Corte Suprema, 05/05/2008, 2242 2008 Luis Bascuñán Sepúlveda

Con Juez de Garantía de Talagante Tipo: Recurso de Amparo Resultado: Acogido Medidas cautelares. Prisión preventiva; requisitos formales imposición. Cumplimiento requisitos.

Doctrina
La sustitución de la medida cautelar imperante en autos por la prisión preventiva no satisface el estándar que la ley exige, desde que no aparecen cumplidos los requisitos relativos a la información y advertencias que el tribunal debe hacer al imputado, siendo insuficiente para ese efecto, la comunicación de las consecuencias jurídicas que contempla la contravención del artículo 26 del Código Procesal Penal; por lo que al no haberse respetado el procedimiento señalado en la ley para la comunicación de las resoluciones al acusado, la debida información de sus consecuencias jurídicas, ni se han hecho efectivo los apercibimientos que dispone la ley utilizando los mecanismos que el orden procesal penal pone a disposición de los tribunales y los intervinientes, la orden de prisión preventiva expedida por el Juez lo ha sido con infracción a lo dispuesto en las normas citadas(artículos 33 y 260 del Código Procesal Penal) y artículo 21 de la Constitución Política de la República.(Considerando 6º sentencia Corte Suprema)
 
Sentencia
Talagante, dieciséis de abril de dos mil ocho.

 Inf. Recurso de Amparo Nº 105 2008.

 En respuesta a su petición remitida por fax de 15 de abril recién pasado, y que incide en el Recurso de Amparo Rol Nº 105 2008, cumplo con informar a S.S. Iltma. lo siguiente.

 Que con fecha 10 de abril en curso, en la audiencia de preparación de Juicio Oral, a la cual comparecieron el Sr. Fiscal del Ministerio Público don Daniel Ríos Kart, en reemplazo del titular don Heriberto Reyes Carrasco, los imputados Macister Cea Araya, asistido por su abogado Juan Núñez Rojas y el imputado Francisco Carrasco Riveros, asesorado por su defensor Leonel Rojas Muñoz, y la inasistencia del acusado Luis Bascuñan Sepúlveda, representado por la Srta. Defensora Penal Pública Licitada doña Alicia Parra Peralta.

 Que, efectivamente, al inicio de la audiencia el tribunal informó respecto de la notificación del acusado Bascuñan Sepúlveda, haciendo presente y leyendo un certificado del encargado de notificaciones que señalaba que con fecha 14 de marzo de 2008, se comunicó telefónicamente con carabineros de la Tenencia Santa Rosa de Chena, conversando con el carabinero Juan Elevancin a quien le pidió cuenta de la notificación de la causa, informando que se concurrió en dos ocasiones a los domicilios de Francisco Carrasco Riveros y Luis Bascuñan Sepúlveda los días 22 de febrero y 3 de marzo de 2008, no encontrando moradores en ninguna de las oportunidades, diligencia efectuada por el carabinero Jorge Henríquez Manríquez y además, se hizo referencia a otra notificación en la cual se señala que el día 28 de marzo de 2008, se concurrió al domicilio y en este informa don Hugo Huerta Salas que no conoce a la persona requerida, no vive allí y no se encontraría en el lugar del juicio, existiendo una firma ilegible y un número de cédula de identidad.

 El Sr. Fiscal argumentó su petición, en que la audiencia se ha retrasado en atención a la falta de notificación de uno de los acusados, razón por la cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal solicita la prisión preventiva, señalando que al momento de controlar la detención de los imputados, se le apercibió de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando en libertad y éste no informó cambio de domicilio y la notificación da cuenta de no encontrarse viviendo en el domicilio que dio al momento de controlar su detención y formalizar cargos, entendiendo que la audiencia es absolutamente necesaria para llevarse a cabo la notificación de la acusación al imputado Bascuñan Sepúlveda, reitera que se de aplicación al artículo 33 inciso tercero del Código Procesal Penal, en función a que se disponga la prisión preventiva del imputado, la cual solicita y no únicamente la orden de detención, en atención a que cuando el legislador establece el inciso tercero del artículo 33 del citado cuerpo legal, en cuanto a la falta de comparecencia no justificada del imputado, otorga la facultad al tribunal de dictar una orden de detención o que quede sometido a prisión preventiva, sobre todo pensando en una audiencia de preparación de juicio oral, considerando que hay varios imputados, que hay defensa privada, que los otros abogados defensores viven en Santiago y que no se saca nada con despachar una orden de detención, en atención a que al ser detenido el imputado la detención es para preparar el juicio oral, la cual no se podrá realizar si no están las defensas de los demás coimputados, de hecho tampoco estarán los coimputados por no saber como y cuando será detenido y el legislador estableció una solución y es decretar derechamente la prisión preventiva, obviamente la orden de detención, pero ésta no se controla e inmediatamente se ingresa al Centro de Detención Preventiva de Talagante, para los efectos de dar cumplimiento a la resolución del tribunal y verificada la detención del imputado y en el Centro de Detención Preventiva, el tribunal en un período breve cite a los intervinientes a la audiencia para los efectos de llevar a cabo la diligencia que dio lugar a la resolución del tribunal se decreta la prisión preventiva en función a la falta de comparecencia del acusado, y para llevar a cabo la audiencia de preparación de juicio oral se requiere la comparecencia de todos los defensores e imputados, una orden de detención no es suficiente en este caso en concreto, por que necesariamente esa actuación que la audiencia de preparación de juicio oral se necesitan las alegaciones de los defensores de los coimputados, razón por la cual solicito la prisión preventiva de Bascuñan Sepúlveda.

 Que la Defensa del acusado se opuso a la solicitud, argumentando que se representado no había sido apercibido de conformidad al artículo 33 del Código Procesal Penal, lo que no ha ocurrido y sólo fue apercibido de conformidad al artículo 26 del mismo cuerpo legal, en la audiencia del control de detención de fecha 25 de febrero de 2007 y de acuerdo al apercibimiento de dicha norma corresponde, que fijando nuevo día y hora para la audiencia de preparación de juicio oral, el tribunal la notifique haciendo efectivo este apercibimiento a través del estado diario y si bien de acuerdo al estampado de notificación aportado por el tribunal que indica que se habrían realizado búsquedas en el domicilio, aparece de los antecedentes del tribunal que con fecha 31 de mayo de 2007, haciendo efectivo un traslado compulsivo del imputado Luis Bascuñan Sepúlveda, éste fue ubicado en el domicilio, lo que da cuenta que efectivamente correspondería al domicilio indicado por el imputado y solicita al tribunal que el tribunal rechace la solicitud en cuanto a decretar la prisión preventiva del imputado por no cumplir los requisitos legales establecidos en el artículo 33 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de encontrarse disponible la defensa para que fijando un nuevo día y hora para realizar la audiencia de preparación de juicio oral se disponga el traslado compulsivo, que de acuerdo a los antecedentes de la carpeta de la defensa, ha sido efectivo realizar el traslado en los términos que la defensa solicita. Posteriormente argumenta que si el Sr. Fiscal hubiese solicitado la orden de detención de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Código Procesal Penal, la situación habría sido diferente, ya que podría haberse revisado las medidas cautelares y si se solicitare la orden referida la defensa no tendría argumentos para oponerse a esa situación y ahí dar cuenta de la notificación o sustitución de cautelares en presencia de su representado.

 Que la defensa del imputado Jorge Carrasco, señaló que existe un problema que impide llevar a efecto la preparación de juicio, por cuanto, si se produce el traslado compulsivo, como lo sostiene la defensa del coimputado, se encuentra con que éste posiblemente no he haga dentro del tiempo necesario para realizar la audiencia, por cuanto no se ha producido la notificación de la acusación y en términos prácticos, estima que la solución propuesta por el Ministerio Público es la más apropiada para los efectos de notificar la acusación y hacer que el imputado concurra efectivamente a la audiencia de preparación de juicio oral, de lo contrario se podría llegar a fin de año discutiendo el mismo tema, en cuanto a que si fue notificado o apercibido, y en la práctica significa una pérdida de tiempo para el tribunal como para los defensores presentes en la audiencia y estima que la solución propuesta por el Ministerio Público es la más adecuada y debería decretarse la prisión preventiva del imputado, la que debe durar hasta la audiencia de preparación del juicio oral.

 La Defensa de Cea Araya señala que se hace parte en todas las formulaciones alegaciones que hace el Ministerio Público, de acuerdo a lo que se ha expuesto en el tribunal, agrega que en el caso de su defensa el tema es más delicado y perjudicial ya que su representado se encuentra en prisión preventiva y el derecho al acceso a un juicio rápido breve cada día se disipa más y en concreto mantener esta situación, entendiendo lo que ha planteado la Defensoría Penal Pública, atenta contra los derechos de su representado a un juicio justo y rápido, situación que se desvanece cada día más y en base a lo expuesto por el Ministerio Público y el otro defensor privado, solicita se decrete la prisión preventiva en contra del otro coimputado.

 Que teniendo en consideración las alegaciones sostenidas por el Sr. Fiscal y los defensores de los acusados, este Juez, previa revisión de los antecedentes del sistema computacional, verificó que ésta era la segunda audiencia fijada para el mismo efecto, ya que en la primera oportunidad no se realizó por falta de notificación al acusado Bascuñan Sepúlveda, audiencia a la cual comparecieron los restantes imputados y defensores.

 Que, como bien lo señaló la defensa en su solicitud de traslado compulsivo, efectivamente el imputado la única oportunidad en que compareció al tribunal con posterioridad a la audiencia de control de detención, ha sido en forma compulsiva, es decir puesto a disposición del tribunal por la policía, y que son las dos únicas ocasiones en que ha estado en el tribunal, al momento del control de la detención y al momento de ser conducido con traslado compulsivo.

 Que, en la audiencia de formalización, el imputado fue apercibido de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Código Procesal Penal.

 No obstante los argumentos jurídicos que esgrime la recurrente, estimo importante señalar que el hecho que se le atribuye por la Fiscalía al imputado, es el delito de robo con violencia.

 Que, ponderando los antecedentes, este juez informante, en primer lugar, se hizo cargo de las peticiones de la defensa en cuanto a no dar lugar a notificar al acusado Bascuñán Sepúlveda por el Estado diario, la cual no cumpliría el objetivo planteado, ya que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece expresamente que se deberá entregar al acusado copia de la acusación. Respecto del traslado compulsivo solicitado, no se dio lugar, por estimar que fijar una audiencia y ordenar la comparecencia del acusado por intermedio de la policía, tampoco cumpliría su objetivo, en atención a que recién en dicha audiencia el imputado recibiría copia o tomaría conocimiento de la acusación. En cuanto a decretar una orden de detención en contra del acusado, no se estimó conducente, en atención a que éste no daría certeza o fecha cierta de su cumplimiento, para la notificación de los demás intervinientes, razón por la cual, estimando que le acusado Luis Bascuñán Sepúlveda, en todo momento ha sido reticente a comparecer a los actos del procedimiento y teniendo en consideración que éste fue apercibido de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Código Procesal Penal, que una de las notificaciones que se leyó en audiencia y de la cual no se menciona por la defensa en su recurso, daba cuenta que el día 28 de marzo de 2008, se concurrió al domicilio y en este informa don Hugo Huerta Salas, que no conoce a la persona requerida, no vive allí y no se encontraría en el lugar del juicio, no comunicando ni informando otro nuevo domicilio al tribunal, que en ningún momento el acusado, ni la defensa han justificado su incomparecencia a la realización de la audiencia, por último, con la información proporcionada en la notificación que señala que el acusado no vive en el lugar y no se encontraría en el lugar del juicio, difícilmente podría efectuársele apercibimiento alguno, aún más teniendo en consideración que el domicilio en el cual se efectuó la notificación corresponde al mismo que se ha proporcionado durante toda la investigación, razones por las cuales se decretó la prisión preventiva del imputado, para los efectos de que a éste, una vez puesto a disposición del tribunal, se le entregue copia de la acusación y a la brevedad se fije la audiencia de preparación de juicio oral, la que se notificaría a todos los intervinientes, para en definitiva lograr llevar a efecto la referida audiencia con la comparecencia de todas las partes, para lo cual además se tomó en consideración que uno de los acusados se encuentra privado de libertad y el juicio se inició el 25 de febrero de 2007.

 Por las razones esgrimidas, creo no haber dispuesto una orden ni ilegal ni arbitraria.

 Es cuanto puedo informar a SS. Iltma. al tenor del recurso deducido en mi contra.

 Dios guarde a SS Iltma.

 Hugo Espinoza Castillo, Juez de Garantía de Talagante.

 San Miguel, dieciocho de abril de dos mil ocho.

 Vistos:

 Primero: Que a fojas 1 comparece doña Alicia Parra Peralta, Defensora Penal Pública licitada de Talagante, quien recurre de amparo en favor de Luis Bascuñan Sepúlveda, imputado en causa Rit Nº 1045 2007 Ruc Nº 0700148182 1, seguida ante el Juzgado de Garantía de Talagante, dando cuenta en la audiencia de 10 de abril del año en curso, el señor Juez de Garantía de Talagante don Hugo Luis Espinoza Castillo, decretó la prisión preventiva del amparado, a solicitud del Fiscal presente en audiencia don Daniel Ríos Karl, en virtud lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, a lo cual la defensa se opuso ya que el imputado no estaba notificado ni de la acusación ni de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para ese día.

 Agrega que en la audiencia se informó el resultado negativo de la notificación respecto del imputado, luego de lo cual el Fiscal solicitó se decretara la prisión preventiva ya que falta de notificación implicaría una demora en la tramitación de la causa, imposibilitando la preparación de Juicio Oral por lo que se justificaba reemplazar la cautelar dispuesta por la prisión preventiva. El tribunal dio traslado de dicha solicitud a la defensa, la cual se opuso señalando el imputado no fue apercibido de acuerdo al artículo 33 del Código Procesal Penal, sino que sólo se le efectuó el apercibimiento dispuesto en el artículo 26 de dicho cuerpo legal.

 Señala que sólo en la resolución que tuvo por formulada la acusación se indicaba que, junto con su notificación, se apercibiera al imputado de acuerdo al artículo 33, notificación que no se ha efectuado y el apercibimiento no se ha concretado.

 Sostiene que la resolución que ordena la prisión preventiva del imputado sería arbitraria y contraria a las garantías procesales y constitucionales, ya que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 142 del Código Procesal Penal que ordena que la presencia del imputado y su defensor constituye un requisito de validez de la audiencia y se ha vulnerado la norma del artículo 93 letra l) en el sentido de ser juzgado en ausencia.

 Solicita que se revoque la resolución de 10 de abril de 2008 que decreta la prisión preventiva del imputado y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado y se reconozca y reestablezca el derecho de libertad de este.

 Segundo: Que a fojas 6 informa el señor Juez de Garantía de Talagante don Hugo Espinoza Castillo, quien señala que al inicio de la audiencia del 10 de abril del corriente, se informó sobre la notificación fallida respecto del acusado Bascuñan Sepúlveda, dando cuenta que de acuerdo a la información proporcionada por carabineros, se concurrió en dos ocasiones a su domicilio no encontrándose moradores, y el 28 de marzo se concurrió a este domicilio, en el cual se señala que no se conoce al imputado, no vive allí y no se encontraría en el lugar del juicio.

 Agrega que el Fiscal en la audiencia, de acuerdo al artículo 33 del Código Procesal Penal solicitó la prisión preventiva, manifestando que al controlar la detención del imputado se efectuó el apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando en libertad y no informando el cambio de domicilio, solicitando se disponga la prisión preventiva y no únicamente una orden de detención ya que hay varios imputados, hay defensa privada, hay abogados defensores que viven en Santiago y la orden de detención sería para preparar el juicio oral, lo cual no puede ocurrir si no están los coimputados ni sus defensas. Ante esto la defensa se opuso, y ponderando los antecedentes y considerando que se trata de un delito de robo con violencia, y tomando en consideración que el imputado ha sido en todo momento reticente a comparecer a actos del procedimiento, en atención a que fue apercibido de acuerdo al artículo 26 del cuerpo legal citado, y el domicilio proporcionado se señaló que éste no vive ahí y no se encuentra en el lugar del juicio y la defensa ha justificado su incomparecencia a la realización de la audiencia, difícilmente podría efectuársele apercibimiento alguno, razones por las cuales se decretó la prisión preventiva para que quede a disposición del tribunal, se le entregue copia de la acusación y a la brevedad se fije audiencia de preparación de juicio oral a fin de llevarla a cabo con la comparecencia de todas las partes.

 Tercero: Que, la resolución impugnada por medio del presente recurso y de la cual la proviene la privación de libertad del recurrente ha sido dictada por un Tribunal competente, en un asunto previsto por la ley y con las formalidades que el caso amerita, por lo que la presente acción de amparo deberá ser rechazada.

 Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de amparo deducido a fojas 1 por doña Alicia Parra Peralta, Defensora Penal Pública licitada de Talagante en favor de Luis Bascuñan Sepúlveda en contra del señor Juez de Garantía de Talagante don Hugo Luis Espinoza Castillo.

 Regístrese, comuníquese lo resuelto, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

 Pronunciado por las Ministros señoras Lilian Medina Sudy, M. Teresa Letelier Ramírez y el Abogado Integrante señor Fernando Márquez Rojas.

 En San Miguel, dieciocho de abril de dos mil ocho notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

 Rol Nº 105 2008 amp.



 Santiago, cinco de mayo de dos mil ocho.

 A fojas 23: téngase presente.

 Vistos y teniendo únicamente presente:

 1º. Que de conformidad con lo prevenido en el artículo 33 del Código Procesal Penal, cuando fuere necesario citar a una persona para una actuación ante el tribunal, se le notificará la resolución que ordena su comparecencia. Para ese efecto es necesario indicar el tribunal al que se debe comparecer, domicilio, fecha y hora de la audiencia como la identificación del proceso y el motivo de la comparecencia. Prescribe esa disposición que, al mismo tiempo, se la advertirá que la no comparecencia injustificada, dará lugar a que sea conducida por medio de la fuerza pública. También ordena que se le indique que en caso de impedimento, deberá comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuera posible.

 2º. Que como se aprecia de los antecedentes de autos y en particular del informe de fojas 6, el amparado no fue notificado de la resolución del tribunal que disponía su comparecencia y el apercibimiento decretado al efecto, esto es, de lo dispuesto en el artículo 33 antes referido, por cuanto en la última gestión que contó con su comparecencia personal sólo fue notificado del apercibimiento que al efecto contiene el artículo 26 del mismo cuerpo de leyes.

 3º. Que, respecto de las demás medidas cuya aplicación analizó y desestimó el juez recurrido, como es la detención del acusado, es preciso tener en cuenta que incluso el artículo 127 del Código Procesal Penal contempla el ejercicio de la facultad de los jueces para ordenar la detención de los imputados, distinguiendo dos situaciones diferentes, a saber: la general, del inciso primero, cuando se trata de la obligación de éste de comparecer al llamado judicial para una audiencia común, y la especial del inciso segundo, cuando dicha audiencia supone la presencia del imputado como condición de la misma; 4º. Que el inciso segundo exige, a diferencia del inciso primero, el cumplimiento de emplazamiento legal previo de la respectiva orden de citación y falta de comparecencia del citado sin causa justificada; 5º. Que el caso de autos se encuentra regido particularmente por el artículo 33 del Código Procesal Penal, toda vez que se relaciona con la normativa del párrafo 2º, del Título II, Libro II del código mencionado sobre audiencia de preparación del juicio oral, particularmente en lo que se expresa en el artículo 260 del mismo cuerpo legal, ya que la audiencia a la cual corresponde que sea citado el amparado, debe ser legalmente notificada, y haberse puesto después de ello en situación de rebeldía, lo que no se cumplió debidamente.

 6º. Que, de este modo, la sustitución de la medida cautelar imperante en autos por la prisión preventiva no satisface el estándar que la ley exige, desde que no aparecen cumplidos los requisitos relativos a la información y advertencias que el tribunal debe hacer al imputado, siendo insuficiente para ese efecto, la comunicación de las consecuencias jurídicas que contempla la contravención del artículo 26 del ya citado Código Procesal Penal; por lo que al no haberse respetado el procedimiento señalado en la ley para la comunicación de las resoluciones al acusado, la debida información de sus consecuencias jurídicas, ni se han hecho efectivo los apercibimientos que dispone la ley utilizando los mecanismos que el orden procesal penal pone a disposición de los tribunales y los intervinientes, la orden de prisión preventiva expedida por el Juez del Juzgado de Garantía de Talagante lo ha sido con infracción a lo dispuesto en las normas citadas y artículo 21 de la Constitución Política de la República.

 Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la resolución apelada de dieciocho de abril del año en curso, escrita a fojas 12 a 13 y en su lugar se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto a fojas 1 a favor de Luis Bascuñán Sepúlveda, dejándose sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta en su contra en los autos Ruc 0700148182 1, Rit 1045 2007.

 Comuníquese lo resuelto por la vía más rápida, sin perjuicio, ofíciese.

 Regístrese y devuélvase Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y Carlos Kunsemuller L.

 Autorizada por la Secretaria Suplente de esta Corte Suprema doña Beatriz Pedrals García de Cortázar.

 Rol Nº 2.242 08.

Corte de Apelaciones de San Miguel, 18/04/2008, 105 2008
Sentencia Corte de Apelaciones :
Talagante, dieciséis de abril de dos mil ocho.

 Inf. Recurso de Amparo Nº 105 2008.

 En respuesta a su petición remitida por fax de 15 de abril recién pasado, y que incide en el Recurso de Amparo Rol Nº 105 2008, cumplo con informar a S.S. Iltma. lo siguiente.

 Que con fecha 10 de abril en curso, en la audiencia de preparación de Juicio Oral, a la cual comparecieron el Sr. Fiscal del Ministerio Público don Daniel Ríos Kart, en reemplazo del titular don Heriberto Reyes Carrasco, los imputados Macister Cea Araya, asistido por su abogado Juan Núñez Rojas y el imputado Francisco Carrasco Riveros, asesorado por su defensor Leonel Rojas Muñoz, y la inasistencia del acusado Luis Bascuñan Sepúlveda, representado por la Srta. Defensora Penal Pública Licitada doña Alicia Parra Peralta.

 Que, efectivamente, al inicio de la audiencia el tribunal informó respecto de la notificación del acusado Bascuñan Sepúlveda, haciendo presente y leyendo un certificado del encargado de notificaciones que señalaba que con fecha 14 de marzo de 2008, se comunicó telefónicamente con carabineros de la Tenencia Santa Rosa de Chena, conversando con el carabinero Juan Elevancin a quien le pidió cuenta de la notificación de la causa, informando que se concurrió en dos ocasiones a los domicilios de Francisco Carrasco Riveros y Luis Bascuñan Sepúlveda los días 22 de febrero y 3 de marzo de 2008, no encontrando moradores en ninguna de las oportunidades, diligencia efectuada por el carabinero Jorge Henríquez Manríquez y además, se hizo referencia a otra notificación en la cual se señala que el día 28 de marzo de 2008, se concurrió al domicilio y en este informa don Hugo Huerta Salas que no conoce a la persona requerida, no vive allí y no se encontraría en el lugar del juicio, existiendo una firma ilegible y un número de cédula de identidad.

 El Sr. Fiscal argumentó su petición, en que la audiencia se ha retrasado en atención a la falta de notificación de uno de los acusados, razón por la cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal solicita la prisión preventiva, señalando que al momento de controlar la detención de los imputados, se le apercibió de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando en libertad y éste no informó cambio de domicilio y la notificación da cuenta de no encontrarse viviendo en el domicilio que dio al momento de controlar su detención y formalizar cargos, entendiendo que la audiencia es absolutamente necesaria para llevarse a cabo la notificación de la acusación al imputado Bascuñan Sepúlveda, reitera que se de aplicación al artículo 33 inciso tercero del Código Procesal Penal, en función a que se disponga la prisión preventiva del imputado, la cual solicita y no únicamente la orden de detención, en atención a que cuando el legislador establece el inciso tercero del artículo 33 del citado cuerpo legal, en cuanto a la falta de comparecencia no justificada del imputado, otorga la facultad al tribunal de dictar una orden de detención o que quede sometido a prisión preventiva, sobre todo pensando en una audiencia de preparación de juicio oral, considerando que hay varios imputados, que hay defensa privada, que los otros abogados defensores viven en Santiago y que no se saca nada con despachar una orden de detención, en atención a que al ser detenido el imputado la detención es para preparar el juicio oral, la cual no se podrá realizar si no están las defensas de los demás coimputados, de hecho tampoco estarán los coimputados por no saber como y cuando será detenido y el legislador estableció una solución y es decretar derechamente la prisión preventiva, obviamente la orden de detención, pero ésta no se controla e inmediatamente se ingresa al Centro de Detención Preventiva de Talagante, para los efectos de dar cumplimiento a la resolución del tribunal y verificada la detención del imputado y en el Centro de Detención Preventiva, el tribunal en un período breve cite a los intervinientes a la audiencia para los efectos de llevar a cabo la diligencia que dio lugar a la resolución del tribunal se decreta la prisión preventiva en función a la falta de comparecencia del acusado, y para llevar a cabo la audiencia de preparación de juicio oral se requiere la comparecencia de todos los defensores e imputados, una orden de detención no es suficiente en este caso en concreto, por que necesariamente esa actuación que la audiencia de preparación de juicio oral se necesitan las alegaciones de los defensores de los coimputados, razón por la cual solicito la prisión preventiva de Bascuñan Sepúlveda.

 Que la Defensa del acusado se opuso a la solicitud, argumentando que se representado no había sido apercibido de conformidad al artículo 33 del Código Procesal Penal, lo que no ha ocurrido y sólo fue apercibido de conformidad al artículo 26 del mismo cuerpo legal, en la audiencia del control de detención de fecha 25 de febrero de 2007 y de acuerdo al apercibimiento de dicha norma corresponde, que fijando nuevo día y hora para la audiencia de preparación de juicio oral, el tribunal la notifique haciendo efectivo este apercibimiento a través del estado diario y si bien de acuerdo al estampado de notificación aportado por el tribunal que indica que se habrían realizado búsquedas en el domicilio, aparece de los antecedentes del tribunal que con fecha 31 de mayo de 2007, haciendo efectivo un traslado compulsivo del imputado Luis Bascuñan Sepúlveda, éste fue ubicado en el domicilio, lo que da cuenta que efectivamente correspondería al domicilio indicado por el imputado y solicita al tribunal que el tribunal rechace la solicitud en cuanto a decretar la prisión preventiva del imputado por no cumplir los requisitos legales establecidos en el artículo 33 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de encontrarse disponible la defensa para que fijando un nuevo día y hora para realizar la audiencia de preparación de juicio oral se disponga el traslado compulsivo, que de acuerdo a los antecedentes de la carpeta de la defensa, ha sido efectivo realizar el traslado en los términos que la defensa solicita. Posteriormente argumenta que si el Sr. Fiscal hubiese solicitado la orden de detención de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Código Procesal Penal, la situación habría sido diferente, ya que podría haberse revisado las medidas cautelares y si se solicitare la orden referida la defensa no tendría argumentos para oponerse a esa situación y ahí dar cuenta de la notificación o sustitución de cautelares en presencia de su representado.

 Que la defensa del imputado Jorge Carrasco, señaló que existe un problema que impide llevar a efecto la preparación de juicio, por cuanto, si se produce el traslado compulsivo, como lo sostiene la defensa del coimputado, se encuentra con que éste posiblemente no he haga dentro del tiempo necesario para realizar la audiencia, por cuanto no se ha producido la notificación de la acusación y en términos prácticos, estima que la solución propuesta por el Ministerio Público es la más apropiada para los efectos de notificar la acusación y hacer que el imputado concurra efectivamente a la audiencia de preparación de juicio oral, de lo contrario se podría llegar a fin de año discutiendo el mismo tema, en cuanto a que si fue notificado o apercibido, y en la práctica significa una pérdida de tiempo para el tribunal como para los defensores presentes en la audiencia y estima que la solución propuesta por el Ministerio Público es la más adecuada y debería decretarse la prisión preventiva del imputado, la que debe durar hasta la audiencia de preparación del juicio oral.

 La Defensa de Cea Araya señala que se hace parte en todas las formulaciones alegaciones que hace el Ministerio Público, de acuerdo a lo que se ha expuesto en el tribunal, agrega que en el caso de su defensa el tema es más delicado y perjudicial ya que su representado se encuentra en prisión preventiva y el derecho al acceso a un juicio rápido breve cada día se disipa más y en concreto mantener esta situación, entendiendo lo que ha planteado la Defensoría Penal Pública, atenta contra los derechos de su representado a un juicio justo y rápido, situación que se desvanece cada día más y en base a lo expuesto por el Ministerio Público y el otro defensor privado, solicita se decrete la prisión preventiva en contra del otro coimputado.

 Que teniendo en consideración las alegaciones sostenidas por el Sr. Fiscal y los defensores de los acusados, este Juez, previa revisión de los antecedentes del sistema computacional, verificó que ésta era la segunda audiencia fijada para el mismo efecto, ya que en la primera oportunidad no se realizó por falta de notificación al acusado Bascuñan Sepúlveda, audiencia a la cual comparecieron los restantes imputados y defensores.

 Que, como bien lo señaló la defensa en su solicitud de traslado compulsivo, efectivamente el imputado la única oportunidad en que compareció al tribunal con posterioridad a la audiencia de control de detención, ha sido en forma compulsiva, es decir puesto a disposición del tribunal por la policía, y que son las dos únicas ocasiones en que ha estado en el tribunal, al momento del control de la detención y al momento de ser conducido con traslado compulsivo.

 Que, en la audiencia de formalización, el imputado fue apercibido de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Código Procesal Penal.

 No obstante los argumentos jurídicos que esgrime la recurrente, estimo importante señalar que el hecho que se le atribuye por la Fiscalía al imputado, es el delito de robo con violencia.

 Que, ponderando los antecedentes, este juez informante, en primer lugar, se hizo cargo de las peticiones de la defensa en cuanto a no dar lugar a notificar al acusado Bascuñán Sepúlveda por el Estado diario, la cual no cumpliría el objetivo planteado, ya que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece expresamente que se deberá entregar al acusado copia de la acusación. Respecto del traslado compulsivo solicitado, no se dio lugar, por estimar que fijar una audiencia y ordenar la comparecencia del acusado por intermedio de la policía, tampoco cumpliría su objetivo, en atención a que recién en dicha audiencia el imputado recibiría copia o tomaría conocimiento de la acusación. En cuanto a decretar una orden de detención en contra del acusado, no se estimó conducente, en atención a que éste no daría certeza o fecha cierta de su cumplimiento, para la notificación de los demás intervinientes, razón por la cual, estimando que le acusado Luis Bascuñán Sepúlveda, en todo momento ha sido reticente a comparecer a los actos del procedimiento y teniendo en consideración que éste fue apercibido de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Código Procesal Penal, que una de las notificaciones que se leyó en audiencia y de la cual no se menciona por la defensa en su recurso, daba cuenta que el día 28 de marzo de 2008, se concurrió al domicilio y en este informa don Hugo Huerta Salas, que no conoce a la persona requerida, no vive allí y no se encontraría en el lugar del juicio, no comunicando ni informando otro nuevo domicilio al tribunal, que en ningún momento el acusado, ni la defensa han justificado su incomparecencia a la realización de la audiencia, por último, con la información proporcionada en la notificación que señala que el acusado no vive en el lugar y no se encontraría en el lugar del juicio, difícilmente podría efectuársele apercibimiento alguno, aún más teniendo en consideración que el domicilio en el cual se efectuó la notificación corresponde al mismo que se ha proporcionado durante toda la investigación, razones por las cuales se decretó la prisión preventiva del imputado, para los efectos de que a éste, una vez puesto a disposición del tribunal, se le entregue copia de la acusación y a la brevedad se fije la audiencia de preparación de juicio oral, la que se notificaría a todos los intervinientes, para en definitiva lograr llevar a efecto la referida audiencia con la comparecencia de todas las partes, para lo cual además se tomó en consideración que uno de los acusados se encuentra privado de libertad y el juicio se inició el 25 de febrero de 2007.

 Por las razones esgrimidas, creo no haber dispuesto una orden ni ilegal ni arbitraria.

 Es cuanto puedo informar a SS. Iltma. al tenor del recurso deducido en mi contra.

 Dios guarde a SS Iltma.

 Hugo Espinoza Castillo, Juez de Garantía de Talagante.

 San Miguel, dieciocho de abril de dos mil ocho.

 Vistos:

 Primero: Que a fojas 1 comparece doña Alicia Parra Peralta, Defensora Penal Pública licitada de Talagante, quien recurre de amparo en favor de Luis Bascuñan Sepúlveda, imputado en causa Rit Nº 1045 2007 Ruc Nº 0700148182 1, seguida ante el Juzgado de Garantía de Talagante, dando cuenta en la audiencia de 10 de abril del año en curso, el señor Juez de Garantía de Talagante don Hugo Luis Espinoza Castillo, decretó la prisión preventiva del amparado, a solicitud del Fiscal presente en audiencia don Daniel Ríos Karl, en virtud lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, a lo cual la defensa se opuso ya que el imputado no estaba notificado ni de la acusación ni de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para ese día.

 Agrega que en la audiencia se informó el resultado negativo de la notificación respecto del imputado, luego de lo cual el Fiscal solicitó se decretara la prisión preventiva ya que falta de notificación implicaría una demora en la tramitación de la causa, imposibilitando la preparación de Juicio Oral por lo que se justificaba reemplazar la cautelar dispuesta por la prisión preventiva. El tribunal dio traslado de dicha solicitud a la defensa, la cual se opuso señalando el imputado no fue apercibido de acuerdo al artículo 33 del Código Procesal Penal, sino que sólo se le efectuó el apercibimiento dispuesto en el artículo 26 de dicho cuerpo legal.

 Señala que sólo en la resolución que tuvo por formulada la acusación se indicaba que, junto con su notificación, se apercibiera al imputado de acuerdo al artículo 33, notificación que no se ha efectuado y el apercibimiento no se ha concretado.

 Sostiene que la resolución que ordena la prisión preventiva del imputado sería arbitraria y contraria a las garantías procesales y constitucionales, ya que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 142 del Código Procesal Penal que ordena que la presencia del imputado y su defensor constituye un requisito de validez de la audiencia y se ha vulnerado la norma del artículo 93 letra l) en el sentido de ser juzgado en ausencia.

 Solicita que se revoque la resolución de 10 de abril de 2008 que decreta la prisión preventiva del imputado y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado y se reconozca y reestablezca el derecho de libertad de este.

 Segundo: Que a fojas 6 informa el señor Juez de Garantía de Talagante don Hugo Espinoza Castillo, quien señala que al inicio de la audiencia del 10 de abril del corriente, se informó sobre la notificación fallida respecto del acusado Bascuñan Sepúlveda, dando cuenta que de acuerdo a la información proporcionada por carabineros, se concurrió en dos ocasiones a su domicilio no encontrándose moradores, y el 28 de marzo se concurrió a este domicilio, en el cual se señala que no se conoce al imputado, no vive allí y no se encontraría en el lugar del juicio.

 Agrega que el Fiscal en la audiencia, de acuerdo al artículo 33 del Código Procesal Penal solicitó la prisión preventiva, manifestando que al controlar la detención del imputado se efectuó el apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando en libertad y no informando el cambio de domicilio, solicitando se disponga la prisión preventiva y no únicamente una orden de detención ya que hay varios imputados, hay defensa privada, hay abogados defensores que viven en Santiago y la orden de detención sería para preparar el juicio oral, lo cual no puede ocurrir si no están los coimputados ni sus defensas. Ante esto la defensa se opuso, y ponderando los antecedentes y considerando que se trata de un delito de robo con violencia, y tomando en consideración que el imputado ha sido en todo momento reticente a comparecer a actos del procedimiento, en atención a que fue apercibido de acuerdo al artículo 26 del cuerpo legal citado, y el domicilio proporcionado se señaló que éste no vive ahí y no se encuentra en el lugar del juicio y la defensa ha justificado su incomparecencia a la realización de la audiencia, difícilmente podría efectuársele apercibimiento alguno, razones por las cuales se decretó la prisión preventiva para que quede a disposición del tribunal, se le entregue copia de la acusación y a la brevedad se fije audiencia de preparación de juicio oral a fin de llevarla a cabo con la comparecencia de todas las partes.

 Tercero: Que, la resolución impugnada por medio del presente recurso y de la cual la proviene la privación de libertad del recurrente ha sido dictada por un Tribunal competente, en un asunto previsto por la ley y con las formalidades que el caso amerita, por lo que la presente acción de amparo deberá ser rechazada.

 Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de amparo deducido a fojas 1 por doña Alicia Parra Peralta, Defensora Penal Pública licitada de Talagante en favor de Luis Bascuñan Sepúlveda en contra del señor Juez de Garantía de Talagante don Hugo Luis Espinoza Castillo.

 Regístrese, comuníquese lo resuelto, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

 Pronunciado por las Ministros señoras Lilian Medina Sudy, M. Teresa Letelier Ramírez y el Abogado Integrante señor Fernando Márquez Rojas.

 En San Miguel, dieciocho de abril de dos mil ocho notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

 Rol Nº 105 2008 amp.

Corte Suprema, 05/05/2008, 2242 2008
Sentencia Corte Suprema:
Santiago, cinco de mayo de dos mil ocho.

 A fojas 23: téngase presente.

 Vistos y teniendo únicamente presente:

 1º. Que de conformidad con lo prevenido en el artículo 33 del Código Procesal Penal, cuando fuere necesario citar a una persona para una actuación ante el tribunal, se le notificará la resolución que ordena su comparecencia. Para ese efecto es necesario indicar el tribunal al que se debe comparecer, domicilio, fecha y hora de la audiencia como la identificación del proceso y el motivo de la comparecencia. Prescribe esa disposición que, al mismo tiempo, se la advertirá que la no comparecencia injustificada, dará lugar a que sea conducida por medio de la fuerza pública. También ordena que se le indique que en caso de impedimento, deberá comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuera posible.

 2º. Que como se aprecia de los antecedentes de autos y en particular del informe de fojas 6, el amparado no fue notificado de la resolución del tribunal que disponía su comparecencia y el apercibimiento decretado al efecto, esto es, de lo dispuesto en el artículo 33 antes referido, por cuanto en la última gestión que contó con su comparecencia personal sólo fue notificado del apercibimiento que al efecto contiene el artículo 26 del mismo cuerpo de leyes.

 3º. Que, respecto de las demás medidas cuya aplicación analizó y desestimó el juez recurrido, como es la detención del acusado, es preciso tener en cuenta que incluso el artículo 127 del Código Procesal Penal contempla el ejercicio de la facultad de los jueces para ordenar la detención de los imputados, distinguiendo dos situaciones diferentes, a saber: la general, del inciso primero, cuando se trata de la obligación de éste de comparecer al llamado judicial para una audiencia común, y la especial del inciso segundo, cuando dicha audiencia supone la presencia del imputado como condición de la misma; 4º. Que el inciso segundo exige, a diferencia del inciso primero, el cumplimiento de emplazamiento legal previo de la respectiva orden de citación y falta de comparecencia del citado sin causa justificada; 5º. Que el caso de autos se encuentra regido particularmente por el artículo 33 del Código Procesal Penal, toda vez que se relaciona con la normativa del párrafo 2º, del Título II, Libro II del código mencionado sobre audiencia de preparación del juicio oral, particularmente en lo que se expresa en el artículo 260 del mismo cuerpo legal, ya que la audiencia a la cual corresponde que sea citado el amparado, debe ser legalmente notificada, y haberse puesto después de ello en situación de rebeldía, lo que no se cumplió debidamente.

 6º. Que, de este modo, la sustitución de la medida cautelar imperante en autos por la prisión preventiva no satisface el estándar que la ley exige, desde que no aparecen cumplidos los requisitos relativos a la información y advertencias que el tribunal debe hacer al imputado, siendo insuficiente para ese efecto, la comunicación de las consecuencias jurídicas que contempla la contravención del artículo 26 del ya citado Código Procesal Penal; por lo que al no haberse respetado el procedimiento señalado en la ley para la comunicación de las resoluciones al acusado, la debida información de sus consecuencias jurídicas, ni se han hecho efectivo los apercibimientos que dispone la ley utilizando los mecanismos que el orden procesal penal pone a disposición de los tribunales y los intervinientes, la orden de prisión preventiva expedida por el Juez del Juzgado de Garantía de Talagante lo ha sido con infracción a lo dispuesto en las normas citadas y artículo 21 de la Constitución Política de la República.

 Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la resolución apelada de dieciocho de abril del año en curso, escrita a fojas 12 a 13 y en su lugar se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto a fojas 1 a favor de Luis Bascuñán Sepúlveda, dejándose sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta en su contra en los autos Ruc 0700148182 1, Rit 1045 2007.

 Comuníquese lo resuelto por la vía más rápida, sin perjuicio, ofíciese.

 Regístrese y devuélvase Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y Carlos Kunsemuller L.

 Autorizada por la Secretaria Suplente de esta Corte Suprema doña Beatriz Pedrals García de Cortázar.

 Rol Nº 2.242 08.