TRIBUNAL ORAL DE CASTRO. CONDENA POR EL CARGO DE PARRICIDIO:

LA AGRESIÓN CONTINUA A LA QUE FUE SOMETIDA LA IMPUTADA PRODUJO UNA SENSACIÓN DE TEMOR QUE ATENUÓ SU CULPABILIDAD. 05 DE ABRIL DE 2006, RIT 4-2006

DOCTRINA. Tribunal Oral de Castro condena por el cargo de parricidio. A juicio del tribunal si bien el miedo no dominó los sentidos de la imputada, la agresión continua a la que fue sometida durante su vida matrimonial, la que incluyó agresiones físicas, sicológicas y sexuales hacia su persona y física y sicológica hacia sus hijos, produjo una sensación de temor que afectó su capacidad de elección, pues si hubiera tenido un matrimonio normal, sin agresiones ni vejámenes, el miedo no habría existido y, por ende, el desenlace fatal tampoco.

(Que el artículo 11 N° 1 del Código Penal consagra lo que en doctrina se denomina “eximentes incompletas” al establecer que “Son circunstancias atenuantes: 1ª. Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos”, de tal suerte que será necesario determinar si la eximente del artículo 10 Nª9, la que como se señaló en el motivo anterior, no se da en la especie, reúne los requisitos necesarios para atenuar la responsabilidad de la acusada en conformidad a lo señalado por el artículo 11 N° 1 del mismo cuerpo legal. Al respecto, estos sentenciadores consideran que ésta es una eximente que si bien no consta de requisitos materiales, como es el caso, por ejemplo, de la legítima defensa, sí permite una división imaginaria o moral, dependiendo ello de la intensidad o envergadura con la que concurra la emoción de que se trata, configurándose, entonces, la atenuante cuando el miedo, si bien no es insuperable, de todas formas es importante y de alguna u otra manera motiva en parte el accionar del hechor. Por lo demás, así lo ha entendido la doctrina, al señalar que “las eximentes que sólo son moralmente divisibles también constituyen atenuantes si no llega a concurrir con toda su intensidad la calidad que determina su exención. Siempre, claro está, que concurra la base de la circunstancia: (…) miedo (aunque no sea insuperable)” (Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Tomo II, página 17). En la especie, según se indicó en el motivo anterior, el miedo no dominó los sentidos ni la conducta de la acusada hasta el extremo de hacerlo insuperable, pero sí intervino de manera importante en la decisión radical que ésta tomó al eliminar a su cónyuge, pues influyó en ello la escalada de violencia intrafamiliar a la que fue sometida durante toda su vida matrimonial, la cual incluyó agresiones severas tanto físicas, sicológicas y sexuales hacia su persona y física y sicológica hacia sus hijos, lo que claramente produce una sensación de temor que, por cierto, interfiere en el pensamiento y de alguna manera influye en la toma de las decisiones de una persona, pues si la acusada hubiera tenido un matrimonio normal, sin agresiones ni vejámenes, el miedo no habría existido y, por ende, el desenlace fatal tampoco, de tal suerte, entonces, que si bien estos jueces desecharon la circunstancia del artículo 10 Nº 9 como eximente de responsabilidad penal de la acusada, si consideran que tal emoción revistió una intensidad suficiente como para atenuarla, lo que deberá traducirse en una rebaja de la pena que se le impondrá en lo resolutivo de esta sentencia” (considerando 16°)).




TEXTO COMPLETO


Castro, cinco de abril de dos mil seis.


VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:


PRIMERO: Que entre los días veintinueve y treinta y uno de marzo del año en curso, ante los jueces Francisco del Campo Toledo, quién la presidió, Jorge Abollado Vivanco y Loreto Yánez Sepúlveda, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en esta causa RUC N° 0500142125-7, RIT N° 4-2006, seguida en contra de la acusada E.J.C.D., cédula N° 14.088.716-1, nacida el 06 de enero de 1981, 25 años, viuda, tejedora, domiciliada en el Sector Los Ángeles de la isla Quehui, comuna de Puqueldón, actualmente en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Ancud.


Fue parte acusadora en este juicio, el Ministerio Público, representado por los Fiscales Adjuntos Jaime Sáez Leal y Cristina Cárcamo Pérez.


La defensa de la acusada estuvo a cargo de los Defensores Penales Públicos Claudio Herrera Reyes, domiciliado en calle Serrano N° 565, Castro, y Carlos Ernesto Jiménez Jiménez.


SEGUNDO: Que los hechos y circunstancias que han sido objeto de la acusación del Ministerio Público son los siguientes:


Que el día 11 de abril de 2005, en horas de la mañana, en circunstancias que la acusada E.J.C.D. se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en el sector Los Angeles de la Isla Quehui, específicamente, en una dependencia destinada a dormitorio, en cuyo interior se hallaba su cónyuge R.A.L.S., acostado en una cama, procedió a agredirlo con un hacha, causándole múltiples lesiones, consistentes en heridas cortantes múltiples faciales y craneana con lesión encefálica, ocasionando su muerte producto de un Tec abierto complicado, con pérdida de masa encefálica.


A juicio del Ministerio Público los hechos descritos son constitutivos del delito de Parricidio, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, correspondiéndole a la acusada E.J.C.D., según lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del mismo texto legal, participación en calidad de autora, toda vez que tomó parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa.


En concepto de la Fiscalía Local, beneficia a la acusada la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal.


Solicita se imponga la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal, esto es inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.



TERCERO: Que la fiscalía en su alegato de apertura sostuvo que el juicio trata del parricidio de R.A.L.S., ocurrido el 11 de abril de 2005 en el sector Los Angeles de la Isla de Quehui, producto de un ataque con un hacha por parte de la acusada, quien aprovechando que su cónyuge se encontraba desprevenido, lo agredió violentamente en reiteradas oportunidades, vulnerando el bien jurídico vida independiente. Indica que se probarán los elementos constitutivos del parricidio, mediante testimonios de familiares y vecinos de la víctima, peritos que depondrán sobre el estado mental de la acusada, declaraciones de los funcionarios policiales que referirán el estado en que se encontraba la víctima con posterioridad al ataque. Interesa en especial, la declaración del Subcomisario Iván Ferrada Vergara y del médico legista del Servicio Médico Legal de Ancud, aportando antecedentes de investigación y causa de muerte de la víctima. Concluye señalando que todas las pruebas son suficientes para crear en el Tribunal una convicción, más allá de toda duda razonable, que la acusada debe ser condenada como autora del delito de parricidio de su cónyuge R.A.L.S., a la pena racional y justa solicitada.


En su alegato de clausura y réplica estima que los hechos demostrados por los testimonios veraces y categóricos presentados en el juicio, no han podido ser desvirtuados por la Defensa. En efecto, las convenciones probatorias, relativas a certificado de defunción y de matrimonio, demuestran la muerte del cónyuge de la acusada; y de su propio testimonio, los dichos del Sargento Burgos, la paramédico de la Posta de la Isla de Quehui, de los funcionarios de Investigaciones, entre ellos peritos fotógrafo y planimétrista, concordantes con el atestado del Médico Legista Claudio Cifuentes, quien estableció que la causa de muerte fue un TEC abierto complicado, sin que se registraran lesiones defensivas en la víctima, todo lo que demuestra que la acusada actuó sobre seguro, ya que con el primer golpe lo dejó inconciente y sin posibilidad alguna de reacción. Además, según los peritos psiquiátrico y psicólogo, la acusada no presenta alteración de juicio ni de la realidad, su capacidad intelectual no es limitante ya que describe una secuencia lógica y temporal de los hechos; presenta un entendimiento subjetivo de la realidad, y posee una actitud oposicionista con dificultad para controlar impulsos, lo que derivó en una reacción desmesurada. Agrega que la acusada contaba con redes de apoyo, pues tenía una familia extensa y en la Isla de Quehui existían escuela, posta, organizaciones comunitarias y también estaban los Tribunales de Justicia a los que pudo recurrir. Estima que al momento en que ocurrieron los hechos, la acusada no presentaba un miedo patológico, pues este es sólo temporal y no permanente, y pudo haber adoptado otra alternativa. Reconoce la existencia de episodios de violencia intrafamiliar, pero estima que no ha logrado establecerse con certeza, ya que sólo se sustenta en rumores, y además, la acusada mantenía una relación sentimental paralela con M.C., por lo que tenía otra contención emocional. Refiere que es exagerado y alejado de la realidad, solicitar la absolución basado en maltratos físicos y psicológicos, toda vez que ellos no justifican ni avalan la acción desproporcionada de dar muerte a su cónyuge.


CUARTO: Que en su alegato de apertura, la defensa, señala que la madrugada del 11 de mayo de 2005, impulsada por el miedo a su cónyuge, la acusada tomó un hacha y le propinó varias estocadas, tras soportar por más de ocho años los malos tratos y vejámenes físicos, psicológicos y sexuales de su marido, temor que aumentó debido a que ese día el occiso puso también en riesgo la vida de sus hijos. Además, la noche



anterior R.A.L.S. la agredió con golpes de pies y puños, provocándole 11 lesiones, la expulsó desnuda del hogar en reiteradas oportunidades, ingresándola nuevamente para proceder a violarla vaginal y analmente. La acusada, debido a sus mermados recursos y en la lejanía, estaba atrapada en una violencia irracional. No podía huir a la casa de su familia, donde podía ser encontrada por su cónyuge, ni tenía dinero para abandonar la Isla. Pidió ayuda en reiteradas oportunidades, pero los mecanismos de ayuda, no llegaron. En este contexto de riesgo inminente para su vida y la de sus hijos, la acusada decide dar muerte al progenitor de sus hijos. Una vez ejecutado el hecho, que no fue presenciado por los menores, los toma, cierra la casa y los lleva a la casa de su madre, lugar en que es detenida por Carabineros y trasladada a Puqueldón, donde confiesa al funcionario Burgos, toda la verdad de lo sucedido. Diversas pruebas que se presentarán al juicio, demostrarán la efectividad de los vejámenes sufridos por la acusada, incluso al momento del control de detención, ésta presentaba 11 lesiones. Agrega que la subyugación física y psíquica que sufría E.C.D., por parte de su cónyuge, llamado a ser el protector de la familia, le infundía el justo temor de ser víctima ella y sus hijos de un mal mayor, de manera que decide acabar con el tormento motivada por un miedo insuperable, siendo la reacción de la acusada, la acción que cualquier madre hubiese adoptado por proteger a sus hijos, por lo que solicita se dicte sentencia absolutoria en su favor.


En su alegato de clausura y réplica, la Defensa señaló que los hechos acreditados con la prueba incorporada al juicio oral, demuestran la ausencia de culpa en la acusada, por haber sido inducidos por un miedo insuperable, reuniéndose en este caso, todos los requisitos que exige el artículo 10 N° 9 del Código Penal, esto es, 1°) La existencia de un miedo; 2°) Insuperabilidad del miedo, ya que se trataba de un miedo al que no es posible resistir atendidas las circunstancias concretas del caso, considerando que el terror o pánico puede ser o no de carácter permanente; 3°) Que no exista obligación de resistir ese temor; y 4°) Que el mal o peligro no pueda ser evitado de otro modo.


Indica que los vejámenes que padeció la acusada por parte de su marido, quedaron demostrados incluso con la prueba de cargo, de la que es posible concluir que por su capacidad intelectual y el stress post traumático sufrido, desencadenaron la acción ejecutada por la acusada. Así, el perito psiquiatra Larraguibel Christen señaló que la acusada prestó un relato angustioso referente a los temores que padeció, el que le pareció verosímil. La testigo G.B. también conocía el temor de la acusada a denunciar y los episodios de violencia intrafamiliar. Por otra parte, el perito Mauricio Souci aseguró que la capacidad de planeamiento de la acusada se encontraba disminuida, y que su relato le pareció verosímil, porque no buscaba la exculpación.


Refiere que todo demuestra que la acusada vivió una experiencia al límite, que le provocó un miedo patológico, y aunque el miedo es una experiencia personal, tanto la prueba de cargo como de descargo, acreditaron suficientemente el temor de la víctima, ya que todos conocían los maltratos de que eran objeto la acusada y sus hijos por parte de la víctima, actuación que se encuentra prohibido en el ordenamiento jurídico nacional. Precisa que el hecho se produce en la Isla de Quehui, a la que sólo es posible acceder por vía marítima o aérea, lo que impedía a la acusada huir del


hogar junto a sus hijos pequeños. La segunda posibilidad era someterse o paralizarse, lo que sucedió durante los ocho años que estuvo casada. Finalmente, su tercera opción era reaccionar, que fue lo que ocurrió al provocar la muerte de su cónyuge, lo que según el antropólogo Venegas constituye el acto fundacional de la sociedad, ya que con ello se pone fin a los abusos sufridos y alcanza el orden y tranquilidad en su vida. Conforme a las pruebas incorporadas al juicio oral, la acusada agotó todas las posibilidades de ayuda, llamó a Carabineros a lo menos en cinco oportunidades y nunca llegaron, denunció a su cónyuge por violencia intrafamiliar ante Carabineros de Castro, causa que terminó en avenimiento debido a las amenazas de éste, pidió ayuda a sus vecinos y a personal de la Posta Local, pero ninguna alternativa funcionó; y aunque no existan numerosas denuncias formales, el maltrato físico, psicológico y sexual quedó plenamente demostrado por la prueba de cargo y de descargo, lo que fluye de los testimonios de vecinos, del Subcomisario de Investigaciones Iván Ferrada, quien refirió haber entrevistado a los hijos de la acusada, los que refirieron los episodios de violencia, quienes se encuentran en tratamiento reparatorio debido al maltrato severo de su padre, según prueba documental incorporada al juicio por la defensa.


Concluye señalando que el día de los hechos su defendida presentaba once lesiones en el cuerpo, a lo menos dos visibles, las que fueron constatadas por el Médico de Turno, prueba que la Fiscalía no permitió que pasara a juicio oral, a lo que accedió el Juez de Garantía, por lo que solicita que se haga justicia para su defendida.


QUINTO: Que la acusada E.J.C.D., debida y legalmente enterada de los hechos materia de la acusación, previamente advertida por el Tribunal en el curso de la audiencia de juicio oral, renunció a su derecho a guardar silencio, y previamente exhortada a decir la verdad declaró que conoció a su marido en la Isla Quehui durante el paseo de una amiga, fue amor a primera vista, pololearon tres meses y en dos oportunidades la invitó a fiestas y la golpeó con puños y patadas. Luego R. le pidió que se casara con él, y ella se casó, porque su mamá le dijo que lo hiciera debido a que estaba embarazada. Le dio su hijo mayor, Eduardo, y vivieron durante un tiempo en la casa de su mamá. Después quedó embarazada de su segundo hijo, y durante todo el embarazo, él la pateaba, la golpeaba, y la hacía cargar cosas pesadas l. Se fueron a vivir a Quehui, donde sus suegros, que eran alcohólicos, pasaban los días borrachos, peleaban entre ellos, le pegaban y la echaban de la casa, por lo que recurría a los vecinos, para que le abrieran las puertas en la mitad de la noche. A la mañana siguiente regresaba con temor a ver como estaban sus hijos, pues no tenía a nadie. Su marido le cobraba sentimientos porque había ido donde sus vecinos, y la volvía a golpear. Después que nació su hija B. se construyeron un hogar solos donde vivieron con sus tres hijos. Recuerda que una noche, en tiempo de invierno, la echó de la casa, la golpeó, le sacó la sangre y le había quitado a sus hijos para que no los viera nunca más, por lo que recurrió a la posta de la isla Quehui, y al día siguiente fue a Castro a denunciarlo por violencia intrafamiliar. Los citaron a los dos, le pidió perdón y la amenazó con matarla en ese instante a ella y sus hijos si no regresaba con él, ella lo perdonó con mucho miedo y regresó a la isla Quehui. Al cabo de una semana le cobró sentimientos porque lo había denunciado, y la golpeó nuevamente, la pateó, la arrastró por el piso, le tiró el pelo, le dejó el cuerpo moreteado, y además le escondió la comida para que no pudiera comer. Le daba tragos fuertes a sus hijos, cuando ella le quitaba el vaso, él le pegaba en presencia de ellos. Por el miedo que sentía por él, no era


capaz de denunciarlo, y cuando le pegaba ni siquiera iba a la posta a constatar lesiones. Pasó tiempo, y ella no lo denunciaba, pero la seguía golpeando. Se quiso ir donde su mamá, pero el amenazó con violar a sus hermanas menores, y después iba a matar a toda su familia, no tenía salvación por ninguna parte. Tenía tanto miedo que no era capaz de hacer nada, y también por el amor que les tenía a sus hijos, es que soportó los ocho años de malos tratos. Durante un tiempo, él les escondía la comida a sus hijos para que no comieran y los encerraba a todos bajo llave. Ese día la mandó obligada a una reunión de la Isla Quehui con sus dos hijos mayores, porque si no lo hacía él la golpeaba. Al regresar a su casa, él la estaba esperando, furioso, no era su marido, y la empezó a patear, le botaba la sangre en presencia de sus hijos. También le pegó a su hijo. La echó de la casa y le tiró la ropa para que se fuera con su mamá. Le dijo que tomara el bote chico, pero cuando lo hizo junto a sus tres hijos, llegó al lugar, la tomó del pelo y amenazó con matarla a ella y a sus hijos, diciéndole que si se iba no alcanzaba a llegar a la casa de su mamá. La tomó del pelo, la puñeteó y la pateó, la llevó a la casa y ahí la encerró y la golpeó, le colocó un cuchillo en el cuello para matarla, tiene la cicatriz del corte en el cuello, le reventó la boca, también tiene una cicatriz en la ceja, estaba toda moreteada. Al día siguiente, él mismo la llevó a Castro a urgencias, a constatarle lesiones diciendo que era M., pero eso no era verdad, las lesiones se las había provocado el mismo. La obligó a mentir, diciendo que M. la había golpeado y la había violado vaginal y analmente. Además, siempre le ponía el pene en la boca, a la hora que él quería, y si no lo hacía la pateaba y la arrastraba del pelo. La obligaba a tener relaciones a la fuerza con él, la violaba incluso en presencia de sus hijos. Lo único que ellos hacían era llorar, tenían mucho miedo.


Después del día domingo que la mandó a la reunión de luz, comenzó a transformarse, ya no era él, ese día en la noche que la fue a buscar al bote con sus tres hijos, la encerró en la casa, acostó a sus tres hijos en la cama y a ella la dejó en la cocina, se dirigió al patio a buscar el hacha y luego se dirigió con ella al dormitorio donde estaban lo niños, estaba con el hacha alzada para matar a sus hijos, su hija chiquita lloró y empezó a gritar y dijo “papá por favor no nos mate”, por lo que él dejó el hacha detrás de la puerta del dormitorio donde quedó toda la noche. A ella la empezó a golpear, le golpeaba la cabeza contra la pared, la desnudaba completa y la echaba para afuera de la casa, una y otra vez, la violaba vaginal y analmente, por la boca también, la tomaba del pelo y la volvía a echar desnuda afuera.


Pasó toda la noche golpeada. Al otro día, se levantó como pudo, levantó a sus tres hijos y los llevó a la cocina para limpiarlos, porque se habían hecho de todo, los comenzó a vestir y luego fue a la pieza a buscar una zapatilla que le faltaba a su hijo mayor, en ese momento miró a su marido y estaba transformado, no era él, era el diablo en persona, vio su cara negra, tenía tanto miedo porque había dicho que los iba a matar a todos, y por amor a sus hijos, en ese momento, cuando él se dio vuelta para el rincón, le pegó con el hacha, y cuando se dio vuelta hacia ella para tomarla, tuvo miedo de que la matara con la misma hacha, por lo que le pegó para el otro lado y no recuerda que sucedió después porque perdió el conocimiento. Luego se sacó la ropa y la dejó encima de la cama para que no la vieran sus hijos, porque ellos no presenciaron lo que pasó. En ese momento su hijo mayor le dijo, “seguro que mi papá te está pegando de vuelta”, pero ella le contestó que su papá estaba durmiendo. Los tres le dijeron que fueran donde la mami, que es su madre que vive en Puqueldón. Ellos la ayudaron, sacó fuerzas por ellos, cerró la puerta, tomaron el bote chico, y sus


hijos le decían que no querían que remara porque su marido le había pegado mucho la noche anterior, pero ella tomó los remos y como pudo remó durante tres horas en el mar. Ella sabía lo que había hecho, pero no lo creía, era como un sueño, para ella él todavía estaba vivo, tenía mucho miedo de que la tomara y la tirara al agua. Llegó al otro lado, estaba su hermano, no le contó nada de lo que había pasado, pero le dijo que llegara temprano. Cuando llegó a la casa de su mamá, le contó que había acabado con la vida de su marido, ella no lo podía creer, se quería morir, incluso ella todavía pensaba que estaba vivo. Se reunió con su mamá, con su abuelito y con su hermano mayor, y les contó lo sucedido. Posteriormente, ella se estaba preparando para salir cuando llegaron los Carabineros de Puqueldón y la llevaron al Retén, donde contó todo lo sucedido, les dijo que había pedido ayuda, pero nadie había acudido. Tenía miedo de que su marido la matara a ella y a sus hijos. Pasó toda la noche en el retén de Puqueldón, al día siguiente la llevaron a Castro, el Fiscal le tomó declaración y luego la llevaron al Juzgado. Después conversó con su abogado Claudio Herrera, y desde allí fue al Hospital a que le constataran lesiones, para luego derivarla al Centro de Detención Preventiva de Ancud, donde ha permanecido todo este tiempo.


Agrega que vivió como 5 años en el sector Los Ángeles, tiempo durante el cual fue en cuatro ocasiones a pedir ayuda a sus vecinos, entre ellos a M. L., C.R., I. G. y a C.G.. Su vecina más cercana es la señora I., las demás viven más lejos. La mayoría de sus vecinos sabían como era él y los tratos que le daba su marido, que era muy machista y muy dominante.


Recuerda que el hacha con que golpeó a su marido era grande, tenías astil de madera y reconoce el hacha que se le exhibe  en la audiencia y que fue debidamente incorporada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 333 del Código Procesal Penal. Agrega que la ropa que se sacó era un buzo negro y un chaleco o polerón de color fucsia, vestimenta que reconoce al momento en que le son exhibidas por el fiscal.


SEXTO: Que las partes formularon las siguientes convenciones probatorias:


a) Que el afectado por el delito, R.A.L.S., al momento de la obtención de la muestra de sangre, de fecha 11 de abril de 2005, y conforme a las pericias médico legales practicadas, presentaba una dosificación etílica equivalente a 0,00 gramos por mil de alcohol en la sangre.


b) Que en el certificado de defunción del aludido R.A.L.S., aparece consignado su deceso a las 07:00 horas del día 11 de abril del 2005, a consecuencia de un tec abierto complicado/contusión craneana.


c) Que la acusada E.J.C.D., cédula nacional de identidad N° 14.088.716-1, no registra anotación por delito pretérito alguno en su extracto de filiación y antecedentes.


d) Que don R.A.L.S. contrajo matrimonio con doña E.J.C.D. con fecha 14 de marzo de 1997, a las 14:35 horas, en la circunscripción de Puqueldón.


e) Que la sangre encontrada en el hacha y en un trozo de madera presentan un perfil genético idéntico al correspondiente a don R.A.L.S. con una probabilidad de 99,9999999998%.


f) Que la sangre encontrada en el hacha es humana, lo que se demuestra en informe de sangre humana y ADN comparativo N° B-4446/2005 de 10 de mayo de 2005, emitido por perito químico de la Unidad de Bioquímica y Criminalística del Servicio Médico Legal de Santiago.


g) Que la sangre humana contenida en el hacha, corresponde a la víctima, que se demuestra en el informe de ADN N° D-1099/05 y D-1145-1146/2005 de 15 de julio de 2005, emitido por Tecnólogo médico legista del Servicio Médico Legal de Santiago.


SEPTIMO: Que conforme a los alegatos de apertura y clausura de los intervinientes, el debate se centra en determinar si concurren en la especie los elementos típicos del parricidio, contemplado en el artículo 390 del Código Penal, por el cual el Ministerio Público ha deducido acusación, y en segundo término, establecer si concurre a favor de la acusada la eximente de responsabilidad penal prevista en el artículo 10 N° 9 del mismo texto legal, esto es, haber actuado impulsada por un miedo insuperable.


OCTAVO: Que el delito de parricidio, constituye una especie del género homicidio, y como tal, se encuentra destinado a la protección del bien jurídico vida humana independiente, pero la justificación de la mayor severidad con que la ley trata este ilícito, radica en que existe un atentado directo a los vínculos de parentesco o matrimonio, en los cuales se sustenta el núcleo familiar, que también es protegido por el ordenamiento jurídico.


Que el tipo penal aludido, se encuentra contemplado en el artículo 390 del Código Penal que expresa: "el que conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a su cónyuge"; desprendiéndose del citado precepto, que para la configuración del tipo, se requiere la concurrencia copulativa de tres condiciones: 1) Provocar la muerte de una persona; 2) Que la víctima y victimario se encuentren vinculados por parentesco consanguíneo o por matrimonio; y 3) El conocimiento por parte del agente, previo a la comisión del delito, de que estaba ligado a su victima por la vinculación antes referida.


NOVENO: Que a fin de acreditar la acción típica del parricidio, a la que se ha hecho alusión, consistente en “matar a otro”, la Fiscalía presentó al juicio al testigo M. A.L. R., quien refirió, en resumen, que el 11 de abril de 2005, en compañía de su hermano y de un carpintero, fue a la casa de su primo R.L., alrededor de las 15.30 a 16.00 horas, para devolverle un tubo. Al llegar, llamó en varias oportunidades, aunque nadie salió, pero como el carpintero le informó que su primo debía estar en la casa porque había visto salir temprano a su esposa Elba junto a sus hijos, en dirección a la isla Lemuy, miró por una ventana y vio a su primo acostado en la cama, de lado, con la cara ensangrentada y el brazo caído, su hermano fue a buscar a la paramédico, quien también observó por la ventana y decidieron llamar a los Carabineros para poder ingresar a la casa, los que llegaron alrededor de las 21:00 y revisaron el lugar, permaneciendo ellos afuera.


Esta versión es concordante con la de S.U.C., quien manifestó ser vecino de la familia de la acusada y haber tomado conocimiento de lo sucedido alrededor de las 16:00 horas, ya que un primo de la víctima pasó por su casa y le contó que lo había


encontrado muerto en su dormitorio. Más tarde se dirigió a la casa de su vecino, pero permaneció en el exterior y no lo vio. En el mismo sentido obra el testimonio de L. I.G.P., quien expresó que ese día algunos familiares fueron a buscar a Ramón y lo encontraron muerto, fueron a su casa a consultarle si había visto algo, pero ella les dijo que no. Agrega que ella y otras personas de los alrededores, vieron que Ramón estaba en su casa, tendido en la cama, con la cabeza sangrando, y que ella era la vecina que vivía más cerca de la familia de éste. Dice no haber sentido o visto nada extraño la noche anterior, y aunque lo hubiese hecho, no habría salido de su casa.


Por su parte la testigo G.I.B.M., expuso en síntesis, que el 11 de abril de 2005 se encontraba trabajando en la posta de la isla Quehui, junto a Bernardita Alvarez, y alrededor de las 16:00 horas, llegó al establecimiento M.L.R. a punto de desmayarse, diciendo que su primo estaba muerto dentro de la casa. Concurrieron al lugar, miró por la ventana, y vio que el hombre estaba muerto, tendido en la cama, ya que no se movía y estaba cianótico, había mucha sangre alrededor y en las paredes, y además vio un hacha junto a él. Llamaron a Carabineros, quienes les indicaron que permanecieran en el lugar e impidieran el ingreso de personas a la casa, llegando éstos alrededor de las 20:00 horas, y cerca de las 21:00 horas, arribó el fiscal.


Ello resulta también ratificado con el testimonio de los funcionarios policiales, Juan Francisco Ramos Antimán, quien en síntesis, expuso que el día 11 de abril de 2005 recibió un llamado del Fiscal ordenando concurrir a la Isla Quehui por un homicidio, llegando al lugar alrededor de las 22:00 horas, donde también se encontraba el médico legista de Ancud. El sitio del suceso corresponde a un inmueble cerrado ubicado en el sector Los Angeles, cercano a la playa, por una de las ventanas vieron a una persona sobre una cama, ingresaron a la casa y se dirigieron a la habitación que tenía la puerta a medio cerrar, el hombre estaba muerto y presentaba varias heridas cortantes en el cráneo, había sangre en paredes y puerta, ropa ensangrentada y un hacha al costado de la cama del occiso. El dormitorio medía dos por tres metros, con dos camas, una intacta, vieron prendas de vestir con manchas que parecían sangre. Se le exhibe un set de 19 fotografías, debidamente incorporado al juicio, en las que reconoce los aspectos registrados, en especial, las lesiones craneanas que presentaba el cadáver, y la presencia de masa encefálica bajo el cuerpo.


Concluye, que se encontraron alrededor de 7 lesiones, la mayoría en el cráneo, que la primera lesión se efectuó en el costado derecho del cráneo, con el filo del hacha, mientras el sujeto permanecía tendido en la cama, mirando hacia la pared. Las demás lesiones también fueron cortantes, aunque algunas se efectuaron con el lado opuesto al filo, todas compatibles con el hacha encontrada en el sitio del suceso.


Corrobora tal testimonio, la declaración del funcionario policial Marcelo Alexis Muñoz Sandoval, quien en resumen, expresó que el 11 de abril del 2005 recibe una llamada del fiscal para concurrir a la isla Quehui por la muerte de una persona de sexo masculino, arribando al sector de Los Angeles alrededor de las 21:30 horas. Tras revisar el inmueble, vieron el cuerpo del individuo en el interior del dormitorio, y previamente autorizados ingresan por una ventana, pero no accedieron a la pieza hasta la llegada de los peritos y del médico legista de Ancud, quien junto al funcionario policial Juan Ramos, detectaron más de siete lesiones en el cadáver, levantaron un buzo negro y un polerón rosado con manchas de sangre y además, un hacha grande


con astil de madera, que se encontraba en el lugar y que también tenía restos de sangre, advirtiendo indicios de haber querido limpiar la sangre de piso y puerta.


Relevantes también resultan las versiones del perito planimetrista Eduardo Pérez Vásquez, en cuanto refiere que el 11 de abril de 2005, elaboró un plano planimétrico de una vivienda de cinco habitaciones, ubicada a unos 55 metros de la playa, en la que fijó los principales hitos. Precisa que la casa habitación presentaba un sector en construcción, y en lo demás, contenía los elementos básicos de toda casa normal, encontrándose la casa más cercana a unos 50 metros y otra a 200 metros. Agrega que la casa estaba situada en la Isla de Quehui, comuna de Puqueldón, siendo las únicas formas de acceder a ella, por vía marítima o aérea; y del perito fotógrafo Rodrigo Alfonso Azocar Valenzuela, quien refirió haberse constituido en el sitio del suceso por orden del fiscal, donde fotografió la vivienda en la que se encontraba el occiso, que presentaba una parte en construcción, el pasillo de acceso al dormitorio, en el que se encontraba tendido sobre una de las camas, con la cabeza semicolgando del colchón, manchas pardo rojizas en paredes y piso, que presentaban surcos demostrativos de haber sido limpiadas, y un hacha apoyado a la orilla de la cama, en que también se detectaron manchas pardo rojizas que escurrieron al piso. Sobre la cama, se encontró un buzo negro y un sweater rosado, con manchas que parecían sangre. Posteriormente, se registraron las siete lesiones lineales que la víctima presentaba en el cráneo, de 10 centímetros aproximadamente, gran herida en el parietal derecho, con salida de masa encefálica y colgajo de hueso, las que se cotejaron con ayuda del médico legista con el hacha utilizada, encontrada en el sitio del suceso, estableciendo la dinámica de los golpes en relación con la posición del cuerpo de la víctima.


Los testimonios policiales precedentes concuerdan con lo establecido por Médico Legista Claudio Alfonso Cifuentes Vargas, quien expresó, que el 13 de abril del año 2005 practicó la autopsia al cuerpo de R.A.L.S. de 42 años, advirtiendo la presencia de abundantes lesiones en cráneo, cara, cuello y lesión contusa en el esternón. En cuero cabelludo, lado derecho, encontró herida cortante penetrante con salida de masa encefálica, que en su concepto sería la primera lesión, que además produjo compromiso de conciencia, y en el lado izquierdo tenía 8 heridas cortantes, lesión en el lóbulo de la oreja y sector lateral del cuello. El cráneo presentaba fractura en ambos lados, con prolongación al piso anterior del cráneo y tenía una cantidad pequeña de saliva en la boca. El encéfalo presentaba lesión transfixiante, concordante con herida penetrante de cráneo, tenía fractura a nivel del tórax, no sintió olor a alcohol. Agrega que todas las lesiones eran graves y vitales, fueron hechas cuando aún estaba con vida, ya que produjeron infiltración sanguínea; que la muerte se produjo algunos minutos después de la agresión, y que él concurrió al sitio del suceso, por lo que determinó que la posición en ese momento era acostado, lateralizado hacia el rincón, que las lesiones eran compatibles con el hacha encontrada en el sitio del suceso, la cual fue incorporada por la Fiscalía de conformidad a lo dispuesto por el artículo 333 del Código Procesal Penal. Tal conclusión es corroborada por las convenciones probatorias signadas con las letras e), f) y g) del motivo cuarto del Auto de Apertura respectivo, las que, en síntesis, comprueban científicamente que la sangre encontrada en el hacha corresponde a R.A.L.S., lo cual permite concluir, más allá de toda duda razonable, que las lesiones fueron efectivamente provocadas por el arma referida.


Por otra parte, el médico legista precisa que por la magnitud de la primera lesión, no hubo lugar a defensa y no encontró lesiones defensivas en el occiso, que en total encontró 13 heridas, 12 de ellas cortantes y una contusa. Ilustra su relato con la exhibición de set de 19 fotografías del sitio del suceso, concluyendo que la causa de la muerte fue Traumatismo Encéfalo Caraneano complicado, con exposición de masa encefálica, con intervención de terceros.


De tal conclusión, da cuenta también el certificado de Defunción de R.A.L.S., objeto de convención probatoria por los intervinientes, que establece la muerte a las 07:00 horas del día 11 de abril de 2005, siendo causa de la muerte, traumatismo encéfalo craneano abierto complicado, contusión craneana.


DECIMO: Que, en cuanto a la declaración de la acusada, es preciso señalar que si bien es cierto el artículo 326 en relación con el 98 del Código Procesal Penal otorga sólo carácter defensivo a la declaración del acusado y que el artículo 340 establece que “no se podrá condenar a una persona con el sólo mérito de su declaración“, no es menos cierto que de esta última norma es posible concluir que, si el Tribunal cuenta con otros antecedentes adicionales que confirmen y coincidan con los datos aportados por el acusado en su relato, es posible considerar tal declaración como un elemento más que permita alcanzar al Tribunal la convicción necesaria para condenar o absolver. Entender de otra forma tal norma, no permite explicar la posibilidad que el mismo artículo 326 otorga a todos los intervinientes para interrogar al acusado, lo cual no tiene otro objeto que permitir un mejor esclarecimiento de los hechos, de tal forma que, existiendo pruebas suficientes para dar por establecidos los hechos por los cuales ha acusado la Fiscalía, la declaración de la acusada se transforma en uno más de ellos, que podrá ser valorada por estos sentenciadores a favor o en contra de la misma. En consecuencia y en virtud del principio de libertad de prueba, contenido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, el Tribunal dará valor a la declaración prestada por la acusada en la audiencia de juicio oral, referida latamente en el motivo quinto de esta sentencia, cuya versión coincide con las demás pruebas presentadas por los intervinientes, lo que permite tener por acreditado que ésta procedió a matar a R.A.L.S., pero, además, permite establecer que al momento de cometer el hecho, la acusada tenía pleno conocimiento del vínculo de matrimonio que la unía a la víctima, el que además, se encuentra reconocido por los intervinientes, al incorporar como convención probatoria, el contenido del certificado de matrimonio celebrado entre la acusada Elba Cárdenas Delgado y la víctima R.A.L.S., con fecha 14 de marzo de 1997, a las 14:35 horas, en la circunscripción de Puqueldón.


DÉCIMO PRIMERO: Que, además de los mencionados elementos objetivos aludidos, la ley exige un elemento subjetivo, constituido por el dolo, el cual, en palabras del profesor Alfredo Etcheberry “es el conocimiento de los hechos constitutivos del tipo acompañado de la conciencia de su antijuridicidad y la intención o aceptación de su posible resultado”, de tal suerte que actúa con dolo no sólo aquel que desea que se produzca el resultado, sino que también aquel que se lo representa y no obstante ello, persiste en su conducta. En la especie, baste con recordar la naturaleza de las heridas provocadas por la acusada en la persona de su cónyuge, según lo declarado por el médico legista Claudio Cifuentes Vargas. En efecto, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica indican que un golpe en la cabeza de una persona propinado con un hacha no puede más que terminar con su vida en forma casi instantánea, por lo


que es dable concluir que quien realiza una acción de dicha naturaleza no tiene otra intención que matar a esa persona. En la especie, la acusada al ver a su marido acostado y el hacha apoyada en la pared del dormitorio deseó la muerte de éste, se representó tal resultado y, por las razones que ésta haya tenido, dirigió su actuar a obtenerlo, razón por la cual sólo se puede concluir que la acusada actuó con dolo directo al matar a su cónyuge.


DÉCIMO SEGUNDO: Que en virtud de todos los elementos probatorios ya indicados, debe tenerse como hechos establecidos de la causa, que el día 11 de abril de 2005, en horas de la mañana, en circunstancias que la acusada E.J.C.D. se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en el sector de Los Angeles de la Isla Quehui, específicamente, en una dependencia destinada a dormitorio, en cuyo interior se hallaba su cónyuge R.A.L.S., acostado en una cama, procedió a agredirlo con un hacha, causándole múltiples lesiones, consistentes en heridas cortantes múltiples faciales y craneana con lesión encefálica, ocasionando su muerte producto de un Tec abierto complicado, con pérdida de masa encefálica.


DÉCIMO TERCERO: Que los hechos acreditados en el motivo precedente, tipifican el delito de parricidio previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, desde que una persona procedió a matar a su cónyuge R.A.L.S., con pleno conocimiento de los vínculos que los ligaban, encontrándose el ilícito en grado de consumado. No obstante lo anterior, este Tribunal estima necesario precisar que la calificación precedente obedece a un hecho objetivo como es la existencia del matrimonio entre la víctima y la acusada, no obstante lo cual, estos sentenciadores han advertido serias irregularidades en el otorgamiento del consentimiento de dicha unión, la cual de haberse reclamado oportunamente en sede civil, habría permitido una calificación jurídica diferente, más favorable a la acusada. En efecto, ésta contrajo matrimonio con la víctima contando con apenas 16 años de edad, por haber sido presionada por su familia por el solo hecho de encontrarse embarazada, tesis que es confirmada por la madre de ésta quien fue clara al relatar al Tribunal que ella autorizó el matrimonio de su hija porque ésta estaba embarazada, pero además, porque R.A.L.S. amenazó a su hija de muerte si ella no se casaba con él, amenaza que también se extendió al resto de la familia, razón por la cual ella se vio en la obligación de autorizar dicho matrimonio, evidenciándose la falta del consentimiento libre y espontáneo que exige la ley, circunstancia que permite dudar acerca de la validez del vínculo que unía a la víctima con la acusada, pero que éste Tribunal de derecho no puede desconocer si partimos de la base de que ese matrimonio existió y fue válido por lo menos, hasta la muerte de Lepicheo.


DÉCIMO CUARTO: Que la participación que le ha cabido a la acusada en los hechos relacionados en los motivos anteriores ha quedado acreditada con los mismos antecedentes que han servido para establecer el hecho punible, particularmente con la declaración de la propia acusada, latamente referida en el motivo quinto, quien en lo pertinente refiere que “ese día en la noche su marido la encerró en la casa, acostó a sus tres hijos en la cama y a ella la dejó en la cocina, se dirigió al patio a buscar el hacha y luego se dirigió con ella al dormitorio donde estaban lo niños, estaba con el hacha alzada para matar a sus hijos, su hija chiquita lloró y empezó a gritar y dijo “papá por favor no nos mates” y él dejó el hacha detrás de la puerta del dormitorio donde quedó toda la noche. A ella la empezó a golpear, le golpeaba la cabeza contra


la pared, la desnudaba completa y la echaba para afuera de la casa, una y otra vez, la violaba vaginal y analmente, por la boca también, la tomaba del pelo y la volvía a echar desnuda afuera. Al otro día, se levantó como pudo, levantó a sus tres hijos y los llevó a la cocina para limpiarlos, porque se habían hecho de todo, los comenzó a vestir y luego fue a la pieza a buscar una zapatilla que le faltaba a su hijo mayor, en ese momento miró a su marido y estaba transformado, no era él, era el diablo en persona, vio su cara negra, tenía tanto miedo porque había dicho que los iba a matar a todos, y por amor a sus hijos, en ese momento, cuando él se dio vuelta para el rincón, le pegó con el hacha, y cuando se dio vuelta hacia ella para tomarla, tuvo miedo de que la matara con la misma hacha, por lo que por el susto le pegó para el otro lado y no recuerda que sucedió después porque perdió el conocimiento. Luego se sacó la ropa y la dejó encima de la cama para que no la vieran sus hijos”. Lo anterior es confirmado por la declaración del funcionario de Carabineros Roberto Burgos Arce, quien expresó en síntesis, que “se recepcionó en el Retén la orden de detención despachada contra la acusada, ordenando el Fiscal que se le tomara declaración, por lo que se le leyeron sus derechos, y ésta confesó que su marido había tomado toda la noche, que la había golpeado, y que amenazó a sus hijos con un hacha, pero luego se arrepintió y dejó el hacha detrás de la puerta del dormitorio, que ella no durmió en toda la noche y pensó que tenía que matarlo, se levantó a las 07:30 horas, levantó a los niños, los dejó en la cocina, y le pegó en la sien con el filo, con el golpe se giró la cabeza y ella le pegó con el combo del hacha. Luego se cambió de ropa y sacó a sus hijos, con quienes fue en bote hasta la casa de su madre”. En el mismo sentido obra la declaración del Policía de Investigaciones Marcelo Muñoz Sandoval, quien refiere que al constituirse en el lugar de los hechos se procedió a interrogar a vecinos, paramédicos y familiares de la víctima, logrando establecer que la cónyuge de éste había salido en bote, en horas de la mañana, junto a sus tres hijos menores, en dirección desconocida, por lo que se obtuvo una orden de atención contra la acusada, la que fue ubicada por Carabineros en la casa de su madre, y luego interrogada en el Retén de Puqueldón, donde confesó lo sucedido.


Igualmente ilustrativas resultan las declaraciones de la madre de la acusada, B.D.A. y de su hermano S.C.D., quienes en forma conteste refieren que la acusada les confesó en la tarde del día 11 de abril que había dado muerte a su marido, por no aguantar más los malos tratos que éste le daba a ella y a sus tres hijos.


Asimismo, las declaraciones de S.U.C. y de L.G.P., vecinos del sector, quienes refieren haber visto a la acusada salir de su casa en la mañana del día 11 de abril de 2005, junto a sus hijos, tomar el bote y emprender viaje hacia la isla de Lemuy, permiten situar a la acusada en el lugar de los hechos momentos después de la hora en que se estableció la muerte de su cónyuge, según da cuenta la convención probatoria referente a su certificado de defunción, lo cual permite una vez más, corroborar la participación que a ésta le cupo en los hechos por los que el Ministerio Público ha deducido acusación en su contra.


Finalmente, también demuestra la participación de la acusada en los hechos, el pantalón de buzo negro y el sweater rosado de su propiedad, vestimentas incorporadas al juicio como prueba material y que fueron reconocidas por ésta como la ropa que vestía al momento de dar muerte a su cónyuge y que luego de ello se cambió, lo que junto a las probanzas referidas en los párrafos precedentes permiten



dar por establecido que la acusada tuvo una participación en calidad de autora en el parricidio de su marido, R.A.L.S., toda vez que tomó parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa, según lo dispuesto en el artículo 15 Nº 1 del Código Penal.


DÉCIMO QUINTO: Que la Defensa ha solicitado la absolución de la acusada por falta de culpabilidad, pues ésta habría actuado impulsada por un miedo insuperable, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 N° 9 del Código Penal, razón por la cual será preciso analizar cada uno de los elementos de la eximente alegada, a fin de determinar si ésta logra eliminar la responsabilidad de la acusada en los hechos por los cuales el Ministerio Público dedujo acusación.


Al respecto, la doctrina distingue los siguientes elementos configurativos de la eximente alegada:


a) la existencia de un miedo, el cual, en general, ha sido definido como “una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario” (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua); en el mismo sentido, la doctrina ha definido el miedo como "un estado de perturbación anímica más o menos profunda, provocada por la previsión de ser víctima o de que otro sea víctima de un daño”. Al respecto, fluye de la prueba rendida en autos que la acusada padeció efectivamente de miedo, el cual, si bien se verificó durante toda su vida matrimonial, se intensificó la madrugada del día 11 de abril de 2005, cuando su marido, dentro de un episodio de violencia desmedida en contra de ella y de sus hijos, se dirigió afuera de su casa, tomó el hacha y la levantó en contra de sus tres hijos pequeños, lo que evidentemente causó un gran temor en la acusada de que éste asesinara a sus hijos. Lo anterior es confirmado por el contexto de violencia intrafamiliar en que vivía la acusada, quien refiere que éste “la pateaba, le dejaba el cuerpo moreteado, la arrastraba por el piso, le tiraba el pelo, le escondía la comida, para que no pudiera comer, le daba tragos fuertes a sus hijos, cuando ella le quitaba el vaso, él le pegaba en presencia de éstos, y que además, la obligaba a tener relaciones a la fuerza con él, la violaba incluso en presencia de sus hijos”. Confirma lo anterior la declaración del pequeño Manuel Lepicheo Cárdenas, quien relató que “su papa era malo con su mamá, con él y sus hermanos, siempre les pegaba de puro gusto y a su mamá le tiraba el pelo y le hacía sacar toda su ropa, la entraba y la sacaba”. En el mismo sentido don S. U. C. refiere que “según los comentarios R. maltrataba a su mujer “ y doña L. G.P. agrega que “Ramón golpeaba a E. porque se la encontró en la Isla y le vio moretones, y además, le consta que R. es una persona agresiva porque en una oportunidad le pegó a ella un combo en la cara, cuando dejó los perros cerca de su bote”; por su parte, don S. C. D. refiere que “su hermana le contó en diversas oportunidades que su esposo la golpeaba y lo mismo hacían sus sobrinos, diciendo que su papá los maltrataba “ y doña B. D. A. indica que la víctima “pateaba a su hija y le botaba la sangre, pegándole con las manos”; asimismo, la paramédico Gloria Barría Mansilla relata que “en una oportunidad en agosto del año 2002, alrededor de las 16:00 horas, la acusada llegó a la Posta a denunciar que había sido maltratada por su esposo y deseaba irse del hogar, la acompañó a su casa, pero todos estaban en casa de sus suegros y dijeron que todo estaba tranquilo. La acusada regresó alrededor de las 21:00 horas, diciendo


que su esposo no la recibía en la casa, y se fue a Castro para denunciarlo. Refiere que había rumores de que R. maltrataba a su esposa, incluso en alguna oportunidad la vio con el ojo morado, pero ella tenía temor a denunciar. Finalmente refiere que don R. tuvo una relación anterior con una persona de Santiago, a la cual también agredía, y por eso ella se regresó a dicha ciudad”, lo que se condice con lo declarado por el funcionario de Carabineros Roberto Burgos Arce, quien indica que “L. le pareció una persona agresiva, con signos de ingesta habitual de alcohol y que un día E. llamó al Retén pidiendo ayuda porque su marido la estaba agrediendo, pero como no podía ir a la isla a esa hora, habló con L. e intentó calmarlo, pero él estaba fuera de sí” y por la declaración del funcionario policial Iván Arturo Ferrada Vergara, quien refiere que “dentro del contexto de una orden de investigar emanada del Fiscal, recopiló datos relativos a la violencia a la que era sometida la acusada, tales como fichas médicas de la Posta local, en las que constaba atención por agresiones a su hijo E., atención médica de la imputada con fecha 05 de agosto de 2002, por agresión de su esposo. Además, recogió comentarios de vecinos del sector, quienes habían escuchado que la acusada era maltratada por su cónyuge, y también entrevistó a los hijos de la acusada, quienes refirieron malos tratos de palabra, patadas, y que su padre la arrojaba desnuda de la casa. Por su parte, el hermano de la acusada señaló que su cuñado era una persona agresiva, portaba cuchillo e intervino en casos violentos, coincidiendo la madre en los mismos términos”.


Lo anterior también se corrobora desde un punto de vista médico, en particular lo declarado por el Perito Psiquiatra Jorge Larraguibel Christen, quien en síntesis expresa, que “entrevistó a la acusada, la que refirió ser dueña de casa, y haber sufrido violencia intrafamiliar física y psicológica por parte de su cónyuge, el cual también golpeaba a sus hijos, además de violencia sexual por vía vaginal, anal y oral, mostrándose la acusada durante el relato angustiada, lábil, ansiosa”, agregando, además, que “la acusada presenta trastornos por stress post traumático, trastorno emocional por angustia, por temor a sufrir, originado en una relación disfuncional matrimonial, y que presenta una personalidad oposicionista o pasivo-agresiva, manifestada por su incapacidad para expresar directamente su rabia o frustración, oposición u obstrucción a las cosas, lo que genera tensión. Concluye señalando que el relato de la acusada es verosímil, por ser concordante con su expresión emocional, caracterizada por angustia, represión y labilidad”. Lo anterior es corroborado por la Perito Psicólogo Patricia Paredes Jara, quien refiere que la acusada “en general, presenta capacidades disminuidas para una persona de su edad y características, bajos recursos psicológicos para satisfacer sus necesidades y las del medio externo, tendencia a descontrol de impulsos y frustración, no es cotidianamente explosiva o impulsiva, aunque presenta conductas destructivas. Se detectaron rasgos de oposicionismo, no es pasiva y le cuesta dejarse llevar por la conducta de otro, dificultad para elegir como actuar en situaciones determinadas, no posee capacidad imaginativa, relata sólo hechos concretos, pocos recursos ideativos y organizacionales. Baja autoestima y tensión emocional”.


En síntesis, todos los testimonios referidos precedentemente son contestes e impresionan a este Tribunal como creíbles, veraces y coherentes, por lo que, en consecuencia, confirman, más allá de toda duda razonable, la violencia intrafamiliar severa que R.A.L.S. desplegaba en contra de la acusada, lo que permite establecer


que ésta efectivamente sentía miedo respecto de su marido, restando determinar si éste era o no insuperable.


b) que quien lo padece no esté obligado a soportar el mal que lo provoca, lo que en la especie también es posible dar por establecido, pues la acusada no tenía por qué soportar agresión de ningún tipo de parte de su cónyuge, tanto hacia su persona como a la de sus hijos, a quienes defendió haciendo valer la posición de garante que le impone el ordenamiento jurídico a toda madre respecto de ellos, de tal suerte, entonces, que ninguna mujer puede ni debe aceptar actos de violencia para sí o para el resto de su familia, ni menos aún si éstos provienen del progenitor de dicha familia, quien también tiene la posición de garante respecto de sus hijos y que en este caso claramente no se evidenció. Por otra parte nuestro ordenamiento jurídico no autoriza al marido a castigar a su cónyuge ni a sus hijos, imponiéndole por el contrario los deberes de socorrerse, ayudarse mutuamente, respeto y protección, según lo prescribe el artículo 131 del Código Civil y repudia los actos de violencia intrafamiliar mediante la normas contenidas en la ley 20.066 y antes de ella en la ley 19.325.


c) que el miedo sea insuperable. Al respecto, la doctrina señala que el miedo “es una emoción que en su máxima intensidad (pánico y terror) reviste características patológicas, acarrea perturbaciones orgánicas y síquicas e incluso es posible que prive virtualmente de la razón”. El que actúa coaccionado por un miedo insuperable, prefiere cometer el delito a soportar el mal que le amenaza, pero aún cuando opta voluntariamente por un hecho típicamente antijurídico, no puede reprochársele su acción ya que no es humano exigirle que se sacrifique. En el mismo sentido, Alfredo Etcheberry postula, respecto a la insuperabilidad del miedo, que la persona “para dominar su miedo y no permitir que él determinara sus actos, hubiera debido desplegar una fortaleza de carácter heroico, superior a la que es dable exigir en el hombre normal” (Derecho Penal, Parte General, Tomo 1, página 348). En la especie, si bien es cierto la acusada sintió miedo al ver que su cónyuge amenazó de muerte a sus pequeños hijos, no es menos cierto que ella decidió actuar, no en ese momento, sino cuando éste se encontraba recostado en su cama, sin poder verla ni defenderse de ella. En efecto, de la prueba rendida en autos, especialmente de la declaración de la propia acusada, ha quedado establecido, más allá de toda duda razonable, que él cónyuge de ésta, luego de amenazar a sus hijos con el hacha, desistió de su proceder, bajó el hacha, la dejó tras de la puerta del dormitorio y se retiró, para posteriormente acostarse en su cama; ya de mañana, la acusada se levantó de su cama, levantó a sus hijos, los trasladó a la cocina, los aseó y preparó para llevarlos al colegio, los dejó en esa dependencia, se trasladó al dormitorio donde se encontraba su cónyuge, a buscar una zapatilla según ella misma relata, vio a su esposo acostado, luego vio el hacha, la tomó y le propinó sendos golpes en el cráneo, los que en definitiva ocasionaron su muerte. Si bien es cierto, esta reacción puede ser entendible, si tomamos en consideración el infierno que la propia acusada relató vivir al lado de su marido, lo que, además, fue corroborado por sus vecinos, su familia directa y su pequeño hijo, no es menos cierto que su proceder no está totalmente exento de responsabilidad penal, ya que para ello, es preciso que la acusada haya sentido lo que en palabras de la perito siquiatra presentada por la defensa, doña Rossana Echeverría Vargas se denomina “miedo patológico”, concepto que es explicado por la citada perito en los siguientes términos: “es aquel que tiñe a la persona en forma completa, por lo que no mide su reacción; frente a él, la persona puede arrancar, paralizarse o


reaccionar, es de carácter momentáneo, no estable en el tiempo, dura mientras exista la situación dramática que lo ocasiona, agregando que es sinónimo de pánico”. En efecto, si bien es cierto, la mencionada perito estima que la acusada actuó movida por un miedo patológico, no es menos cierto que a juicio de estos sentenciadores, no se logró acreditar ello en la especie, toda vez que la agresión se produjo horas después del episodio de la amenaza a sus niños, en horas de la mañana, cuando el hombre estaba acostado en su cama, pudiendo la acusada pensar racionalmente los pasos a seguir, pues se preocupó de que sus hijos nada vieran al dejarlos en la cocina, y luego de haber ejecutado el hecho, se cambió de ropa e incluso trató de limpiar un poco la sangre que había salpicado al suelo del dormitorio, todo lo cual evidencia un actuar, si bien no tranquilo, si pensado o por lo menos, racional, toda vez que el miedo no la envolvió en forma absoluta ni dominó totalmente sus actos, no la paralizó ni se apoderó de ella, de manera de no poder optar por otra alternativa, debiendo, en consecuencia descartarse la posibilidad de ampararla bajo la eximente de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 10 N° 9 de nuestro estatuto punitivo.


DÉCIMO SEXTO: Que el artículo 11 N° 1 del Código Penal consagra lo que en doctrina se denomina “eximentes incompletas” al establecer que “Son circunstancias atenuantes: 1ª. Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos”, de tal suerte que será necesario determinar si la eximente del artículo 10 Nº 9, la que como se señaló en el motivo anterior, no se da en la especie, reúne los requisitos necesarios para atenuar la responsabilidad de la acusada en conformidad a lo señalado por el artículo 11 N° 1 del mismo cuerpo legal. Al respecto, estos sentenciadores consideran que ésta es una eximente que si bien no consta de requisitos materiales, como es el caso, por ejemplo, de la legítima defensa, sí permite una división imaginaria o moral, dependiendo ello de la intensidad o envergadura con la que concurra la emoción de que se trata, configurándose, entonces, la atenuante cuando el miedo, si bien no es insuperable, de todas formas es importante y de alguna u otra manera motiva en parte el accionar del hechor. Por lo demás, así lo ha entendido la doctrina, al señalar que “las eximentes que sólo son moralmente divisibles también constituyen atenuantes si no llega a concurrir con toda su intensidad la calidad que determina su exención. Siempre, claro está, que concurra la base de la circunstancia: (…) miedo (aunque no sea insuperable) ”(Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Tomo II, página 17). En la especie, según se indicó en el motivo anterior, el miedo no dominó los sentidos ni la conducta de la acusada hasta el extremo de hacerlo insuperable, pero sí intervino de manera importante en la decisión radical que ésta tomó al eliminar a su cónyuge, pues influyó en ello la escalada de violencia intrafamiliar a la que fue sometida durante toda su vida matrimonial, la cual incluyó agresiones severas tanto físicas, sicológicas y sexuales hacia su persona y física y sicológica hacia sus hijos, lo que claramente produce una sensación de temor que, por cierto, interfiere en el pensamiento y de alguna manera influye en la toma de las decisiones de una persona, pues si la acusada hubiera tenido un matrimonio normal, sin agresiones ni vejámenes, el miedo no habría existido y, por ende, el desenlace fatal tampoco, de tal suerte, entonces, que si bien estos jueces desecharon la circunstancia del artículo 10 Nª 9 como eximente de responsabilidad penal de la acusada, si consideran que tal emoción revistió una intensidad suficiente como para atenuarla, lo que deberá traducirse en una rebaja de la pena que se le impondrá en lo resolutivo de esta sentencia.


DÉCIMO SEPTIMO: Que la Defensa ha solicitado se le aplique a la acusada la atenuante de responsabilidad contemplada en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, la cual, a juicio de estos sentenciadores y sin perjuicio de la absoluta conformidad manifestada por la Fiscalía, queda suficientemente acreditada con la convención probatoria contenida en la letra c) del motivo cuarto del Auto de Apertura respectivo, razón por la cual se dará lugar a la atenuante solicitada.


Asimismo, la defensa ha pedido se acoja la minorante del artículo 11 Nº 9 del Código Penal, esto es, haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos. Al respecto, merece destacar la actitud que la acusada mantuvo durante todo el curso de la investigación fiscal y policial, pues ha quedado establecido a través de la prueba de cargo y de descargo, que ésta, desde el mismo día en que cometió el delito por el cual se le condenará, decidió contar la verdad, primero al carabinero Burgos, luego al señor Fiscal y finalmente a estos jueces en la audiencia de juicio, colaborando de forma considerable a la investigación criminal, facilitando con ello tanto la labor fiscal como la policial, de tal suerte que estos jueces darán valor a la citada minorante al determinar la pena que se le impondrá en lo resolutivo de este fallo.


DECIMO OCTAVO: Que a fin de determinar la extensión de la pena aplicable al caso concreto se debe tener presente aquella señalada por la ley al delito, el grado de ejecución del mismo, la forma de participación que se tuvo en ese hecho, las circunstancias modificatorias de responsabilidad concurrentes y la extensión del mal que causó el hecho típico.


Que la acusada es autora de un delito de Parricidio en grado de consumado, sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado y a su respecto concurren en la especie una circunstancia atenuante privilegiada y dos genéricas y ninguna agravante de responsabilidad criminal, por lo que se estará, en primer término, a lo dispuesto en el artículo 73 del Código Penal, pudiendo rebajarse la pena hasta en tres grados, y una vez hecha tal operación, se estará a lo dispuesto por el artículo 68 inciso 3° del Código Penal, el cual permite rebajar la pena hasta en tres grados más, atendiendo para ello al número y entidad de dichas circunstancias.


Al respecto, procede efectuar primero la rebaja establecida en el artículo 73 del Código Penal, para lo cual se deberá atender “a la entidad de los requisitos que falten o concurran”. Como se dijo en el motivo décimo octavo, concurre en la especie la eximente incompleta del artículo 11 Nº 1 en relación al 10 N° 9 del Código Penal, puesto que el miedo, a pesar de no haber sido insuperable, si reviste una entidad suficiente, capaz de influir en forma sustancial en el proceder de la acusada, la cual sufrió durante toda su vida matrimonial una escalada de violencia intrafamiliar que ninguna mujer debiera experimentar y que evidentemente ninguna mujer debe soportar. Por cierto, E. durante años vivió al lado de un hombre cobarde, cruel y despiadado, que no fue capaz de darle una vida digna y que la sometió a los peores vejámenes, por lo que su actuar, si bien no es justificable, razón por la cual se le condenará, es comprensible, atendido su nivel sociocultural e intelectual, el aislamiento geográfico en el que se desenvuelve cotidianamente y el nulo apoyo que le brindaron las autoridades y organizaciones comunitarias a las cuales recurrió en más de una oportunidad, sin obtener ninguna respuesta satisfactoria de su parte, de


tal suerte que estos sentenciadores le darán a esta eximente incompleta la entidad suficiente como para rebajar la pena en dos grados, quedando ésta, en consecuencia, en presidio mayor en su grado mínimo.


Ahora bien, efectuada la rebaja anterior, corresponde determinar el efecto que las dos atenuantes genéricas restantes que concurren en la especie tendrán en la determinación de la pena que se le impondrá a la acusada, todo ello en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 inciso 3ª del Código Penal. Al efecto, estos jueces consideran que sólo se trata de dos atenuantes que no revisten una entidad tan importante que habilite a una rebaja de hasta tres grados, tal como lo solicitó la defensa, pero que si permiten una rebaja de un grado, quedando la pena que se le impondrá a la acusada, en definitiva, en presidio menor en su grado máximo, la cual podrá ser recorrida en toda su extensión, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 del Código Penal, de manera que se le aplicará a la acusada la pena más acorde con la justicia del caso concreto, atendiendo la extensión del mal causado, según se indicará en lo resolutivo de este fallo.


DECIMO NOVENO: Que, según lo razonado en los motivos anteriores, la acusada no registra condenas anteriores por crimen o simple delito y la pena que se le impondrá es superior a los 3 años y no excede los 5 años de privación de libertad, lo que permite evaluar la posibilidad de beneficiarla con la Libertad Vigilada como alternativa al cumplimiento de la pena que se le impondrá, para lo cual será preciso analizar la concurrencia del requisito signado con la letra c) del artículo 15 de la ley 18.216. Al respecto, este Tribunal considera como altamente conveniente el conceder el beneficio de la libertad vigilada a la acusada, pues ésta ha vivido experiencias tan fuertes que requiere orientación y ayuda para superar los traumas por los cuales ha debido pasar y así poder reinsertarse adecuadamente a la comunidad. En efecto, los delegados de libertad vigilada, según lo define el artículo 20 de la ley 18.216 y 23 del respectivo Reglamento, son “oficiales penitenciarios o profesionales del área jurídica, social, educacional o de salud que prestan servicios en Gendarmería de Chile, encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados que hubieren obtenido este beneficio, a fin de evitar su reincidencia, protegerlos y lograr su readaptación e integración a la sociedad”, es decir, funcionarios que podrán velar para que E. sane las heridas que este episodio dejó en su vida, logrando con ello una reintegración efectiva a la sociedad, lo que permitirá que ésta pueda criar a su hijos adecuadamente, para todo lo cual se requiere un tiempo de intervención en el que se le proporcionen las herramientas necesarias para que logre tales fines, lo cual, además, debiera ser acompañado de una terapia reparativa, que le permita superar las secuelas sicológicas que la violencia extrema a la que fue sometida dejó en su mente. En efecto, si bien es cierto la acusada es culpable de la muerte de su marido, razón por la cual se le condenará en este fallo, no es menos cierto que ella también es una víctima, y que por ende, requiere de la atención de todas aquellas autoridades e instituciones sociales que en su momento le dieron la espalda, que no funcionaron y que, por ende, no cumplieron a cabalidad con el fin para el cual fueron creadas. Por otra parte, es preciso tener presente los móviles que determinaron la conducta de la acusada, su nulo compromiso criminógeno, la baja posibilidad de reincidencia, el gran apoyo familiar con el que cuenta, según lo refirió la Asistente Social Evelyn Haller y la circunstancia de ser madre de tres pequeños hijos, quienes requieren de sus cuidados y atenciones a fin de poder lograr una reparación efectiva del daño psicológico que su


padre dejó en ellos, no siendo conveniente una desvinculación con su progenitora, según da cuenta el Informe de Calificación Diagnóstica emanado del Consejo de Defensa del Niño, CTD Caucahué incorporado por la Defensa; todo lo cual, sumado al Informe Presentencial evacuado por la Sección de Tratamiento en el Medio Libre de Gendarmería de Chile, incorporado por la Defensa en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, el que es completamente favorable a la posibilidad de que la acusada sea beneficiada con la Libertad Vigilada, permiten a estos sentenciadores concluir que no existe razón alguna para no otorgarle el referido beneficio, constituyendo ésta la “segunda oportunidad” que la acusada solicitó al término de la audiencia de juicio oral.


VIGÉSIMO: Que atendido lo informado por la Asistente Social doña Evelyn Haller, en particular lo referente a la situación económica de la acusada y al hecho de ser ésta madre de tres pequeños hijos a quienes debe terminar de criar y, teniendo, además presente, lo dispuesto por el articulo 47 del Código Procesal Penal, este Tribunal la eximirá totalmente del pago de las costas del procedimiento.


VIGÉSIMO PRIMERO: Que no se dará valor probatorio a la declaración del perito Víctor Hugo Venegas Giacomozzi, por considerar el Tribunal que la explicación socio-antropológica dada por éste a la conducta de la acusada no se condice con la tesis de la defensa en cuanto a la alegación de una eximente de carácter eminentemente psicológico, razón por la cual sus dichos resultan irrelevantes y poco convincentes para estos sentenciadores y en nada alteran las conclusiones precedentemente arribadas.


Asimismo, tampoco se valorará la declaración del funcionario de investigaciones Marcelo Muñoz Sandoval, sólo en aquella parte que refiere la declaración que la acusada prestó ante el Fiscal en las dependencias de la Policía de Investigaciones de Castro, toda vez que ésta se obtuvo sin la correspondiente autorización judicial, la que se hacía indispensable, en conformidad a lo dispuesto por los artículos 127 y 193 del Código Procesal Penal, toda vez que la detención de la acusada se libró en el marco de una orden judicial emanada del Juez de Garantía de esta ciudad, la cual sólo tenía por objeto poner a la acusada a disposición de dicho Tribunal a fin de controlar la legalidad de su detención, pero en ningún caso habilitaba al fiscal para tomarle declaración, aún cuando ésta se halla prestado en forma voluntaria, razón por la cual estos magistrados no valorarán en esa parte lo declarado por el referido testigo, por haberse obtenido tal declaración con inobservancia de las garantías fundamentales de la acusada.


Finalmente, tampoco se valorarán los dichos del Perito Psicólogo Mauricio Souci Vargas, por no aportar en nada a las conclusiones arribadas en el presente fallo.


Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por los artículos 1°, 2ª, 10 Nª 9, 11 N° 1, 6 y 9, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 21, 25, 26, 29, 50, 62, 68, 69, 76 y 390 del Código Penal; 1°, 4°, 8°, 45, 47, 53, 98, 102, 282, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 295, 296, 297, 306, 307, 309, 310, 315, 319, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348 y 468, se declara:



I. Que se CONDENA a E.J.C.D., ya individualizada, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, como autora del delito de Parricidio, en grado de consumado, en contra de su cónyuge R.A.L.S. cometido en el sector Los Ángeles de la isla de Quehui, comuna de Puqueldón, el día 11 de abril de 2005.


II. Que atendida la extensión de la pena privativa de libertad impuesta, y cumpliéndose las exigencias establecidas por la Ley 18.216, se concede a la sentenciada el beneficio de la Libertad Vigilada, debiendo quedar sujeta a un tratamiento intensivo e individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delegado de libertad vigilada por un lapso igual al de la condena, y cumplir las demás exigencias que la citada Ley y su reglamento impongan.


III. Si el beneficio le fuera revocado o dejado sin efecto por cualquier causa, y debiere cumplir efectivamente la pena impuesta, le servirá de abono el tiempo que ha permanecido ininterrumpidamente privada de libertad por esta causa, esto es, entre el 11 de abril de 2005 y el 5 de abril de 2006, según consta del motivo séptimo del auto de apertura remitido a este Tribunal.


IV. Que, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 348 del Código Procesal Penal, se decreta el comiso del arma homicida.


V. Que se exime a la acusada del pago de las costas del procedimiento de conformidad con lo expuesto en el motivo vigésimo de esta sentencia.


VI. Hágase devolución a los intervinientes de los documentos incorporados en la audiencia del Juicio Oral.


Redactada por el Magistrado Jorge Andrés Abollado Vivanco.


REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE, en su oportunidad, al Juzgado de Garantía de Castro para los fines pertinentes, hecho ARCHÍVESE.


No firma el magistrado don Francisco del Campo Toledo, por haberse reintegrado a sus labores en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, no obstante haber concurrido a la totalidad del Juicio Oral y la deliberación.


RIT N° 4-2006


RUC N° 0500142125-7


Dictada por el Juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Francisco del Campo Toledo, quien presidió y por los Jueces Titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro, Loreto Yánez Sepúlveda y Jorge Abollado Vivanco.