ESTUPRO Y VIOLACIÓN PDF Imprimir E-Mail

ABUSO DE CONFIANZA ES CIRCUNSTANCIA INHERENTE AL DELITO DE ESTUPRO Y AGRAVANTE EN EL DELITO DE VIOLACIÓN

Doctrina
Se rechaza la agravante de cometer el delito con abuso de confianza contemplado en el artículo 12 Nº 7 del Código Penal alegada por la Fiscalía, respecto del delito de estupro en perjuicio de la ofendida, toda vez que por el hecho que el acusado se hizo cargo del cuidado de las menores, se creó un vínculo de dependencia con ellas, quienes lo consideraban como una persona de confianza, dentro de un contexto familiar, y en estas circunstancias accede carnalmente a dicha menor abusando de esta relación, de modo que este abuso de confianza es una circunstancia inherente al delito de estupro contemplado en el Nº 2 del artículo 363 del Código Penal, y, por lo tanto, corresponde respetar el principio non bis in ídem que consagra el artículo 63 del Código Penal

En cambio, se acoge la agravante referida del artículo 12 Nº 7 ya citado, en perjuicio del acusado, respecto del delito de violación en perjuicio de la otra menor, toda vez que como se ha establecido en los fundamentos precedentes, también se creó esta relación de dependencia y confianza a que se ha hecho referencia, entre el imputado y dicha menor, y en este caso se ha establecido que aquél cometió este delito abusando de dicha confianza, circunstancia que no es inherente a este hecho y no forma parte del tipo penal contemplado en el artículo 362 del Código Penal


Texto completo de la Sentencia


 Copiapó, 15 de julio de 2004.


 Vistos y considerando:


 Primero: Que con fecha nueve de Julio de dos mil cuatro, ante la Tercera Sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, integrada por su Juez Presidente don Mario Humberto Muñoz Reymar y los Jueces doña Marianne Barrios Socias y don José Antonio Sánchez Maestri, se llevó a efecto el Juicio Oral R.U.C. Nº 0300023081 1, Rol Interno del Tribunal Nº 41 2004, destinado a conocer y fallar la acusación deducida por el Ministerio Público en contra de Leopoldo Enrique Olivares Campos, R.U.N. Nº 7.922.377 8, nacido el 9 de mayo de 1958, comerciante, domiciliado en calle Providencia Nº 692, Población Hermanos Carrera de Vallenar, por su responsabilidad en calidad de autor de dos delitos de violación en perjuicio de las menores I.P.V.G y J.V.C.G., previstos y sancionados en los artículos 361 Nº 1 y 362 del Código Penal, respectivamente.


 El Ministerio Público estuvo representado por la Fiscal Adjunto doña Ninoska Mosnich González con domicilio en calle Ramírez Nº 725 de la comuna de Vallenar, el acusado Olivares Campos fue representado por su abogado Defensor Penal Público don Roberto Henríquez Aguilera domiciliado en Vallenar calle Ramírez Nº 922, oficinas 1 y 2; que en la audiencia de deliberación asumió como nuevo Defensor Penal Público licitado de Vallenar don Guillermo Arriaza Valenzuela en representación del acusado, del mismo domicilio. La querellante Servicio Nacional de Menores de la Región de Atacama estuvo representada en la audiencia del juicio oral por el abogado don Ricardo Garrido Alvarez por delegación de poder conferido por la abogada doña Patricia Schubert Revello con domicilio en Edificio Obras Públicas 4º piso, Sename Copiapó, y la querellante particular doña Jeannette Isabel Gómez Hidalgo fue representada por su abogado y mandatario judicial don Juan Fernández Espejo con domicilio en Juan Sierralta Nº 655 de Copiapó


 Segundo: Que conforme al auto de apertura del juicio oral remitido por el Juzgado de Garantía de Vallenar, los hechos materia de la acusación del Ministerio Público consisten en que desde el año 2000 y hasta los primeros días del año 2003, la víctima I.P.V.G. de 13 años de edad, vivía junto a su madre Jeannette Gómez y sus hermanas, en el inmueble ubicado en calle Honorio Pérez 150, Población Los Alemanes, Vallenar, de propiedad de su abuela materna Luperfina Hidalgo y cedido por ésta para su habitación. Dicho inmueble contaba con un local comercial, utilizado por la dueña como local de alcoholes, el cual mantenía una conexión directa con el resto de la casa, el que era atendido por el conviviente de la dueña, el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos, con quien las víctimas mantenían una relación de confianza, como si éste fuera su abuelo biológico. En una fecha no determinada entre los meses de mayo y junio del año 2002, en circunstancias que I.P. se encontraba a solas con el acusado en el inmueble ya individualizado, puesto que Olivares Campos le había solicitado a las hermanas menores de la víctima que salieran del domicilio para comprar helados y jugar en la plaza, situación que fue aprovechada por el imputado quien se dirigió hasta el dormitorio en que se encontraba recostada la menor, se desvistió él y a la niña con una mano, mientras con la otra sujetaba a I.P., encontrándose sobre ella y usando de la fuerza, violó a la menor mediante la introducción del pene del acusado en la vagina de la menor, quien hasta ese momento carecía de toda experiencia sexual; luego de cometido el delito, el imputado para asegurar su impunidad, amenazó a la menor diciéndole que si le contaba a alguien lo sucedido, le pasaría lo mismo a sus hermanas menores, amenazas que llevaron a la víctima a ocultar lo ocurrido. Hace presente que no era extraño que la víctima o sus hermanas quedaran a solas en el inmueble con el acusado ya que tanto la víctima como su madre y sus hermanas veían al acusado como su abuelo, llegando incluso a quedar a cargo de él cuando la madre trabajaba o salía de la ciudad. A consecuencia de los hechos antes descritos, la menor I.P. quedó embarazada dando a luz con fecha 12 de febrero de 2003 a una niña Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia hija del acusado y producto de esta relación sexual forzada. A raíz de las diligencias realizadas por esta Fiscalía para esclarecer dicho ilícito, se entrevistó en calidad de testigo con J.V.C.G. de 10 años y cinco meses de edad, hermana de la víctima, con fecha 21 de octubre de 2003, quien señaló ante la Fiscalía que el acusado Leopoldo Olivares Campos, conviviente de su abuela y a quien también esta víctima, tal como el resto de su familia, consideraba como su abuelo, la había atacado sexualmente, violándola en reiteradas ocasiones, en fechas no determinadas entre los años 2000 y 2003, por vía vaginal y bucal, a través de la introducción del pene del imputado en la vagina y boca de la menor, realizando estas acciones tanto en su domicilio como en un vehículo al cual era conducida en contra de su voluntad y bajo amenazas para que no revelara los hechos, además de golpearla con cinturones o con sus propias manos si la pequeña no accedía a sus requerimientos, situación que se repetía casi a diario, hasta el momento en que J. salió del inmueble cedido por la abuela junto a su madre y hermanas. El Ministerio Público califica los hechos descritos precedentemente como constitutivos de dos delitos de violación, el primero de ellos en perjuicio de la menor I.P.V.G., y el segundo en perjuicio de la menor J.V.C.G., previstos y sancionados en los artículos 361 Nº 1 y 362 del Código Penal, respectivamente, delitos respecto de los cuales atribuye al acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos la calidad de autor. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, el Ministerio Público hace presente que favorece a dicho acusado la atenuante de irreprochable conducta anterior contemplada en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, y le perjudica la agravante de cometer el delito con abuso de confianza establecida en el artículo 12 Nº 7 del mismo cuerpo legal, circunstancias que concurren a su juicio respecto de ambos delitos. Finalmente, el Ministerio Público solicita se imponga a dicho acusado la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su participación a título de autor en el delito de violación en perjuicio de la menor I.P.V.G. y a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su participación a título de autor en el delito de violación reiterada en contra de la menor J.V.C.G., y se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Que la querellante particular doña Jeannette Isabel Gómez Hidalgo, labores de casa, domiciliada en Vallenar, Villa El Edén, calle Chañar Blanco Nº 870, en su calidad de representante legal de las menores víctimas, y legalmente representada por el abogado don Juan Fernández Espejo, dedujo adhesión a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del imputado Leopoldo Enrique Olivares Campos, como autor de dos delitos de violación, señalando que se valdrá de todos los medios de prueba presentados por la Fiscalía, solicitando se les tengan por expresamente reproducidos a esta adhesión y en los términos allí expuestos y que se aplique al acusado las penas señaladas en la referida acusación. Que la querellante particular Jeannette Isabel Gómez Hidalgo interpuso demanda civil de indemnización de perjuicio en contra del acusado Leopoldo Olivares Campos, para que sea condenado al pago de los perjuicios causados con la comisión de los hechos punibles por los cuales se le acusa, específicamente el daño moral, conforme a los fundamentos de hecho que se expresaron precedentemente al indicar los cimientos de su adhesión a la acusación fiscal, hechos que han provocado un intenso dolor a la demandante civil y a sus hijas, toda vez que las violaciones sufridas por éstas le han ocasionado un trauma de proporciones que atendida la edad de las mismas, difícilmente pueda ser superado en su totalidad, lo cual ha ocasionado sin lugar a dudas un dolor y sufrimiento espiritual inconmensurable, el cual permanecerá de por vida. En la especie, los perjuicios se han originado directamente del accionar del acusado, razón por la cual se solicita se declare por el Tribunal el pago directo de una suma no inferior a $ 50.000.000.  (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral. En cuanto a los fundamentos de derecho sostiene la demandante civil que el artículo 2314 del Código Civil establece que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes, agregando además los artículos 261 letra d) en relación al artículo 60 del Código Procesal Penal, 24 del Código Penal y 254 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene también la demandante que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha establecido de manera uniforme, la procedencia de la indemnización por daño moral, y que es jurídicamente procedente que el demandado civil deba reparar este daño causado a la demandante civil por el hecho delictivo respecto del cual es acusado, estando exento la demandante de la carga de fundarlo y probar su existencia en situaciones como las de la presente causa, ya que su sola ocurrencia implica para la víctima directa el verse afectada por dolores, sufrimientos y angustias constitutivas del daño moral, sin necesidad de que existan pruebas que precisamente constaten esos efectos. Por su parte la abogado del Servicio Nacional de Menores de la Región de Atacama, doña Patricia Shubert Revello, en la representación en que actúa, se adhirió plenamente a la acusación formulada por el Ministerio Público, señalando que se valdrá de todos los medios de prueba presentados por la Fiscalía, solicitando se les tengan por expresamente reproducidos a esta adhesión y en los términos allí expuestos, y que se aplique al acusado las penas señaladas en la referida acusación.


 Tercero: Que el Ministerio Público en su alegato de apertura ratificó el contenido de la acusación, describiendo al Tribunal la forma en que tuvieron lugar los acontecimientos y ofreciendo acreditar cada uno de los fundamentos de hecho de la misma, asegurando que mediante la prueba rendida se llegará al convencimiento que los hechos expuestos configuran los delitos de violación en perjuicio de las menores I.P.V.G. y J.V.C.G. precedentemente especificados, respecto de los cuales le corresponde al acusado anteriormente individualizado participación en calidad de autor, y solicita se le impongan las penas requeridas en la acusación fiscal. Por su parte, el querellante Servicio Nacional de Menores se adhiere a lo expuesto por la señorita Fiscal, haciendo presente que el acusado ha cometido violación en perjuicio de ambas menores en los términos señalados en la acusación. Que el abogado Juan Fernández Espejo en representación de la querellante particular y demandante civil Jeannete Gómez Hidalgo, expresa que se adhiere a la acusación fiscal y deduce demanda civil en los términos señalados en el auto de apertura del juicio oral, haciendo presente que estos delitos de violación atentan contra la indemnidad sexual. Que en la especie se trata de violaciones cometidas en perjuicio de menores de edad; precisando que el acusado violó a I.V.G. a raíz de lo cual fue madre, lo que le produjo un daño inconmensurable. Este daño causado a las víctimas y su familia, constituye un daño moral evidente que debe ser reparado, solicitando en consecuencia una indemnización ascendente a $ 50.000.000.  (cincuenta millones de pesos), por concepto de daño moral en favor de las víctimas, y se adhiere a las penas requeridas por el Ministerio Público en la acusación en contra de Leopoldo Enrique Olivares Campos. Finalmente, el señor Defensor hace presente que sólo se configura el delito de estupro en perjuicio de I.P.V.G., por la casi inexistencia de medios probatorios para acreditar la fuerza o intimidación respecto de dicha menor. Además no estaría acreditada la agravante del artículo 12 Nº 7 del Código Penal; que respecto de la menor J.C.G. no se logrará acreditar el delito de violación; termina precisando que se opone a la indemnización del daño moral tanto en su procedencia como en su monto.


 Cuarto: Los hechos que se dieron por acreditados conforme al artículo 275 del Código Procesal Penal, y que aparecen consignados en el auto de apertura del juicio oral, adquiriendo el carácter de convenciones probatorias, son los siguientes:


 1. Que en el certificado de nacimiento de doña I.P.V.G., se establece que su número de Rol Unico nacional es el 17.191.267 9 y que su fecha de nacimiento es 21 de febrero de 1989, que su padre es don Ricardo Martín Valencia Corona, Rol Unico Nacional 8.491.457 6 y que su madre es doña Janett Isabel Gómez Hidalgo, rol Unico Nacional 11.507.324 9.


 2. Que en el certificado de nacimiento de doña J.V.C.G., se señala que su Rol Único Nacional es el 18.509.061 2, que su fecha de nacimiento es el 29 de abril de 1993, que el nombre del padre es Eduardo Del Carmen Codoceo Olivares, Rol único Nacional 9.191.955 9, el nombre de la madre es doña Janett Isabel Gómez Hidalgo, Rol Único Nacional 11.507.324 9.


 3. Que en el certificado de nacimiento de Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia se establece que su Rol único Nacional es el 21.239.461 0, siendo su fecha de nacimiento el 12 de febrero del año 2003, el nombre de la madre es I.P.V.G., no registrándose el nombre del padre.


 4. Que en el extracto de filiación y antecedentes de don Leopoldo Enrique Olivares Campos, se establece como Rol Único Nacional el 7.922.377 8, cuya fecha de nacimiento es el 9 de mayo de 1958, no se registran anotaciones pretéritas por crimen, simple delito o faltas, ni condenas por actos de violencia intrafamiliar.


 5. Que en relación al informe presentencial de fecha 29 de diciembre del año 2003, el Consejo Técnico de Gendarmería de Chile, no recomendó la intervención de la medida de libertad vigilada, fundado en: estructura familiar sobreprotectora que avala en forma incondicional las conductas del imputado, evidenciándose además un apoyo de carácter más bien funcional; bajo nivel de autocrítica lo que no le permite evaluar sus propias conductas, siendo dominante en sus palabras hacia los demás; disminuidos niveles de autocontrol, lo que implica un apresuramiento en sus respuestas ante situaciones de alto contenido afectivo; baja resolución de conflictos acompañada de una disminuida tolerancia a la frustración. Por lo anterior, si bien, se hace necesaria una intervención en el medio libre, ésta no resultaría eficaz dadas las características de personalidad imperantes en el imputado.


 Quinto: Que con el objeto de demostrar la efectividad de los hechos expuestos en la acusación, el Ministerio Público aportó los siguientes medios probatorios:


 A. PERICIAL Y TESTIMONIAL:


 1. Declaración de Humberto Sebastián Pérez Lineros, perito planimetrista del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Copiapó, manifestando que por oficio petitorio de la Fiscal de Vallenar Ninoska Mosnich, se solicita la concurrencia de un perito planimetrista al inmueble ubicado en calle Honorio Pérez Nº 150, Población Los Alemanes de la comuna de Vallenar, por lo que concurre a dicho inmueble el día 16 de Febrero de 2004, practicando dicha pericia para lo cual efectuó un levantamiento planimétrico de dicha propiedad la que consta de dos dormitorios, un living, cocina y baño, y dentro de este inmueble se encuentra emplazada una botillería. El acceso principal de la vivienda referida es por Honorio Pérez. Esta botillería tiene dos accesos, uno por la calle y otro por el inmueble a través de una puerta. Posteriormente se hizo una fijación de un cobertizo donde estaba una camioneta, y al costado izquierdo había una pieza con cajas. La botillería tenía una dimensión de 3,4 metros por 4 metros. La totalidad del inmueble tenía una dimensión de 16 metros por 16 metros. Esta construcción es de material sólido. En el inmueble hay un pasillo que mide 1,40 metros. El inmueble habitación se comunica con el local comercial que corresponde a una botillería de nombre “Calipso”, a través de una puerta. El pasillo comunica con las habitaciones del referido inmueble, precisando que la puerta da hacia el pasillo, y éste conduce a los dormitorios, living, cocina y baño.


 2. Declaración de I.P.V.G., nacida el 21 de febrero de 1989, 15 años, estudiante, manifestando que en el año 2002 vivía en la Población Los Alemanes, de Vallenar, con su madre y hermanas, haciendo presente que en el inmueble había un local de licores que era atendido por Leopoldo Enrique Olivares Campos, quien era el conviviente de su abuela; él atendía dicho local comercial desde las 10:00 AM hasta las 02:00 ó 03:00 de la madrugada. A Leopoldo Olivares le decía tío Polo a quien conocía desde que era pequeña, y lo consideraba como un tío. Precisa que el tío Polo la violó, hecho que ocurrió un día como a las 4 de la tarde, en esa oportunidad estaba a solas con él ya que no había nadie en la casa, así que cuando iban a la pieza de su madre, él se demoró en cerrar la botillería, y por mientras prendía la televisión, se acostó en la cama, luego él la empezó a tocar en el estómago, le subió la mano más arriba, luego se subió arriba de ella, el tío Polo estaba vestido, y ella con buzo y polera, luego la tomó de los brazos, pero le sacaba las manos a él, quien le sacó la ropa, al tomarle los brazos le dolía, porque lo hacía con fuerza, él le sacó la ropa a la fuerza, específicamente el pantalón y la polera, luego, le introdujo el pene en su vagina; de esta relación sexual nació su hija Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia. Esta relación sexual se produjo en el mes de Junio o Julio de 2002, y su hija nació el 12 de febrero de 2003. Hace presente que ésta fue la única relación sexual. Después de esto Leopoldo Olivares Campos a quien reconoce en la audiencia de este juicio oral, la amenazó que si no se callaba le iba a pasar lo mismo a su hermana chica. Hace presente que antes de este hecho no había tenido relaciones sexuales ni pololo. Al ser preguntada por el querellante particular expresa que Leopoldo las cuidaba en la casa, les daba la comida, a veces les hacía el aseo personal, y lo consideraban como un tío.


 3. Declaración de J.V.C.G., 11 años de edad, estudiante, manifestando que en el año 2002 vivía en la Población Los Alemanes de Vallenar, con su mamá y hermanas, en una casa donde funcionaba una botillería la que era atendida por el caballero Leopoldo a quien le decía tío Polo o Pumpullo, quien entraba a la casa muy seguido, y en ella se quedaba él con ellas cuidándolas, ya que su madre trabajaba y se quedaban solas con Leopoldo, precisando que éste le tocaba el cuerpo, que de los 7 a los 8 años, él se metía en la noche en su pieza y le decía que la amenazaba, la tocaba, le decía te voy a violar, y que la iba a matar como también a su hermana chica, para que no le contara a su madre, esto pasaba en su pieza o en la de su mamá, le decía que le chupara el pene, él se sacaba la ropa y le sacaba la de ella, le metía el pene en la vagina, le pegaba y la empujaba; él se movía en círculos y le introducía el pene en la boca, el pene era grueso y más o menos largo. Cuando le introducía el pene en la boca sentía asco porque salía un moquillo blanco, cuando le introducía el pene en la vagina sentía rabia y dolor fuerte, ambas cosas él se las hizo varias veces. Después de estos episodios sentía dolores; él la amenazó que si contaba lo sucedido a su madre, la iba a matar y también a su hermana chica. Estos actos ocurrieron hartas veces hasta que ella cumplió los 9 años de edad. Estos hechos se los contó primero a su madre y después a la Fiscalía el año pasado. No contó estos hechos en el momento que ocurrieron porque tenía miedo que él cumpliera su promesa. Finalmente manifiesta que estos actos sexuales que señala se los hizo Leopoldo Enrique Olivares Campos, entre los años 2001 y 2002.


 4. Declaración de Viviana Paulina Alfaro Matamoros, perito sicóloga, manifestando que se desempeñaba como sicóloga en el Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS Quinta Región, al cual se solicita un peritaje sicológico de la menor I.P.V.G., que a la época de la evaluación tenía 14 años de edad y una hija, por lo que se le asigna esta tarea, haciendo presente que la menor vivía en el domicilio de Vallenar con su madre y hermanas. La metodología multifocal que aplicó consistió en la entrevista clínica a fin de determinar daño sicosocial de la menor, la aplicación de la escala de inteligencia de Besler para menores tendientes a determinar el nivel intelectual de la examinada, la aplicación del test de Bendel Vip tendiente a establecer si hay disfunción cerebral y factores emocionales asociados, el test de Rochard utilizado para establecer la presencia o ausencia de juicio de realidad y caracterizar el funcionamiento afectivo de la menor, se utilizó además la entrevista social con la madre de la menor doña Jeannette Gómez tendiente a reconstruir el contexto de desarrollo de la examinada, también una entrevista clínico pericial tendiente a obtener el relato de los hechos por parte de la examinada, se utilizó el análisis de las actuaciones de investigación de la Fiscalía de Vallenar. La examinada es hija de Jeannette Gómez Hidalgo y de Ricardo Valencia Corona separados de hecho desde el año 1989, tiene entre sus hermanas a J. Su madre asume a raíz de esta separación el cuidado de sus hijas. En 1991 la madre de la examinada inicia una convivencia de la cual nacen otras dos hijas menores, relación que sin embargo termina por las agresiones de su conviviente de que fue víctima. En ese contexto, ella también utiliza la violencia como un medio de resolver conflictos con sus hijas, lo que ella explica como una forma de desquitarse por lo que estaba sucediendo. En el año 2000 Jeannete Gómez se traslada con sus hijas a vivir a una vivienda cedida por su abuela materna doña Luperfina Hidalgo, ubicada detrás de una botillería. La abuela materna le ofrece a la madre de la examinada un trabajo en un restorante de su propiedad, trabajo que realiza de noche, por lo que sus hijas se quedan solas durante esta jornada, es en este contexto que el acusado conviviente de la abuela materna comienza a cuidar a la examinada y a sus hermanas, mientras él se desempeñaba atendiendo la botillería. Se crea por lo tanto un vínculo de cuidado y protección entre la examinada y el imputado, instaurado por la abuela materna y la madre de la examinada, ellas avalaban que él cuidara a las niñas, por lo que la examinada estimaba al imputado como una persona de confianza y que pertenecía a su contexto familiar, concordante con lo anterior, ella se refiere a él como una persona buena, cariñoso con su hermana, que les daba dinero, les ayudaba a limpiar la casa y las cuidaba, y la madre de la examinada dice que el imputado le ayudaba económicamente cuando lo necesitaba para comprar útiles escolares para sus hijas. En enero del año 2003, Jeannette Gómez abandona la vivienda referida, motivada por conflictos con Luperfina Hidalgo. En cuanto a los resultados de las pruebas sicológicas aplicadas a la menor examinada, se puede señalar que ésta presenta un desarrollo intelectual normal, posee una capacidad de memoria conservada, que le permite fijar, almacenar y evocar eventos significativos y traducirlos en un relato coherente, tiene un vocabulario que le permite expresar claramente sus ideas, presenta un juicio de realidad conservado. A nivel afectivo, la menor examinada presenta dificultades para controlar el impacto que ejercen las emociones sobre su capacidad para pensar racionalmente, especialmente cuando se ve expuesta a situaciones afectivamente complejas, deteriorándose la conducta que ella emite; en términos afectivos, la menor presenta conducta de inmadurez en relación a su edad, lo que concuerda con lo señalado por su madre que dice que es infantil. La examinada presenta una escasa motivación a establecer relaciones interpersonales, de relacionarse fluidamente con los demás, es tímida, retraída en el contacto social. La aplicación del Test de Bendel demostró que aparecen indicadores de daño orgánico o disfunción cerebral de la examinada, que en este caso no son explicables a partir de antecedentes clínicos sino que a partir de variables emocionales que interfieren en la función bisomotriz; estos indicadores son timidez, inhibición y retraimiento. Con respecto a los hechos investigados, la menor señala que fue a la pieza de su madre a ver televisión, que el imputado ingresó a esta habitación y cerró la puerta, éste se sacó la polera, luego él se sacó los pantalones, la había tirado sobre la cama y se había puesto sobre ella, él había comenzado a tocarla con una mano en su cuerpo, y al mismo tiempo el imputado mantenía el otro brazo puesto bajo la barbilla de la examinada, en ese momento trataba de oponer resistencia pero no podía y ella movía las manos hacia adelante y hacia atrás. Posteriormente la examinada expresa que cuando estaba sobre ella, él le introdujo el pene en su vagina, y sintió miedo y dolor. Describe elementos visuales concordantes con la posición en que ella se encontraba, lo que le da un criterio de veracidad a su relato; además entrega sus dichos acompañados de un relato emocional de tristeza y miedo, y cambia su lenguaje corporal. La emoción de miedo intenso aparece ligada directamente al carácter traumático con que la menor vivencia los hechos, que esta dado por lo inesperado de la situación, porque ella tenía internalizado al imputado como una persona de confianza, ya que la cuidaba, y su madre había respaldado este cuidado; el carácter traumático dice relación con la violencia con que ella describe la situación ya que la oposición de resistencia no resultó efectiva, lo que resulta incontrolable, y que el imputado le dijo que no le contara a nadie lo sucedido porque de lo contrario le pasaría lo mismo a sus hermanas, y que le iba a pegar; esta amenaza le produjo un gran impacto emocional por su carácter traumático, y a nivel sicológico ella cree que él puede cumplir lo que está diciendo. Por ello que la menor no develó los hechos a nadie, y lo hace cuando presenta dolores de estómago, por lo que es trasladada a una posta rural donde se le diagnostica el embarazo. En síntesis, concluye que el relato de la menor cumple con criterios de veracidad como son, hacer referencia a un contexto físico particular, hechos que ocurrieron en el dormitorio de la madre y cuando no había nadie en la casa, el correlato emocional de tristeza y miedo intenso concordante con sus dichos, y la situación que describe apoyado con un lenguaje gestual acorde, además está como criterio de veracidad, la organización general de la examinada que es un relato fragmentado esperable del carácter traumático del hecho; otro criterio de veracidad es el correlato sicológico de dolor, que incluye elementos sensoriales quinestésicos que fueron adquiridos por la experiencia directa de los mismos, por el detalle con que los hace. Esta evaluación permite concluir y acreditar la presencia de daño sicosocial con respecto a los hechos investigados, por el carácter traumático con que ella vivencia estos hechos, sintomología concordante con diagnóstico de trastorno estrés post traumático, que los dichos de la menor pueden ser valorados como veraces en cuanto de haber sido víctima de una situación de transgresión de sus límites corporales en la esfera de sexualidad, además que todos los contenidos intrasíquicos respecto de los hechos investigados dicen relación única y exclusivamente con la figura del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos a quien ella identifica como tío Polo. Por lo tanto los datos del relato provienen de la experiencia directa de los hechos, por los muchos detalles que ella entrega. Al ser consultada por la Fiscal, hace presente que es poco probable que esta menor haya desplegado conductas de seducción. Finalmente precisa que con motivo del daño sicosocial sufrido por la menor, se ha provocado un quiebre de su historia vital, que en el futuro le va a costar mantener relaciones de confianza.


 5. Declaración de Robinson Morales Calizto, perito tecnólogo médico legista, expresando que con fechas 14 y 29 de mayo de 2003, fueron recepcionadas en la Unidad de Servicio Médico Legal de Santiago, muestras de sangre del Servicio Médico Legal de Vallenar y Copiapó, pertenecientes al presunto padre Leopoldo Enrique Olivares Campos, a I.P.V.G. y a Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia, por lo que se procedió a la extracción de ADN, y se efectuaron las comparaciones pertinentes para establecer paternidad entre la hija y el presunto padre; y el resultado del informe es que de acuerdo con perfiles genéticos, no se puede excluir en ninguno de los marcadores a la hija Chacana Valencia con el presunto padre Leopoldo Enrique Olivares Campos, existiendo para ello una probabilidad de paternidad de 99,9992%; este valor de paternidad bajo la ley de filiación, corresponde a paternidad biológica acreditada, es decir, no se pone en duda la paternidad biológica referida, de que Leopoldo Olivares Campos es el padre de la menor Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia, haciendo presente que el resultado de probabilidad de paternidad en este caso fue más alto que el requerido.


 6. Declaración de María Isabel Salinas Chaud, perito sicóloga del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales del CAVAS del Departamento de la Policía de Investigaciones de Chile, manifestando que le correspondió examinar a la menor J.V.C.G. de 10 años 7 meses al momento de la evaluación; este peritaje consistió en la aplicación de una metodología multifocal, entrevista a J.G., entrevista clínica a dicha menor; se aplicó el Test Tevi, el Test de Integración de Funciones Cerebrales de Ricardo Olea, el Test de Bendel y se consideró los antecedentes de la investigación de la Fiscalía. En cuanto a los antecedentes sociales de dicha menor, sus padres se encuentran separados desde el año 1998, siendo hermana de I.P. sólo por línea materna quien tenía 14 años de edad al momento de la evaluación. La menor J. tuvo la presencia de un padrón violento por los conflictos conyugales de sus padres y que termina con la separación de ellos en esa fecha. En el año 1999 2000 recibe una oferta de su madre Luperfina para que habitaran una vivienda que tenía un local comercial que administraba su conviviente Leopoldo. La madre de Jeannette Gómez le ofrece a ésta un trabajo de noche, por lo que decide realizarlo quedando las niñas solas en la casa, que en ese contexto es que las niñas tienen contacto con el conviviente de la abuela, éste las ayudaba a hacer las tareas, a realizar el aseo, hacerles las camas y las cuidaba cuando la madre de ellas no estaba. En enero del año 2003 la madre Jeannette Gómez abandona el inmueble referido, debido a que sus hijas le habían contado que el Polo metía a niñas en la bodega de la botillería, además cree que el conviviente referido le hizo cosas a la menor. En cuanto a la evaluación la niña J. es de inteligencia normal, observándose interferencias de tipo emocional que se traduce en que la menor tiene ansiedad, e inestabilidad emocional; en cuanto a la comprensión del lenguaje, esta menor tiene un resultado superior a lo normal. En relación a los hechos investigados la menor señala que el Polo le hacía cosas, y que tenía temor de que la podían llevar a otro país, y por eso devela tardíamente la situación que vivió, recién en el mes de octubre del año 2003, dado que para ella existe una amenaza real de parte del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos, esto es, que si contaba lo que le había ocurrido, la iba a matar a ella y a su hermana menor; esta amenaza la internaliza como una idea catastrófica. Hace presente que la develación de los hechos por la parte de la menor examinada fue hecha primeramente a la Fiscal y no a su madre, lo que revela la falencia de una figura protectora. El Polo significaba para dicha menor como parte del contexto familiar, desde que era pequeña. En cuanto a los hechos que da cuenta la menor Jocelyn indica que los vivió desde los 7 a 9 años de edad, precisando la menor que al comienzo el Polo la tocaba, le ayudaba a hacer la cama, la pieza, a veces le pegaba, le sacaba la ropa, se bajaba los pantalones, le tomaba la cabeza la que se la metía entre sus piernas, le introducía el pene en la boca señalando la menor que esto le causaba asco y arcadas por el olor, su cabeza estaba metida entre las piernas por lo que ahogaba, describe un moco blanco que le causaba asco; la menor describe además que él se subía encima de ella, le pasaba el pene y luego se lo introducía en la vagina. Se advierte en esto que hay una situación de miedo de parte de la menor a través de su lenguaje y memoria visual, de que el Polo va a cumplir con la amenaza de que la va a matar a ella y a su hermana menor, lo que para J. representa una idea catastrófica y de miedo; además Jocelyn siente rabia asociada a la idea de que la situación que ella tiene no la puede controlar y parar al Polo, y por lo tanto no puede cambiar el curso de los acontecimientos. De estos hechos la menor J. ha sufrido un daño sicosocial que se traduce en que ella después que cuenta lo ocurrido, por la develación de los hechos y sus consecuencias, siente que hay un peligro real de que ella pueda ser dañada o alguien de su familia como su hermana menor M.P., y de este modo el imputado pueda cumplir la amenaza de matarla a ella y M.P.. En cuanto a las conclusiones, el análisis del relato de los hechos por la menor J., permiten concluir que los dichos de la menor referida son valorados como veraces en cuanto a ser víctima de un delito sexual reiterativo, el relato esta referido en cuanto a los contenidos intrasiquícos exclusivamente a la figura de Leopoldo Olivares; en cuanto al daño emocional se traduce en un trastorno ansioso asociado a la develación de los hechos con carácter desestructurante; finalmente refiere que la menor J. requiere de sicoterapia. Señala además que el relato de la menor corresponde a una experiencia directa de los hechos, cuya descripción esta exclusivamente referida al tío Polo. Finalmente señala que la menor tiene capacidad cognitiva para ordenar hechos, dado que en este caso no se trata de un evento único.


 7. Declaración de Fernando Pedro Crespo Zamorano, perito médico legista del Servicio Médico Legal de Vallenar, manifestando que le correspondió evaluar a la menor J.C.G. a solicitud de la Fiscalía, haciendo presente que la madre señaló que dicha menor había sido agredida sexualmente por el conviviente de la abuela de la niña. El peritaje lo efectuó el 30 de octubre de 2003; en el que la menor corroboró en todo lo que la madre había declarado. El examen pericial que efectuó mostró una vulva sin daño, pero en el examen físico, el himen mamelonado o deformado, presenta dos lesiones altamente sugerentes de desgarro parcial antiguo de himen, que describe a las 11 y 1 del reloj. En cuanto a las conclusiones, este desgarro es compatible con la penetración del pene en la vagina, esto es con violación sexual vía vaginal. Al ser consultado por el señor Defensor, de si podría tratarse de un elemento distinto al pene que hubiere provocado este desgarro, expresa que no podría descartarlo totalmente, pero basándose en los antecedentes amnésticos, se supone que la causa mas probable se refiere a la agresión sexual a que ha hecho mención; y por otra parte, no es posible establecer la reiteración.


 8. Declaración de Jeannette Isabel Gómez Hidalgo, nacida el 17 de septiembre de 1970, dueña de casa, manifestando que llegó el año 1999 a la propiedad de Honorio Pérez perteneciente a su madre quien le cedió la casa, la que se comunicaba con una botillería que atendía el acusado que era pareja de su madre, local que tenía acceso a la casa. Que su hija I. tuvo una guaguita, y que un día sintió dolores y la trasladó a la Posta donde el médico le manifestó que su hija estaba embarazada, luego fue llevada al Hospital y dio a luz, oportunidad en que le confesó que el acusado la había abusado sexualmente bajo amenaza, y que la amenazó que si contaba lo sucedido le ocurriría lo mismo a sus otras hermanas menores, precisando que el tío Polo abusó de ella en esa casa cuando su hija estaba en su dormitorio donde la forzó, y la obligó a tener relaciones sexuales. Luego procedió a denunciar a Carabineros, y le contó a su madre lo ocurrido quien era la pareja del imputado, en el sentido que sus niñas habían sido abusadas por él. Respecto de su hija J., ésta le dijo que el imputado la llevó a un galpón, y la obligó a que le chupara el pene, le apretó los brazos, la tocó con su pene y a él le saltó una mucosidad blanca que cayó cerca de la vagina, esto ocurrió varias veces, por lo que dio cuenta a la Fiscalía. Que reconoce al acusado en la audiencia del juicio oral quien era conviviente de su madre. Al ser consultada por el abogado querellante particular, manifiesta que estos hechos afectaron a sus hijas y a ella, causándoles un daño, lo que ha transformado sus vidas, además que llegó un ser inesperado, tuvo que dejar de trabajar para criar a su nieta, que han sufrido amenazas, que ha tenido que pagar furgón por seguridad, que ha sufrido humillación y dolor, y asegurar su casa, por lo que sus hijas y ella no llevan una vida normal. Que a través del SENAME tanto ella como sus hijas por intermedio del Centro de Atención CAMI están recibiendo atención sicológica y un taller en forma gratuita.


 9. Declaración de Andrea Margarita Araya Díaz, perito sicóloga del Centro de Atención en Maltrato Infantil de Vallenar, CAMI, expresando que en cuanto a la menor I.P.V.G. ingresó al CAMI en febrero de 2003, derivado del Hospital con antecedentes de violación, conjuntamente con el bebé producto de esta violación, a raíz de lo cual la menor tuvo un daño en su expresividad ya que no hablaba. Sin embargo logró un vínculo con ella, realizando las entrevistas para el informe, la niña relata algo de lo sucedido y se refiere al acusado como el tío Polo. Los cambios observados con I. luego del episodio vivido, resultó ser un daño producido por la situación traumática provocada por una relación sexual. Esto le ha provocado retraimiento, el hecho de sentirse vulnerable, incapacidad de controlar su entorno. En cuanto al período de su recuperación depende de muchos factores entre los que menciona el entorno familiar. En cuanto a la menor J.C.G., la evaluación del daño se refiere a la violación vaginal y bucal de que fue víctima, se veía dañada, la niña habla como característico de haber sufrido una situación traumática, hay una disociación ya que al relatar con soltura lo hace como mecanismo de defensa, pero luego no quiso hablar más lo que constituye una señal de daño que nos habla de la develación de abuso, la niña siente rabia ya que desea que ese tipo se muera o lo maten. La menor J. tiene un nivel cognitivo alto o desarrollado. En conclusión estos mecanismos de defensa de la menor J. dan cuenta de un daño sufrido.


 10. Declaración de Gloria Canales Gálvez, perito médico siquiatra del Servicio Médico Legal de Copiapó, manifestando que le correspondió efectuar el 20 de mayo de 2003 una evaluación siquiátrica a Leopoldo Olivares Campos de 45 años de edad a esa fecha, haciendo presente que éste no refiere antecedentes mórbidos o siquiátricos. Cuenta con 4 convivencias, la última de 11 años de duración. Muestra una actitud ambivalente y contradictoria en cuanto al comportamiento de la menor. Lúcido, orientado, responde en forma atingente, con juicio de realidad conservado, y con un rendimiento cognitivo normal. Defensivo y evasivo. Desvinculado afectivamente. Tiene un juicio conservado, no hay alteración siquiátrica sicótica ni rendimiento mental disminuido, por lo que es imputable.


 11. Declaración de Marcela Alejandra Moraga Ledesma, perito sicóloga del Servicio Médico Legal de la Serena, expresando que a solicitud de la fiscalía efectuó un peritaje al acusado Leopoldo Olivares Campos, realizando la evaluación el 20 de junio de 2003, y consistió en entrevistarlo, quien expuso que tiene una conviviente desde hace 11 años, que reconoce que tuvo relaciones sexuales con la hija de la hija de su conviviente, pero manifestando que las realizó con el consentimiento de dicha menor, señalando que siempre la madre dejaba a las niñas en la botillería a cargo de él, y que había una casa adyacente a dicho local, y en una oportunidad la chica se metió a su cama, y mientras tenía relaciones sexuales él dice que tiritaba, sin que tomara en ese momento conciencia de sus actos, sino que después de ocurrido entró en conciencia, de lo que se desprende que él no prevé las consecuencias de su actuar. Hace presente que el imputado le manifestó que tuvo relaciones sexuales con dicha menor en dos oportunidades, siendo la última en mayo de 2002, él además atribuye parte de la responsabilidad a la menor de edad, y se ve en él cierta implicancia emocional al referir estos hechos, se percibe lágrimas en su rostro; el relato del imputado describe hechos que tienen una coherencia temporal por lo que impresiona como creíbles, pero se aprecian ciertas distorsiones cognitivas que le atribuye parte de la responsabilidad a la víctima; en cuanto al perfil de personalidad, él tiene dificultades para integrar la información que recibe del ambiente y ve una realidad que sólo es parcial, ya que sólo toma detalles, y por lo tanto la configuración que hace de la realidad es parcial, además el imputado tiene dificultades para la integración y planificación de sus actos e ideas, con pensamiento concreto; a nivel emocional, tiene una gran carga impulsiva, utilizando ciertas defensas rígidas, le cuesta ponerse en el lugar de las otras personas , esto es, es poco empático; tiene baja tolerancia a la frustración , en cuanto a que él se proyecta en una idea y no le resulta, se frustra o desarma fácilmente; además que el imputado es impulsivo. A nivel de las relaciones interpersonales, él tiene angustia, trata de no aceptar las manifestaciones afectivas de los otros, por temor al rechazo, y la forma de compensarlo, lo hace a través de una conducta formal o convencional.


 12. Declaración de Daniza Patricia Gómez Hidalgo, labores de casa, manifestando que Leopoldo trabajaba en la botillería, y ella lo reemplazaba, y en varias oportunidades encontró material pornográfico en dicho local , haciendo presente que las niñas les decía que el acusado les mostraba revistas cochinas. Agrega que encontró las revistas cochinas arriba del refrigerador referidas a mujeres desnudas, relaciones con hombres. Reconoce en la audiencia del juicio oral al acusado, como el conviviente de su madre.


 13. Declaración de Karime Nicol Valencia Gómez manifestando que nació el 23 de agosto de 1986 y tiene 17 años de edad, que conoce al acusado Olivares, específicamente cuando llegaron de Chañaral, quien es conviviente de su abuela. Su madre es Jeannette Isabel Gómez Hidalgo, y sus hermanas ofendidas son I.P.V.G. y J.V.C.G. Señala que sorprendió al imputado con una pareja distinta, era conocida del colegio y tenía 16 años, con quien tuvo relaciones sexuales por lo que él le contaba. Agrega que el acusado tenía revistas pornográficas arriba del refrigerador con poses de acto sexual, pero él no se las mostró. Hace presente que ellas tenían confianza con el acusado, quien era una persona buena y se preocupaba de cuidarlas y las ayudaba en las tareas, les daba consejos y las apoyó. Finalmente, señala que él nunca se le manifestó sexualmente.


 14. Declaración de Jocelyn Del Carmen Zúñiga Alfaro, expresando que nació el 16 de septiembre de 1986, que conoció al acusado en la botillería Calipso, y es el caso que en una oportunidad solicitó a él que le fiara el vino o pisco, a lo que accedió pero a cambio que le diera sexo. Volvió en otra oportunidad y como necesitaba plata le pidió si podía estar con él atendiendo, y le dijo que bueno, y ahí en confianza le contaba cosas, que se pescaba a una señora de la vuelta, y que a una niña dejó embarazada. Agrega que en una oportunidad como necesitaba plata fue donde él, y se metió con él, la llevó a una bodega donde guardaba licores, en la misma botillería. Posteriormente, él fue a buscarla a la casa en dos oportunidades, y en la primera no la encontró, pero según el comentario que le hizo su hermana, ofreció a ésta la suma de $ 15.000.  para salir con ella. Después, en la segunda oportunidad sí la encontró, y la llevó a un lugar saliendo de Vallenar, donde la agarró, le dio besos y la tocó. Hace presente, que al referirse a que se metió con el acusado, significa que tuvo relaciones sexuales con él cuando tenía 16 años, a cambio de $ 12.000.  a $ 13.000.  en dinero. Finalmente, reconoce al acusado en la audiencia del juicio oral. Al ser consultada precisa que el acusado no la obligó a tener relaciones sexuales con él, sino que ella lo hizo porque necesitaba el dinero.


 B. PRUEBA DOCUMENTAL:


 1. Informe siquiátrico Nº 184, de fecha 28 de mayo de 2003, practicado al acusado Leopoldo Olivares por la médico siquiatra del Servicio Médico Legal de Copiapó, doña Gloria Canales Gálvez.


 2. Informe sicológico Nº 91 03, remitido a esta Fiscalía mediante oficio PS 419 03 de fecha 4 de noviembre de 2003, practicado al acusado Leopoldo Olivares por la sicóloga del Servicio Médico Legal de la Serena, doña Marcela Alejandra Moraga Ledesma.


 3. Informe de Paternidad D 3206, 3516, 3517 03, de fecha 21 de octubre de 2003, practicado a la menor Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia, por el Servicio Médico Legal de Santiago, ejecutado por el tecnólogo médico legista don Robinson Morales Calizto.


 4. Informe Clínico Pericial tendiente a valorar la veracidad de los dichos de la víctima, evacuado por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, (CAVAS) de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 2 de diciembre de 2003, practicado a la menor I.P.V.G., por la sicóloga Viviana Alfaro Matamoros.


 5. Informe Clínico pericial tendiente a valorar la veracidad de los dichos de la víctima, evacuado por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la Policía de Investigaciones de Chile, de diciembre de 2003, practicado a la menor J.V.C.G., por la sicóloga María Isabel Salinas Chaud.


 6. Informe Médico Legal sobre delitos sexuales Nº 016 2003 de fecha 23 de octubre de 2003 y su ampliación de fecha 30 de octubre de 2003, del Servicio Médico Legal de Vallenar, practicado a la menor J.V.C.G., por el médico legista don Fernando Crespo Zamorano.


 7. Informe sicológico de daño emocional, practicado por el Centro de Atención en Maltrato Infantil de Vallenar (C.A.M.I.), practicado a la menor I.P.V.G., en el mes de febrero de 2004, y suscrito por la sicóloga Andrea Margarita Araya Díaz.


 8. Informe sicológico de daño emocional, practicado por el Centro de Atención en Maltrato Infantil de Vallenar (C.A.M.I.), practicado a la menor J.V.C.G., en febrero de 2004, y suscrito por la sicóloga Andrea Margarita Araya Díaz.


 9. Informe Pericial Planimétrico Nº 105, de fecha 20 de febrero de 2004, efectuado respecto del inmueble ubicado en calle Honorio Pérez 150, Población Los Alemanes, Vallenar, practicado por el perito dibujante y planimetrista del Laboratorio de Criminalística Regional de Copiapó, de la Policía de Investigaciones de Chile, don Humberto Pérez Lineros.


 Sexto: Que por su parte el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos, prestó declaración de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 326 del Código Procesal Penal, exponiendo que no violó a I.P., ya que lo hicieron de común acuerdo, ella estaba consiente de lo que realizaron, en ningún momento la golpeó; las niñas quedaron solas, es el caso que la madre de ellas no volvió a Vallenar ese día, diciéndole a su madre que por favor él se quedara a cargo de las niñas, luego ésta le comunicó a él de tal situación. Irma Patricia se le insinuaba y en esa oportunidad en la noche tuvo relaciones sexuales con ella; Irma Patricia nada habló a la familia sobre lo sucedido, y él tampoco contó lo ocurrido. De esta relación nació una hija que no lo niega. Que no ha violado a la niña chica J.V.; hace presente que las niñas quedaban solas, les hacía la comida, les lavaba el pelo y las cuidaba. Que la rotura del himen no significa que dicha menor haya sido violada. Con I.P. tuvo relaciones sexuales en dos oportunidades. La madre de estas niñas trabajaba en dos turnos, en el día en el centro, y en la noche trabajaba con su madre, de modo que las niñas quedaban solas. Agrega que la señora Jeannette cambia de pareja frecuentemente, y es el caso que ha llevado 5 parejas a la casa, y las niñas saben de todo. Pide que se le dé la oportunidad de reconocer a la hija de I.P. Que no tiene recursos para pagar $ 50.000.000.  que solicita la parte querellante. Al ser interrogado por la Fiscal, expresa que convivió con la señora Luperfina por un período de 11 años, hasta que fue detenido; que conocía a la familia de Luperfina, y su hija Jeannette Hidalgo vivía en calle Honorio Pérez Nº 150 de Vallenar de propiedad de la madre de ella, que en ese inmueble había un local de alcoholes que él lo trabajaba y lo atendía de las 18:30 horas hasta la 01:00 de la madrugada, los días viernes entraba a las 10:00 de la mañana y los sábados atendía dicho local hasta las 03:00 ó 04:00 horas de la madrugada, y las niñas estaban en la casa. Que la botillería tenía acceso a dicha casa habitación, y Jeannette lo invitaba a almorzar. La Jeannette a veces golpeaba a la I.P. que en esa época pesaba 50 kilos, morena, es callada, actualmente de 15 años de edad, y que a la fecha en que tuvo relación sexual con ella tenía 13 años de edad, está arrepentido de haberlo hecho con I.P. quien le decía tío Polo, las demás le decían Chico Polo. Había una relación de confianza con las niñas, con la madre de ellas y con la familia en general. Respecto de J.V. iba a la botillería, le enseñó a leer, y pasaba siempre con él en la botillería. Dentro de la casa había una bodega de cervezas y licores con sus respectivas puertas. Agrega que no tenía revistas pornográficas en el local, solo el diario La Cuarta que lo dejaba encima del refrigerador. En cuanto a la relación que tuvo con I.P., precisa que pasó la noche con ella quien lo llamó, se le insinuaba, se acostó en el dormitorio con ella a ver televisión, la niña se le empezó a acercar, y reconoce que se dejó llevar, que él tiritó cuando tuvo esta relación sexual, ella no sangró. En cuanto a las circunstancias del hecho precisa que ella se desvistió sola, y luego de la relación sexual, la lavó. Hace presente que tuvo una nueva relación sexual con I.P., no recuerda detalles, pero esto ocurrió en el dormitorio del inmueble; en esta segunda oportunidad la Jeannette llegó a las 11 de la noche a la casa, dejaba a las niñas solas, y la Luperfina se lo dijo a ella; tuvo esta relación sexual con I.P. como a las 9 de la noche. Hace presente que ambas oportunidades, durante los actos sexuales que tuvo con ella, las otras niñas estaban durmiendo. Al ser consultado por la parte querellante particular, reconoce que su conviviente le pidió que se hiciera cargo de las niñas, las niñas siempre estaban en la botillería, precisa que la casa se comunicaba con la botillería y bodega en un solo inmueble. Él vivía en calle Providencia 692. La Jeannette se fue de dicha propiedad el 2 de enero de 2003. La relación sexual con que tuvo con I.P. ocurrió en mayo o junio del año 2002.


 Séptimo: Que conforme a las pruebas rendidas por el Ministerio Público pormenorizadas en el considerando quinto precedente, permiten dar por establecido y acreditado, más allá de toda duda razonable, que en fecha no determinada, entre los meses de mayo y junio de 2002, en la comuna de Vallenar, el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos abusando de una relación de dependencia con la menor I.P.V.G. de 13 años de edad, aprovechando que ésta se encontraba sola en el inmueble ubicado en calle Honorio Pérez Nº 150, Población Los Alemanes, dada además la situación de desvalimiento e inferioridad en que ella se encontraba, en uno de los dormitorios del referido inmueble, la accede carnalmente mediante la introducción del pene en la vagina de la menor, sin que se haya acreditado el uso de fuerza o intimidación en la realización del acto sexual. Que como consecuencia de esta relación sexual, I.P.V.G. tuvo una hija de nombre Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia que nació el 12 de febrero del año 2003, circunstancia que se encuentra acreditada con el contenido del certificado de nacimiento a que alude la convención probatoria consignada en el número 3 del fundamento cuarto de esta sentencia, siendo el padre el acusado Olivares Campos, hecho que se halla acreditado con la declaración del perito tecnólogo médico legista Robinson Morales Calizto quien manifiesta que se efectuó el examen de A.D.N., cuyo peritaje arrojó como resultado una probabilidad de paternidad de 99,9992%, porcentaje superior al requerido, y que bajo la Ley de Filiación, corresponde a paternidad biológica acreditada, esto es, que el acusado Leopoldo Olivares Campos es el padre de la menor Luna Alejandra Chacana Valencia antes nombrada, paternidad que en todo caso no ha cuestionado el acusado según consta de su propia declaración. Que en la forma descrita, entre mayo y junio de 2002, el acusado tuvo una relación sexual con I.P.V.G., quien se refiere a esta circunstancia al precisar en su declaración que aquel le introdujo el pene en su vagina, y por su parte Leopoldo Enrique Olivares Campos reconoce que tuvo relaciones sexuales con II.P.V.G., entre mayo y junio de 2002, lo que se encuentra corroborado con el peritaje referido precedentemente, considerando además el período de gestación de la criatura, la fecha de su nacimiento es concordante con la época en que se produjo el acceso carnal, esto es, entre mayo y junio de 2002, y que conforme al contenido del certificado de nacimiento a que se refiere la convención probatoria consignada en el número 1 del fundamento cuarto, se encuentra plenamente establecido que I.P.V.G. nació el 21 de febrero de 1989, de lo que se desprende el hecho acreditado que a la época que el acusado tuvo relación sexual con dicha menor, ésta tenía 13 años de edad, lo que coincide plenamente con las declaraciones prestadas en tal sentido por el imputado y la referida ofendida. Que establecido el hecho que el acusado accedió carnalmente a dicha menor por vía vaginal, de la prueba rendida en el juicio, se encuentra fehacientemente acreditado que el acusado incurrió en esta conducta, abusando de una relación de dependencia con dicha ofendida; en efecto, conforme a las declaraciones de las peritos sicólogas Viviana Paulina Alfaro Matamoros y María Isabel Salinas Chaud y conforme a la información que ellas recabaron, en el año 2000, Jeannette Isabel Gómez Hidalgo, madre de la víctima I.V. antes nombrada según consta del contenido del certificado de nacimiento aludido en el Nº 1 de las convenciones probatorias, decide trasladarse a vivir con sus hijas al inmueble referido de calle Honorio Pérez Nº 150 de propiedad de la abuela materna doña Luperfina Hidalgo, inmueble dentro del cual se ubica un local comercial de alcoholes o botillería la cual tenía acceso con la casa habitación donde el imputado tuvo la relación sexual con la menor mencionada, sitio del suceso que lo describe con claridad y precisión el perito planimetrista Humberto Sebastián Pérez Lineros al manifestar que el inmueble habitación se comunica con dicha botillería de nombre “Calipso”, a través de una puerta que da a un pasillo, el que conduce a todas las habitaciones, entre ellas a los dormitorios. Que el referido local de alcoholes era atendido y administrado por el acusado quien en su declaración precisa que trabajaba en él y lo atendía hasta altas horas de la noche incluso los sábados; que en esa misma época la madre de la menor ofendida realiza un trabajo de noche en un restaurante de propiedad de la mencionada abuela materna de la menor, quedando de este modo las hijas de Jeannette Gómez Hidalgo, solas en la referida casa habitación, circunstancia que corrobora la menor J.V.C.G. al precisar que su madre trabajaba y se quedaban solas con el acusado quien tambíén reconoce esta circunstancia; y es en este contexto que el acusado conviviente de la abuela materna, comienza a cuidar a las hijas menores, entre ellas a la ofendida I.P.V.G., y de este modo se crea en el hecho un vínculo de cuidado y protección entre ella y el acusado, por lo que éste fue considerado por la menor como una persona de confianza y avalado por todos los miembros de este núcleo familiar, entre ellos la madre y abuela de la menor, circunstancia que se encuentra acreditada con las declaraciones de las menores I.V.G. y Karime Nicol Valencia Gómez, manifestando la primera que al acusado lo conocía desde que era pequeña, le decía tío Polo y lo consideraba como tal, ya que a ella y sus hermanas las cuidaba, les daba la comida, y a veces les hacía su aseo personal, por su parte la menor Karime declara que el acusado era una persona buena, se preocupaba de cuidarlas, las ayudaba en las tareas, les daba consejos y las apoyó. Por lo tanto, en el hecho el acusado se hizo cargo del cuidado y educación de la menor I.V. y de las otras hermanas, y ante la ausencia de su madre por la naturaleza del trabajo que realizaba pasó a ocupar su lugar en lo que se refiere a las labores y funciones que son propias de los padres como el cuidado y enseñanza de las hijas, ya que el acusado las cuidaba, las ayudaba a hacer las tareas y se preocupaba del aseo personal de ellas, de modo que entre la menor ofendida y sus hermanas, por una parte, y el acusado por la otra se creó no sólo una relación de confianza, sino que un vínculo de dependencia, en que la figura del acusado era considerada por las menores como una persona protectora y como miembro de la familia, a quien podían recurrir dada además la circunstancia que la botillería que él atendía, tenía un acceso directo con la casa habitación donde vivían las menores, además del hecho que el imputado era el conviviente de la abuela materna de dichas menores. Es en estas circunstancias, que el acusado aprovechando que la menor I.V.G. se encontraba sola en el referido inmueble, según lo declara la propia ofendida, la accede carnalmente por vía vaginal, abusando de esta relación de dependencia que se había producido entre ambos, y en la cual la ofendida se encontraba en una situación de inferioridad en relación con el imputado. Que, por otra parte, no se ha acreditado el uso de la fuerza o intimidación en la realización del acceso carnal a la menor I.V., toda vez que, no obstante que la perito sicóloga Viviana Paulina Alfaro Matamoros señala que al entrevistarse con la menor examinada I.V.G., ésta le contó que el acusado ingresó a la habitación, cerró la puerta, que él la había tirado sobre la cama, y que el imputado puso uno de sus brazos baja la barbilla de la menor examinada, en los instantes previos a la realización del acto sexual, circunstancias que siendo propias de un acceso carnal forzado, cabe sin embargo desestimarlas, atendido a que tales circunstancias no fueron mencionadas por la ofendida I.V. en el juicio oral toda vez que en su declaración que prestó ante el Tribunal Oral, precisa que ella y el acusado”cuando iban a la pieza de su madre, él se demoró en cerrar la botillería, y por mientras prendía la televisión, ella se acostó en la cama, luego él la empezó a tocar en el estómago”, no refiriéndose a los actos de violencia señalados precedentemente por la mencionada perito, teniendo presente que el relato que da cuenta dicha perito no puede reemplazar a la declaración dada por la víctima ante el Tribunal Oral, que conforme al artículo 329 del Código Procesal Penal, la perito debe declarar acerca del contenido y conclusiones de su informe el que se refiere a un peritaje clínico tendiente a valorar la veracidad de los dichos de la menor I.P.V.G. según da cuenta el auto de apertura del juicio oral; que en cuanto a lo declarado por la menor en el juicio, ésta señala que antes que le introdujera el pene en la vagina, el acusado la tomó de los brazos con fuerza y le dolía, circunstancias que no son suficientes para establecer la existencia de una relación sexual forzada. Que a este respecto el acusado en su declaración expresa que tuvo relaciones sexuales con I.V. ya nombrada, pero que realizaron de común acuerdo. Que, por otra parte, no existe pericia médica alguna que corrobore la supuesta fuerza o violencia en la persona de la víctima I.V.G. con motivo de este acceso carnal. Que tampoco se halla acreditada la intimidación, la que debe consistir en una amenaza concreta y real, que dé a conocer a la víctima la realidad inminente de un daño, y por lo tanto, el mal amenazado debe ser inmediato, serio y revestir de cierta gravedad, requisitos que no se cumplen en la especie ya que la ofendida Valencia Gómez en su declaración se limita a señalar al respecto, que después de realizado el acto sexual Leopoldo Olivares Campos la amenazó que si no se callaba le iba a pasar lo mismo a su hermana chica; que todo lo anterior, no se contrapone a las conclusiones que emite la perito en su declaración, al precisar que el relato de la menor I.V.G. cumple con criterios de veracidad, que los dichos de dicha menor pueden ser valorados como veraces en cuanto de haber sido víctima de una situación de transgresión de sus límites corporales en la esfera de sexualidad, y que todos los contenidos intrasíquicos respecto de los hechos investigados dicen relación única y exclusivamente con la figura del acusado. Que la versión dada por Jeannette Isabel Gómez Hidalgo en nada altera dicha conclusión ya que no fue testigo presencial de los hechos, manifestando que su hija I.V. le contó que el acusado la había obligado bajo fuerza y amenaza a tener relaciones sexuales. Que en virtud de lo expuesto y razonado precedentemente, no habiéndose acreditado la fuerza o intimidación ni concurriendo circunstancia alguna de las señaladas en el artículo 361 del Código Penal, no se ha establecido el delito de violación en la persona de la menor I.V. como lo pretenden el Ministerio Público, el abogado don Juan Fernández Espejo en representación de la querellante particular Jeannette Gómez Hidalgo, y la querellante Servicio Nacional de Menores: Que, en consecuencia, estos hechos configuran el delito de estupro en perjuicio de I.P.V.G. de 13 años de edad a la fecha de los hechos, ilícito previsto y sancionado en el número 2 del artículo 363 del Código Penal.


 Octavo: Que con el mérito de las pruebas rendidas a que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes de esta sentencia, se ha establecido que el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos introdujo el pene en la vagina de la menor ofendida I.P.V.G., abusando de una relación o vínculo de dependencia de ésta, sin que se haya acreditado el uso de fuerza o intimidación en la persona de la víctima, en la realización del acceso carnal, hecho descrito en el fundamento precedente de este fallo. A este respecto, la ofendida I.P.V.G. en su declaración manifiesta que el acusado, a quien reconoce en la audiencia del juicio, le introdujo el pene en su vagina, que producto de esta relación sexual nació su hija Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia el 12 de febrero de 2003, y que conforme al peritaje realizado por el tecnólogo médico legista Robinson Morales Calizto la probabilidad de paternidad de 99,9992% corresponde a paternidad biológica acreditada, de que el acusado es el padre de la mencionada Luna Chacana Valencia, circunstancias que son plenamente reconocidas por el acusado quien expone que en el período mayo junio de 2002 tuvo relaciones sexuales con la ofendida I.P.V.G. del cual nació una hija, reconociendo además que como la madre de ella Jeannette Gómez Hidalgo trabajaba en dos turnos en el día en el centro y en la noche trabajaba con su madre, las niñas quedaban solas, por lo que él se hacía cargo de cuidarlas, hacerles la comida y lavarles el pelo; circunstancias a que también se refiere la perito sicóloga Viviana Alfaro Matamoros en cuanto a la existencia de un vínculo de cuidado o dependencia entre el imputado y la víctima dentro de un contexto familiar. Que, en consecuencia, ha quedado fehacientemente acreditada la participación del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos en calidad de autor del delito de estupro en perjuicio de la menor I.P.V.G. precedentemente especificado, por haber tomado parte en la ejecución de una manera inmediata y directa, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 Nº 1 y 15 Nº 1 del Código Penal.


 Noveno: Que con el mérito de las pruebas rendidas por el Ministerio Público pormenorizadas en el fundamento quinto precedente, permite dar por establecido y acreditado, más allá de toda duda razonable, que en fechas no determinadas, en el período comprendido entre el 16 de octubre de 2001, fecha de inicio de la reforma procesal penal en la región de Atacama, y fines del año 2002, el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos accede carnalmente a J.V.C.G. de 8 a 9 años de edad a esa época, mediante la penetración del pene en la vagina y boca de la menor, manteniendo relaciones sexuales con ella en ocasiones distintas en el inmueble ubicado en calle Honorio Pérez Nº 150, de la comuna de Vallenar, a consecuencia de lo cual la menor ofendida mencionada precedentemente resultó con un desgarro parcial de himen. Que en la forma descrita, el desgarro parcial del himen de dicha víctima se debió al acceso carnal realizado por el acusado, circunstancia que se encuentra acreditada en primer término con la declaración del perito médico legista del Servicio Médico Legal de Vallenar don Fernando Pedro Crespo Zamorano quien en su declaración manifiesta que al examen pericial efectuado a la menor J.C.G., se observó que ésta presentaba un himen mamelonado o deformado con dos lesiones altamente sugerentes de desgarro parcial antiguo de himen, compatible con la penetración del pene en la vagina, esto es, con una violación sexual vía vaginal; en segundo término consta la declaración prestada por la menor ofendida J.V.C.G. quien manifiesta que entre los años 2001 y 2002, el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos en varias oportunidades le penetró el pene en su vagina y además le introdujo el miembro viril en su boca; precisa además que cuando el acusado le penetraba el pene en la boca sentía asco porque salía un moquillo blanco y cuando le penetraba el pene en la vagina sentía un dolor fuerte y rabia esto último asociado a la idea de que la situación que ella tiene con el acusado no la puede controlar, según lo explica la perito María Salinas Chaud. Que atendido la fecha de ocurrencia de la realización de estos actos sexuales, se halla debidamente acreditada la circunstancia que en ese período la menor ofendida tenía entre 8 y 9 años de edad, según se desprende del contenido del certificado de nacimiento a que se refiere el número dos de las convenciones probatorias consignadas en el fundamento cuarto de esta sentencia, al precisar que su fecha de nacimiento es el 29 de abril de 1993, por lo que en esa época era menor de 12 años de edad. Que conforme a la declaración prestada por la menor ofendida, la realización del acceso carnal por parte del imputado se produjo en la casa de la Población Los Alemanes de Vallenar donde funcionaba una botillería la que era atendida por el acusado, y que tenía acceso directo al inmueble casa habitación como se ha expresado en los fundamentos precedentes. Además, corrobora lo establecido anteriormente, la declaración de la perito sicóloga María Isabel Salinas Chaud en el sentido que los dichos de la menor J.C. examinada los valora como veraces en cuanto a ser la menor víctima de un delito sexual reiterativo, en que su relato corresponde a una experiencia directa de los hechos cuya descripción está referida exclusivamente a la figura del acusado. Que concordante con lo anterior la madre de la ofendida Jeannette Isabel Gómez Hidalgo manifiesta en su declaración que su hija J. le dijo que el imputado la obligó a que le chupara el pene, que además la tocó con su pene y le saltó una mucosidad blanca, ocurriendo esto varias veces. Que atendida la edad de la menor J.C.G., la ley no exige para configurar una violación la concurrencia de fuerza o intimidación ejercida en una menor de 12 años ya que a esa edad no están capacitadas para consentir válidamente la realización de un acto sexual, de manera que basta que concurra el acceso carnal de esa menor, circunstancia que se encuentra plenamente acreditada en este juicio de acuerdo a lo expresado y razonado precedentemente. Que además ha quedado establecido que el acusado mantuvo relaciones sexuales con la menor J. en ocasiones distintas en el inmueble precedentemente individualizado; a este respecto, el Tribunal hace presente que no se ha especificado ni establecido el número de los actos sexuales ni se ha determinado las fechas u ocasiones en que éstos ocurrieron, ni se ha establecido las circunstancias precisas y particulares de tiempo y lugar de cada uno de ellos, considerando además que tales conductas fueron ejecutadas en perjuicio de esta misma ofendida en el marco de una misma resolución delictiva y unidad de propósito, por lo que se trata de una serie de actos constitutivos de una sola acción continuada dentro de un mismo contexto situacional, unidad de acción que configura un solo delito continuado de violación, criterio que acoge el Jurista don Luis Rodríguez Collao en su libro “Delitos Sexuales”, páginas 267 a 269, y que también recoge la jurisprudencia de nuestros tribunales en los fallos dictados en contra de Luis López Carvajal página 194 tomo IV, contra José Petera Pando página 80 tomo II, contenidos en el libro “El derecho penal en la jurisprudencia” del jurista don Alfredo Etcheberry. Que, en consecuencia, se ha configurado el delito de violación en perjuicio de la menor ofendida J.V.C.G., menor de 12 años de edad a la época de los hechos, ilícito previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal.


 Décimo: Que con el mérito de las pruebas rendidas a que se ha hecho referencia en los fundamentos quinto y precedente de esta sentencia, se ha establecido que el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos accedió carnalmente a J.V.C.G., menor de 12 años de edad a la época de los hechos, mediante la introducción del pene en la vagina y boca de la menor, a consecuencia de lo cual la menor ofendida resultó con desgarro parcial del himen compatible con violación sexual vía vaginal, a que se ha hecho referencia en el fundamento precedente. Que no obstante que el acusado en su declaración niega haber accedido carnalmente a la menor J.C. antes nombrada, ello no es suficiente para desvirtuar lo manifestado por la referida menor quien describe con toda claridad el hecho y sus circunstancias esenciales, al precisar que en el período 2001 2002, el acusado le introdujo el pene en su vagina y en su boca, versión que resulta creíble por ser concordante con las demás pruebas del proceso y con el peritaje del médico legista Fernando Crespo Zamorano referido en el fundamento precedente, máxime que la perito sicóloga María Isabel Salinas Chaud al declarar sobre las conclusiones de la pericia expresa que los dichos de la menor los valores como veraces, y el relato de que da cuenta la menor corresponde a una experiencia directa de los hechos, cuya descripción esta referida exclusivamente a la persona del acusado. Que por el contrario, la perito sicóloga del Servicio Médico Legal de La Serena, doña Marcela Alejandra Moraga Ledesma, si bien expresa que el relato del imputado describe hechos que tienen una coherencia temporal por lo que impresiona como creíbles, se aprecia en él ciertas distorsiones cognitivas y que la configuración que hace de la realidad es solo parcial. Que habiéndose desestimado lo expuesto por el imputado en la parte referida a los hechos constitutivos del acceso carnal a la menor J.C., ha quedado acreditada la participación del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos en calidad de autor del delito de violación en perjuicio de la menor J.V.C.G. precedentemente especificado, por haber tomado parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 Nº 1 y 15 Nº 1 del Código Penal.


 Undécimo: Que el Defensor Penal Público hace presente que la versión del acusado es coherente y su relato es creíble según la perito Moraga, al respecto el tribunal se remite a lo expresado y razonado en el fundamento precedente de este fallo. Que la Defensa señala que la versión de la menor I.V.G. según la perito sicóloga sea creíble no resultaría a su juicio concluyente; sobre el particular el sentenciador se remite a lo establecido en el fundamento séptimo de este fallo. Que el señor defensor alega que al ser consultado el perito médico legista Fernando Crespo Zamorano respecto a la pericia realizada a la menor J.C.G., aquél manifestó que no podía descartar totalmente que no haya habido acceso carnal; sobre este punto el Tribunal hace presente que dicho perito médico señaló que si bien no podría descartar totalmente que un elemento distinto del pene pudiere haber provocado el desgarro del himen de la referida menor Jocelyn, sin embargo de los antecedentes amnésticos, lo señalado por la menor y su madre, y el peritaje realizado a dicha menor, permiten suponer que la causa más probable es que el desgarro del himen de la menor referida se haya producido por una violación sexual vía vaginal; en relación a lo anterior el Tribunal hace presente que al ser consultado el referido perito médico, éste expresó que es perfectamente compatible el desgarro del himen de la menor J. con la penetración del pene en la vagina, lo que en manera alguna se contrapone a lo expuesto precedentemente, teniendo especialmente en cuenta que esta materia no se refiere a una ciencia exacta, que el Tribunal concordando con el perito médico don Fernando Crespo ha establecido que en este caso se realizó un acceso carnal en la menor J.C., para lo cual se consideró además de esta pericia médica, las otras pruebas rendidas en el juicio a que se refiere el fundamento noveno de la presente sentencia. Que la Defensa también señala que la perito Gloria Canales nada prueba para atribuir participación al acusado, al respecto el Tribunal hace presente que la perito médico siquiatra del Servicio Médico Legal de Copiapó, declaró sobre su experticia, correspondiéndole efectuar una evaluación siquiátrica al acusado Leopoldo Olivares Campos, y que de acuerdo al artículo 329 del Código Procesal Penal, expuso en primer término acerca del contenido de su informe, manifestando al respecto en lo sustancial que el acusado tiene un juicio de realidad conservado, y con un rendimiento cognitivo normal; desvinculado afectivamente; no hay alteración siquiatrica sicótico ni rendimiento mental disminuido, y concluye que el acusado es imputable, conclusión que el Tribunal ha considerado en este fallo. Que el señor Defensor también plantea que respecto del acceso carnal a la ofendida I.V.G., no existe peritaje médico que indique el uso de fuerza o intimidación, y que estima que se trata de un delito de estupro, a lo que el sentenciador se remite a lo establecido y razonado en el fundamento séptimo de este fallo. Que en cuanto a lo aseverado por la Defensa en orden a que no se habría acreditado el delito de violación respecto de la ofendida J.C.G. ni la participación del acusado en este hecho punible, el tribunal se remite a lo establecido en los considerandos noveno y décimo de esta sentencia. Que, finalmente, el Tribunal hace presente que en nada altera lo establecido en los fundamentos precedentes, las declaraciones de Daniza Patricia Gómez Hidalgo y J.C.Z.A., ya que la primera se refiere a que en el local de alcoholes o botillería, el acusado tenía revistas cochinas o pornográficas, las que señala haberlas encontrado arriba del refrigerador; y la declaración de la otra se refiere a que tuvo relaciones sexuales con el acusado cuando tenía 16 años, a cambio de dinero porque lo necesitaba, circunstancias que en concepto del Tribunal no tienen relación con los hechos materia de la acusación. Que en otro orden de cosas, el Tribunal no va a ponderar la documental acompañada por el Ministerio Público contenida en la letra b) del fundamento quinto de la presente sentencia, toda vez que ella se refiere a informes periciales evacuados por peritos que declararon en el presente juicio, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 329 del Código Procesal Penal expusieron el contenido y las conclusiones de los respectivos informes siendo interrogados y contrainterrogados por las partes, de manera que sus declaraciones constituyen la prueba en el presente juicio a que se ha hecho referencia y no los informes periciales sobre los cuales declararon. Que, por último, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 341 del Código Procesal penal, durante la audiencia del juicio oral, el Tribunal advirtió a los intervinientes acerca de la posibilidad de considerar la calificación jurídica del delito de estupro en perjuicio de la menor I.P.V.G., calificación distinta a la de violación contenida en la acusación; en relación a esta materia y producido el debate, la Fiscalía sostiene que como se ha señalado en la acusación, se trata de un delito de violación en perjuicio de I.V.G., por cuanto hubo una relación sexual forzada en la que el acusado ejerció fuerza o intimidación en la víctima quien declara en tal sentido al precisar que el imputado la tomó con fuerza y le afirmó los brazos, y corroborado con lo manifestado por la perito sicóloga del CAVAS quien expresa que la menor referida le contó que aquél le puso el brazo bajo la barbilla de ella, además que la perito le dio veracidad a este relato; concurriendo además la intimidación ya que el imputado le dijo a la ofendida que si contaba lo ocurrido lo mismo le iba a pasar a sus hermanas. Que los abogados de la querellante particular Jeannette Gómez y de la querellante Sename, alegaron en la audiencia en igual sentido en cuanto que se trata de un delito de violación cometido en perjuicio de I.V.G., coincidiendo con las argumentaciones que a este respecto esgrimió la Fiscalía. Que por su parte la Defensa sostiene que en este caso hubo estupro cometido en perjuicio de dicha menor, ya que no se acreditó el uso de la fuerza o intimidación en la realización del acto sexual, no existiendo peritaje médico que acredite estas circunstancias. Que sobre el particular, el Tribunal en su mayoría, hace presente que en la especie se ha establecido el delito de estupro en perjuicio de la menor I.V.G., respecto del cual se ha acreditado la participación del acusado en calidad de autor, remitiéndose a lo expuesto y razonado en los fundamentos séptimo y octavo de la presente sentencia.


 Duodécimo: Que en relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la Fiscalía ha invocado a favor del acusado la atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal, circunstancia que el Tribunal acoge respecto de ambos delitos materia de la presente causa, por encontrarse acreditada con la respectiva convención probatoria consignada en el número 4 del fundamento cuarto de la presente sentencia, que se refiere a que en el extracto de filiación del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos no se registran anotaciones penales pretéritas por crimen, simple delito o falta, ni condena por actos de violencia intrafamiliar, todo lo cual en concepto del Tribunal, demuestra que la conducta anterior del acusado ha sido irreprochable. Que por otra parte, se rechaza la agravante de cometer el delito con abuso de confianza contemplado en el artículo 12 Nº 7 del Código Penal alegada por la Fiscalía, respecto del delito de estupro en perjuicio de la ofendida I.V.G., toda vez como se ha establecido en el considerando séptimo de este fallo, el hecho que el acusado se hizo cargo del cuidado de las menores, se creó un vínculo de dependencia con ellas, quienes lo consideraban como una persona de confianza, dentro de un contexto familiar, y en estas circunstancias accede carnalmente a dicha menor abusando de esta relación, de modo que este abuso de confianza es una circunstancia inherente al delito de estupro contemplado en el Nº 2 del artículo 363 del Código Penal, y por lo tanto, corresponde respetar el principio non bis in idem que consagra el artículo 63 del Código Penal. En cambio, se acoge la agravante referida del artículo 12 Nº 7 ya citado, en perjuicio del acusado, respecto del delito de violación en perjuicio de la menor J.C.G., toda vez que como se ha establecido en los fundamentos precedentes, también se creó esta relación de dependencia y confianza a que se ha hecho referencia, entre el imputado Olivares Campos y dicha menor, y en este caso se ha establecido que aquél cometió este delito abusando de dicha confianza, circunstancia que no es inherente a este hecho y no forma parte del tipo penal contemplado en el artículo 362 del Código Penal.


 Decimotercero: Que el delito de estupro en perjuicio de I.P.V.G. por el cual es responsable Leopoldo Enrique Olivares Campos en calidad de autor se sanciona con reclusión menor en sus grados medio a máximo, y concurriendo respecto de este delito, una atenuante a su favor y no perjudicándole agravante alguna, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 68 del Código Penal, se aplicará la pena de reclusión menor en su grado medio, respecto de la cual se estará a la extensión del mal producido por el delito, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal. Que el delito de violación en perjuicio de J.V.C.G. por el cual es responsable dicho acusado en calidad de autor, se pena con presidio mayor en cualquiera de sus grados, y concurriendo en su favor una circunstancia atenuante y perjudicándole una agravante, se compensan racionalmente, por lo que se impondrá en definitiva la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Que las referidas penas, atendida su extensión, deberá el acusado cumplirlas efectivamente por no reunir los requisitos prescritos en los artículos 4º, 8º y 15 de la ley Nº 18.216, y, por lo tanto, no se le concede ninguno de los beneficios alternativos establecidos en dicha ley.


 Decimocuarto: En cuanto a la acción civil.


 Que el abogado don Juan Fernández Espejo como mandatario judicial de la querellante doña Jeannette Isabel Gómez Hidalgo quien a su vez actúa en representación legal de sus hijas menores I.P.V.G. y J.V.C.G., junto con adherirse a la acusación fiscal, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos, solicitando que sea condenado a pagar una suma no inferior a $ 50.000.000.  (cincuenta millones de pesos) por concepto de indemnización de daño moral a favor de las víctimas, petición que funda en los términos que se indica en los fundamentos segundo y tercero de este fallo, que en lo sustancial expresa que los delitos cometidos en perjuicio de las menores anteriormente mencionadas han provocado un intenso dolor a la querellante y demandante civil y a sus hijas, ocasionando a éstas un trauma de proporciones que atendida la edad de las ofendidas, difícilmente pueda ser superado en su totalidad, experimentando un dolor y sufrimiento espiritual inconmensurable, el cual permanecerá de por vida, daño moral que se encuentra acreditado. Que la circunstancia que la querellante Jeannette Isabel Gómez Hidalgo es madre de las menores ofendidas I.P.V.G. y J.V.C.G., se encuentra acreditada con las convenciones probatorias indicadas en los números 1 y 2 del fundamento cuarto de este fallo, las que se refieren al contenido de los certificados de nacimiento de las mencionadas menores. Por su parte, el abogado defensor don Roberto Henríquez Aguilera se opone a dicha indemnización tanto en su procedencia como en su monto, el que considera lucrativo. Que en relación a esta materia la perito sicóloga Viviana Paulina Alfaro Matamoros declara que respecto a los hechos investigados de que fue víctima la menor examinada I.P.V.G. provocaron en dicha menor la presencia de un daño sicosocial, por el carácter traumático con que ella vivió estos hechos, sintomología concordante con diagnóstico de trastorno estrés post traumático. Por su parte la perito sicóloga María Isabel Salinas Chaud señala que la menor J.V.C.G. como víctima de un delito sexual reiterativo ha sufrido un daño sicosocial, siente que hay un peligro real de que ella pueda ser dañada o alguien de su familia, y que además ha experimentado un daño emocional que se traduce en un trastorno ansioso asociado a la develación de los hechos con carácter desestructurante; por su parte la madre de las ofendidas anteriormente mencionadas Jeannette Isabel Gómez Hidalgo al ser consultada por el abogado querellante, manifiesta que los delitos sexuales afectaron a sus hijas y a ella, causándoles un daño, lo que ha transformado sus vidas, además que llegó un ser inesperado, que han sufrido amenazas, humillaciones y dolor, por lo que han tenido que recibir atención sicológica; que la perito sicóloga Andrea Margarita Araya Díaz precisa que la menor I.P.V.G. ha sufrido un daño producido por la situación traumática provocada por una relación sexual, y la menor J.C.G., con motivo de la violación vaginal y bucal de que fue víctima, ha experimentado un daño por haber sufrido una situación traumática, creando mecanismos de defensa que dan cuenta del referido daño. Que del análisis de tales declaraciones se desprende que con motivo de los delitos sexuales de que han sido víctimas las menores ofendidas Irma Patricia Valencia Gómez y Jocelyn Valeska Codoceo Gómez han significado evidentemente para ellas y para la demandante un gran dolor y aflicción, que han ocasionado a dichas menores una situación traumática difícil de superar, experimentando todas ellas un daño moral, sicológico y sufrimiento espiritual, difícil de superar con el tiempo, teniendo además presente que habiéndose establecido la participación del acusado en los delitos de estupro y violación en calidad de autor en perjuicio de las menores ofendidas ya individualizadas y conforme a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, que establece que el que ha cometido un delito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, este Tribunal acogerá la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, la que cabe regularla prudencialmente en la suma de $ 12.000.000.  (doce millones de pesos), en favor de las víctimas ya mencionadas, representadas por su madre Jeannette Isabel Gómez Hidalgo. Que el monto de la indemnización referida será reajustado conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, en la forma que se determinará en la parte resolutiva de este fallo.


 Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1º, 11 Nº 6, 12 Nº 7, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 25, 28, 30, 50, 63, 68, 69, 74, 362 y 363 Nº 2 del Código Penal, artículos 45, 47, 297, 340, 341, 342 y 348 del Código Procesal Penal, 2314 y siguientes del Código Civil, se declara:


 A. Que por unanimidad de votos, se condena a Leopoldo Enrique Olivares Campos, como autor del delito de violación en perjuicio de la menor Jocelyn Valeska Codoceo Gómez, perpetrado en fecha indeterminada en el período comprendido entre el 16 de octubre de 2001 y fines del año 2002, en la comuna de Vallenar, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.


 B. Que por mayoría de votos, se condena además a Leopoldo Enrique Olivares Campos, como autor del delito de estupro en perjuicio de la menor Irma Patricia Valencia Gómez, perpetrado en fecha no determinada entre los meses de mayo y junio de 2002, en la comuna de Vallenar, a la pena de ochocientos diecinueve días de reclusión menor en su grado medio, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.


 C. Que no cumpliendo el sentenciado Leopoldo Enrique Olivares Campos los requisitos prescritos en los artículos 4º, 8º y 15 de la ley Nº 18.216, no se le remiten condicionalmente las penas corporales que se le han impuesto en esta sentencia, ni se le otorga los beneficios alternativos de la reclusión nocturna o libertad vigilada, debiendo por lo tanto, cumplir efectivamente dichas penas privativas de libertad, en orden sucesivo, principiando por la más grave la que se computará desde el 4 de noviembre de 2003, fecha desde la cual ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad en la presente causa, conforme a lo establecido en el auto de apertura del juicio oral.


 D. Que no se condena en costas en materia penal al sentenciado por estar patrocinado por una entidad pública destinada a prestar asistencia judicial gratuita.


 E. Que se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Juan Fernández Espejo como mandatario judicial de la querellante Jeannette Isabel Gómez Hidalgo como representante legal de sus hijas menores I.P.V.G. y J.V.C.G., sólo en cuanto se condena al sentenciado Leopoldo Enrique Olivares Campos al pago de una indemnización por daño moral ascendente a la suma de $ 12.000.000.  (doce millones de pesos), cantidad sobre la cual se aplicará el reajuste de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística desde la fecha de la presente sentencia a la de su pago efectivo, y se condena en costas al demandado civil.


 Devuélvase al Ministerio Público la prueba documental acompañada al juicio oral.


 Una vez ejecutoriada la presente sentencia remítase copia autorizada de la misma al Juzgado de Garantía de Vallenar, a fin de darle oportuno cumplimiento.


 Se previene por la Juez Marianne Barrios Socías, que estuvo por condenar al acusado Olivares Campos como autor del delito de violación en la persona de la menor I.P.V.G., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 Nº 1 del Código Penal. Pues si bien por las motivaciones ya expresadas en la sentencia, se acreditó el acceso carnal por vía vaginal de que fuera objeto la menor V.G. de parte del acusado Olivares Campos –que por lo demás él mismo reconociera–, a juicio de esta sentenciadora, los elementos de prueba introducidos al juicio han sido bastantes para demostrar, que el medio de comisión en el hecho fue la intimidación ejercida sobre la menor y que ésta se realizó sin su consentimiento.


 A saber, se dispuso de la declaración del acusado Olivares Campos y de la menor V.G. El primero reconoció el hecho de haber mantenido relaciones sexuales con la menor, pero asegurando que fue consentida por aquélla. Detalló, que ese día no se encontraba la madre de la menor en la casa y que la niña le pidió que vieran televisión en la cama, que ambos andaban con buzo, que luego él se sacó el buzo y ella hizo lo mismo, manteniendo luego relaciones sexuales, haciendo presente, que la menor no sangró, y que él mismo procedió a lavarla con posterioridad.


 Por su parte, la menor expresó en estrados que el “tío Polo” (acusado) se demoró en cerrar la botillería, que ella encendió el televisor y se acostó en la cama. Luego, llegó el acusado, éste le empezó a tocar “la guata”, después subió la mano más arriba, y que ella se la sacó, y luego empezó a subirse en ella. Indica que ambos estaban con ropa, que ella se encontraba con buzo y polera, y que al tomarla el acusado de sus brazos, ella le sacaba las manos y él las corría igual. Agrega, que éste se empezó a desvestir, recordando que cuando la tomaba de los brazos le dolía porque lo hacía con fuerza. Refiere que el acusado la desvistió, sacándole la ropa a la fuerza, y que le introdujo el pene en la vagina. Añade que aquello no ocurrió de nuevo, y que la amenazó, diciéndole que si contaba lo sucedido le haría lo mismo a su hermana chica.


 Que como puede verse, si bien ambas declaraciones se encuentran contradichas, esta sentenciadora le ha dado pleno valor a los dichos de la víctima.


 Si bien el relato de la menor fue breve y fragmentado, esto no le ha restado credibilidad a sus dichos, explicándose tal circunstancia, por el estado emocional en el que se encontraba la menor en estrados y por sus propios rasgos de personalidad, que la caracterizan como una niña con dificultad para entablar relaciones interpersonales, tímida y retraída, con indicadores de daño orgánico no explicables por antecedentes clínicos sino por variables emocionales, inhibición y timidez, como lo estableciera la perito psicóloga Viviana Alfaro Matamoros, y que así pudo ser percibido por esta sentenciadora. Declaración que ha resultado del todo veraz, aún cuando su testimonio no fue corroborado por algún testigo presencial del hecho, lo que resulta lógico atendida la naturaleza del ilícito que nos ocupa. Apreciación de veracidad que además fuera corroborada por la opinión calificada de la perito individualizada, quien demostró dominio de su ciencia, señalando que la menor le relató, que su tío le pidió que fuera a buscar agua, pero que fue a ver televisión, que después éste ingresó al dormitorio cerrando la puerta. Se sacó la polera, ante lo cual la menor le preguntó al acusado qué hacía, pero que el sujeto continuó sacándose el pantalón, colocándose encima de ella, detallando que la niña trató de oponer resistencia, pero no podía, y que le introdujo el pene en la vagina, agregando que el sujeto la presionaba con su brazo debajo de su barbilla. Relato que concluyó la perito fue veraz, en atención a su lenguaje, al contexto situacional, al hecho que incluyera elementos sensoriales con gran detalle, y que describiera el desarrollo del hecho gesticulando con sus manos, como cuando movía la menor las manos hacia atrás y delante para evitar la acción del acusado, elementos que permitieron suponer que ese relato fue adquirido por experiencia personal. Presentando la menor, un cuadro clínico traumático, que hasta hoy la tiene con tratamiento psicológico, a consecuencia del ataque sexual de que fue objeto.


 Elementos de juicios anteriores que desvirtúan la declaración del acusado, teniendo además presente, que al haber negado el acusado su participación en el hecho relativo a J.C.G. en esta misma causa, lo que fuera contrariamente establecido en el juicio, le resta toda credibilidad y veracidad a todo su testimonio prestado en la audiencia. Más aún y reforzando lo anterior, la perito psicóloga Marcela Alejandra Moraga Ledesma, si bien señaló que el acusado le comentó que mantuvo relaciones sexuales con el acuerdo de la menor, concluyó que éste posee distorsiones cognitivas, lo cual significa que se caracteriza por atribuir la responsabilidad de sus actos a terceras personas, lo que explica en consecuencia, que impute a la menor V.G. la realización del acto sexual, al expresar que aquélla prestó su consentimiento, por otra parte, cabe tener presente que la perito individualizada fue categórica en expresar que no opinaba en dicha pericia respecto a la veracidad del relato dado por el acusado.


 Que así las cosas y en cuanto a la calificación jurídica del hecho, cabe hacer presente primeramente, que el concepto de intimidación no es sinónimo de amenaza, compartiendo en este punto el criterio del profesor Rodríguez Collao, pues si bien normalmente en la habitualidad de los casos la intimidación será producto de una amenaza ejercida por el hechor sobre la víctima para llevar a cabo su cometido, lo relevante lo constituye el efecto de debilitamiento psicológico ejercido sobre la víctima, teniendo presente para ello las circunstancias personales de la víctima, del sujeto activo y las circunstancias del hecho.


 Que la amenaza de que fuera objeto la menor por parte del acusado en cuanto a que si contaba lo sucedido, haría lo mismo con su hermana chica, no es suficiente para considerar la concurrencia de la hipótesis de intimidación exigida por el tipo en estudio, toda vez que carece de inmediatez y de actualidad. Sin embargo, el hecho de tomar con fuerza de los brazos a una menor de trece años de edad, quien refiere dolor, y desvestirla a la fuerza –como señalara la misma víctima– por quien posee evidente superioridad física y por tanto encontrándose la menor en situación de vulnerabilidad y el acusado en ventaja sobre aquélla, constituyen actos intimidatorios que permiten concluir que la víctima se encontraba bajo presión psicológica, sin que hubiere posibilidad cierta de resistirse al acometimiento forzado, aun cuando la menor tratara de manifestar su oposición a dicho acto, sacándole las manos de su cuerpo al acusado. Conducta misma, que refleja inexorablemente la falta de voluntad o consentimiento por parte de la menor a la realización de la actividad sexual, lo que fuera corroborado por la perito Viviana Alfaro Matamoros, al afirmar poco probable que la menor desplegara conductas de seducción, y no sólo en términos románticos sino también de cualquier tipo, debido a las características de su personalidad, de las cuales ya se hiciera referencia. Conclusiones anteriores, que han permitido desestimar la concurrencia de estupro respecto a la menor V.G., pues si bien esta sentenciadora comparte el hecho que se acreditó que el acusado estaba encargado del cuidado de la menor como se señalara en la sentencia, por las consideraciones que se han venido estableciendo, se ha estimado que la menor no obró en forma consentida, puesto que la diferencia esencial entre el delito de violación y estupro, consiste en la actitud del sujeto pasivo, pues en el primero la víctima no quiere la realización del acto, en cambio en el segundo, existe voluntad a que éste se realice, aunque prestada en condiciones que le restan validez, última que en la especie no se logró acreditar.


 De este modo, y habiéndose acreditado la concurrencia de abuso de confianza por parte del acusado Olivares Campos en la perpetración del delito que aquí se ha prevenido, quien era conviviente de la abuela de la menor y efectuaba ordinariamente labores de cuidado en ella, como lavarle el cabello, servirle comida entre otras, funciones que tanto la abuela y la madre de la niña consentían, esta sentenciadora estuvo por considerar la circunstancia agravante del artículo 12 Nº 7 del Código Penal y la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 Nº 6 del mismo texto legal conforme se estableciera mediante convención probatoria y, compensándose ambas circunstancias, y atendida la mayor extensión del mal causado, toda vez que la menor V.G. tuvo un hijo del acusado conforme se estableciera con la prueba pericial, se estimó aplicar la pena corporal de cuatro años de presidio menor en su grado máximo.


 Regístrese, otórguese copia autorizada a los intervinientes y archívese en su oportunidad.


 Redactada por el Juez señor José Antonio Sánchez Maestri, y el voto de prevención por su autora señora Marianne Barrios Socías.


 Pronunciada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, integrada por los Jueces señor Mario Muñoz Reymar, señora Marianne Barrios Socías y señor José Antonio Sánchez Maestri.


 R.U.C. Nº 0300023081 1.


 R.I.T. Nº 41 2004.


Texto Sentencia Tribunal Base:


 Copiapó, 15 de julio de 2004.


 Vistos y considerando:


 Primero: Que con fecha nueve de Julio de dos mil cuatro, ante la Tercera Sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, integrada por su Juez Presidente don Mario Humberto Muñoz Reymar y los Jueces doña Marianne Barrios Socias y don José Antonio Sánchez Maestri, se llevó a efecto el Juicio Oral R.U.C. Nº 0300023081 1, Rol Interno del Tribunal Nº 41 2004, destinado a conocer y fallar la acusación deducida por el Ministerio Público en contra de Leopoldo Enrique Olivares Campos, R.U.N. Nº 7.922.377 8, nacido el 9 de mayo de 1958, comerciante, domiciliado en calle Providencia Nº 692, Población Hermanos Carrera de Vallenar, por su responsabilidad en calidad de autor de dos delitos de violación en perjuicio de las menores I.P.V.G y J.V.C.G., previstos y sancionados en los artículos 361 Nº 1 y 362 del Código Penal, respectivamente.


 El Ministerio Público estuvo representado por la Fiscal Adjunto doña Ninoska Mosnich González con domicilio en calle Ramírez Nº 725 de la comuna de Vallenar, el acusado Olivares Campos fue representado por su abogado Defensor Penal Público don Roberto Henríquez Aguilera domiciliado en Vallenar calle Ramírez Nº 922, oficinas 1 y 2; que en la audiencia de deliberación asumió como nuevo Defensor Penal Público licitado de Vallenar don Guillermo Arriaza Valenzuela en representación del acusado, del mismo domicilio. La querellante Servicio Nacional de Menores de la Región de Atacama estuvo representada en la audiencia del juicio oral por el abogado don Ricardo Garrido Alvarez por delegación de poder conferido por la abogada doña Patricia Schubert Revello con domicilio en Edificio Obras Públicas 4º piso, Sename Copiapó, y la querellante particular doña Jeannette Isabel Gómez Hidalgo fue representada por su abogado y mandatario judicial don Juan Fernández Espejo con domicilio en Juan Sierralta Nº 655 de Copiapó


 Segundo: Que conforme al auto de apertura del juicio oral remitido por el Juzgado de Garantía de Vallenar, los hechos materia de la acusación del Ministerio Público consisten en que desde el año 2000 y hasta los primeros días del año 2003, la víctima I.P.V.G. de 13 años de edad, vivía junto a su madre Jeannette Gómez y sus hermanas, en el inmueble ubicado en calle Honorio Pérez 150, Población Los Alemanes, Vallenar, de propiedad de su abuela materna Luperfina Hidalgo y cedido por ésta para su habitación. Dicho inmueble contaba con un local comercial, utilizado por la dueña como local de alcoholes, el cual mantenía una conexión directa con el resto de la casa, el que era atendido por el conviviente de la dueña, el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos, con quien las víctimas mantenían una relación de confianza, como si éste fuera su abuelo biológico. En una fecha no determinada entre los meses de mayo y junio del año 2002, en circunstancias que I.P. se encontraba a solas con el acusado en el inmueble ya individualizado, puesto que Olivares Campos le había solicitado a las hermanas menores de la víctima que salieran del domicilio para comprar helados y jugar en la plaza, situación que fue aprovechada por el imputado quien se dirigió hasta el dormitorio en que se encontraba recostada la menor, se desvistió él y a la niña con una mano, mientras con la otra sujetaba a I.P., encontrándose sobre ella y usando de la fuerza, violó a la menor mediante la introducción del pene del acusado en la vagina de la menor, quien hasta ese momento carecía de toda experiencia sexual; luego de cometido el delito, el imputado para asegurar su impunidad, amenazó a la menor diciéndole que si le contaba a alguien lo sucedido, le pasaría lo mismo a sus hermanas menores, amenazas que llevaron a la víctima a ocultar lo ocurrido. Hace presente que no era extraño que la víctima o sus hermanas quedaran a solas en el inmueble con el acusado ya que tanto la víctima como su madre y sus hermanas veían al acusado como su abuelo, llegando incluso a quedar a cargo de él cuando la madre trabajaba o salía de la ciudad. A consecuencia de los hechos antes descritos, la menor I.P. quedó embarazada dando a luz con fecha 12 de febrero de 2003 a una niña Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia hija del acusado y producto de esta relación sexual forzada. A raíz de las diligencias realizadas por esta Fiscalía para esclarecer dicho ilícito, se entrevistó en calidad de testigo con J.V.C.G. de 10 años y cinco meses de edad, hermana de la víctima, con fecha 21 de octubre de 2003, quien señaló ante la Fiscalía que el acusado Leopoldo Olivares Campos, conviviente de su abuela y a quien también esta víctima, tal como el resto de su familia, consideraba como su abuelo, la había atacado sexualmente, violándola en reiteradas ocasiones, en fechas no determinadas entre los años 2000 y 2003, por vía vaginal y bucal, a través de la introducción del pene del imputado en la vagina y boca de la menor, realizando estas acciones tanto en su domicilio como en un vehículo al cual era conducida en contra de su voluntad y bajo amenazas para que no revelara los hechos, además de golpearla con cinturones o con sus propias manos si la pequeña no accedía a sus requerimientos, situación que se repetía casi a diario, hasta el momento en que J. salió del inmueble cedido por la abuela junto a su madre y hermanas. El Ministerio Público califica los hechos descritos precedentemente como constitutivos de dos delitos de violación, el primero de ellos en perjuicio de la menor I.P.V.G., y el segundo en perjuicio de la menor J.V.C.G., previstos y sancionados en los artículos 361 Nº 1 y 362 del Código Penal, respectivamente, delitos respecto de los cuales atribuye al acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos la calidad de autor. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, el Ministerio Público hace presente que favorece a dicho acusado la atenuante de irreprochable conducta anterior contemplada en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, y le perjudica la agravante de cometer el delito con abuso de confianza establecida en el artículo 12 Nº 7 del mismo cuerpo legal, circunstancias que concurren a su juicio respecto de ambos delitos. Finalmente, el Ministerio Público solicita se imponga a dicho acusado la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su participación a título de autor en el delito de violación en perjuicio de la menor I.P.V.G. y a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su participación a título de autor en el delito de violación reiterada en contra de la menor J.V.C.G., y se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Que la querellante particular doña Jeannette Isabel Gómez Hidalgo, labores de casa, domiciliada en Vallenar, Villa El Edén, calle Chañar Blanco Nº 870, en su calidad de representante legal de las menores víctimas, y legalmente representada por el abogado don Juan Fernández Espejo, dedujo adhesión a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del imputado Leopoldo Enrique Olivares Campos, como autor de dos delitos de violación, señalando que se valdrá de todos los medios de prueba presentados por la Fiscalía, solicitando se les tengan por expresamente reproducidos a esta adhesión y en los términos allí expuestos y que se aplique al acusado las penas señaladas en la referida acusación. Que la querellante particular Jeannette Isabel Gómez Hidalgo interpuso demanda civil de indemnización de perjuicio en contra del acusado Leopoldo Olivares Campos, para que sea condenado al pago de los perjuicios causados con la comisión de los hechos punibles por los cuales se le acusa, específicamente el daño moral, conforme a los fundamentos de hecho que se expresaron precedentemente al indicar los cimientos de su adhesión a la acusación fiscal, hechos que han provocado un intenso dolor a la demandante civil y a sus hijas, toda vez que las violaciones sufridas por éstas le han ocasionado un trauma de proporciones que atendida la edad de las mismas, difícilmente pueda ser superado en su totalidad, lo cual ha ocasionado sin lugar a dudas un dolor y sufrimiento espiritual inconmensurable, el cual permanecerá de por vida. En la especie, los perjuicios se han originado directamente del accionar del acusado, razón por la cual se solicita se declare por el Tribunal el pago directo de una suma no inferior a $ 50.000.000.  (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral. En cuanto a los fundamentos de derecho sostiene la demandante civil que el artículo 2314 del Código Civil establece que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes, agregando además los artículos 261 letra d) en relación al artículo 60 del Código Procesal Penal, 24 del Código Penal y 254 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene también la demandante que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha establecido de manera uniforme, la procedencia de la indemnización por daño moral, y que es jurídicamente procedente que el demandado civil deba reparar este daño causado a la demandante civil por el hecho delictivo respecto del cual es acusado, estando exento la demandante de la carga de fundarlo y probar su existencia en situaciones como las de la presente causa, ya que su sola ocurrencia implica para la víctima directa el verse afectada por dolores, sufrimientos y angustias constitutivas del daño moral, sin necesidad de que existan pruebas que precisamente constaten esos efectos. Por su parte la abogado del Servicio Nacional de Menores de la Región de Atacama, doña Patricia Shubert Revello, en la representación en que actúa, se adhirió plenamente a la acusación formulada por el Ministerio Público, señalando que se valdrá de todos los medios de prueba presentados por la Fiscalía, solicitando se les tengan por expresamente reproducidos a esta adhesión y en los términos allí expuestos, y que se aplique al acusado las penas señaladas en la referida acusación.


 Tercero: Que el Ministerio Público en su alegato de apertura ratificó el contenido de la acusación, describiendo al Tribunal la forma en que tuvieron lugar los acontecimientos y ofreciendo acreditar cada uno de los fundamentos de hecho de la misma, asegurando que mediante la prueba rendida se llegará al convencimiento que los hechos expuestos configuran los delitos de violación en perjuicio de las menores I.P.V.G. y J.V.C.G. precedentemente especificados, respecto de los cuales le corresponde al acusado anteriormente individualizado participación en calidad de autor, y solicita se le impongan las penas requeridas en la acusación fiscal. Por su parte, el querellante Servicio Nacional de Menores se adhiere a lo expuesto por la señorita Fiscal, haciendo presente que el acusado ha cometido violación en perjuicio de ambas menores en los términos señalados en la acusación. Que el abogado Juan Fernández Espejo en representación de la querellante particular y demandante civil Jeannete Gómez Hidalgo, expresa que se adhiere a la acusación fiscal y deduce demanda civil en los términos señalados en el auto de apertura del juicio oral, haciendo presente que estos delitos de violación atentan contra la indemnidad sexual. Que en la especie se trata de violaciones cometidas en perjuicio de menores de edad; precisando que el acusado violó a I.V.G. a raíz de lo cual fue madre, lo que le produjo un daño inconmensurable. Este daño causado a las víctimas y su familia, constituye un daño moral evidente que debe ser reparado, solicitando en consecuencia una indemnización ascendente a $ 50.000.000.  (cincuenta millones de pesos), por concepto de daño moral en favor de las víctimas, y se adhiere a las penas requeridas por el Ministerio Público en la acusación en contra de Leopoldo Enrique Olivares Campos. Finalmente, el señor Defensor hace presente que sólo se configura el delito de estupro en perjuicio de I.P.V.G., por la casi inexistencia de medios probatorios para acreditar la fuerza o intimidación respecto de dicha menor. Además no estaría acreditada la agravante del artículo 12 Nº 7 del Código Penal; que respecto de la menor J.C.G. no se logrará acreditar el delito de violación; termina precisando que se opone a la indemnización del daño moral tanto en su procedencia como en su monto.


 Cuarto: Los hechos que se dieron por acreditados conforme al artículo 275 del Código Procesal Penal, y que aparecen consignados en el auto de apertura del juicio oral, adquiriendo el carácter de convenciones probatorias, son los siguientes:


 1. Que en el certificado de nacimiento de doña I.P.V.G., se establece que su número de Rol Unico nacional es el 17.191.267 9 y que su fecha de nacimiento es 21 de febrero de 1989, que su padre es don Ricardo Martín Valencia Corona, Rol Unico Nacional 8.491.457 6 y que su madre es doña Janett Isabel Gómez Hidalgo, rol Unico Nacional 11.507.324 9.


 2. Que en el certificado de nacimiento de doña J.V.C.G., se señala que su Rol Único Nacional es el 18.509.061 2, que su fecha de nacimiento es el 29 de abril de 1993, que el nombre del padre es Eduardo Del Carmen Codoceo Olivares, Rol único Nacional 9.191.955 9, el nombre de la madre es doña Janett Isabel Gómez Hidalgo, Rol Único Nacional 11.507.324 9.


 3. Que en el certificado de nacimiento de Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia se establece que su Rol único Nacional es el 21.239.461 0, siendo su fecha de nacimiento el 12 de febrero del año 2003, el nombre de la madre es I.P.V.G., no registrándose el nombre del padre.


 4. Que en el extracto de filiación y antecedentes de don Leopoldo Enrique Olivares Campos, se establece como Rol Único Nacional el 7.922.377 8, cuya fecha de nacimiento es el 9 de mayo de 1958, no se registran anotaciones pretéritas por crimen, simple delito o faltas, ni condenas por actos de violencia intrafamiliar.


 5. Que en relación al informe presentencial de fecha 29 de diciembre del año 2003, el Consejo Técnico de Gendarmería de Chile, no recomendó la intervención de la medida de libertad vigilada, fundado en: estructura familiar sobreprotectora que avala en forma incondicional las conductas del imputado, evidenciándose además un apoyo de carácter más bien funcional; bajo nivel de autocrítica lo que no le permite evaluar sus propias conductas, siendo dominante en sus palabras hacia los demás; disminuidos niveles de autocontrol, lo que implica un apresuramiento en sus respuestas ante situaciones de alto contenido afectivo; baja resolución de conflictos acompañada de una disminuida tolerancia a la frustración. Por lo anterior, si bien, se hace necesaria una intervención en el medio libre, ésta no resultaría eficaz dadas las características de personalidad imperantes en el imputado.


 Quinto: Que con el objeto de demostrar la efectividad de los hechos expuestos en la acusación, el Ministerio Público aportó los siguientes medios probatorios:


 A. PERICIAL Y TESTIMONIAL:


 1. Declaración de Humberto Sebastián Pérez Lineros, perito planimetrista del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Copiapó, manifestando que por oficio petitorio de la Fiscal de Vallenar Ninoska Mosnich, se solicita la concurrencia de un perito planimetrista al inmueble ubicado en calle Honorio Pérez Nº 150, Población Los Alemanes de la comuna de Vallenar, por lo que concurre a dicho inmueble el día 16 de Febrero de 2004, practicando dicha pericia para lo cual efectuó un levantamiento planimétrico de dicha propiedad la que consta de dos dormitorios, un living, cocina y baño, y dentro de este inmueble se encuentra emplazada una botillería. El acceso principal de la vivienda referida es por Honorio Pérez. Esta botillería tiene dos accesos, uno por la calle y otro por el inmueble a través de una puerta. Posteriormente se hizo una fijación de un cobertizo donde estaba una camioneta, y al costado izquierdo había una pieza con cajas. La botillería tenía una dimensión de 3,4 metros por 4 metros. La totalidad del inmueble tenía una dimensión de 16 metros por 16 metros. Esta construcción es de material sólido. En el inmueble hay un pasillo que mide 1,40 metros. El inmueble habitación se comunica con el local comercial que corresponde a una botillería de nombre “Calipso”, a través de una puerta. El pasillo comunica con las habitaciones del referido inmueble, precisando que la puerta da hacia el pasillo, y éste conduce a los dormitorios, living, cocina y baño.


 2. Declaración de I.P.V.G., nacida el 21 de febrero de 1989, 15 años, estudiante, manifestando que en el año 2002 vivía en la Población Los Alemanes, de Vallenar, con su madre y hermanas, haciendo presente que en el inmueble había un local de licores que era atendido por Leopoldo Enrique Olivares Campos, quien era el conviviente de su abuela; él atendía dicho local comercial desde las 10:00 AM hasta las 02:00 ó 03:00 de la madrugada. A Leopoldo Olivares le decía tío Polo a quien conocía desde que era pequeña, y lo consideraba como un tío. Precisa que el tío Polo la violó, hecho que ocurrió un día como a las 4 de la tarde, en esa oportunidad estaba a solas con él ya que no había nadie en la casa, así que cuando iban a la pieza de su madre, él se demoró en cerrar la botillería, y por mientras prendía la televisión, se acostó en la cama, luego él la empezó a tocar en el estómago, le subió la mano más arriba, luego se subió arriba de ella, el tío Polo estaba vestido, y ella con buzo y polera, luego la tomó de los brazos, pero le sacaba las manos a él, quien le sacó la ropa, al tomarle los brazos le dolía, porque lo hacía con fuerza, él le sacó la ropa a la fuerza, específicamente el pantalón y la polera, luego, le introdujo el pene en su vagina; de esta relación sexual nació su hija Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia. Esta relación sexual se produjo en el mes de Junio o Julio de 2002, y su hija nació el 12 de febrero de 2003. Hace presente que ésta fue la única relación sexual. Después de esto Leopoldo Olivares Campos a quien reconoce en la audiencia de este juicio oral, la amenazó que si no se callaba le iba a pasar lo mismo a su hermana chica. Hace presente que antes de este hecho no había tenido relaciones sexuales ni pololo. Al ser preguntada por el querellante particular expresa que Leopoldo las cuidaba en la casa, les daba la comida, a veces les hacía el aseo personal, y lo consideraban como un tío.


 3. Declaración de J.V.C.G., 11 años de edad, estudiante, manifestando que en el año 2002 vivía en la Población Los Alemanes de Vallenar, con su mamá y hermanas, en una casa donde funcionaba una botillería la que era atendida por el caballero Leopoldo a quien le decía tío Polo o Pumpullo, quien entraba a la casa muy seguido, y en ella se quedaba él con ellas cuidándolas, ya que su madre trabajaba y se quedaban solas con Leopoldo, precisando que éste le tocaba el cuerpo, que de los 7 a los 8 años, él se metía en la noche en su pieza y le decía que la amenazaba, la tocaba, le decía te voy a violar, y que la iba a matar como también a su hermana chica, para que no le contara a su madre, esto pasaba en su pieza o en la de su mamá, le decía que le chupara el pene, él se sacaba la ropa y le sacaba la de ella, le metía el pene en la vagina, le pegaba y la empujaba; él se movía en círculos y le introducía el pene en la boca, el pene era grueso y más o menos largo. Cuando le introducía el pene en la boca sentía asco porque salía un moquillo blanco, cuando le introducía el pene en la vagina sentía rabia y dolor fuerte, ambas cosas él se las hizo varias veces. Después de estos episodios sentía dolores; él la amenazó que si contaba lo sucedido a su madre, la iba a matar y también a su hermana chica. Estos actos ocurrieron hartas veces hasta que ella cumplió los 9 años de edad. Estos hechos se los contó primero a su madre y después a la Fiscalía el año pasado. No contó estos hechos en el momento que ocurrieron porque tenía miedo que él cumpliera su promesa. Finalmente manifiesta que estos actos sexuales que señala se los hizo Leopoldo Enrique Olivares Campos, entre los años 2001 y 2002.


 4. Declaración de Viviana Paulina Alfaro Matamoros, perito sicóloga, manifestando que se desempeñaba como sicóloga en el Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS Quinta Región, al cual se solicita un peritaje sicológico de la menor I.P.V.G., que a la época de la evaluación tenía 14 años de edad y una hija, por lo que se le asigna esta tarea, haciendo presente que la menor vivía en el domicilio de Vallenar con su madre y hermanas. La metodología multifocal que aplicó consistió en la entrevista clínica a fin de determinar daño sicosocial de la menor, la aplicación de la escala de inteligencia de Besler para menores tendientes a determinar el nivel intelectual de la examinada, la aplicación del test de Bendel Vip tendiente a establecer si hay disfunción cerebral y factores emocionales asociados, el test de Rochard utilizado para establecer la presencia o ausencia de juicio de realidad y caracterizar el funcionamiento afectivo de la menor, se utilizó además la entrevista social con la madre de la menor doña Jeannette Gómez tendiente a reconstruir el contexto de desarrollo de la examinada, también una entrevista clínico pericial tendiente a obtener el relato de los hechos por parte de la examinada, se utilizó el análisis de las actuaciones de investigación de la Fiscalía de Vallenar. La examinada es hija de Jeannette Gómez Hidalgo y de Ricardo Valencia Corona separados de hecho desde el año 1989, tiene entre sus hermanas a J. Su madre asume a raíz de esta separación el cuidado de sus hijas. En 1991 la madre de la examinada inicia una convivencia de la cual nacen otras dos hijas menores, relación que sin embargo termina por las agresiones de su conviviente de que fue víctima. En ese contexto, ella también utiliza la violencia como un medio de resolver conflictos con sus hijas, lo que ella explica como una forma de desquitarse por lo que estaba sucediendo. En el año 2000 Jeannete Gómez se traslada con sus hijas a vivir a una vivienda cedida por su abuela materna doña Luperfina Hidalgo, ubicada detrás de una botillería. La abuela materna le ofrece a la madre de la examinada un trabajo en un restorante de su propiedad, trabajo que realiza de noche, por lo que sus hijas se quedan solas durante esta jornada, es en este contexto que el acusado conviviente de la abuela materna comienza a cuidar a la examinada y a sus hermanas, mientras él se desempeñaba atendiendo la botillería. Se crea por lo tanto un vínculo de cuidado y protección entre la examinada y el imputado, instaurado por la abuela materna y la madre de la examinada, ellas avalaban que él cuidara a las niñas, por lo que la examinada estimaba al imputado como una persona de confianza y que pertenecía a su contexto familiar, concordante con lo anterior, ella se refiere a él como una persona buena, cariñoso con su hermana, que les daba dinero, les ayudaba a limpiar la casa y las cuidaba, y la madre de la examinada dice que el imputado le ayudaba económicamente cuando lo necesitaba para comprar útiles escolares para sus hijas. En enero del año 2003, Jeannette Gómez abandona la vivienda referida, motivada por conflictos con Luperfina Hidalgo. En cuanto a los resultados de las pruebas sicológicas aplicadas a la menor examinada, se puede señalar que ésta presenta un desarrollo intelectual normal, posee una capacidad de memoria conservada, que le permite fijar, almacenar y evocar eventos significativos y traducirlos en un relato coherente, tiene un vocabulario que le permite expresar claramente sus ideas, presenta un juicio de realidad conservado. A nivel afectivo, la menor examinada presenta dificultades para controlar el impacto que ejercen las emociones sobre su capacidad para pensar racionalmente, especialmente cuando se ve expuesta a situaciones afectivamente complejas, deteriorándose la conducta que ella emite; en términos afectivos, la menor presenta conducta de inmadurez en relación a su edad, lo que concuerda con lo señalado por su madre que dice que es infantil. La examinada presenta una escasa motivación a establecer relaciones interpersonales, de relacionarse fluidamente con los demás, es tímida, retraída en el contacto social. La aplicación del Test de Bendel demostró que aparecen indicadores de daño orgánico o disfunción cerebral de la examinada, que en este caso no son explicables a partir de antecedentes clínicos sino que a partir de variables emocionales que interfieren en la función bisomotriz; estos indicadores son timidez, inhibición y retraimiento. Con respecto a los hechos investigados, la menor señala que fue a la pieza de su madre a ver televisión, que el imputado ingresó a esta habitación y cerró la puerta, éste se sacó la polera, luego él se sacó los pantalones, la había tirado sobre la cama y se había puesto sobre ella, él había comenzado a tocarla con una mano en su cuerpo, y al mismo tiempo el imputado mantenía el otro brazo puesto bajo la barbilla de la examinada, en ese momento trataba de oponer resistencia pero no podía y ella movía las manos hacia adelante y hacia atrás. Posteriormente la examinada expresa que cuando estaba sobre ella, él le introdujo el pene en su vagina, y sintió miedo y dolor. Describe elementos visuales concordantes con la posición en que ella se encontraba, lo que le da un criterio de veracidad a su relato; además entrega sus dichos acompañados de un relato emocional de tristeza y miedo, y cambia su lenguaje corporal. La emoción de miedo intenso aparece ligada directamente al carácter traumático con que la menor vivencia los hechos, que esta dado por lo inesperado de la situación, porque ella tenía internalizado al imputado como una persona de confianza, ya que la cuidaba, y su madre había respaldado este cuidado; el carácter traumático dice relación con la violencia con que ella describe la situación ya que la oposición de resistencia no resultó efectiva, lo que resulta incontrolable, y que el imputado le dijo que no le contara a nadie lo sucedido porque de lo contrario le pasaría lo mismo a sus hermanas, y que le iba a pegar; esta amenaza le produjo un gran impacto emocional por su carácter traumático, y a nivel sicológico ella cree que él puede cumplir lo que está diciendo. Por ello que la menor no develó los hechos a nadie, y lo hace cuando presenta dolores de estómago, por lo que es trasladada a una posta rural donde se le diagnostica el embarazo. En síntesis, concluye que el relato de la menor cumple con criterios de veracidad como son, hacer referencia a un contexto físico particular, hechos que ocurrieron en el dormitorio de la madre y cuando no había nadie en la casa, el correlato emocional de tristeza y miedo intenso concordante con sus dichos, y la situación que describe apoyado con un lenguaje gestual acorde, además está como criterio de veracidad, la organización general de la examinada que es un relato fragmentado esperable del carácter traumático del hecho; otro criterio de veracidad es el correlato sicológico de dolor, que incluye elementos sensoriales quinestésicos que fueron adquiridos por la experiencia directa de los mismos, por el detalle con que los hace. Esta evaluación permite concluir y acreditar la presencia de daño sicosocial con respecto a los hechos investigados, por el carácter traumático con que ella vivencia estos hechos, sintomología concordante con diagnóstico de trastorno estrés post traumático, que los dichos de la menor pueden ser valorados como veraces en cuanto de haber sido víctima de una situación de transgresión de sus límites corporales en la esfera de sexualidad, además que todos los contenidos intrasíquicos respecto de los hechos investigados dicen relación única y exclusivamente con la figura del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos a quien ella identifica como tío Polo. Por lo tanto los datos del relato provienen de la experiencia directa de los hechos, por los muchos detalles que ella entrega. Al ser consultada por la Fiscal, hace presente que es poco probable que esta menor haya desplegado conductas de seducción. Finalmente precisa que con motivo del daño sicosocial sufrido por la menor, se ha provocado un quiebre de su historia vital, que en el futuro le va a costar mantener relaciones de confianza.


 5. Declaración de Robinson Morales Calizto, perito tecnólogo médico legista, expresando que con fechas 14 y 29 de mayo de 2003, fueron recepcionadas en la Unidad de Servicio Médico Legal de Santiago, muestras de sangre del Servicio Médico Legal de Vallenar y Copiapó, pertenecientes al presunto padre Leopoldo Enrique Olivares Campos, a I.P.V.G. y a Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia, por lo que se procedió a la extracción de ADN, y se efectuaron las comparaciones pertinentes para establecer paternidad entre la hija y el presunto padre; y el resultado del informe es que de acuerdo con perfiles genéticos, no se puede excluir en ninguno de los marcadores a la hija Chacana Valencia con el presunto padre Leopoldo Enrique Olivares Campos, existiendo para ello una probabilidad de paternidad de 99,9992%; este valor de paternidad bajo la ley de filiación, corresponde a paternidad biológica acreditada, es decir, no se pone en duda la paternidad biológica referida, de que Leopoldo Olivares Campos es el padre de la menor Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia, haciendo presente que el resultado de probabilidad de paternidad en este caso fue más alto que el requerido.


 6. Declaración de María Isabel Salinas Chaud, perito sicóloga del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales del CAVAS del Departamento de la Policía de Investigaciones de Chile, manifestando que le correspondió examinar a la menor J.V.C.G. de 10 años 7 meses al momento de la evaluación; este peritaje consistió en la aplicación de una metodología multifocal, entrevista a J.G., entrevista clínica a dicha menor; se aplicó el Test Tevi, el Test de Integración de Funciones Cerebrales de Ricardo Olea, el Test de Bendel y se consideró los antecedentes de la investigación de la Fiscalía. En cuanto a los antecedentes sociales de dicha menor, sus padres se encuentran separados desde el año 1998, siendo hermana de I.P. sólo por línea materna quien tenía 14 años de edad al momento de la evaluación. La menor J. tuvo la presencia de un padrón violento por los conflictos conyugales de sus padres y que termina con la separación de ellos en esa fecha. En el año 1999 2000 recibe una oferta de su madre Luperfina para que habitaran una vivienda que tenía un local comercial que administraba su conviviente Leopoldo. La madre de Jeannette Gómez le ofrece a ésta un trabajo de noche, por lo que decide realizarlo quedando las niñas solas en la casa, que en ese contexto es que las niñas tienen contacto con el conviviente de la abuela, éste las ayudaba a hacer las tareas, a realizar el aseo, hacerles las camas y las cuidaba cuando la madre de ellas no estaba. En enero del año 2003 la madre Jeannette Gómez abandona el inmueble referido, debido a que sus hijas le habían contado que el Polo metía a niñas en la bodega de la botillería, además cree que el conviviente referido le hizo cosas a la menor. En cuanto a la evaluación la niña J. es de inteligencia normal, observándose interferencias de tipo emocional que se traduce en que la menor tiene ansiedad, e inestabilidad emocional; en cuanto a la comprensión del lenguaje, esta menor tiene un resultado superior a lo normal. En relación a los hechos investigados la menor señala que el Polo le hacía cosas, y que tenía temor de que la podían llevar a otro país, y por eso devela tardíamente la situación que vivió, recién en el mes de octubre del año 2003, dado que para ella existe una amenaza real de parte del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos, esto es, que si contaba lo que le había ocurrido, la iba a matar a ella y a su hermana menor; esta amenaza la internaliza como una idea catastrófica. Hace presente que la develación de los hechos por la parte de la menor examinada fue hecha primeramente a la Fiscal y no a su madre, lo que revela la falencia de una figura protectora. El Polo significaba para dicha menor como parte del contexto familiar, desde que era pequeña. En cuanto a los hechos que da cuenta la menor Jocelyn indica que los vivió desde los 7 a 9 años de edad, precisando la menor que al comienzo el Polo la tocaba, le ayudaba a hacer la cama, la pieza, a veces le pegaba, le sacaba la ropa, se bajaba los pantalones, le tomaba la cabeza la que se la metía entre sus piernas, le introducía el pene en la boca señalando la menor que esto le causaba asco y arcadas por el olor, su cabeza estaba metida entre las piernas por lo que ahogaba, describe un moco blanco que le causaba asco; la menor describe además que él se subía encima de ella, le pasaba el pene y luego se lo introducía en la vagina. Se advierte en esto que hay una situación de miedo de parte de la menor a través de su lenguaje y memoria visual, de que el Polo va a cumplir con la amenaza de que la va a matar a ella y a su hermana menor, lo que para J. representa una idea catastrófica y de miedo; además Jocelyn siente rabia asociada a la idea de que la situación que ella tiene no la puede controlar y parar al Polo, y por lo tanto no puede cambiar el curso de los acontecimientos. De estos hechos la menor J. ha sufrido un daño sicosocial que se traduce en que ella después que cuenta lo ocurrido, por la develación de los hechos y sus consecuencias, siente que hay un peligro real de que ella pueda ser dañada o alguien de su familia como su hermana menor M.P., y de este modo el imputado pueda cumplir la amenaza de matarla a ella y M.P.. En cuanto a las conclusiones, el análisis del relato de los hechos por la menor J., permiten concluir que los dichos de la menor referida son valorados como veraces en cuanto a ser víctima de un delito sexual reiterativo, el relato esta referido en cuanto a los contenidos intrasiquícos exclusivamente a la figura de Leopoldo Olivares; en cuanto al daño emocional se traduce en un trastorno ansioso asociado a la develación de los hechos con carácter desestructurante; finalmente refiere que la menor J. requiere de sicoterapia. Señala además que el relato de la menor corresponde a una experiencia directa de los hechos, cuya descripción esta exclusivamente referida al tío Polo. Finalmente señala que la menor tiene capacidad cognitiva para ordenar hechos, dado que en este caso no se trata de un evento único.


 7. Declaración de Fernando Pedro Crespo Zamorano, perito médico legista del Servicio Médico Legal de Vallenar, manifestando que le correspondió evaluar a la menor J.C.G. a solicitud de la Fiscalía, haciendo presente que la madre señaló que dicha menor había sido agredida sexualmente por el conviviente de la abuela de la niña. El peritaje lo efectuó el 30 de octubre de 2003; en el que la menor corroboró en todo lo que la madre había declarado. El examen pericial que efectuó mostró una vulva sin daño, pero en el examen físico, el himen mamelonado o deformado, presenta dos lesiones altamente sugerentes de desgarro parcial antiguo de himen, que describe a las 11 y 1 del reloj. En cuanto a las conclusiones, este desgarro es compatible con la penetración del pene en la vagina, esto es con violación sexual vía vaginal. Al ser consultado por el señor Defensor, de si podría tratarse de un elemento distinto al pene que hubiere provocado este desgarro, expresa que no podría descartarlo totalmente, pero basándose en los antecedentes amnésticos, se supone que la causa mas probable se refiere a la agresión sexual a que ha hecho mención; y por otra parte, no es posible establecer la reiteración.


 8. Declaración de Jeannette Isabel Gómez Hidalgo, nacida el 17 de septiembre de 1970, dueña de casa, manifestando que llegó el año 1999 a la propiedad de Honorio Pérez perteneciente a su madre quien le cedió la casa, la que se comunicaba con una botillería que atendía el acusado que era pareja de su madre, local que tenía acceso a la casa. Que su hija I. tuvo una guaguita, y que un día sintió dolores y la trasladó a la Posta donde el médico le manifestó que su hija estaba embarazada, luego fue llevada al Hospital y dio a luz, oportunidad en que le confesó que el acusado la había abusado sexualmente bajo amenaza, y que la amenazó que si contaba lo sucedido le ocurriría lo mismo a sus otras hermanas menores, precisando que el tío Polo abusó de ella en esa casa cuando su hija estaba en su dormitorio donde la forzó, y la obligó a tener relaciones sexuales. Luego procedió a denunciar a Carabineros, y le contó a su madre lo ocurrido quien era la pareja del imputado, en el sentido que sus niñas habían sido abusadas por él. Respecto de su hija J., ésta le dijo que el imputado la llevó a un galpón, y la obligó a que le chupara el pene, le apretó los brazos, la tocó con su pene y a él le saltó una mucosidad blanca que cayó cerca de la vagina, esto ocurrió varias veces, por lo que dio cuenta a la Fiscalía. Que reconoce al acusado en la audiencia del juicio oral quien era conviviente de su madre. Al ser consultada por el abogado querellante particular, manifiesta que estos hechos afectaron a sus hijas y a ella, causándoles un daño, lo que ha transformado sus vidas, además que llegó un ser inesperado, tuvo que dejar de trabajar para criar a su nieta, que han sufrido amenazas, que ha tenido que pagar furgón por seguridad, que ha sufrido humillación y dolor, y asegurar su casa, por lo que sus hijas y ella no llevan una vida normal. Que a través del SENAME tanto ella como sus hijas por intermedio del Centro de Atención CAMI están recibiendo atención sicológica y un taller en forma gratuita.


 9. Declaración de Andrea Margarita Araya Díaz, perito sicóloga del Centro de Atención en Maltrato Infantil de Vallenar, CAMI, expresando que en cuanto a la menor I.P.V.G. ingresó al CAMI en febrero de 2003, derivado del Hospital con antecedentes de violación, conjuntamente con el bebé producto de esta violación, a raíz de lo cual la menor tuvo un daño en su expresividad ya que no hablaba. Sin embargo logró un vínculo con ella, realizando las entrevistas para el informe, la niña relata algo de lo sucedido y se refiere al acusado como el tío Polo. Los cambios observados con I. luego del episodio vivido, resultó ser un daño producido por la situación traumática provocada por una relación sexual. Esto le ha provocado retraimiento, el hecho de sentirse vulnerable, incapacidad de controlar su entorno. En cuanto al período de su recuperación depende de muchos factores entre los que menciona el entorno familiar. En cuanto a la menor J.C.G., la evaluación del daño se refiere a la violación vaginal y bucal de que fue víctima, se veía dañada, la niña habla como característico de haber sufrido una situación traumática, hay una disociación ya que al relatar con soltura lo hace como mecanismo de defensa, pero luego no quiso hablar más lo que constituye una señal de daño que nos habla de la develación de abuso, la niña siente rabia ya que desea que ese tipo se muera o lo maten. La menor J. tiene un nivel cognitivo alto o desarrollado. En conclusión estos mecanismos de defensa de la menor J. dan cuenta de un daño sufrido.


 10. Declaración de Gloria Canales Gálvez, perito médico siquiatra del Servicio Médico Legal de Copiapó, manifestando que le correspondió efectuar el 20 de mayo de 2003 una evaluación siquiátrica a Leopoldo Olivares Campos de 45 años de edad a esa fecha, haciendo presente que éste no refiere antecedentes mórbidos o siquiátricos. Cuenta con 4 convivencias, la última de 11 años de duración. Muestra una actitud ambivalente y contradictoria en cuanto al comportamiento de la menor. Lúcido, orientado, responde en forma atingente, con juicio de realidad conservado, y con un rendimiento cognitivo normal. Defensivo y evasivo. Desvinculado afectivamente. Tiene un juicio conservado, no hay alteración siquiátrica sicótica ni rendimiento mental disminuido, por lo que es imputable.


 11. Declaración de Marcela Alejandra Moraga Ledesma, perito sicóloga del Servicio Médico Legal de la Serena, expresando que a solicitud de la fiscalía efectuó un peritaje al acusado Leopoldo Olivares Campos, realizando la evaluación el 20 de junio de 2003, y consistió en entrevistarlo, quien expuso que tiene una conviviente desde hace 11 años, que reconoce que tuvo relaciones sexuales con la hija de la hija de su conviviente, pero manifestando que las realizó con el consentimiento de dicha menor, señalando que siempre la madre dejaba a las niñas en la botillería a cargo de él, y que había una casa adyacente a dicho local, y en una oportunidad la chica se metió a su cama, y mientras tenía relaciones sexuales él dice que tiritaba, sin que tomara en ese momento conciencia de sus actos, sino que después de ocurrido entró en conciencia, de lo que se desprende que él no prevé las consecuencias de su actuar. Hace presente que el imputado le manifestó que tuvo relaciones sexuales con dicha menor en dos oportunidades, siendo la última en mayo de 2002, él además atribuye parte de la responsabilidad a la menor de edad, y se ve en él cierta implicancia emocional al referir estos hechos, se percibe lágrimas en su rostro; el relato del imputado describe hechos que tienen una coherencia temporal por lo que impresiona como creíbles, pero se aprecian ciertas distorsiones cognitivas que le atribuye parte de la responsabilidad a la víctima; en cuanto al perfil de personalidad, él tiene dificultades para integrar la información que recibe del ambiente y ve una realidad que sólo es parcial, ya que sólo toma detalles, y por lo tanto la configuración que hace de la realidad es parcial, además el imputado tiene dificultades para la integración y planificación de sus actos e ideas, con pensamiento concreto; a nivel emocional, tiene una gran carga impulsiva, utilizando ciertas defensas rígidas, le cuesta ponerse en el lugar de las otras personas , esto es, es poco empático; tiene baja tolerancia a la frustración , en cuanto a que él se proyecta en una idea y no le resulta, se frustra o desarma fácilmente; además que el imputado es impulsivo. A nivel de las relaciones interpersonales, él tiene angustia, trata de no aceptar las manifestaciones afectivas de los otros, por temor al rechazo, y la forma de compensarlo, lo hace a través de una conducta formal o convencional.


 12. Declaración de Daniza Patricia Gómez Hidalgo, labores de casa, manifestando que Leopoldo trabajaba en la botillería, y ella lo reemplazaba, y en varias oportunidades encontró material pornográfico en dicho local , haciendo presente que las niñas les decía que el acusado les mostraba revistas cochinas. Agrega que encontró las revistas cochinas arriba del refrigerador referidas a mujeres desnudas, relaciones con hombres. Reconoce en la audiencia del juicio oral al acusado, como el conviviente de su madre.


 13. Declaración de Karime Nicol Valencia Gómez manifestando que nació el 23 de agosto de 1986 y tiene 17 años de edad, que conoce al acusado Olivares, específicamente cuando llegaron de Chañaral, quien es conviviente de su abuela. Su madre es Jeannette Isabel Gómez Hidalgo, y sus hermanas ofendidas son I.P.V.G. y J.V.C.G. Señala que sorprendió al imputado con una pareja distinta, era conocida del colegio y tenía 16 años, con quien tuvo relaciones sexuales por lo que él le contaba. Agrega que el acusado tenía revistas pornográficas arriba del refrigerador con poses de acto sexual, pero él no se las mostró. Hace presente que ellas tenían confianza con el acusado, quien era una persona buena y se preocupaba de cuidarlas y las ayudaba en las tareas, les daba consejos y las apoyó. Finalmente, señala que él nunca se le manifestó sexualmente.


 14. Declaración de Jocelyn Del Carmen Zúñiga Alfaro, expresando que nació el 16 de septiembre de 1986, que conoció al acusado en la botillería Calipso, y es el caso que en una oportunidad solicitó a él que le fiara el vino o pisco, a lo que accedió pero a cambio que le diera sexo. Volvió en otra oportunidad y como necesitaba plata le pidió si podía estar con él atendiendo, y le dijo que bueno, y ahí en confianza le contaba cosas, que se pescaba a una señora de la vuelta, y que a una niña dejó embarazada. Agrega que en una oportunidad como necesitaba plata fue donde él, y se metió con él, la llevó a una bodega donde guardaba licores, en la misma botillería. Posteriormente, él fue a buscarla a la casa en dos oportunidades, y en la primera no la encontró, pero según el comentario que le hizo su hermana, ofreció a ésta la suma de $ 15.000.  para salir con ella. Después, en la segunda oportunidad sí la encontró, y la llevó a un lugar saliendo de Vallenar, donde la agarró, le dio besos y la tocó. Hace presente, que al referirse a que se metió con el acusado, significa que tuvo relaciones sexuales con él cuando tenía 16 años, a cambio de $ 12.000.  a $ 13.000.  en dinero. Finalmente, reconoce al acusado en la audiencia del juicio oral. Al ser consultada precisa que el acusado no la obligó a tener relaciones sexuales con él, sino que ella lo hizo porque necesitaba el dinero.


 B. PRUEBA DOCUMENTAL:


 1. Informe siquiátrico Nº 184, de fecha 28 de mayo de 2003, practicado al acusado Leopoldo Olivares por la médico siquiatra del Servicio Médico Legal de Copiapó, doña Gloria Canales Gálvez.


 2. Informe sicológico Nº 91 03, remitido a esta Fiscalía mediante oficio PS 419 03 de fecha 4 de noviembre de 2003, practicado al acusado Leopoldo Olivares por la sicóloga del Servicio Médico Legal de la Serena, doña Marcela Alejandra Moraga Ledesma.


 3. Informe de Paternidad D 3206, 3516, 3517 03, de fecha 21 de octubre de 2003, practicado a la menor Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia, por el Servicio Médico Legal de Santiago, ejecutado por el tecnólogo médico legista don Robinson Morales Calizto.


 4. Informe Clínico Pericial tendiente a valorar la veracidad de los dichos de la víctima, evacuado por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, (CAVAS) de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 2 de diciembre de 2003, practicado a la menor I.P.V.G., por la sicóloga Viviana Alfaro Matamoros.


 5. Informe Clínico pericial tendiente a valorar la veracidad de los dichos de la víctima, evacuado por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la Policía de Investigaciones de Chile, de diciembre de 2003, practicado a la menor J.V.C.G., por la sicóloga María Isabel Salinas Chaud.


 6. Informe Médico Legal sobre delitos sexuales Nº 016 2003 de fecha 23 de octubre de 2003 y su ampliación de fecha 30 de octubre de 2003, del Servicio Médico Legal de Vallenar, practicado a la menor J.V.C.G., por el médico legista don Fernando Crespo Zamorano.


 7. Informe sicológico de daño emocional, practicado por el Centro de Atención en Maltrato Infantil de Vallenar (C.A.M.I.), practicado a la menor I.P.V.G., en el mes de febrero de 2004, y suscrito por la sicóloga Andrea Margarita Araya Díaz.


 8. Informe sicológico de daño emocional, practicado por el Centro de Atención en Maltrato Infantil de Vallenar (C.A.M.I.), practicado a la menor J.V.C.G., en febrero de 2004, y suscrito por la sicóloga Andrea Margarita Araya Díaz.


 9. Informe Pericial Planimétrico Nº 105, de fecha 20 de febrero de 2004, efectuado respecto del inmueble ubicado en calle Honorio Pérez 150, Población Los Alemanes, Vallenar, practicado por el perito dibujante y planimetrista del Laboratorio de Criminalística Regional de Copiapó, de la Policía de Investigaciones de Chile, don Humberto Pérez Lineros.


 Sexto: Que por su parte el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos, prestó declaración de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 326 del Código Procesal Penal, exponiendo que no violó a I.P., ya que lo hicieron de común acuerdo, ella estaba consiente de lo que realizaron, en ningún momento la golpeó; las niñas quedaron solas, es el caso que la madre de ellas no volvió a Vallenar ese día, diciéndole a su madre que por favor él se quedara a cargo de las niñas, luego ésta le comunicó a él de tal situación. Irma Patricia se le insinuaba y en esa oportunidad en la noche tuvo relaciones sexuales con ella; Irma Patricia nada habló a la familia sobre lo sucedido, y él tampoco contó lo ocurrido. De esta relación nació una hija que no lo niega. Que no ha violado a la niña chica J.V.; hace presente que las niñas quedaban solas, les hacía la comida, les lavaba el pelo y las cuidaba. Que la rotura del himen no significa que dicha menor haya sido violada. Con I.P. tuvo relaciones sexuales en dos oportunidades. La madre de estas niñas trabajaba en dos turnos, en el día en el centro, y en la noche trabajaba con su madre, de modo que las niñas quedaban solas. Agrega que la señora Jeannette cambia de pareja frecuentemente, y es el caso que ha llevado 5 parejas a la casa, y las niñas saben de todo. Pide que se le dé la oportunidad de reconocer a la hija de I.P. Que no tiene recursos para pagar $ 50.000.000.  que solicita la parte querellante. Al ser interrogado por la Fiscal, expresa que convivió con la señora Luperfina por un período de 11 años, hasta que fue detenido; que conocía a la familia de Luperfina, y su hija Jeannette Hidalgo vivía en calle Honorio Pérez Nº 150 de Vallenar de propiedad de la madre de ella, que en ese inmueble había un local de alcoholes que él lo trabajaba y lo atendía de las 18:30 horas hasta la 01:00 de la madrugada, los días viernes entraba a las 10:00 de la mañana y los sábados atendía dicho local hasta las 03:00 ó 04:00 horas de la madrugada, y las niñas estaban en la casa. Que la botillería tenía acceso a dicha casa habitación, y Jeannette lo invitaba a almorzar. La Jeannette a veces golpeaba a la I.P. que en esa época pesaba 50 kilos, morena, es callada, actualmente de 15 años de edad, y que a la fecha en que tuvo relación sexual con ella tenía 13 años de edad, está arrepentido de haberlo hecho con I.P. quien le decía tío Polo, las demás le decían Chico Polo. Había una relación de confianza con las niñas, con la madre de ellas y con la familia en general. Respecto de J.V. iba a la botillería, le enseñó a leer, y pasaba siempre con él en la botillería. Dentro de la casa había una bodega de cervezas y licores con sus respectivas puertas. Agrega que no tenía revistas pornográficas en el local, solo el diario La Cuarta que lo dejaba encima del refrigerador. En cuanto a la relación que tuvo con I.P., precisa que pasó la noche con ella quien lo llamó, se le insinuaba, se acostó en el dormitorio con ella a ver televisión, la niña se le empezó a acercar, y reconoce que se dejó llevar, que él tiritó cuando tuvo esta relación sexual, ella no sangró. En cuanto a las circunstancias del hecho precisa que ella se desvistió sola, y luego de la relación sexual, la lavó. Hace presente que tuvo una nueva relación sexual con I.P., no recuerda detalles, pero esto ocurrió en el dormitorio del inmueble; en esta segunda oportunidad la Jeannette llegó a las 11 de la noche a la casa, dejaba a las niñas solas, y la Luperfina se lo dijo a ella; tuvo esta relación sexual con I.P. como a las 9 de la noche. Hace presente que ambas oportunidades, durante los actos sexuales que tuvo con ella, las otras niñas estaban durmiendo. Al ser consultado por la parte querellante particular, reconoce que su conviviente le pidió que se hiciera cargo de las niñas, las niñas siempre estaban en la botillería, precisa que la casa se comunicaba con la botillería y bodega en un solo inmueble. Él vivía en calle Providencia 692. La Jeannette se fue de dicha propiedad el 2 de enero de 2003. La relación sexual con que tuvo con I.P. ocurrió en mayo o junio del año 2002.


 Séptimo: Que conforme a las pruebas rendidas por el Ministerio Público pormenorizadas en el considerando quinto precedente, permiten dar por establecido y acreditado, más allá de toda duda razonable, que en fecha no determinada, entre los meses de mayo y junio de 2002, en la comuna de Vallenar, el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos abusando de una relación de dependencia con la menor I.P.V.G. de 13 años de edad, aprovechando que ésta se encontraba sola en el inmueble ubicado en calle Honorio Pérez Nº 150, Población Los Alemanes, dada además la situación de desvalimiento e inferioridad en que ella se encontraba, en uno de los dormitorios del referido inmueble, la accede carnalmente mediante la introducción del pene en la vagina de la menor, sin que se haya acreditado el uso de fuerza o intimidación en la realización del acto sexual. Que como consecuencia de esta relación sexual, I.P.V.G. tuvo una hija de nombre Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia que nació el 12 de febrero del año 2003, circunstancia que se encuentra acreditada con el contenido del certificado de nacimiento a que alude la convención probatoria consignada en el número 3 del fundamento cuarto de esta sentencia, siendo el padre el acusado Olivares Campos, hecho que se halla acreditado con la declaración del perito tecnólogo médico legista Robinson Morales Calizto quien manifiesta que se efectuó el examen de A.D.N., cuyo peritaje arrojó como resultado una probabilidad de paternidad de 99,9992%, porcentaje superior al requerido, y que bajo la Ley de Filiación, corresponde a paternidad biológica acreditada, esto es, que el acusado Leopoldo Olivares Campos es el padre de la menor Luna Alejandra Chacana Valencia antes nombrada, paternidad que en todo caso no ha cuestionado el acusado según consta de su propia declaración. Que en la forma descrita, entre mayo y junio de 2002, el acusado tuvo una relación sexual con I.P.V.G., quien se refiere a esta circunstancia al precisar en su declaración que aquel le introdujo el pene en su vagina, y por su parte Leopoldo Enrique Olivares Campos reconoce que tuvo relaciones sexuales con II.P.V.G., entre mayo y junio de 2002, lo que se encuentra corroborado con el peritaje referido precedentemente, considerando además el período de gestación de la criatura, la fecha de su nacimiento es concordante con la época en que se produjo el acceso carnal, esto es, entre mayo y junio de 2002, y que conforme al contenido del certificado de nacimiento a que se refiere la convención probatoria consignada en el número 1 del fundamento cuarto, se encuentra plenamente establecido que I.P.V.G. nació el 21 de febrero de 1989, de lo que se desprende el hecho acreditado que a la época que el acusado tuvo relación sexual con dicha menor, ésta tenía 13 años de edad, lo que coincide plenamente con las declaraciones prestadas en tal sentido por el imputado y la referida ofendida. Que establecido el hecho que el acusado accedió carnalmente a dicha menor por vía vaginal, de la prueba rendida en el juicio, se encuentra fehacientemente acreditado que el acusado incurrió en esta conducta, abusando de una relación de dependencia con dicha ofendida; en efecto, conforme a las declaraciones de las peritos sicólogas Viviana Paulina Alfaro Matamoros y María Isabel Salinas Chaud y conforme a la información que ellas recabaron, en el año 2000, Jeannette Isabel Gómez Hidalgo, madre de la víctima I.V. antes nombrada según consta del contenido del certificado de nacimiento aludido en el Nº 1 de las convenciones probatorias, decide trasladarse a vivir con sus hijas al inmueble referido de calle Honorio Pérez Nº 150 de propiedad de la abuela materna doña Luperfina Hidalgo, inmueble dentro del cual se ubica un local comercial de alcoholes o botillería la cual tenía acceso con la casa habitación donde el imputado tuvo la relación sexual con la menor mencionada, sitio del suceso que lo describe con claridad y precisión el perito planimetrista Humberto Sebastián Pérez Lineros al manifestar que el inmueble habitación se comunica con dicha botillería de nombre “Calipso”, a través de una puerta que da a un pasillo, el que conduce a todas las habitaciones, entre ellas a los dormitorios. Que el referido local de alcoholes era atendido y administrado por el acusado quien en su declaración precisa que trabajaba en él y lo atendía hasta altas horas de la noche incluso los sábados; que en esa misma época la madre de la menor ofendida realiza un trabajo de noche en un restaurante de propiedad de la mencionada abuela materna de la menor, quedando de este modo las hijas de Jeannette Gómez Hidalgo, solas en la referida casa habitación, circunstancia que corrobora la menor J.V.C.G. al precisar que su madre trabajaba y se quedaban solas con el acusado quien tambíén reconoce esta circunstancia; y es en este contexto que el acusado conviviente de la abuela materna, comienza a cuidar a las hijas menores, entre ellas a la ofendida I.P.V.G., y de este modo se crea en el hecho un vínculo de cuidado y protección entre ella y el acusado, por lo que éste fue considerado por la menor como una persona de confianza y avalado por todos los miembros de este núcleo familiar, entre ellos la madre y abuela de la menor, circunstancia que se encuentra acreditada con las declaraciones de las menores I.V.G. y Karime Nicol Valencia Gómez, manifestando la primera que al acusado lo conocía desde que era pequeña, le decía tío Polo y lo consideraba como tal, ya que a ella y sus hermanas las cuidaba, les daba la comida, y a veces les hacía su aseo personal, por su parte la menor Karime declara que el acusado era una persona buena, se preocupaba de cuidarlas, las ayudaba en las tareas, les daba consejos y las apoyó. Por lo tanto, en el hecho el acusado se hizo cargo del cuidado y educación de la menor I.V. y de las otras hermanas, y ante la ausencia de su madre por la naturaleza del trabajo que realizaba pasó a ocupar su lugar en lo que se refiere a las labores y funciones que son propias de los padres como el cuidado y enseñanza de las hijas, ya que el acusado las cuidaba, las ayudaba a hacer las tareas y se preocupaba del aseo personal de ellas, de modo que entre la menor ofendida y sus hermanas, por una parte, y el acusado por la otra se creó no sólo una relación de confianza, sino que un vínculo de dependencia, en que la figura del acusado era considerada por las menores como una persona protectora y como miembro de la familia, a quien podían recurrir dada además la circunstancia que la botillería que él atendía, tenía un acceso directo con la casa habitación donde vivían las menores, además del hecho que el imputado era el conviviente de la abuela materna de dichas menores. Es en estas circunstancias, que el acusado aprovechando que la menor I.V.G. se encontraba sola en el referido inmueble, según lo declara la propia ofendida, la accede carnalmente por vía vaginal, abusando de esta relación de dependencia que se había producido entre ambos, y en la cual la ofendida se encontraba en una situación de inferioridad en relación con el imputado. Que, por otra parte, no se ha acreditado el uso de la fuerza o intimidación en la realización del acceso carnal a la menor I.V., toda vez que, no obstante que la perito sicóloga Viviana Paulina Alfaro Matamoros señala que al entrevistarse con la menor examinada I.V.G., ésta le contó que el acusado ingresó a la habitación, cerró la puerta, que él la había tirado sobre la cama, y que el imputado puso uno de sus brazos baja la barbilla de la menor examinada, en los instantes previos a la realización del acto sexual, circunstancias que siendo propias de un acceso carnal forzado, cabe sin embargo desestimarlas, atendido a que tales circunstancias no fueron mencionadas por la ofendida I.V. en el juicio oral toda vez que en su declaración que prestó ante el Tribunal Oral, precisa que ella y el acusado”cuando iban a la pieza de su madre, él se demoró en cerrar la botillería, y por mientras prendía la televisión, ella se acostó en la cama, luego él la empezó a tocar en el estómago”, no refiriéndose a los actos de violencia señalados precedentemente por la mencionada perito, teniendo presente que el relato que da cuenta dicha perito no puede reemplazar a la declaración dada por la víctima ante el Tribunal Oral, que conforme al artículo 329 del Código Procesal Penal, la perito debe declarar acerca del contenido y conclusiones de su informe el que se refiere a un peritaje clínico tendiente a valorar la veracidad de los dichos de la menor I.P.V.G. según da cuenta el auto de apertura del juicio oral; que en cuanto a lo declarado por la menor en el juicio, ésta señala que antes que le introdujera el pene en la vagina, el acusado la tomó de los brazos con fuerza y le dolía, circunstancias que no son suficientes para establecer la existencia de una relación sexual forzada. Que a este respecto el acusado en su declaración expresa que tuvo relaciones sexuales con I.V. ya nombrada, pero que realizaron de común acuerdo. Que, por otra parte, no existe pericia médica alguna que corrobore la supuesta fuerza o violencia en la persona de la víctima I.V.G. con motivo de este acceso carnal. Que tampoco se halla acreditada la intimidación, la que debe consistir en una amenaza concreta y real, que dé a conocer a la víctima la realidad inminente de un daño, y por lo tanto, el mal amenazado debe ser inmediato, serio y revestir de cierta gravedad, requisitos que no se cumplen en la especie ya que la ofendida Valencia Gómez en su declaración se limita a señalar al respecto, que después de realizado el acto sexual Leopoldo Olivares Campos la amenazó que si no se callaba le iba a pasar lo mismo a su hermana chica; que todo lo anterior, no se contrapone a las conclusiones que emite la perito en su declaración, al precisar que el relato de la menor I.V.G. cumple con criterios de veracidad, que los dichos de dicha menor pueden ser valorados como veraces en cuanto de haber sido víctima de una situación de transgresión de sus límites corporales en la esfera de sexualidad, y que todos los contenidos intrasíquicos respecto de los hechos investigados dicen relación única y exclusivamente con la figura del acusado. Que la versión dada por Jeannette Isabel Gómez Hidalgo en nada altera dicha conclusión ya que no fue testigo presencial de los hechos, manifestando que su hija I.V. le contó que el acusado la había obligado bajo fuerza y amenaza a tener relaciones sexuales. Que en virtud de lo expuesto y razonado precedentemente, no habiéndose acreditado la fuerza o intimidación ni concurriendo circunstancia alguna de las señaladas en el artículo 361 del Código Penal, no se ha establecido el delito de violación en la persona de la menor I.V. como lo pretenden el Ministerio Público, el abogado don Juan Fernández Espejo en representación de la querellante particular Jeannette Gómez Hidalgo, y la querellante Servicio Nacional de Menores: Que, en consecuencia, estos hechos configuran el delito de estupro en perjuicio de I.P.V.G. de 13 años de edad a la fecha de los hechos, ilícito previsto y sancionado en el número 2 del artículo 363 del Código Penal.


 Octavo: Que con el mérito de las pruebas rendidas a que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes de esta sentencia, se ha establecido que el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos introdujo el pene en la vagina de la menor ofendida I.P.V.G., abusando de una relación o vínculo de dependencia de ésta, sin que se haya acreditado el uso de fuerza o intimidación en la persona de la víctima, en la realización del acceso carnal, hecho descrito en el fundamento precedente de este fallo. A este respecto, la ofendida I.P.V.G. en su declaración manifiesta que el acusado, a quien reconoce en la audiencia del juicio, le introdujo el pene en su vagina, que producto de esta relación sexual nació su hija Luna Paloma Alejandra Chacana Valencia el 12 de febrero de 2003, y que conforme al peritaje realizado por el tecnólogo médico legista Robinson Morales Calizto la probabilidad de paternidad de 99,9992% corresponde a paternidad biológica acreditada, de que el acusado es el padre de la mencionada Luna Chacana Valencia, circunstancias que son plenamente reconocidas por el acusado quien expone que en el período mayo junio de 2002 tuvo relaciones sexuales con la ofendida I.P.V.G. del cual nació una hija, reconociendo además que como la madre de ella Jeannette Gómez Hidalgo trabajaba en dos turnos en el día en el centro y en la noche trabajaba con su madre, las niñas quedaban solas, por lo que él se hacía cargo de cuidarlas, hacerles la comida y lavarles el pelo; circunstancias a que también se refiere la perito sicóloga Viviana Alfaro Matamoros en cuanto a la existencia de un vínculo de cuidado o dependencia entre el imputado y la víctima dentro de un contexto familiar. Que, en consecuencia, ha quedado fehacientemente acreditada la participación del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos en calidad de autor del delito de estupro en perjuicio de la menor I.P.V.G. precedentemente especificado, por haber tomado parte en la ejecución de una manera inmediata y directa, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 Nº 1 y 15 Nº 1 del Código Penal.


 Noveno: Que con el mérito de las pruebas rendidas por el Ministerio Público pormenorizadas en el fundamento quinto precedente, permite dar por establecido y acreditado, más allá de toda duda razonable, que en fechas no determinadas, en el período comprendido entre el 16 de octubre de 2001, fecha de inicio de la reforma procesal penal en la región de Atacama, y fines del año 2002, el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos accede carnalmente a J.V.C.G. de 8 a 9 años de edad a esa época, mediante la penetración del pene en la vagina y boca de la menor, manteniendo relaciones sexuales con ella en ocasiones distintas en el inmueble ubicado en calle Honorio Pérez Nº 150, de la comuna de Vallenar, a consecuencia de lo cual la menor ofendida mencionada precedentemente resultó con un desgarro parcial de himen. Que en la forma descrita, el desgarro parcial del himen de dicha víctima se debió al acceso carnal realizado por el acusado, circunstancia que se encuentra acreditada en primer término con la declaración del perito médico legista del Servicio Médico Legal de Vallenar don Fernando Pedro Crespo Zamorano quien en su declaración manifiesta que al examen pericial efectuado a la menor J.C.G., se observó que ésta presentaba un himen mamelonado o deformado con dos lesiones altamente sugerentes de desgarro parcial antiguo de himen, compatible con la penetración del pene en la vagina, esto es, con una violación sexual vía vaginal; en segundo término consta la declaración prestada por la menor ofendida J.V.C.G. quien manifiesta que entre los años 2001 y 2002, el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos en varias oportunidades le penetró el pene en su vagina y además le introdujo el miembro viril en su boca; precisa además que cuando el acusado le penetraba el pene en la boca sentía asco porque salía un moquillo blanco y cuando le penetraba el pene en la vagina sentía un dolor fuerte y rabia esto último asociado a la idea de que la situación que ella tiene con el acusado no la puede controlar, según lo explica la perito María Salinas Chaud. Que atendido la fecha de ocurrencia de la realización de estos actos sexuales, se halla debidamente acreditada la circunstancia que en ese período la menor ofendida tenía entre 8 y 9 años de edad, según se desprende del contenido del certificado de nacimiento a que se refiere el número dos de las convenciones probatorias consignadas en el fundamento cuarto de esta sentencia, al precisar que su fecha de nacimiento es el 29 de abril de 1993, por lo que en esa época era menor de 12 años de edad. Que conforme a la declaración prestada por la menor ofendida, la realización del acceso carnal por parte del imputado se produjo en la casa de la Población Los Alemanes de Vallenar donde funcionaba una botillería la que era atendida por el acusado, y que tenía acceso directo al inmueble casa habitación como se ha expresado en los fundamentos precedentes. Además, corrobora lo establecido anteriormente, la declaración de la perito sicóloga María Isabel Salinas Chaud en el sentido que los dichos de la menor J.C. examinada los valora como veraces en cuanto a ser la menor víctima de un delito sexual reiterativo, en que su relato corresponde a una experiencia directa de los hechos cuya descripción está referida exclusivamente a la figura del acusado. Que concordante con lo anterior la madre de la ofendida Jeannette Isabel Gómez Hidalgo manifiesta en su declaración que su hija J. le dijo que el imputado la obligó a que le chupara el pene, que además la tocó con su pene y le saltó una mucosidad blanca, ocurriendo esto varias veces. Que atendida la edad de la menor J.C.G., la ley no exige para configurar una violación la concurrencia de fuerza o intimidación ejercida en una menor de 12 años ya que a esa edad no están capacitadas para consentir válidamente la realización de un acto sexual, de manera que basta que concurra el acceso carnal de esa menor, circunstancia que se encuentra plenamente acreditada en este juicio de acuerdo a lo expresado y razonado precedentemente. Que además ha quedado establecido que el acusado mantuvo relaciones sexuales con la menor J. en ocasiones distintas en el inmueble precedentemente individualizado; a este respecto, el Tribunal hace presente que no se ha especificado ni establecido el número de los actos sexuales ni se ha determinado las fechas u ocasiones en que éstos ocurrieron, ni se ha establecido las circunstancias precisas y particulares de tiempo y lugar de cada uno de ellos, considerando además que tales conductas fueron ejecutadas en perjuicio de esta misma ofendida en el marco de una misma resolución delictiva y unidad de propósito, por lo que se trata de una serie de actos constitutivos de una sola acción continuada dentro de un mismo contexto situacional, unidad de acción que configura un solo delito continuado de violación, criterio que acoge el Jurista don Luis Rodríguez Collao en su libro “Delitos Sexuales”, páginas 267 a 269, y que también recoge la jurisprudencia de nuestros tribunales en los fallos dictados en contra de Luis López Carvajal página 194 tomo IV, contra José Petera Pando página 80 tomo II, contenidos en el libro “El derecho penal en la jurisprudencia” del jurista don Alfredo Etcheberry. Que, en consecuencia, se ha configurado el delito de violación en perjuicio de la menor ofendida J.V.C.G., menor de 12 años de edad a la época de los hechos, ilícito previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal.


 Décimo: Que con el mérito de las pruebas rendidas a que se ha hecho referencia en los fundamentos quinto y precedente de esta sentencia, se ha establecido que el acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos accedió carnalmente a J.V.C.G., menor de 12 años de edad a la época de los hechos, mediante la introducción del pene en la vagina y boca de la menor, a consecuencia de lo cual la menor ofendida resultó con desgarro parcial del himen compatible con violación sexual vía vaginal, a que se ha hecho referencia en el fundamento precedente. Que no obstante que el acusado en su declaración niega haber accedido carnalmente a la menor J.C. antes nombrada, ello no es suficiente para desvirtuar lo manifestado por la referida menor quien describe con toda claridad el hecho y sus circunstancias esenciales, al precisar que en el período 2001 2002, el acusado le introdujo el pene en su vagina y en su boca, versión que resulta creíble por ser concordante con las demás pruebas del proceso y con el peritaje del médico legista Fernando Crespo Zamorano referido en el fundamento precedente, máxime que la perito sicóloga María Isabel Salinas Chaud al declarar sobre las conclusiones de la pericia expresa que los dichos de la menor los valores como veraces, y el relato de que da cuenta la menor corresponde a una experiencia directa de los hechos, cuya descripción esta referida exclusivamente a la persona del acusado. Que por el contrario, la perito sicóloga del Servicio Médico Legal de La Serena, doña Marcela Alejandra Moraga Ledesma, si bien expresa que el relato del imputado describe hechos que tienen una coherencia temporal por lo que impresiona como creíbles, se aprecia en él ciertas distorsiones cognitivas y que la configuración que hace de la realidad es solo parcial. Que habiéndose desestimado lo expuesto por el imputado en la parte referida a los hechos constitutivos del acceso carnal a la menor J.C., ha quedado acreditada la participación del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos en calidad de autor del delito de violación en perjuicio de la menor J.V.C.G. precedentemente especificado, por haber tomado parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 Nº 1 y 15 Nº 1 del Código Penal.


 Undécimo: Que el Defensor Penal Público hace presente que la versión del acusado es coherente y su relato es creíble según la perito Moraga, al respecto el tribunal se remite a lo expresado y razonado en el fundamento precedente de este fallo. Que la Defensa señala que la versión de la menor I.V.G. según la perito sicóloga sea creíble no resultaría a su juicio concluyente; sobre el particular el sentenciador se remite a lo establecido en el fundamento séptimo de este fallo. Que el señor defensor alega que al ser consultado el perito médico legista Fernando Crespo Zamorano respecto a la pericia realizada a la menor J.C.G., aquél manifestó que no podía descartar totalmente que no haya habido acceso carnal; sobre este punto el Tribunal hace presente que dicho perito médico señaló que si bien no podría descartar totalmente que un elemento distinto del pene pudiere haber provocado el desgarro del himen de la referida menor Jocelyn, sin embargo de los antecedentes amnésticos, lo señalado por la menor y su madre, y el peritaje realizado a dicha menor, permiten suponer que la causa más probable es que el desgarro del himen de la menor referida se haya producido por una violación sexual vía vaginal; en relación a lo anterior el Tribunal hace presente que al ser consultado el referido perito médico, éste expresó que es perfectamente compatible el desgarro del himen de la menor J. con la penetración del pene en la vagina, lo que en manera alguna se contrapone a lo expuesto precedentemente, teniendo especialmente en cuenta que esta materia no se refiere a una ciencia exacta, que el Tribunal concordando con el perito médico don Fernando Crespo ha establecido que en este caso se realizó un acceso carnal en la menor J.C., para lo cual se consideró además de esta pericia médica, las otras pruebas rendidas en el juicio a que se refiere el fundamento noveno de la presente sentencia. Que la Defensa también señala que la perito Gloria Canales nada prueba para atribuir participación al acusado, al respecto el Tribunal hace presente que la perito médico siquiatra del Servicio Médico Legal de Copiapó, declaró sobre su experticia, correspondiéndole efectuar una evaluación siquiátrica al acusado Leopoldo Olivares Campos, y que de acuerdo al artículo 329 del Código Procesal Penal, expuso en primer término acerca del contenido de su informe, manifestando al respecto en lo sustancial que el acusado tiene un juicio de realidad conservado, y con un rendimiento cognitivo normal; desvinculado afectivamente; no hay alteración siquiatrica sicótico ni rendimiento mental disminuido, y concluye que el acusado es imputable, conclusión que el Tribunal ha considerado en este fallo. Que el señor Defensor también plantea que respecto del acceso carnal a la ofendida I.V.G., no existe peritaje médico que indique el uso de fuerza o intimidación, y que estima que se trata de un delito de estupro, a lo que el sentenciador se remite a lo establecido y razonado en el fundamento séptimo de este fallo. Que en cuanto a lo aseverado por la Defensa en orden a que no se habría acreditado el delito de violación respecto de la ofendida J.C.G. ni la participación del acusado en este hecho punible, el tribunal se remite a lo establecido en los considerandos noveno y décimo de esta sentencia. Que, finalmente, el Tribunal hace presente que en nada altera lo establecido en los fundamentos precedentes, las declaraciones de Daniza Patricia Gómez Hidalgo y J.C.Z.A., ya que la primera se refiere a que en el local de alcoholes o botillería, el acusado tenía revistas cochinas o pornográficas, las que señala haberlas encontrado arriba del refrigerador; y la declaración de la otra se refiere a que tuvo relaciones sexuales con el acusado cuando tenía 16 años, a cambio de dinero porque lo necesitaba, circunstancias que en concepto del Tribunal no tienen relación con los hechos materia de la acusación. Que en otro orden de cosas, el Tribunal no va a ponderar la documental acompañada por el Ministerio Público contenida en la letra b) del fundamento quinto de la presente sentencia, toda vez que ella se refiere a informes periciales evacuados por peritos que declararon en el presente juicio, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 329 del Código Procesal Penal expusieron el contenido y las conclusiones de los respectivos informes siendo interrogados y contrainterrogados por las partes, de manera que sus declaraciones constituyen la prueba en el presente juicio a que se ha hecho referencia y no los informes periciales sobre los cuales declararon. Que, por último, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 341 del Código Procesal penal, durante la audiencia del juicio oral, el Tribunal advirtió a los intervinientes acerca de la posibilidad de considerar la calificación jurídica del delito de estupro en perjuicio de la menor I.P.V.G., calificación distinta a la de violación contenida en la acusación; en relación a esta materia y producido el debate, la Fiscalía sostiene que como se ha señalado en la acusación, se trata de un delito de violación en perjuicio de I.V.G., por cuanto hubo una relación sexual forzada en la que el acusado ejerció fuerza o intimidación en la víctima quien declara en tal sentido al precisar que el imputado la tomó con fuerza y le afirmó los brazos, y corroborado con lo manifestado por la perito sicóloga del CAVAS quien expresa que la menor referida le contó que aquél le puso el brazo bajo la barbilla de ella, además que la perito le dio veracidad a este relato; concurriendo además la intimidación ya que el imputado le dijo a la ofendida que si contaba lo ocurrido lo mismo le iba a pasar a sus hermanas. Que los abogados de la querellante particular Jeannette Gómez y de la querellante Sename, alegaron en la audiencia en igual sentido en cuanto que se trata de un delito de violación cometido en perjuicio de I.V.G., coincidiendo con las argumentaciones que a este respecto esgrimió la Fiscalía. Que por su parte la Defensa sostiene que en este caso hubo estupro cometido en perjuicio de dicha menor, ya que no se acreditó el uso de la fuerza o intimidación en la realización del acto sexual, no existiendo peritaje médico que acredite estas circunstancias. Que sobre el particular, el Tribunal en su mayoría, hace presente que en la especie se ha establecido el delito de estupro en perjuicio de la menor I.V.G., respecto del cual se ha acreditado la participación del acusado en calidad de autor, remitiéndose a lo expuesto y razonado en los fundamentos séptimo y octavo de la presente sentencia.


 Duodécimo: Que en relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la Fiscalía ha invocado a favor del acusado la atenuante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal, circunstancia que el Tribunal acoge respecto de ambos delitos materia de la presente causa, por encontrarse acreditada con la respectiva convención probatoria consignada en el número 4 del fundamento cuarto de la presente sentencia, que se refiere a que en el extracto de filiación del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos no se registran anotaciones penales pretéritas por crimen, simple delito o falta, ni condena por actos de violencia intrafamiliar, todo lo cual en concepto del Tribunal, demuestra que la conducta anterior del acusado ha sido irreprochable. Que por otra parte, se rechaza la agravante de cometer el delito con abuso de confianza contemplado en el artículo 12 Nº 7 del Código Penal alegada por la Fiscalía, respecto del delito de estupro en perjuicio de la ofendida I.V.G., toda vez como se ha establecido en el considerando séptimo de este fallo, el hecho que el acusado se hizo cargo del cuidado de las menores, se creó un vínculo de dependencia con ellas, quienes lo consideraban como una persona de confianza, dentro de un contexto familiar, y en estas circunstancias accede carnalmente a dicha menor abusando de esta relación, de modo que este abuso de confianza es una circunstancia inherente al delito de estupro contemplado en el Nº 2 del artículo 363 del Código Penal, y por lo tanto, corresponde respetar el principio non bis in idem que consagra el artículo 63 del Código Penal. En cambio, se acoge la agravante referida del artículo 12 Nº 7 ya citado, en perjuicio del acusado, respecto del delito de violación en perjuicio de la menor J.C.G., toda vez que como se ha establecido en los fundamentos precedentes, también se creó esta relación de dependencia y confianza a que se ha hecho referencia, entre el imputado Olivares Campos y dicha menor, y en este caso se ha establecido que aquél cometió este delito abusando de dicha confianza, circunstancia que no es inherente a este hecho y no forma parte del tipo penal contemplado en el artículo 362 del Código Penal.


 Decimotercero: Que el delito de estupro en perjuicio de I.P.V.G. por el cual es responsable Leopoldo Enrique Olivares Campos en calidad de autor se sanciona con reclusión menor en sus grados medio a máximo, y concurriendo respecto de este delito, una atenuante a su favor y no perjudicándole agravante alguna, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 68 del Código Penal, se aplicará la pena de reclusión menor en su grado medio, respecto de la cual se estará a la extensión del mal producido por el delito, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal. Que el delito de violación en perjuicio de J.V.C.G. por el cual es responsable dicho acusado en calidad de autor, se pena con presidio mayor en cualquiera de sus grados, y concurriendo en su favor una circunstancia atenuante y perjudicándole una agravante, se compensan racionalmente, por lo que se impondrá en definitiva la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Que las referidas penas, atendida su extensión, deberá el acusado cumplirlas efectivamente por no reunir los requisitos prescritos en los artículos 4º, 8º y 15 de la ley Nº 18.216, y, por lo tanto, no se le concede ninguno de los beneficios alternativos establecidos en dicha ley.


 Decimocuarto: En cuanto a la acción civil.


 Que el abogado don Juan Fernández Espejo como mandatario judicial de la querellante doña Jeannette Isabel Gómez Hidalgo quien a su vez actúa en representación legal de sus hijas menores I.P.V.G. y J.V.C.G., junto con adherirse a la acusación fiscal, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del acusado Leopoldo Enrique Olivares Campos, solicitando que sea condenado a pagar una suma no inferior a $ 50.000.000.  (cincuenta millones de pesos) por concepto de indemnización de daño moral a favor de las víctimas, petición que funda en los términos que se indica en los fundamentos segundo y tercero de este fallo, que en lo sustancial expresa que los delitos cometidos en perjuicio de las menores anteriormente mencionadas han provocado un intenso dolor a la querellante y demandante civil y a sus hijas, ocasionando a éstas un trauma de proporciones que atendida la edad de las ofendidas, difícilmente pueda ser superado en su totalidad, experimentando un dolor y sufrimiento espiritual inconmensurable, el cual permanecerá de por vida, daño moral que se encuentra acreditado. Que la circunstancia que la querellante Jeannette Isabel Gómez Hidalgo es madre de las menores ofendidas I.P.V.G. y J.V.C.G., se encuentra acreditada con las convenciones probatorias indicadas en los números 1 y 2 del fundamento cuarto de este fallo, las que se refieren al contenido de los certificados de nacimiento de las mencionadas menores. Por su parte, el abogado defensor don Roberto Henríquez Aguilera se opone a dicha indemnización tanto en su procedencia como en su monto, el que considera lucrativo. Que en relación a esta materia la perito sicóloga Viviana Paulina Alfaro Matamoros declara que respecto a los hechos investigados de que fue víctima la menor examinada I.P.V.G. provocaron en dicha menor la presencia de un daño sicosocial, por el carácter traumático con que ella vivió estos hechos, sintomología concordante con diagnóstico de trastorno estrés post traumático. Por su parte la perito sicóloga María Isabel Salinas Chaud señala que la menor J.V.C.G. como víctima de un delito sexual reiterativo ha sufrido un daño sicosocial, siente que hay un peligro real de que ella pueda ser dañada o alguien de su familia, y que además ha experimentado un daño emocional que se traduce en un trastorno ansioso asociado a la develación de los hechos con carácter desestructurante; por su parte la madre de las ofendidas anteriormente mencionadas Jeannette Isabel Gómez Hidalgo al ser consultada por el abogado querellante, manifiesta que los delitos sexuales afectaron a sus hijas y a ella, causándoles un daño, lo que ha transformado sus vidas, además que llegó un ser inesperado, que han sufrido amenazas, humillaciones y dolor, por lo que han tenido que recibir atención sicológica; que la perito sicóloga Andrea Margarita Araya Díaz precisa que la menor I.P.V.G. ha sufrido un daño producido por la situación traumática provocada por una relación sexual, y la menor J.C.G., con motivo de la violación vaginal y bucal de que fue víctima, ha experimentado un daño por haber sufrido una situación traumática, creando mecanismos de defensa que dan cuenta del referido daño. Que del análisis de tales declaraciones se desprende que con motivo de los delitos sexuales de que han sido víctimas las menores ofendidas Irma Patricia Valencia Gómez y Jocelyn Valeska Codoceo Gómez han significado evidentemente para ellas y para la demandante un gran dolor y aflicción, que han ocasionado a dichas menores una situación traumática difícil de superar, experimentando todas ellas un daño moral, sicológico y sufrimiento espiritual, difícil de superar con el tiempo, teniendo además presente que habiéndose establecido la participación del acusado en los delitos de estupro y violación en calidad de autor en perjuicio de las menores ofendidas ya individualizadas y conforme a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, que establece que el que ha cometido un delito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, este Tribunal acogerá la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, la que cabe regularla prudencialmente en la suma de $ 12.000.000.  (doce millones de pesos), en favor de las víctimas ya mencionadas, representadas por su madre Jeannette Isabel Gómez Hidalgo. Que el monto de la indemnización referida será reajustado conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, en la forma que se determinará en la parte resolutiva de este fallo.


 Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1º, 11 Nº 6, 12 Nº 7, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 25, 28, 30, 50, 63, 68, 69, 74, 362 y 363 Nº 2 del Código Penal, artículos 45, 47, 297, 340, 341, 342 y 348 del Código Procesal Penal, 2314 y siguientes del Código Civil, se declara:


 A. Que por unanimidad de votos, se condena a Leopoldo Enrique Olivares Campos, como autor del delito de violación en perjuicio de la menor Jocelyn Valeska Codoceo Gómez, perpetrado en fecha indeterminada en el período comprendido entre el 16 de octubre de 2001 y fines del año 2002, en la comuna de Vallenar, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.


 B. Que por mayoría de votos, se condena además a Leopoldo Enrique Olivares Campos, como autor del delito de estupro en perjuicio de la menor Irma Patricia Valencia Gómez, perpetrado en fecha no determinada entre los meses de mayo y junio de 2002, en la comuna de Vallenar, a la pena de ochocientos diecinueve días de reclusión menor en su grado medio, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.


 C. Que no cumpliendo el sentenciado Leopoldo Enrique Olivares Campos los requisitos prescritos en los artículos 4º, 8º y 15 de la ley Nº 18.216, no se le remiten condicionalmente las penas corporales que se le han impuesto en esta sentencia, ni se le otorga los beneficios alternativos de la reclusión nocturna o libertad vigilada, debiendo por lo tanto, cumplir efectivamente dichas penas privativas de libertad, en orden sucesivo, principiando por la más grave la que se computará desde el 4 de noviembre de 2003, fecha desde la cual ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad en la presente causa, conforme a lo establecido en el auto de apertura del juicio oral.


 D. Que no se condena en costas en materia penal al sentenciado por estar patrocinado por una entidad pública destinada a prestar asistencia judicial gratuita.


 E. Que se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado don Juan Fernández Espejo como mandatario judicial de la querellante Jeannette Isabel Gómez Hidalgo como representante legal de sus hijas menores I.P.V.G. y J.V.C.G., sólo en cuanto se condena al sentenciado Leopoldo Enrique Olivares Campos al pago de una indemnización por daño moral ascendente a la suma de $ 12.000.000.  (doce millones de pesos), cantidad sobre la cual se aplicará el reajuste de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística desde la fecha de la presente sentencia a la de su pago efectivo, y se condena en costas al demandado civil.


 Devuélvase al Ministerio Público la prueba documental acompañada al juicio oral.


 Una vez ejecutoriada la presente sentencia remítase copia autorizada de la misma al Juzgado de Garantía de Vallenar, a fin de darle oportuno cumplimiento.


 Se previene por la Juez Marianne Barrios Socías, que estuvo por condenar al acusado Olivares Campos como autor del delito de violación en la persona de la menor I.P.V.G., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 Nº 1 del Código Penal. Pues si bien por las motivaciones ya expresadas en la sentencia, se acreditó el acceso carnal por vía vaginal de que fuera objeto la menor V.G. de parte del acusado Olivares Campos –que por lo demás él mismo reconociera–, a juicio de esta sentenciadora, los elementos de prueba introducidos al juicio han sido bastantes para demostrar, que el medio de comisión en el hecho fue la intimidación ejercida sobre la menor y que ésta se realizó sin su consentimiento.


 A saber, se dispuso de la declaración del acusado Olivares Campos y de la menor V.G. El primero reconoció el hecho de haber mantenido relaciones sexuales con la menor, pero asegurando que fue consentida por aquélla. Detalló, que ese día no se encontraba la madre de la menor en la casa y que la niña le pidió que vieran televisión en la cama, que ambos andaban con buzo, que luego él se sacó el buzo y ella hizo lo mismo, manteniendo luego relaciones sexuales, haciendo presente, que la menor no sangró, y que él mismo procedió a lavarla con posterioridad.


 Por su parte, la menor expresó en estrados que el “tío Polo” (acusado) se demoró en cerrar la botillería, que ella encendió el televisor y se acostó en la cama. Luego, llegó el acusado, éste le empezó a tocar “la guata”, después subió la mano más arriba, y que ella se la sacó, y luego empezó a subirse en ella. Indica que ambos estaban con ropa, que ella se encontraba con buzo y polera, y que al tomarla el acusado de sus brazos, ella le sacaba las manos y él las corría igual. Agrega, que éste se empezó a desvestir, recordando que cuando la tomaba de los brazos le dolía porque lo hacía con fuerza. Refiere que el acusado la desvistió, sacándole la ropa a la fuerza, y que le introdujo el pene en la vagina. Añade que aquello no ocurrió de nuevo, y que la amenazó, diciéndole que si contaba lo sucedido le haría lo mismo a su hermana chica.


 Que como puede verse, si bien ambas declaraciones se encuentran contradichas, esta sentenciadora le ha dado pleno valor a los dichos de la víctima.


 Si bien el relato de la menor fue breve y fragmentado, esto no le ha restado credibilidad a sus dichos, explicándose tal circunstancia, por el estado emocional en el que se encontraba la menor en estrados y por sus propios rasgos de personalidad, que la caracterizan como una niña con dificultad para entablar relaciones interpersonales, tímida y retraída, con indicadores de daño orgánico no explicables por antecedentes clínicos sino por variables emocionales, inhibición y timidez, como lo estableciera la perito psicóloga Viviana Alfaro Matamoros, y que así pudo ser percibido por esta sentenciadora. Declaración que ha resultado del todo veraz, aún cuando su testimonio no fue corroborado por algún testigo presencial del hecho, lo que resulta lógico atendida la naturaleza del ilícito que nos ocupa. Apreciación de veracidad que además fuera corroborada por la opinión calificada de la perito individualizada, quien demostró dominio de su ciencia, señalando que la menor le relató, que su tío le pidió que fuera a buscar agua, pero que fue a ver televisión, que después éste ingresó al dormitorio cerrando la puerta. Se sacó la polera, ante lo cual la menor le preguntó al acusado qué hacía, pero que el sujeto continuó sacándose el pantalón, colocándose encima de ella, detallando que la niña trató de oponer resistencia, pero no podía, y que le introdujo el pene en la vagina, agregando que el sujeto la presionaba con su brazo debajo de su barbilla. Relato que concluyó la perito fue veraz, en atención a su lenguaje, al contexto situacional, al hecho que incluyera elementos sensoriales con gran detalle, y que describiera el desarrollo del hecho gesticulando con sus manos, como cuando movía la menor las manos hacia atrás y delante para evitar la acción del acusado, elementos que permitieron suponer que ese relato fue adquirido por experiencia personal. Presentando la menor, un cuadro clínico traumático, que hasta hoy la tiene con tratamiento psicológico, a consecuencia del ataque sexual de que fue objeto.


 Elementos de juicios anteriores que desvirtúan la declaración del acusado, teniendo además presente, que al haber negado el acusado su participación en el hecho relativo a J.C.G. en esta misma causa, lo que fuera contrariamente establecido en el juicio, le resta toda credibilidad y veracidad a todo su testimonio prestado en la audiencia. Más aún y reforzando lo anterior, la perito psicóloga Marcela Alejandra Moraga Ledesma, si bien señaló que el acusado le comentó que mantuvo relaciones sexuales con el acuerdo de la menor, concluyó que éste posee distorsiones cognitivas, lo cual significa que se caracteriza por atribuir la responsabilidad de sus actos a terceras personas, lo que explica en consecuencia, que impute a la menor V.G. la realización del acto sexual, al expresar que aquélla prestó su consentimiento, por otra parte, cabe tener presente que la perito individualizada fue categórica en expresar que no opinaba en dicha pericia respecto a la veracidad del relato dado por el acusado.


 Que así las cosas y en cuanto a la calificación jurídica del hecho, cabe hacer presente primeramente, que el concepto de intimidación no es sinónimo de amenaza, compartiendo en este punto el criterio del profesor Rodríguez Collao, pues si bien normalmente en la habitualidad de los casos la intimidación será producto de una amenaza ejercida por el hechor sobre la víctima para llevar a cabo su cometido, lo relevante lo constituye el efecto de debilitamiento psicológico ejercido sobre la víctima, teniendo presente para ello las circunstancias personales de la víctima, del sujeto activo y las circunstancias del hecho.


 Que la amenaza de que fuera objeto la menor por parte del acusado en cuanto a que si contaba lo sucedido, haría lo mismo con su hermana chica, no es suficiente para considerar la concurrencia de la hipótesis de intimidación exigida por el tipo en estudio, toda vez que carece de inmediatez y de actualidad. Sin embargo, el hecho de tomar con fuerza de los brazos a una menor de trece años de edad, quien refiere dolor, y desvestirla a la fuerza –como señalara la misma víctima– por quien posee evidente superioridad física y por tanto encontrándose la menor en situación de vulnerabilidad y el acusado en ventaja sobre aquélla, constituyen actos intimidatorios que permiten concluir que la víctima se encontraba bajo presión psicológica, sin que hubiere posibilidad cierta de resistirse al acometimiento forzado, aun cuando la menor tratara de manifestar su oposición a dicho acto, sacándole las manos de su cuerpo al acusado. Conducta misma, que refleja inexorablemente la falta de voluntad o consentimiento por parte de la menor a la realización de la actividad sexual, lo que fuera corroborado por la perito Viviana Alfaro Matamoros, al afirmar poco probable que la menor desplegara conductas de seducción, y no sólo en términos románticos sino también de cualquier tipo, debido a las características de su personalidad, de las cuales ya se hiciera referencia. Conclusiones anteriores, que han permitido desestimar la concurrencia de estupro respecto a la menor V.G., pues si bien esta sentenciadora comparte el hecho que se acreditó que el acusado estaba encargado del cuidado de la menor como se señalara en la sentencia, por las consideraciones que se han venido estableciendo, se ha estimado que la menor no obró en forma consentida, puesto que la diferencia esencial entre el delito de violación y estupro, consiste en la actitud del sujeto pasivo, pues en el primero la víctima no quiere la realización del acto, en cambio en el segundo, existe voluntad a que éste se realice, aunque prestada en condiciones que le restan validez, última que en la especie no se logró acreditar.


 De este modo, y habiéndose acreditado la concurrencia de abuso de confianza por parte del acusado Olivares Campos en la perpetración del delito que aquí se ha prevenido, quien era conviviente de la abuela de la menor y efectuaba ordinariamente labores de cuidado en ella, como lavarle el cabello, servirle comida entre otras, funciones que tanto la abuela y la madre de la niña consentían, esta sentenciadora estuvo por considerar la circunstancia agravante del artículo 12 Nº 7 del Código Penal y la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 Nº 6 del mismo texto legal conforme se estableciera mediante convención probatoria y, compensándose ambas circunstancias, y atendida la mayor extensión del mal causado, toda vez que la menor V.G. tuvo un hijo del acusado conforme se estableciera con la prueba pericial, se estimó aplicar la pena corporal de cuatro años de presidio menor en su grado máximo.


 Regístrese, otórguese copia autorizada a los intervinientes y archívese en su oportunidad.


 Redactada por el Juez señor José Antonio Sánchez Maestri, y el voto de prevención por su autora señora Marianne Barrios Socías.


 Pronunciada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, integrada por los Jueces señor Mario Muñoz Reymar, señora Marianne Barrios Socías y señor José Antonio Sánchez Maestri.


 R.U.C. Nº 0300023081 1.


 R.I.T. Nº 41 2004.

 

 
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La circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal.-

 

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