE 2006, ROL 10-2006

DOCTRINA. Tribunal de Garantía de Curacaví absuelve del cargo de amenazas no condicionales. A juicio del tribunal no se ha acreditado suficientemente la participación del imputado en los hechos descritos en la acusación.

Sin embargo, estima, que incluso de ser los hechos efectivos no concurrirían las exigencias del art. 296 CP puesto que no es suficiente que se demuestre que la víctima fue coaccionada. Según el tribunal se requieren de otros elementos para realizar el tipo, dado que lo que se protege no es la libertad individual sino la seguridad del ofendido, lo que se desprende del carácter no condicional de la amenaza realizada. Por último, la conducta posterior de la víctima de acuerdo a las máximas de la experiencia, no revela el actuar de una persona amenazada, ya que ha permitido que el imputado siga en contacto con sus hijos comunes.


(Que, los elementos probatorios analizados precedentemente, especialmente la prueba de cargos, no ha sido lo suficientemente consistente para establecer, más allá de toda duda razonable, la comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal, en los términos en que el Ministerio Público fundó su requerimiento, especialmente en cuanto a que el día 27 de noviembre del año2005, el imputado J.E.A.O. habría insultado y amenazado a la víctima, diciéndole que en donde la encontrara iba a apuñalarla, teniéndose por acreditado, de acuerdo a las declaraciones coincidentes rendidas por la víctima e imputado en la presente audiencia, el lugar de comisión de los hechos, esto es el domicilio de la víctima E.A.D.M., ubicado en Diego Prado Nº 1xxx, Curacaví, y el encuentro entre ambos, momento en el cual el imputado intentó abrazarla, siendo rechazado por la víctima. Que, ninguno de los deponentes fue capaz de precisar la fecha en que habrían tenido lugar los hechos contenidos en el requerimiento. Que, este Tribunal aprecia una contradicción esencial en las declaraciones del imputado J.E.A.O. y de la víctima E.A.D.M. en cuanto a las expresiones usadas al proferir la supuesta amenaza, lo que resulta esencial para formar la convicción del Tribunal, toda vez que el ente persecutor penal no acompañó otro medio de prueba con el objeto de disipar toda duda razonable que lógicamente pudiese surgir en la convicción del juez al momento de tomar su decisión. Que, si no resultan refutables ni una ni otra versión, la duda se resuelve conforme al principio indubio pro reo, señalando la doctrina que “El juicio Penal no es una contienda en la que el Tribunal se pronuncia sobre cuál de las dos versiones ante él presentadas es “mejor”, sino que es un método para determinar con certeza la existencia del delito y la participación del acusado, de modo que si ello no se logra debe absolverse”. Así, “el objetivo de un juicio criminal no es elegir entre las historias de las partes. Antes bien, es determinar si la única explicación plausible del evento en cuestión es o no que el acusado es culpable en los términos en que ha sido acusado” (Horvitz/ López, Derecho Procesal Chileno, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 2004, páginas 155-156). Todo el razonamiento efectuado implica el respeto irrestricto que todo Tribunal de Justicia de un Estado de Derecho debe tener al principio de presunción de inocencia, siendo deber del Ministerio Público rendir los medios probatorios tendientes a acreditar la participación punible de una persona en los hechos constitutivos de delito.


Que, por otra parte, resulta importante resaltar que para formar la convicción del tribunal sólo se debe considerar la prueba rendida en el juicio oral, conforme lo dispuesto en el artículo 296 del Código Procesal Penal, no bastando las alegaciones verbales del Ministerio Público en el sentido que “al parecer se ha dictado sentencia condenatoria hace poco en contra del imputado”, sin incorporarse dicha prueba en forma legal al presente juicio.

Que, en cuanto al Extracto de Filiación y Antecedentes acompañado por el Ministerio Público, este tribunal no lo considerará para efectos de determinar la ocurrencia de los hechos materia del requerimiento ni la eventual participación del imputado, entendiendo que sólo resulta procedente su consideración, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, para efectos de la determinación de la eventual concurrencia de alguna circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, así como la concesión de alguno de los beneficios de la ley Nº 18.216.

Que, en virtud del artículo 109 del Código Procesal Penal, la víctima E.A.D.M. prestó declaración en calidad de tal, luego de haber depuesto como testigo, señalando que ella sólo quiere que el imputado no se le acerque, que no le ha pedido pensión, no le pide nada, a cambio de su tranquilidad, y que si quiere visitas, alguien le diga el día y la hora, declaración que al no haber sido prestada en calidad de testigo y sin las formalidades propias de la prueba testimonial, carece de todo mérito y no puede ser considerada para efectos de formar convicción al Tribunal” (considerando 5°). “Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo ya razonado, aun cuando se tuviesen por acreditados los hechos materia del requerimiento, a juicio de este Tribunal, no se configuraría el delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal, por faltar los elementos exigidos por dicho tipo penal, esto es, la seriedad y verosimilitud de las expresiones proferidas, toda vez que del relato de hechos efectuados por el Ministerio Público y por la víctima al deponer en calidad de testigo, no se desprenden los elementos y circunstancias que permitan concluir al Tribunal la efectividad de la concurrencia de dichos requisitos, no bastando el hecho de que la víctima declare que sintió miedo, pues se requieren de elementos externos que permitan concluir que el hombre medio sentiría temor en dichas circunstancias, así como el peligro del bien jurídico protegido por el tipo penal, esto es, la seguridad del ofendido. Por otra parte, y sin perjuicio de que la seriedad y verosimilitud deben existir en el momento de expresarse la amenaza, la conducta posterior de la víctima no revela el actuar de una persona amenazada en tales términos, ya que ha permitido que el imputado siga en contacto con sus hijos comunes, quien concurre al domicilio a verlos, sacándolos también a pasear, conservando la víctima y el imputado una relación en atención a la relación de familia que los une.

Que, lo anteriormente razonado permite a este Tribunal concluir que, si bien la conducta del imputado no es constitutiva de un ilícito penal, existe un conflicto de índole familiar que no es propio del conocimiento de un Juzgado de Garantía” (considerando 6°). “Que, en cuanto al bien jurídico protegido en el delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal, este Tribunal comparte lo expuesto por la defensa, en el sentido de tratarse de la seguridad de las personas y no de la libertad de determinación como lo ha sostenido el Ministerio Público, toda vez que, si bien la doctrina al analizar los atentados contra la libertad de determinación se refiere a las amenazas, pues ésta ordinariamente constituye un delito contra dicha libertad, así como también contra la seguridad de las personas, al estudiar las conductas tipificadas en el artículo 296, que se refiere a las modalidades que puede adoptar el ilícito en comento, en cuanto a la contemplada en el Nº 3 de la


referida norma legal, se ha sostenido que “si la amenaza no ha sido condicional, no hay delito contra la libertad” (Alfredo Etcheberry Derecho Penal, Parte Especial, Tomo IV, 2004, páginas 319 y 320), todo ello pues al proferirse este tipo de amenazas no se hace depender de condición alguna, teniendo presente que el Ministerio público al calificar los hechos materia del requerimiento los tipificó en la figura contemplada en la citada disposición legal” (considerando 7°)).


TEXTO COMPLETO


Curacaví, siete de febrero del año dos mil seis.-


VISTOS Y CONSIDERANDO:


PRIMERO: Que, ante este Juzgado de Garantía de Curacaví, el Ministerio Público representado por el Fiscal Luis Cristian Cáceres Bravo ha interpuesto requerimiento en procedimiento simplificado en causa RUC Nº 0500630799, RIT Nº 10-2006, por el delito de amenazas, previsto y sancionado en el Artículo 296 Nº3 del Código Penal, en contra de don J.E.A.O., Cédula Nacional de Identidad Nº 12.200.xxx-x, de profesión obrero, domiciliado en calle José Manuel Infante Nº 10xx, Villa El Olivar, Curacaví, representado por la abogada de la Defensoría Penal Pública Lorena Valenzuela Contreras.


Que, el Tribunal efectuó una relación del requerimiento presentado por el Ministerio Público y, conforme a las normas del Título Primero del Libro IV, el Tribunal le consultó al requerido, asistido en todo momento por su abogado defensor penal público, si admitía responsabilidad en los hechos materia del requerimiento o, si por el contrario, solicitaba la realización de juicio oral simplificado. El requerido manifestó que no admitía responsabilidad en los hechos y, en consecuencia, solicitó la realización de dicho juicio oral, solicitando la abogada defensora que, para un adecuado ejercicio del derecho a la defensa de su representado, se fijara audiencia de juicio oral simplificado dentro de los cinco días siguientes, a lo que el Tribunal accedió, previo debate entre los intervinientes, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 395 bis en relación al artículo 10 del Código Procesal Penal. Que, el día de la audiencia de juicio oral simplificado, se procedió a su celebración con la asistencia de todos los intervinientes, procediéndose a la rendición de los medios probatorios ofrecidos y, una vez cerrado el debate, el Tribunal dictó sentencia, pronunciando su decisión de absolución y fijando audiencia para dar a conocer el texto escrito de la sentencia.


SEGUNDO: Que, el Ministerio Público ha presentado requerimiento en procedimiento simplificado en contra de J.E.A.O., fundado en los siguientes hechos:”que el día 27 de noviembre del año 2005, a las 22:00 horas aproximadamente, el imputado J.E.A.O. llegó al domicilio de la víctima E.A.D.M.en donde comenzó a insultarla y a amenazarla, diciéndole que en donde la encontrara la iba a apuñalar”.


Que, a juicio del Ministerio Público los hechos precedentemente descritos configuran el delito de amenazas, previsto y sancionado en el Artículo 296 Nº 3 del Código Penal, correspondiéndole al imputado J.E.A.O., ya individualizado, participación en calidad de autor de dicho delito, en grado de consumado.


Que, a juicio de la Fiscalía, respecto del imputado J.E.A.O. no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.


Que, el Ministerio Público solicita se condene al imputado a la pena de quinientos cuarenta días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de amenazas, en grado de consumado, multa de quince Unidades Tributarias Mensuales en virtud del artículo 8 de la Ley Nº 20.066, y medida accesoria del artículo 9 letra b) de la Ley Nº 20.066, esto es, la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio.


Que, pide en definitiva, se sirva tener por presentado requerimiento en procedimiento simplificado en contra de J.E.A.O., ya individualizado, acogerlo a tramitación, ordenar su notificación a todos los intervinientes, fijando audiencia para la realización del juicio y, en definitiva, condenarlo a la pena ya señalada, con costas.


TERCERO: Que, para establecer el hecho contenido en el requerimiento, el Ministerio Público rindió los siguientes medios de prueba:


Prueba testimonial:


Declaración de la víctima en calidad de testigo doña E.A.D.M., quien interrogada por el Ministerio Público declara que vivió diez años con el imputado (J.E.A.O.), y que actualmente no vive con él, porque se dio cuenta de muchas cosas mientras estaba embarazada de su segundo hijo, él (J.E.A.O.) consumía droga, pasta base y cocaína, razón por la que decidió separarse, porque no le gusta ese ambiente, la golpeaba con golpes de puño en la cara y le causaba hematomas. Sostiene que lo llevó a tribunales dos veces y que actualmente ella trabaja en las plazas públicas. El día de los hechos (no precisa la fecha), llegó a la casa a ver a los niños, salieron al negocio, la abrazó y ella le dijo que no, él (J.E.A.O.) se ofuscó y le dijo que si la veía con alguien la iba a apuñalar a ella y a la otra persona, le dio temor y por eso hizo la denuncia, agrega que no sabe si él sería capaz o no de hacer lo que dijo, pero no quiere averiguarlo. Agrega que el imputado (J.E.A.O.), se irrita fácilmente y la insulta, diciéndole “prostituta” y otros términos como “maraca”, y otros muy groseros como “andai caliente con otro”. Contra interrogada por la defensa, señaló que siente temor, que se ha encontrado otras veces con el imputado, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 332 del Código procesal Penal, la defensa solicita refrescar memoria a la testigo, quien sostiene que se volvieron a ver y él (J.E.A.O.), le pidió disculpas, que ella se ha encontrado otras veces con él, que lo recibe en la puerta de su casa, porque no es mal educada, e incluso le ha mostrado y entregado a los niños para que salieran con él, luego aclara que se los pasaron cuando ella no estaba en la casa, para volver a decir que ella le ha pasado a los niños. Agrega que estaba conversando afuera del Tribunal con el imputado, pero que igual siente temor pero no cree que el imputado (J.E.A.O.), sea tan “estúpido” como para pegarle en el tribunal, estaban hablando temas familiares. Luego sostiene que no pretende volver con el imputado, que estaban hablando temas familiares.




Prueba documental:



Extracto de Filiación y Antecedentes correspondiente al requerido J.E.A.O., que da cuenta de una condena del año 1991, a 61 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de hurto, y de un auto de procesamiento por lesiones.


CUARTO: Que, la defensa rindió como medio de prueba la declaración del imputado, renunciando a su derecho a guardar silencio:


Declaración del requerido J.E.A.O., quién señala que él fue a ver a su hijo, y cuando fue a abrazar a E., ella lo rechazó, se sintió mal, y él le dijo que si la veía con otra persona iba a pegarle, pero no a ella sino que a la otra persona, pero no sería capaz de pegarle, después le pidió disculpas por lo sucedido. Contrinterrogado por el Fiscal, contesta que estos hechos tuvieron lugar un día viernes, no se acuerda bien, fue en la tarde. Agrega que se sintió mal, rechazado, y le dijo que si la veía con alguien le iba a pegar a la persona que anduviese con ella, pero no sería capaz de pegarle. Responde que tiene una condena por lesiones, pero de hace tiempo, fue una pelea de joven, un una pelea callejera en la fiesta de la chicha. Al momento de ocurrir los hechos estaba su hijo presente. Sostiene que el estaba “cerrado de mente”, le dieron celos, lo dijo en el momento, estaba enojado y un poco ofuscado. Añade que con la víctima ha tenido más discusiones. Responde que es su primera causa de violencia intrafamiliar ante el Tribunal y que “NUNCA LA AMENAZÓ CON APUÑALARLA”.


QUINTO: Que, los elementos probatorios analizados precedentemente, especialmente la prueba de cargos, no ha sido lo suficientemente consistente para establecer, más allá de toda duda razonable, la comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal, en los términos en que el Ministerio Público fundó su requerimiento, especialmente en cuanto a que el día 27 de noviembre del año2005, el imputado J.E.A.O. habría insultado y amenazado a la víctima, diciéndole que en donde la encontrara iba a apuñalarla, teniéndose por acreditado, de acuerdo a las declaraciones coincidentes rendidas por la víctima e imputado en la presente audiencia, el lugar de comisión de los hechos, esto es el domicilio de la víctima E.A.D.M., ubicado en Diego Prado Nº 1340, Curacaví, y el encuentro entre ambos, momento en el cual el imputado intentó abrazarla, siendo rechazado por la víctima. Que, ninguno de los deponentes fue capaz de precisar la fecha en que habrían tenido lugar los hechos contenidos en el requerimiento. Que, este Tribunal aprecia una contradicción esencial en las declaraciones del imputado J.E.A.O. y de la víctima E.A.D.M.en cuanto a las expresiones usadas al proferir la supuesta amenaza, lo que resulta esencial para formar la convicción del Tribunal, toda vez que el ente persecutor penal no acompañó otro medio de prueba con el objeto de disipar toda duda razonable que lógicamente pudiese surgir en la convicción del juez al momento de tomar su decisión. Que, si no resultan refutables ni una ni otra versión, la duda se resuelve conforme al principio indubio pro reo, señalando la doctrina que “El juicio Penal no es una contienda en la que el Tribunal se pronuncia sobre cuál de las dos versiones ante él presentadas es “mejor”, sino que es un método para determinar con certeza la existencia del delito y la participación del acusado, de modo que si ello


no se logra debe absolverse”. Así, “el objetivo de un juicio criminal no es elegir entre las historias de las partes. Antes bien, es determinar si la única explicación plausible del evento en cuestión es o no que el acusado es culpable en los términos en que ha sido acusado” (Horvitz/ López, Derecho Procesal Chileno, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 2004, páginas 155-156). Todo el razonamiento efectuado implica el respeto irrestricto que todo Tribunal de Justicia de un Estado de Derecho debe tener al principio de presunción de inocencia, siendo deber del Ministerio Público rendir los medios probatorios tendientes a acreditar la participación punible de una persona en los hechos constitutivos de delito.


Que, por otra parte, resulta importante resaltar que para formar la convicción del tribunal sólo se debe considerar la prueba rendida en el juicio oral, conforme lo dispuesto en el artículo 296 del Código Procesal Penal, no bastando las alegaciones verbales del Ministerio Público en el sentido que “al parecer se ha dictado sentencia condenatoria hace poco en contra del imputado”, sin incorporarse dicha prueba en forma legal al presente juicio.


Que, en cuanto al Extracto de Filiación y Antecedentes acompañado por el Ministerio Público, este tribunal no lo considerará para efectos de determinar la ocurrencia de los hechos materia del requerimiento ni la eventual participación del imputado, entendiendo que sólo resulta procedente su consideración, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, para efectos de la determinación de la eventual concurrencia de alguna circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, así como la concesión de alguno de los beneficios de la ley Nº 18.216.


Que, en virtud del artículo 109 del Código Procesal Penal, la víctima E.A.D.M. prestó declaración en calidad de tal, luego de haber depuesto como testigo, señalando que ella sólo quiere que el imputado no se le acerque, que no le ha pedido pensión, no le pide nada, a cambio de su tranquilidad, y que si quiere visitas, alguien le diga el día y la hora, declaración que al no haber sido prestada en calidad de testigo y sin las formalidades propias de la prueba testimonial, carece de todo mérito y no puede ser considerada para efectos de formar convicción al Tribunal.


SEXTO: Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo ya razonado, aun cuando se tuviesen por acreditados los hechos materia del requerimiento, a juicio de este Tribunal, no se configuraría el delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal, por faltar los elementos exigidos por dicho tipo penal, esto es, la seriedad y verosimilitud de las expresiones proferidas, toda vez que del relato de hechos efectuados por el Ministerio Público y por la víctima al deponer en calidad de testigo, no se desprenden los elementos y circunstancias que permitan concluir al Tribunal la efectividad de la concurrencia de dichos requisitos, no bastando el hecho de que la víctima declare que sintió miedo, pues se requieren de elementos externos que permitan concluir que el hombre medio sentiría temor en dichas circunstancias, así como el peligro del bien jurídico protegido por el tipo penal, esto es, la seguridad del ofendido. Por otra parte, y sin perjuicio de que la seriedad y verosimilitud deben existir en el momento de expresarse la amenaza, la conducta posterior de la víctima no revela el actuar de una persona amenazada en tales términos, ya que ha permitido que el imputado siga en contacto con sus hijos comunes, quien concurre al domicilio a


verlos, sacándolos también a pasear, conservando la víctima y el imputado una relación en atención a la relación de familia que los une.


Que, lo anteriormente razonado permite a este Tribunal concluir que, si bien la conducta del imputado no es constitutiva de un ilícito penal, existe un conflicto de índole familiar que no es propio del conocimiento de un Juzgado de Garantía.


SÉPTIMO: Que, en cuanto al bien jurídico protegido en el delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal, este Tribunal comparte lo expuesto por la defensa, en el sentido de tratarse de la seguridad de las personas y no de la libertad de determinación como lo ha sostenido el Ministerio Público, toda vez que, si bien la doctrina al analizar los atentados contra la libertad de determinación se refiere a las amenazas, pues ésta ordinariamente constituye un delito contra dicha libertad, así como también contra la seguridad de las personas, al estudiar las conductas tipificadas en el artículo 296, que se refiere a las modalidades que puede adoptar el ilícito en comento, en cuanto a la contemplada en el Nº 3 de la referida norma legal, se ha sostenido que “si la amenaza no ha sido condicional, no hay delito contra la libertad” (Alfredo Etcheberry Derecho Penal, Parte Especial, Tomo IV, 2004, páginas 319 y 320), todo ello pues al proferirse este tipo de amenazas no se hace depender de condición alguna, teniendo presente que el Ministerio público al calificar los hechos materia del requerimiento los tipificó en la figura contemplada en la citada disposición legal.


OCTAVO: Que, atendido lo razonado precedentemente, esta sentenciadora no se hará cargo de la participación del requerido en los hechos que se le imputan, por considerarlo inoficioso.


NOVENO: Que, el Ministerio Público, en su alegato de clausura, expone que hay dos versiones encontradas, por lo que el Tribunal deberá creer una u otra. Agrega que el propio imputado declaró que él había dicho que iba a golpear a quien estuviese con ella (E.D.), aun cuando su declaración se considere un medio de defensa. Sostiene que el imputado se encuentra procesado por el delito de lesiones, según auto de procesamiento de 1992, y condenado el año 1991 por el delito de hurto a sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, aludiendo al hecho de que al parecer existe una condena de hace pocos días ante este Tribunal, lo que refleja un patrón conductual. Agrega que el delito de amenazas es un delito de coacción a la libertad de determinación de la víctima, debiendo determinarse si en el momento de amenazar, ésta reviste el carácter de seria y verosímil. Que, debe concluirse la seriedad y verosimilitud de las amenazas, al momento de ser proferidas, de la propia declaración de la víctima. La víctima es “civilizada”, y deja que el imputado vea a sus hijos por el bienestar del niño.


DÉCIMO: Que, la defensa por su parte, en su alegato de clausura señala, en primer lugar, que debe analizarse si concurren los requisitos del artículo 296 Nº 3 del Código Penal. Se debe tener presente que la víctima de los hechos es E.A.D.M., y que se cuenta para dictar sentencia sólo con la declaración de la víctima y del imputado. Agrega que le defensa no coincide con lo sostenido por el Ministerio Público, pues el delito de amenazas es un atentado contra la seguridad y no contra la libertad de las personas. La víctima ha reconocido temor, pero el propio Fiscal ha sostenido que por


una “actitud civilizada” se ha permitido que el imputado visite a sus hijos y salga con ellos, de lo que no aparece el temor de la víctima. En cuanto a la seriedad y verosimilitud, deben resultar de los propios antecedentes, y el propio imputado ha dicho que no sería capaz de concretar alguna amenaza. Además, la víctima ha reconocido que han existido disculpas, y que no la ha vuelto a amenazar, lo que demuestra que para la víctima no resultó seria y creíble la amenaza, entendiéndose por SERIEDAD dar a entender que la decisión de quien la realiza la llevará a cabo, y la VEROSIMILITUD un mal que por la forma y circunstancias en que se profirió sea creíble para la víctima, de lo que se concluye que sólo cabe el dolo directo. En cuanto a las anotaciones en el Extracto de Filiación y Antecedentes del imputado, señala que no basta el sólo extracto, se requiere sentencia definitiva con certificado de estar firme o ejecutoriada, y si bien registra dos anotaciones, una se refiere a una condena que se encuentra prescrita y la otra corresponde a un auto de procesamiento del año 1992, resolución esencialmente revocable.


Por todos los argumentos expuestos, solicita la absolución de su representado, por cuanto no estaría acreditado el dolo directo ni la participación de J.E.A.O..


DÉCIMO PRIMERO: Que, todo lo reseñado en los considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo precedentes, no permiten formar convicción en este tribunal respecto a la comisión el día 27 de noviembre del dos mil cinco, del delito de amenazas que se le atribuye al requerido, por lo que sólo cabe absolverlo como autor del mismo, rechazando de esta manera el requerimiento en procedimiento simplificado interpuesto por el Ministerio Público.


 Y de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 3, 14, 15 y 296 Nº 3 del Código Penal y artículos 1, 2, 4, 7, 8, 12, 45, 48, 70, 93, 295, 297, 342, 388 y siguientes del Código Procesal Penal, SE RESUELVE:


I.-Que, se absuelve a J.E.A.O., ya individualizado, como autor del delito consumado de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal, por los hechos materia del requerimiento.


II.-Que, no se condena en costas al Ministerio Público, por considerar este Tribunal haber tenido motivos plausibles para litigar.


Ejecutoriada que sea esta sentencia, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal.


Regístrese, anótese, y archívese, en su oportunidad.


Dictada por la doña MARIA TERESA BARRIENTOS MARABOLI, Juez Suplente del Juzgado de Garantía de Curacaví.