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CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL. ACOGE RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR DPP: PDF Imprimir E-Mail

EL IMPUTADO NO TIENE EL DEBER DE PONER A DISPOSICIÓN DEL TRIBUNAL LOS ANTECEDENTES DE QUE DISPONGA. 23 DE MAYO DE 2007, ROL 489-2007.

CONSIDERANDOS RELEVANTES. “Que el Ministerio Público solicitó la exclusión del único testigo de descargo de la defensa por impertinente, indicando que al no existir alguna declaración del referido testigo en la carpeta investigativa o en el parte policial, no se sabe sobre lo que declarará, y que de esta manera no puede precisar los puntos de prueba sobre los cuales versará su deposición. La señora Juez de Garantía excluye al testigo de la defensa y fundamenta su decisión en que la desigualdad manifiesta del Ministerio Público frente al imputado se registra sólo desde la puerta de la audiencia hacia fuera y no al interior del Tribunal; agrega la facultad de conocer de antemano claramente los dichos de la persona que se interroga no puede estar circunscrita a una sola de las partes, el obrar en sentido contrario, esto es, el consignarlo, evita que el procedimiento judicial pueda ser viciado por inescrupuloso, y por lo tanto el sistema debe precaver aquello no se recuerda una disposición que diga que determinado interviniente tiene unos derechos y otros no el tribunal, en aras de la equidad, si declara que una de las partes tiene determinados derechos o garantías igualmente se las tiene que otorgar a la parte contraria. En consecuencia, si un testigo de la defensa no ha prestado declaración previamente dentro del proceso, no puede ser incluido, y en consecuencia se hace lugar a la solicitud de exclusión del Ministerio Público” (considerando 2°). “Que en la audiencia de preparación del juicio oral efectivamente la defensa pidió se le otorgara la inclusión del testigo indicado advirtiendo que iba a ser interrogado acerca del estado físico que tenía su defendido al momento de comisión del ilícito. Advirtió al Ministerio Público que era necesario que se le oyera debido a que el informe de alcoholemia es un antecedente que puede ser desvirtuado con otras pruebas, como sería la declaración de testigos, y sostuvo que la teoría del caso representado por ella es obtener la declaración de inocencia de su representado” (considerando 3°). “Que en concepto de estos sentenciadores la causal invocada por la recurrente busca garantizar que en ningún momento pueda producirse indefensión del inculpado en el juicio oral, debiendo el órgano jurisdiccional resguardar debidamente los derechos de la defensa. En tal sentido cabe recordar que el artículo 277 inciso final del Código Procesal Penal, establece que el auto de apertura del juicio oral será susceptible del recurso de apelación, únicamente cuando lo interpusiera el Ministerio Público y que, como lo señala el profesor don Raúl Tavolari Moreno, al defensor no se le permite alzarse contra el auto de apertura del juicio oral, pero esta prohibición o esta exclusión es sin perjuicio de los recursos de nulidad, lo que significa que si al acusado se le ha inferido algún agravio en el auto de apertura, del que no pudo reclamar, y ese agravio, en definitiva, se tradujera en que lo condenan, él podría interponer nulidad que de acogerse, no podría sino alcanzar hasta el momento de la tramitación en que el vicio se produjo, a saber, el auto de apertura y agrega que habrá ocasiones en las que la nulidad, como consecuencia de acogerse un recurso, alcance a etapas anteriores del juicio oral (Revista de Derecho Procesal. Año 2005- Nº 20, página 406 y 407)” (considerando 4°). “Que la ley autoriza al imputado para examinar las actuaciones y diligencias realizadas por el fiscal y la policía durante la investigación, salvo en el caso que se haya dispuesto su reserva como lo señala el artículo 182 inciso 2º del Código Procesal Penal y el artículo 260 del citado código establece que el acusado tendrá a su disposición en el tribunal los antecedentes acumulados durante la investigación una vez que es notificado de la acusación. Como lo señala la señora María Inés Horvitz en su libro Derecho Procesal Penal Chileno tomo II., página 51 el código no impone al acusado el deber recíproco a la defensa, porque reconoce que este último no se encuentra en una posición equivalente a la del órgano estatal de persecución penal” (considerando 5°). “Que de esta forma estos sentenciadores han obtenido convicción acerca que la denegación de la diligencia probatoria produjo una disminución de la posibilidades de defensa del imputado y en consecuencia se dará lugar al recurso de nulidad interpuesto por considerar que se vulneró lo dispuesto en el artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal y la garantía constitucional del debido proceso contemplada en el artículo l9 Nº 3 de la Constitución Política de la República” (considerando 6°).

TEXTO COMPLETO

San Miguel veintitrés de mayo de dos mil siete.

Vistos:

La Excma. Corte Suprema por sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil siete, ha remitido a esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 inciso 3º letra a), el recurso de nulidad deducido por la Defensora Penal Pública de Talagante doña Ximena Silva Céspedes, por el condenado Miguel Ángel Muñoz Alfaro en autos Rit Nº 5755-06 del Tribunal de Garantía de Talagante, a fin de que si se estima admisible, conozca y falle el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado.

Por sentencia de primero de diciembre de dos mil seis, se condenó a Miguel Ángel Muñoz Alfaro a la pena de veintiún días de prisión en su grado medio, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de su condena, como autor del delito de manejo o conducción en estado de ebriedad, en grado de consumado, cometido en horas de la madrugada del día 10 de septiembre de 2006, en la comuna de Padre Hurtado. Se le condena, además, al pago de una multa a beneficio fiscal de dos unidades tributarias mensuales y reuniéndose a favor del acusado los requisitos exigidos en el artículo 4º de la Ley 18.216 se le concede el beneficio de la Remisión Condicional de la Pena, debiendo quedar sujeto al Control y Vigilancia de Gendarmería de Chile por el lapso de un año y no se le condena en costas por estar patrocinado por la defensoría penal pública y gozar del privilegio de pobreza.

En contra de dicho fallo la Defensoría Penal Pública ya individualizada, por el sentenciado, dedujo recurso de nulidad fundada en las causales de la letra a) del artículo 373 y de la letra c) del artículo 374 ambos del Código Procesal Penal, deduciéndolas conjuntamente.

Habiéndose pronunciado la Excma. Corte Suprema sobre la causal de nulidad prevista en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal invocada por la defensa, compete a este Tribunal conocer de aquella deducida y contemplada en la letra c) del artículo 374 del citado código.

Se estimó admisible el recurso y en la audiencia correspondiente intervino el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

Se fijó para la lectura del fallo el día veintitrés de mayo del dos mil siete a las 13.30 horas.

CON LO OIDO Y CONSIDERANDO.

Primero: Que el recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal Privada se funda en el motivo absoluto de nulidad establecido en el artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, esto es, cuando al defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga. Señala que el 24 de de noviembre del 2006, se llevó a efecto ante el Tribunal de Garantía de Talagante, la audiencia de preparación del juicio oral, en losautos seguidos contra el acusado Miguel Ángel Muñoz Alfaro, como autor del delito de manejo en estado de ebriedad , que en la referida audiencia la defensa :a) ofreció como prueba testimonial de descargo a don José Quezada Contreras, único testigo de ésta respecto del fondo, señalando que depondría respecto al estado físico del acusado el día de los hechos y b) se aceptó la deposición de tres testigos presentados por el Ministerio Público, que no habían prestado declaración ante el Fiscal, y cuyos testimonios sólo constaban en un anexo del parte judicial.

Segundo: Que el Ministerio Público solicitó la exclusión del único testigo de descargo de la defensa por impertinente, indicando que al no existir alguna declaración del referido testigo en la carpeta investigativa o en el parte policial, no se sabe sobre lo que declarará, y que de esta manera no puede precisar los puntos de prueba sobre los cuales versará su deposición. La señora Juez de Garantía excluye al testigo de la defensa y fundamenta su decisión en que la desigualdad manifiesta del Ministerio Público frente al imputado se registra sólo desde la puerta de la audiencia hacia fuera y no al interior del Tribunal; agrega la facultad de conocer de antemano claramente los dichos de la persona que se interroga no puede estar circunscrita a una sola de las partes, el obrar en sentido contrario, esto es, el consignarlo, evita que el procedimiento judicial pueda ser viciado por inescrupuloso, y por lo tanto el sistema debe precaver aquello no se recuerda una disposición que diga que determinado interviniente tiene unos derechos y otros no el tribunal, en aras de la equidad, si declara que una de las partes tiene determinados derechos o garantías igualmente se las tiene que otorgar a la parte contraria. En consecuencia, si un testigo de la defensa no ha prestado declaración previamente dentro del proceso, no puede ser incluido, y en consecuencia se hace lugar a la solicitud de exclusión del Ministerio Público.

Tercero: Que en la audiencia de preparación del juicio oral efectivamente la defensa pidió se le otorgara la inclusión del testigo indicado advirtiendo que iba a ser interrogado acerca del estado físico que tenía su defendido al momento de comisión del ilícito. Advirtió al Ministerio Público que era necesario que se le oyera debido a que el informe de alcoholemia es un antecedente que puede ser desvirtuado con otras pruebas, como sería la declaración de testigos, y sostuvo que la teoría del caso representado por ella es obtener la declaración de inocencia de su representado.

Cuarto: Que en concepto de estos sentenciadores la causal invocada por la recurrente busca garantizar que en ningún momento pueda producirse indefensión del inculpado en el juicio oral, debiendo el órgano jurisdiccional resguardar debidamente los derechos de la defensa. En tal sentido cabe recordar que el artículo 277 inciso final del Código Procesal Penal, establece que el auto de apertura del juicio oral será susceptible del recurso de apelación, únicamente cuando lo interpusiera el Ministerio Público y que, como lo señala el profesor don Raúl Tavolari Moreno, al defensor no se le permite alzarse contra el auto de apertura del juicio oral, pero esta prohibición o esta exclusión es sin perjuicio de los recursos de nulidad, lo que significa que si al acusado se le ha inferido algún agravio en el auto de apertura, del que no pudo reclamar, y ese agravio, en definitiva, se tradujera en que lo condenan, él podría interponer nulidad que de acogerse, no podría sino alcanzar hasta el momento de la tramitación en que el vicio se produjo, a saber, el auto de apertura y agrega que habrá ocasiones en las que la nulidad, como consecuencia de acogerse un recurso, alcance a etapas anteriores del juicio oral (Revista de Derecho Procesal. Año 2005- Nº 20, página 406 y 407).

Quinto: Que la ley autoriza al imputado para examinar las actuaciones y diligencias realizadas por el fiscal y la policía durante la investigación, salvo en el caso que se haya dispuesto su reserva como lo señala el artículo 182 inciso 2º del Código Procesal Penal y el artículo 260 del citado código establece que el acusado tendrá a su disposición en el tribunal los antecedentes acumulados durante la investigación una vez que es notificado de la acusación. Como lo señala la señora María Inés Horvitz en su libro Derecho Procesal Penal Chileno tomo II., página 51 el código no impone al acusado el deber recíproco a la defensa, porque reconoce que este último no se encuentra en una posición equivalente a la del órgano estatal de persecución penal.

Sexto: Que de esta forma estos sentenciadores han obtenido convicción acerca que la denegación de la diligencia probatoria produjo una disminución de la posibilidades de defensa del imputado y en consecuencia se dará lugar al recurso de nulidad interpuesto por considerar que se vulneró lo dispuesto en el artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal y la garantía constitucional del debido proceso contemplada en el artículo l9 Nº 3 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que el segundo motivo de nulidad absoluta invocada y que dice relación con la causal 374 letra c) del Código Procesal Penal (y que esta signada con la letra b) en el recurso para una mayor claridad de éste) se funda en la inclusión de tres testigos ofrecidos por el Ministerio Público en el acto de apertura del juicio oral, y cuya exclusión fue pedida por la defensa en virtud a lo dispuesto en el artículo 276 del citado código.

Esta Corte no se pronunciará sobre ésta segunda causal de nulidad deducida por la defensa por estimar suficiente la primera causal invocada para establecer la nulidad del juicio oral y la sentencia respectiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 297, 372, 374 letra e), 384 y 386 del Código Procesal Penal, se acoge el recurso de nulidad interpuesto por el Defensor Penal Público y en consecuencia se invalida la sentencia de fecha primero de diciembre de dos mil seis y el juicio oral en que ella se dictó, retrotrayéndose la causa al estado de celebrarse la audiencia de apertura del juicio oral debiéndose enviar los antecedentes al Juez no inhabilitado que corresponda para que practique un nuevo juicio oral y dicte la sentencia que en derecho corresponda.

Se previene que el Ministro señor Ricardo Blanco Herrera fue de opinión de disponer en la parte resolutiva de éste fallo, sólo en lo referente a la retrocesión de esta causa, que el señor Juez de Garantía no inhabilitado que corresponda, proceda a incluir en el nuevo auto de apertura al testigo José Quezada Contreras cuya pertinencia fue declarada expresamente en la presente sentencia cuya omisión motivó la anulación del juicio y de la sentencia a quo.

Se dio a conocer lo resuelto a los intervinientes presentes, se ordenó notificar por el estado diario y se levantó la presente acta que firma la señora Relatora que actuó como Ministro de fe.

Redacción de la Ministro señora Inés Martínez Henríquez.

Registrase y devuélvase.

Rol N° 489-2007-ref.

Rit N° 5755-2006.

Ruc N° 0600641506-5.

Pronunciada por los Ministros señora Inés Martínez Henríquez, señor Ricardo Blanco Herrera y el Abogado Integrante señor Jaime Jara Miranda.

En San Miguel, a veintitrés de mayo de dos mil siete, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.  Carla Aguirre Correa. Ministro de fe.

 

 
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La circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal.-

 

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