Corte Suprema, 14/05/2008, 2498 2008 Edward Wale Rosales

Con Juez Titular del Segundo Juzgado Laboral de Puerto Montt Tipo: Recurso de Amparo Resultado: Rechazado: Proscripción. Prisión por deudas; concurrencia requisitos. Obligaciones legales Seguridad Social; incumplimiento. Entero cotizaciones provisionales. Tipo penal; configuración.

Doctrina
Lo impago no es consecuencia del incumplimiento de “una obligación contractual” u “obligación de carácter netamente civil” que tuvieran como antecedente el mero interés pecuniario de un individuo, a cuyo respecto los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, en concordancia con el mandato constitucional establecido en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República, proscribieron la privación de la libertad individual por deudas; sino que ello es consecuencia de la omisión de enterar dineros ajenos que nunca ingresaron al patrimonio del empleador y que continúan siendo de dominio de los trabajadores, configurándose así un incumplimiento de deberes legales en materia de seguridad social; hecho que, además  y en razón que la omisión de enterar no es deuda    ha dado lugar al tipo penal del artículo 19 inciso final del D.L. 3.500.(Considerando 5º sentencia Corte de Apelaciones)
Sentencia
Informa Ilustrísima Corte Iris Catalina Obando Cárdenas, Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, en autos sobre Recurso de Amparo Rol I. Corte Nº 128 2008, interpuesto por don Paulo Andrés Aguila Inostroza, en representación de Edward Wale Rosales, a U.S. Ilustrísima informa lo siguiente:

 Que, en este tribunal se sigue la causa Rol Nº 1339 2005 3, caratulado “AFP Provida S.A. con Servicios y Transportes Aéreos Regional Star , por cobro de cotizaciones previsionales. Lo adeudado en el mes de enero y febrero de año 2004, por el demandado Servicios y Transportes Aéreos Regional Star, cuyo representante legal es don Edward Wale Rosales, es la suma de $ 6.718.230, que comprende capital, reajustes, intereses y recargos (fs. 13).

 Que, el Sr. Paulo Andrés Aguila Inostroza, en representación de don Edward Wale Rosales, interpone ante dicha Ilustrísima Corte, Recurso de Amparo Preventivo. Al respecto debo informar que con fecha 10 de diciembre de 2007, y cumpliéndose cada uno de los requisitos del artículo 12 y 14 de la ley 17.322, se ordenó despachar orden de arresto por el término de cuatro días en contra del representante de la ejecutada previa notificación personal. La suma adeudada para los efectos de despachar el arresto corresponde a $ 6.324.680, calculada por la Sra. Secretaria del Tribunal, comprende capital, reajuste e intereses penales, como lo ordena la disposición legal citada.

 Respecto a la afirmación del recurrente que no procede la prisión por deuda en Chile, se debe indicar que además del arresto a que se refiere los artículos 12 y 14 de la ley 17.322, es un delito el no pago de cotizaciones previsionales, delito que se encuentra tipificado en el artículo 19 inciso final del decreto ley 3.500.

 Y, por último debo señalar que no hay constancia en el expediente que la recurrente hubiere hecho uso del derecho establecido en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política del Estado, por lo que el tribunal debe aplicar todas las normas de la ley 17.322.

 Es todo cuanto puedo informar a Us. Iltma.

 Dios Guarde a Us. Iltma.

 Iris Catalina Obando Cárdenas, Juez Titular Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.

 Puerto Montt, dos de mayo de dos mil ocho.

 Vistos:

 A fojas 5 comparece don Paulo Aguila Hinostroza, abogado en representación de don Edward Wale Rosales, ex representante legal de Servicios Transportes Aéreos Regional Star S.A., domiciliado para estos efectos en O’Higgins Nº 176 de Puerto Montt, en cuyo favor interpone acción constitucional de amparo en contra de la Juez Titular del Segundo Juzgado Laboral de Puerto Montt, doña Iris Obando Cárdenas por resolución dictada en los autos ejecutivos laborales Rol Nº 1339 2005 3 caratulados “AFP Habitat S.A. con Servicios y Transportes Aéreos Regionales S.A. , que accede a la petición de la ejecutante y conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº 17.322 ordena despachar orden de arresto en contra de Edward Wale Rosales en su calidad de representante legal de la ejecutada; y en la que se dispone que se dejará en libertad si paga la suma de $ 36.988.380. solicitando que la misma sea dejada sin efecto.

 Precisa que el apremio decretado por la jueza constituye un atentado grave en contra de la libertad personal del Sr. Wale, ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deudas, proscrito en nuestro sistema jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 7 Nº 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone que “nadie será detenido por deudas, exceptuando de esta garantía los mandatos dictados por incumplimiento de deberes alimentarios ; asimismo, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1989, “nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una obligación contractual ; ambos tratados se encuentran ratificados por Chile y gozan de rango constitucional y se encuentran incorporados a nuestro ordenamiento interno, conforme lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República y por lo demás por el hecho de ser de fecha posterior a la ley Nº 17.322, esta última se encuentra tácitamente derogada por ser contradictoria.

 Argumenta que el artículo 12 de la ley Nº 17.322 contempla una prisión por deudas, pues se trata de una medida de apremio para que se pague y no una sanción por una posible apropiación de fondos previamente descontados a los trabajadores, debido a que la presunción de derecho, de haberse efectuado la retención de los fondos al tiempo de pagarse las remuneraciones, no puede en caso alguno tener alcances penales, por cuanto en materia criminal no existen las presunciones de derecho de responsabilidad y más aún al citado artículo no puede otorgársele connotación penal, toda vez que el artículo 13 de la ley Nº 17.322 contempla una sanción legal determinada, de tipo penal, en el caso de que exista apropiación de fondos descontados.

 Agrega que a la fecha, el amparado no es representante legal de la demandada, según instrumento público de fecha 02 de enero del año en curso, acompañado en la causa laboral y en otrosí en el presente recurso, en acta de directorio de la empresa se revocó la gerencia a don Edward Wale Rosales, cesando definitivamente en su cargo a contar de esa fecha, designando como gerente general de la compañía y con plenos poderes al Sr. Gabriel de la Cruz Brunet Beltrán, entre sus poderes, el signado en la letra d) exime de toda responsabilidad a su representado respecto a esta deuda previsional.

 A fojas 32 informa doña Iris Obando Cárdenas, Juez titular del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, que en los autos Rol Nº 1339 2005 1 con fecha 10 de diciembre de 2007 y cumpliéndose cada uno de los requisitos de artículo 12 y 14 de la ley Nº 17.322 se despachó orden de arresto por el término de cuatro días. La suma adeudada para los efectos de despachar el arresto corresponde a $ 6.324.680. , calculada por la Sra. Secretaria del Tribunal, comprende capital, reajustes e intereses penales, como lo ordena la disposición legal citada. Respecto de la afirmación del recurrente que no procede la prisión por deuda en Chile, indica que además del arresto a que se refieren los artículos 12 y 14 de la ley Nº 17.322, es un delito el no pago de cotizaciones previsionales, delito que se encuentra tipificado en el artículo 19 inciso final del decreto ley Nº 3.500 y por lo demás no existe constancia en el expediente que la recurrente hubiere hecho uso del derecho establecido en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República, por lo que el tribunal debe aplicar todas las normas de la ley Nº 17.322.

 Se adjunta al informe la causa laboral Rol Nº 1339 2005 1, cuaderno principal y de apremio, que se tiene a la vista.

 A fojas 34 vuelta se ordenó traer los autos en relación.

 Con lo relacionado y considerando:

 Primero: Que, el recurso de amparo constituye el derecho de todo individuo para reclamar su inmediata libertad cuando existiere orden de detención o prisión emanada de autoridad que no tuviere facultad para arrestar, o expedida fuera de los casos previstos por la ley, o con infracción a cualquiera de las formalidades determinadas por la ley o sin que haya mérito o antecedentes que la justifiquen, sea que dicha orden se haya ejecutado o no.

 Segundo: Que la acción de amparo ha sido fundamentada en la circunstancia de no ser procedente la orden de arresto dispuesta en calidad de apremio en contra de don Edward Wale Rosales, en los autos ejecutivos laborales Rol Nº 1339 2005 3 del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, que se tiene a la vista, iniciados por la Administradora de Fondos Previsionales Habitat S.A., para obtener el pago forzado de diversas cotizaciones previsionales cuyos importes fueron descontados de la remuneración por el empleador y recurrente sin que fueran enterados en dicho instituto, alegación que sustenta el recurrente en el artículo 7º, numeral 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1989.

 Tercero: Que, teniendo la causa a la vista se advierte que la resolución objeto del presente recurso es aquella de fecha 10 de diciembre de 2007, que dispone el arresto por cuatro días de Edward Wale Rosales, señalando que se dejará en libertad si paga la suma de $ 6.324.680. y no la suma $ 36.933.830. como señala el recurrente.

 Cuarto: Que, de los autos tenidos a la vista es evidente que el arresto decretado y que motiva el presente recurso de amparo es consecuencia de la falta de pago de la acreencia liquidada ascendente actualmente a $ 6.324.680. cuya solución conlleva dejar sin efecto la medida cuestionada, empero ello no implica que la situación en cuestión deba tenerse como incumplimiento civil y que el arresto ordenado contradiga la prohibición de prisión por deudas invocada, por cuanto lo debido no deriva de alguna relación de derecho privado generadora de obligaciones de naturaleza patrimonial, sino que deviene del incumplimiento de la función pública, legal e imperativa asignada por el D.L. 3.500 a los empleadores y que consiste en la retención de las cotizaciones y su entero en la entidad correspondiente elegida por el trabajador a objeto de asegurar que todos estos coticen en el sistema previsional.

 Quinto: Que, como se ha razonado, lo impago no es consecuencia del incumplimiento de “una obligación contractual u “obligación de carácter netamente civil que tuvieran como antecedente el mero interés pecuniario de un individuo, a cuyo respecto los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, en concordancia con el mandato constitucional establecido en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República, proscribieron la privación de la libertad individual por deudas; sino que ello es consecuencia de la omisión de enterar dineros ajenos que nunca ingresaron al patrimonio del empleador y que continúan siendo de dominio de los trabajadores, configurándose así un incumplimiento de deberes legales en materia de seguridad social; hecho que, además y en razón que la omisión de enterar no es deuda ha dado lugar al tipo penal del artículo 19 inciso final del D.L. 3.500.

 Sexto: Que en cuanto a la alegación de cambio de representante legal de la sociedad, cabe señalar que en conformidad al inciso final del artículo 18 de la ley Nº 17.322 ello no empece en el caso sub lite.

 Séptimo: Que en estas condiciones la resolución que impone el apremio y que motiva el recurso, ha sido dispuesta por un tribunal con facultades para hacerlo, en los casos que la ley previene.

 Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, se rechaza el recurso de amparo deducido a fojas 5 por don Paulo Aguila Inostroza, abogado, en representación de don Edward Wale Rosales.

 Acordado con el voto en contra de la Ministro Suplente doña Patricia Miranda Alvarado, quien estuvo por acoger el recurso de amparo interpuesto, dejando sin efecto la orden de arresto en contra de don Edward Wale Rosales, teniendo para ello en consideración:

 1º. Que la libertad personal constituye un derecho humano protegido tanto a nivel nacional como internacional y además nuestro sistema jurídico dentro de las garantías constitucionales la ha consagrado como tal al señalar en su artículo 19 “La Constitución asegura a todas las personas: Nº 7 El derecho a la libertad personal y la seguridad individual .

 2. Que, la modificación introducida al artículo 5º de la Constitución Política del Estado de 1980 por ley 18.825 publicada en el D.O. de 17 de agosto de 1989, señala: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes .

 3. Que el artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política del Estado de 1980 señala: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que se limiten en los casos en que ella autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio .

 4. Que por vía del artículo 5º inciso segundo de la Constitución Política del Estado de 1980, se encuentran asegurados tanto los derechos garantizados por esta constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de manera que éstos se incorporan al ordenamiento jurídico interno pasando a formar parte de la Constitución, por lo cual adquieren vigencia, validez y eficacia jurídica, teniendo en consecuencia la misma naturaleza y jerarquía que los establecidos en la Constitución y constituyen en consecuencia, un límite al ejercicio de la soberanía y es deber de los órganos del estado respetarlos y promoverlos, no pudiendo ser afectados en su esencia ni imponérseles tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio por los preceptos legales que por mandato legal los regulen o complementen.

 6. Que, por su parte La Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada “Pacto de San José de Costa Rica , publicada en el D.O. de 05 de enero de 1991, en su artículo 7º Nº 1 dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, y, el numeral Nº 7 del mismo artículo expresa: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios .

 7. Que, conforme lo anterior, tal norma y principio se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico interno por mandato expreso del artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política del Estado de 1980, esto es por mandato constitucional, de manera tal que su rango o jerarquía lo es constitucional, de lo que se sigue que las leyes que lo regulen o complementen no pueden estar en contradicción con él, no puede ser afectado en su esencia y es deber del estado respetar y promoverlo.

 8. Que, establecido lo anterior no queda sino concluir que la disposición legal contenida en la ley 17.322, que dispone el pago compulsivo de cotizaciones previsionales, constituye prisión por deudas, lo cual se encuentra prohibido por mandato constitucional, de lo que se sigue que el arresto decretado en tales condiciones lo sería arbitrario e ilegal.

 Lo anterior, lo es, sin perjuicio de las acciones que le asisten a las partes para accionar penalmente en contra del amparado por los ilícitos que pudieren configurarse por los hechos que motivaron el arresto y la prisión preventiva que pudiera decretarse en su caso, conforme las normas penales pertinentes.

 Regístrese, comuníquese, devuélvase la causa tenida a la vista y archívese.

 Redacción del voto de mayoría del Ministro don Hernán Crisosto Greisse y del voto en contra su autora.

 Pronunciada por los Ministros Titulares de la Iltma. Corte señores Hernán Crisosto Greisse, señora Patricia Miranda Alvarado, Ministro Suplente Fiscal Judicial señora Mirta Zunita Gajardo. Autoriza la Secretaria Titular señora Mónica Sierpe Scheuch.

 Rol Nº 128 2008.



 Santiago, catorce de mayo de dos mil ocho.

 A fojas 81: a lo principal, primer, tercer y cuarto otrosí, téngase presente; y al segundo otrosí, a sus antecedentes.

 Vistos:

 Se confirma la sentencia apelada de dos de mayo del año en curso, escrita de fojas 35 a 37.

 El Juez de la causa compulsará los antecedentes pertinentes al organismo que corresponda a fin de que se inicie la investigación por la posible comisión del ilícito que contempla el artículo 19 inciso final del decreto ley Nº 3.500.

 Regístrese y devuélvase.

 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y los Abogados Integrantes señores Oscar Carrasco A. y Domingo Hernández E.

 Autorizada por la Secretaria Suplente de esta Corte Suprema doña Beatriz Pedrals García de Cortazar.

 Rol Nº 2.498 08.


Disidencias y Prevenciones
Lo impago no es consecuencia del incumplimiento de “una obligación contractual” u “obligación de carácter netamente civil” que tuvieran como antecedente el mero interés pecuniario de un individuo, a cuyo respecto los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, en concordancia con el mandato constitucional establecido en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República, proscribieron la privación de la libertad individual por deudas; sino que ello es consecuencia de la omisión de enterar dineros ajenos que nunca ingresaron al patrimonio del empleador y que continúan siendo de dominio de los trabajadores, configurándose así un incumplimiento de deberes legales en materia de seguridad social; hecho que, además  y en razón que la omisión de enterar no es deuda    ha dado lugar al tipo penal del artículo 19 inciso final del D.L. 3.500.(Considerando 5º sentencia Corte de Apelaciones)Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 02/05/2008, 128 2008
Sentencia Corte de Apelaciones :
Informa Ilustrísima Corte Iris Catalina Obando Cárdenas, Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, en autos sobre Recurso de Amparo Rol I. Corte Nº 128 2008, interpuesto por don Paulo Andrés Aguila Inostroza, en representación de Edward Wale Rosales, a U.S. Ilustrísima informa lo siguiente:

 Que, en este tribunal se sigue la causa Rol Nº 1339 2005 3, caratulado “AFP Provida S.A. con Servicios y Transportes Aéreos Regional Star , por cobro de cotizaciones previsionales. Lo adeudado en el mes de enero y febrero de año 2004, por el demandado Servicios y Transportes Aéreos Regional Star, cuyo representante legal es don Edward Wale Rosales, es la suma de $ 6.718.230, que comprende capital, reajustes, intereses y recargos (fs. 13).

 Que, el Sr. Paulo Andrés Aguila Inostroza, en representación de don Edward Wale Rosales, interpone ante dicha Ilustrísima Corte, Recurso de Amparo Preventivo. Al respecto debo informar que con fecha 10 de diciembre de 2007, y cumpliéndose cada uno de los requisitos del artículo 12 y 14 de la ley 17.322, se ordenó despachar orden de arresto por el término de cuatro días en contra del representante de la ejecutada previa notificación personal. La suma adeudada para los efectos de despachar el arresto corresponde a $ 6.324.680, calculada por la Sra. Secretaria del Tribunal, comprende capital, reajuste e intereses penales, como lo ordena la disposición legal citada.

 Respecto a la afirmación del recurrente que no procede la prisión por deuda en Chile, se debe indicar que además del arresto a que se refiere los artículos 12 y 14 de la ley 17.322, es un delito el no pago de cotizaciones previsionales, delito que se encuentra tipificado en el artículo 19 inciso final del decreto ley 3.500.

 Y, por último debo señalar que no hay constancia en el expediente que la recurrente hubiere hecho uso del derecho establecido en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política del Estado, por lo que el tribunal debe aplicar todas las normas de la ley 17.322.

 Es todo cuanto puedo informar a Us. Iltma.

 Dios Guarde a Us. Iltma.

 Iris Catalina Obando Cárdenas, Juez Titular Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.

 Puerto Montt, dos de mayo de dos mil ocho.

 Vistos:

 A fojas 5 comparece don Paulo Aguila Hinostroza, abogado en representación de don Edward Wale Rosales, ex representante legal de Servicios Transportes Aéreos Regional Star S.A., domiciliado para estos efectos en O’Higgins Nº 176 de Puerto Montt, en cuyo favor interpone acción constitucional de amparo en contra de la Juez Titular del Segundo Juzgado Laboral de Puerto Montt, doña Iris Obando Cárdenas por resolución dictada en los autos ejecutivos laborales Rol Nº 1339 2005 3 caratulados “AFP Habitat S.A. con Servicios y Transportes Aéreos Regionales S.A. , que accede a la petición de la ejecutante y conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº 17.322 ordena despachar orden de arresto en contra de Edward Wale Rosales en su calidad de representante legal de la ejecutada; y en la que se dispone que se dejará en libertad si paga la suma de $ 36.988.380. solicitando que la misma sea dejada sin efecto.

 Precisa que el apremio decretado por la jueza constituye un atentado grave en contra de la libertad personal del Sr. Wale, ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deudas, proscrito en nuestro sistema jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 7 Nº 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone que “nadie será detenido por deudas, exceptuando de esta garantía los mandatos dictados por incumplimiento de deberes alimentarios ; asimismo, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1989, “nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una obligación contractual ; ambos tratados se encuentran ratificados por Chile y gozan de rango constitucional y se encuentran incorporados a nuestro ordenamiento interno, conforme lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República y por lo demás por el hecho de ser de fecha posterior a la ley Nº 17.322, esta última se encuentra tácitamente derogada por ser contradictoria.

 Argumenta que el artículo 12 de la ley Nº 17.322 contempla una prisión por deudas, pues se trata de una medida de apremio para que se pague y no una sanción por una posible apropiación de fondos previamente descontados a los trabajadores, debido a que la presunción de derecho, de haberse efectuado la retención de los fondos al tiempo de pagarse las remuneraciones, no puede en caso alguno tener alcances penales, por cuanto en materia criminal no existen las presunciones de derecho de responsabilidad y más aún al citado artículo no puede otorgársele connotación penal, toda vez que el artículo 13 de la ley Nº 17.322 contempla una sanción legal determinada, de tipo penal, en el caso de que exista apropiación de fondos descontados.

 Agrega que a la fecha, el amparado no es representante legal de la demandada, según instrumento público de fecha 02 de enero del año en curso, acompañado en la causa laboral y en otrosí en el presente recurso, en acta de directorio de la empresa se revocó la gerencia a don Edward Wale Rosales, cesando definitivamente en su cargo a contar de esa fecha, designando como gerente general de la compañía y con plenos poderes al Sr. Gabriel de la Cruz Brunet Beltrán, entre sus poderes, el signado en la letra d) exime de toda responsabilidad a su representado respecto a esta deuda previsional.

 A fojas 32 informa doña Iris Obando Cárdenas, Juez titular del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, que en los autos Rol Nº 1339 2005 1 con fecha 10 de diciembre de 2007 y cumpliéndose cada uno de los requisitos de artículo 12 y 14 de la ley Nº 17.322 se despachó orden de arresto por el término de cuatro días. La suma adeudada para los efectos de despachar el arresto corresponde a $ 6.324.680. , calculada por la Sra. Secretaria del Tribunal, comprende capital, reajustes e intereses penales, como lo ordena la disposición legal citada. Respecto de la afirmación del recurrente que no procede la prisión por deuda en Chile, indica que además del arresto a que se refieren los artículos 12 y 14 de la ley Nº 17.322, es un delito el no pago de cotizaciones previsionales, delito que se encuentra tipificado en el artículo 19 inciso final del decreto ley Nº 3.500 y por lo demás no existe constancia en el expediente que la recurrente hubiere hecho uso del derecho establecido en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República, por lo que el tribunal debe aplicar todas las normas de la ley Nº 17.322.

 Se adjunta al informe la causa laboral Rol Nº 1339 2005 1, cuaderno principal y de apremio, que se tiene a la vista.

 A fojas 34 vuelta se ordenó traer los autos en relación.

 Con lo relacionado y considerando:

 Primero: Que, el recurso de amparo constituye el derecho de todo individuo para reclamar su inmediata libertad cuando existiere orden de detención o prisión emanada de autoridad que no tuviere facultad para arrestar, o expedida fuera de los casos previstos por la ley, o con infracción a cualquiera de las formalidades determinadas por la ley o sin que haya mérito o antecedentes que la justifiquen, sea que dicha orden se haya ejecutado o no.

 Segundo: Que la acción de amparo ha sido fundamentada en la circunstancia de no ser procedente la orden de arresto dispuesta en calidad de apremio en contra de don Edward Wale Rosales, en los autos ejecutivos laborales Rol Nº 1339 2005 3 del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, que se tiene a la vista, iniciados por la Administradora de Fondos Previsionales Habitat S.A., para obtener el pago forzado de diversas cotizaciones previsionales cuyos importes fueron descontados de la remuneración por el empleador y recurrente sin que fueran enterados en dicho instituto, alegación que sustenta el recurrente en el artículo 7º, numeral 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1989.

 Tercero: Que, teniendo la causa a la vista se advierte que la resolución objeto del presente recurso es aquella de fecha 10 de diciembre de 2007, que dispone el arresto por cuatro días de Edward Wale Rosales, señalando que se dejará en libertad si paga la suma de $ 6.324.680. y no la suma $ 36.933.830. como señala el recurrente.

 Cuarto: Que, de los autos tenidos a la vista es evidente que el arresto decretado y que motiva el presente recurso de amparo es consecuencia de la falta de pago de la acreencia liquidada ascendente actualmente a $ 6.324.680. cuya solución conlleva dejar sin efecto la medida cuestionada, empero ello no implica que la situación en cuestión deba tenerse como incumplimiento civil y que el arresto ordenado contradiga la prohibición de prisión por deudas invocada, por cuanto lo debido no deriva de alguna relación de derecho privado generadora de obligaciones de naturaleza patrimonial, sino que deviene del incumplimiento de la función pública, legal e imperativa asignada por el D.L. 3.500 a los empleadores y que consiste en la retención de las cotizaciones y su entero en la entidad correspondiente elegida por el trabajador a objeto de asegurar que todos estos coticen en el sistema previsional.

 Quinto: Que, como se ha razonado, lo impago no es consecuencia del incumplimiento de “una obligación contractual u “obligación de carácter netamente civil que tuvieran como antecedente el mero interés pecuniario de un individuo, a cuyo respecto los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, en concordancia con el mandato constitucional establecido en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República, proscribieron la privación de la libertad individual por deudas; sino que ello es consecuencia de la omisión de enterar dineros ajenos que nunca ingresaron al patrimonio del empleador y que continúan siendo de dominio de los trabajadores, configurándose así un incumplimiento de deberes legales en materia de seguridad social; hecho que, además y en razón que la omisión de enterar no es deuda ha dado lugar al tipo penal del artículo 19 inciso final del D.L. 3.500.

 Sexto: Que en cuanto a la alegación de cambio de representante legal de la sociedad, cabe señalar que en conformidad al inciso final del artículo 18 de la ley Nº 17.322 ello no empece en el caso sub lite.

 Séptimo: Que en estas condiciones la resolución que impone el apremio y que motiva el recurso, ha sido dispuesta por un tribunal con facultades para hacerlo, en los casos que la ley previene.

 Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, se rechaza el recurso de amparo deducido a fojas 5 por don Paulo Aguila Inostroza, abogado, en representación de don Edward Wale Rosales.

 Acordado con el voto en contra de la Ministro Suplente doña Patricia Miranda Alvarado, quien estuvo por acoger el recurso de amparo interpuesto, dejando sin efecto la orden de arresto en contra de don Edward Wale Rosales, teniendo para ello en consideración:

 1º. Que la libertad personal constituye un derecho humano protegido tanto a nivel nacional como internacional y además nuestro sistema jurídico dentro de las garantías constitucionales la ha consagrado como tal al señalar en su artículo 19 “La Constitución asegura a todas las personas: Nº 7 El derecho a la libertad personal y la seguridad individual .

 2. Que, la modificación introducida al artículo 5º de la Constitución Política del Estado de 1980 por ley 18.825 publicada en el D.O. de 17 de agosto de 1989, señala: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes .

 3. Que el artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política del Estado de 1980 señala: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que se limiten en los casos en que ella autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio .

 4. Que por vía del artículo 5º inciso segundo de la Constitución Política del Estado de 1980, se encuentran asegurados tanto los derechos garantizados por esta constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de manera que éstos se incorporan al ordenamiento jurídico interno pasando a formar parte de la Constitución, por lo cual adquieren vigencia, validez y eficacia jurídica, teniendo en consecuencia la misma naturaleza y jerarquía que los establecidos en la Constitución y constituyen en consecuencia, un límite al ejercicio de la soberanía y es deber de los órganos del estado respetarlos y promoverlos, no pudiendo ser afectados en su esencia ni imponérseles tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio por los preceptos legales que por mandato legal los regulen o complementen.

 6. Que, por su parte La Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada “Pacto de San José de Costa Rica , publicada en el D.O. de 05 de enero de 1991, en su artículo 7º Nº 1 dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, y, el numeral Nº 7 del mismo artículo expresa: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios .

 7. Que, conforme lo anterior, tal norma y principio se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico interno por mandato expreso del artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política del Estado de 1980, esto es por mandato constitucional, de manera tal que su rango o jerarquía lo es constitucional, de lo que se sigue que las leyes que lo regulen o complementen no pueden estar en contradicción con él, no puede ser afectado en su esencia y es deber del estado respetar y promoverlo.

 8. Que, establecido lo anterior no queda sino concluir que la disposición legal contenida en la ley 17.322, que dispone el pago compulsivo de cotizaciones previsionales, constituye prisión por deudas, lo cual se encuentra prohibido por mandato constitucional, de lo que se sigue que el arresto decretado en tales condiciones lo sería arbitrario e ilegal.

 Lo anterior, lo es, sin perjuicio de las acciones que le asisten a las partes para accionar penalmente en contra del amparado por los ilícitos que pudieren configurarse por los hechos que motivaron el arresto y la prisión preventiva que pudiera decretarse en su caso, conforme las normas penales pertinentes.

 Regístrese, comuníquese, devuélvase la causa tenida a la vista y archívese.

 Redacción del voto de mayoría del Ministro don Hernán Crisosto Greisse y del voto en contra su autora.

 Pronunciada por los Ministros Titulares de la Iltma. Corte señores Hernán Crisosto Greisse, señora Patricia Miranda Alvarado, Ministro Suplente Fiscal Judicial señora Mirta Zunita Gajardo. Autoriza la Secretaria Titular señora Mónica Sierpe Scheuch.

 Rol Nº 128 2008.

Corte Suprema, 14/05/2008, 2498 2008
 Sentencia Corte Suprema:
Santiago, catorce de mayo de dos mil ocho.

 A fojas 81: a lo principal, primer, tercer y cuarto otrosí, téngase presente; y al segundo otrosí, a sus antecedentes.

 Vistos:

 Se confirma la sentencia apelada de dos de mayo del año en curso, escrita de fojas 35 a 37.

 El Juez de la causa compulsará los antecedentes pertinentes al organismo que corresponda a fin de que se inicie la investigación por la posible comisión del ilícito que contempla el artículo 19 inciso final del decreto ley Nº 3.500.

 Regístrese y devuélvase.

 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y los Abogados Integrantes señores Oscar Carrasco A. y Domingo Hernández E.

 Autorizada por la Secretaria Suplente de esta Corte Suprema doña Beatriz Pedrals García de Cortazar.

 Rol Nº 2.498 08.