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CORTE SUPREMA. RECHAZA RECURSO DE CASACIÓN: PDF Imprimir E-Mail

LA VENTA DE UN INMUEBLE OCULTANDO LOS GRAVÁMENES EXISTENTES A TRAVÉS DE UN CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN FRAUDULENTO CONSTITUYE ENGAÑO TIPICO DEL DELITO DE ESTAFA . 14 DE MAYO DE 2007, ROL 5576-2006

“Que los elementos típicos de la estafa, son efectivamente el engaño que mueve a error a la víctima y el perjuicio patrimonial que ésta sufre a propósito del engaño.

Contrariamente a lo sostenido por los ministros que concurrieron a la vista de la causa, en la Corte de Apelaciones, y como puede apreciarse además, con meridiana claridad en el hecho que se tuvo por demostrado y que se ha transcrito precedentemente, el engaño "que expresamente se reconoce existir- no aparece encaminado simplemente a la celebración del contrato de compraventa, sino a la adquisición de un inmueble que se encontraba afectado por gravámenes que limitaban su libre circulación y que, a mayor abundamiento se encontraba sometido al embargo dispuesto por un tribunal con el objeto de proceder a su venta forzada en pública subasta, con el claro propósito de pagar una deuda del vendedor.

No es sostenible, la alusión que se hace en el fallo que se revisa, en el sentido que los gravámenes y embargo referidos, no implicaran necesariamente la pérdida de la propiedad y ni siquiera la perturbación de aquélla. Para tal efecto, basta revisar los conceptos de hipoteca y embargo.

La primera, es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor.

Es cierto que el inmueble hipotecado puede ser vendido, pero existe engaño cuando el vendedor no sólo oculta a su comprador la existencia del gravamen, sino que además, declara de modo expreso que tales no existen, sirviéndose para demostrar el hecho contrario a la realidad, de un certificado de inscripción y anotaciones vigentes, obtenido de manera igualmente fraudulenta, a través de las numerosas inscripciones y reinscripciones de la propiedad en diferentes Registros Conservadores de Bienes Raíces, como también fue probado. Ocultado el gravamen al comprador, declarándose al mismo que tal no existe, se le vende un inmueble que fue dado en garantía del cumplimiento de una obligación; misma que no se había cumplido tampoco, de modo que no sólo se ha tratado del engaño para vender un inmueble hipotecado, sino que uno que respondía del pago de una obligación que no se cumplió oportunamente y por cuyo defecto, se encontraba además, embargado por un tribunal civil.

El embargo, constituye el secuestro de un bien por mandato del juez o autoridad competente, encontrándose prohibida su venta, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 1464 del Código Civil. Tan efectivo era el hecho que el dominio de la propiedad se encontraba perturbado, que el Banco a cuyo favor se había constituido la hipoteca, y que ya había obtenido la orden de embargo del mismo, podía alegar una causal de nulidad para dejar sin efecto el contrato, lo que también conduce al perjuicio del contratante de buena fe; y disponía además, de la acción de desposeimiento, para lanzar al ocupante de la finca hipotecada. Ha existido en consecuencia el engaño por parte del vendedor, que percibió el precio de una propiedad hipotecada y que vendió sin estar facultado para ello, ocultando dolosamente ambas circunstancias a su comprador”

(considerando 8°).
TEXTO COMPLETO

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil siete.

Vistos: En estos autos rol N° 184.497-1998, seguidos ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, se condenó por sentencia de primera instancia a J. C. C., como autor del delito de estafa en perjuicio de la Empresa Constructora de Obras Civiles y Viales S.A., a cumplir una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y costas de la causa. Se le concedió el beneficio de la reclusión nocturna y se acogió una demanda civil condenándose al referido acusado y a la empresa Aridos Tabolango, de la cual aquél era representante, a pagar $22.000.000 como indemnización de perjuicios a la querellante y actora civil. La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de casación en la forma y otro de apelación, rechazó el primero y revocó la sentencia, absolviendo al mencionado Cofré Canales, por estimar que el hecho descrito en la sentencia, no era constitutivo del delito de estafa, toda vez que no concurrían en la especie, los elementos esenciales de su tipo, esto es, el dolo o engaño punible y el perjuicio siendo necesario que éste último sea consecuencia directa e inmediata del primero. La parte querellante interpuso contra la sentencia de segunda instancia, recurso de casación en la forma por la causal novena del artículo 541 del Código Penal Adjetivo, en la parte penal y contra la sección civil, por la causal habilitante del inciso final del último artículo mencionado. También recurrió de casación en el fondo, por la causal cuarta del artículo 546 contra la decisión penal y por el inciso final de esa disposición, contra lo obrado en los aspectos civiles del fallo. A fs. 432, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por el recurso de casación en la forma en materia penal, que fue sostenido en la causal novena del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, se denunció violación al artículo 500 de ese mismo cuerpo legal, en cuanto en sus ordinales cuarto y quinto, establece requisitos de la sentencia, arguyendo que la exigencia impone la consideración de toda la prueba rendida, en forma detallada, de modo que puedan dejarse establecidos todos los hechos probados y esa es una cuestión que no se cumplió e n el fallo de alzada. Sostiene por otra parte, que los considerandos resultan contradictorios y no guardan armonía con lo dispositivo, ya que se dejan por establecidas todas las maquinaciones ejecutadas por el reo y que no hacen más que describir su actitud dolosa, a pesar de lo cual, se decide su absolución. Alega la existencia de contradicción entre los fundamentos 6° y 9° de la sentencia de segunda instancia, porque en el primero se sostiene que no concurren los elementos del tipo y sin embargo, en el siguiente se dice que está probada la omisión de la existencia del gravamen y el conocimiento y participación que de ello tenía el reo, lo que implica evidentemente, en concepto del recurrente, la existencia del engaño. Luego, en ese considerando 9°, se incurre en una grave contradicción al señalarse algo que resulta inaceptable, que es el hecho que la serie de reinscripciones del inmueble y la existencia del gravamen inscrito, no son nítidos para constituir el engaño, porque aquélla omisión estuvo encaminada a acordar la compraventa y no a generar un error dispositivo de carácter patrimonial. Con ello sostiene el compareciente, se acepta que hubo ocultación del gravamen lo que no puede sino constituir el engaño, porque nadie compra un inmueble con hipoteca o prohibición de enajenar. Otra contradicción que denuncia, es la existente entre el fundamento 8° y el 9°, porque en el 8° se reconoce la existencia de un juicio de desposeimiento y, sin embargo, en el 9° se señala que la hipoteca no implicaba necesariamente la pérdida de la propiedad, ni siquiera la perturbación de la posesión, en circunstancias que precisamente el juicio de desposeimiento tiene por objeto arrebatar la posesión a quien la detenta. Luego, los fundamentos 1° y 2° del fallo de primera instancia, tienen por establecida la existencia de un delito, en tanto en el 6° y 9° del fallo de alzada, se arguye que no hay tal delito. Sin embargo, la contradicción más grave, se produce cuando se constata la existencia de un cúmulo de antecedentes que establecen el engaño y, sin embargo, se termina por absolver al acusado. Por último alega que falta ponderación y análisis de la acusación particular de fs. 257 y concluye que no se ha cumplido con la obligación de precisar los hechos y su calificación jurídica, que existen consideraciones omitidas y otras simplemente contradictorias.

SEGUNDO: Que, en cuanto el recurso de invalidación se dirigió contra la parte civil, se lo fundamentó en la causal del inciso final del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal y también en el numeral 9 de esa misma disposición, denunciándose violación al artículo 500 N° 4, 5, 6 y 7. Esta violación se produjo al omitirse en el fallo, el cumplimiento de todos los aspectos formales exigidos por el legislador.

TERCERO: Que, en la casación en el fondo penal, alega el error de derecho contemplado en la causal cuarta del artículo 546 del Código Penal Adjetivo, con el que se infringieron los artículos 1°, 467 N° 1 y 470 N° 4 del Código Criminal. Señala que los jueces han mantenido las consideraciones por las cuáles se tuvo por establecido tanto el engaño como el evidente perjuicio patrimonial, ya que se probó, el ocultamiento de hechos, el engaño en que incurrió la querellante por medio de las declaraciones mentirosa s del acusado, la participación personal de este último y el perjuicio patrimonial. Esta última circunstancia, se encuentra expresamente reconocida en el fallo de segunda instancia, donde se manifestó que el ocultamiento de la existencia de los gravámenes, estuvo encaminado a acordar la compraventa habida entre las partes, encontrándose también demostrado que el inmueble estaba hipotecado y que se inició una acción de desposeimiento que constituyó un perjuicio patrimonial de $22.000.000 al comprador, que debió pagarlos para evitar la pérdida del inmueble. Ocurre entonces, que la actuación de la querellante en el juicio civil, no fue voluntaria, sino forzada, a consecuencia del engaño del que fue objeto la empresa constructora querellante. Termina diciendo que los hechos, tal como se han tenido por establecidos en el fallo recurrido, acreditan la tipificación del delito aludido.

CUARTO: Que, finalmente, la casación en el fondo respecto de los aspectos civiles de la sentencia de alzada, se sostuvo en el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación al 767 de su homónimo civil, denunciándose como infringidas las normas de los artículos 10 del primer cuerpo normativo mencionado, 1°, 467 inciso 1° y 470 N° 4 del Código Punitivo, 2314, 2317, 2329, 1537 y 15559 N° 2 del Código Civil y el artículo 16 de la ley 18.010. Alega en esta parte el recurrente, que t al como se ha sostenido en las causales anteriores, el hecho punible y la participación se encuentran establecidos, de modo que ha debido acogerse la demanda civil, toda vez que aparte de los elementos del tipo penal concurrentes, se demostró la existencia del daño patrimonial causado. Se infringen las disposiciones citadas del Código Penal, porque se trata de una acción voluntaria, penada por la ley y que lleva aparejada una sanción. El artículo 10 del Código Penal Adjetivo, permite en el juicio criminal, ejercer las acciones civiles que tienen por objeto reparar los efectos civiles del hecho delictivo y permite el ejercicio de la acción civil. Se infringe ese artículo cuando se tiene por no probado el delito y a propósito de ello, se rechaza la acción civil. La vulneración de los artículos 2314, 2317 y 2329 del Código Civil, se produce porque habiéndose cometido un delito que infiere daño a otro, existe la obligación de indemnizarlo. Se infringen los artículos 1537, 1559 N° 2 y el 16 de la ley 18.010, porque han sido omitidos, toda vez que por ellos se ordena el pago de los intereses correspondientes, cuales son los que corren desde el simple retardo de la obligación.

QUINTO: Que en cuanto a la casación formal interpuesta, respecto de la decisión penal, resulta de la simple lectura del fallo, que no existen consideraciones contradictorias, sino erróneas, como se verá más adelante, pero han cumplido los falladores con incorporar en su veredicto, las motivaciones necesarias en fundamento de su resolución absolutoria. En efecto, no existe la contradicción que se denuncia entre los fundamentos 6° y 9° de la sentencia de segunda instancia, porque en ellos se consigna que no concurren los elementos del tipo y que el engaño que aparece cometido efectivamente, no estaba dirigido a estafar al comprador, sino simplemente a que comprara la propiedad. Razonan los jueces en el sentido que habría existido un engaño de carácter civil que tenía un propósito distinto del buscado por quien pretende cometer un delito. Así las cosas, aún cuando los fundamentos en que se sostiene el fallo de alzada, pueden no resulta r satisfactorios a la parte querellante, ello no implica que adolezca la sentencia del vicio denunciado, porque en la forma que se ha razonado, no existe contradicción y, en consecuencia, no se anulan los considerandos unos con otros. Lo mismo se observa entre los fundamentos que se dejaron subsistentes del fallo de primer grado y el de alzada, porque entre ellos sigue primando la decisión de existir efectivamente un engaño y la participación real de C. C. en aquél, pero sin la intencionalidad criminal que denunció el querellante. Finalmente, en cuanto a la falta de ponderación y análisis de la acusación particular de fs. 257, que se atribuye al fallo, es del caso que el delito atribuido ha sido el mismo que fue materia de la acusación, incorporándose también, pero con mayor detalle, los mismos supuestos fácticos de aquélla y que fueron expresamente establecidos en el fundamento segundo del fallo de primer grado que se mantuvo en esa parte, por el de alzada. A pesar de ello, y si bien es cierto el fallo de segunda instancia omite en sus razonamientos sexto y décimo, así como en su decisión, toda relación a la acusación particular de fs. 257, es lo cierto también, que esa omisión no ha tenido influencia sustancial en la decisión del asunto, precisamente porque todos los elementos fácticos tenidos en consideración para fundar el delito que en ella se imputaba a C. C., fueron descartados por la Corte de Apelaciones al pronunciarse sobre la acusación fiscal, de donde se sigue que este recurso no puede prosperar.

SEXTO: Que, en cuanto el recurso de invalidación se dirigió contra la parte civil, basta para rechazar este capítulo, la decisión plasmada en los razonamientos 11° y 12° del fallo dictado por la Corte de Apelaciones, así como su parte resolutiva, donde se deja constancia de no haberse adquirido convicción respecto de la comisión del hecho delictivo y que nadie puede ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzga adquiere esa convicción. Es efectivo, como alega el recurrente, que los jueces de alzada omitieron toda consideración respecto de la parte civil, pero evidentemente no se causó perjuicio con ello al recurrente, ni influyó sustancialmente esa omisión, en lo resuelto, desde que la condena penal es el requisito básico para la procedencia de la indemnización civil.

SEPTIMO: Que, en la casación en el fondo penal, el error de derecho alegado, ha sido el contemplado en la causal cuarta del artículo 546 del Código Penal Adjetivo, denunciándose como infringidos los artículos 1°, 467 N° 1 y 470 N° 4 del Código Criminal. Para el mejor análisis del recurso, conveniente resulta en esta parte tener presente el hecho fijado por el juez del fondo y mantenido por los ministros de la Corte de Apelaciones que conocieron de las impugnaciones deducidas. En el fundamento segundo del primer fallo, se tuvo por establecido que la Sociedad Compañía Minera Aridos Tabolango S.A. procedió a la venta del inmueble denominado Lote A, sector Tabolango, antes perteneciente a la comuna de Valparaíso y luego Viña del Mar y actualmente a la comuna de Limache, a la Constructora de Obras Civiles y Viales S.A., Conovia, contrato celebrado el 17 de julio de 1996 en la Notaría de Kamel Saquel Zaror, señalándose en la misma, por parte del vendedor, que la propiedad se encontraba libre de todo gravamen, prohibición, embargo o litigio, ocultándose la hipoteca y prohibición de celebrar actos e incluso un embargo, que se constituyó a favor del Banco Internacional, mediante el engaño de aprovecharse de la falta de nota marginal de la reinscripción de dominio en Limache, obteniendo por lo tanto, un certificado de dominio vigente y un certificado de hipoteca y prohibiciones libre de anotaciones, para consumar el engaño y evitar que la compradora se enterara de la operación ilícita, la que finalmente debió cancelar al acreedor original, la suma de veintidós millones de pesos, a fin de lograr la cancelación del crédito y el alzamiento de los gravámenes que recaían sobre la propiedad.

OCTAVO: Que los elementos típicos de la estafa, son efectivamente el engaño que mueve a error a la víctima y el perjuicio patrimonial que ésta sufre a propósito del engaño. Contrariamente a lo sostenido por los ministros que concurrieron a la vista de la causa, en la Corte de Apelaciones, y como puede apreciarse además, con meridiana claridad en el hecho que se tuvo por demostrado y que se ha transcrito precedentemente, el engaño "que expresamente se reconoce existir- no aparece encaminado simplemente a la celebración del contrato de compraventa, sino a la adquisición de un inmueble que se encontraba afectado por gravámenes que limitaban su libre circulación y que, a mayor abundamiento se encontraba sometido al embargo dispuesto por un tribunal con el objeto de proceder a su venta forzada en pública subasta, con el claro propósito de pagar una deuda del vendedor. No es sostenible, la alusión que se hace en el fallo que se revisa, en el sentido que los gravámenes y embargo referidos, no implicaran necesariamente la pérdida de la propiedad y ni siquiera la perturbación de aquélla. Para tal efecto, basta revisar los conceptos de hipoteca y embargo. La primera, es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Es cierto que el inmueble hipotecado puede ser vendido, pero existe engaño cuando el vendedor no sólo oculta a su comprador la existencia del gravamen, sino que además, declara de modo expreso que tales no existen, sirviéndose para demostrar el hecho contrario a la realidad, de un certificado de inscripción y anotaciones vigentes, obtenido de manera igualmente fraudulenta, a través de las numerosas inscripciones y reinscripciones de la propiedad en diferentes Registros Conservadores de Bienes Raíces, como también fue probado. Ocultado el gravamen al comprador, declarándose al mismo que tal no existe, se le vende un inmueble que fue dado en garantía del cumplimiento de una obligación; misma que no se había cumplido tampoco, de modo que no sólo se ha tratado del engaño para vender un inmueble hipotecado, sino que uno que respondía del pago de una obligación que no se cumplió oportunamente y por cuyo defecto, se encontraba además, embargado por un tribunal civil. El embargo, constituye el secuestro de un bien por mandato del juez o autoridad competente, encontrándose prohibida su venta, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 1464 del Código Civil. Tan efectivo era el hecho que el dominio de la propiedad se encontraba perturbado, que el Banco a cuyo favor se había constituido la hipoteca, y que ya había obtenido la orden de embargo del mismo, podía alegar una causal de nulidad para dejar sin efecto el contrato, lo que también conduce al perjuicio del contratante de buena fe; y disponía además, de la acción de desposeimiento, para lanzar al ocupante de la finca hipotecada. Ha existido en consecuencia el engaño por parte del vendedor, que percibió el precio de una propiedad hipotecada y que vendió sin estar facultado para ello, ocultando dolosamente ambas circunstancias a su comprador.

NOVENO: Que, luego, la directa relación existente entre el engaño y el perjuicio, se aprecia también del hecho que se ha tenido por establecido en el fundamento segundo del fallo de alzada, donde se consignó que la compradora debió pagar $22.000.000 para liberar la propiedad de los gravámenes que la afectaban. La querellante adquirió un inmueble en $125.000.000, que pagó al contado, a través de un mutuo hipotecario. El acuerdo sobre ese precio, está relacionado con las circunstancias precisas del terreno, no sólo de hecho, sino que también de derecho, lo que fluye precisamente de la concebida cláusula que se incorporó en el ordinal cuarto de la escritura pública de compraventa, cuya copia rola a fs. 2 y siguientes, donde se consignó, que "El inmueble objeto de este contrato, se vende como especie o cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra, con todo lo edificado y plantado en él, con sus usos, costumbres, servidumbres y derechos, libre de todo gravamen, prohibición, embargo, litigio. Resulta contrario a la lógica y experiencia mercantil, suponer que al comprador le fuera indiferente que lo declarado en esa simple línea no fuera cierto. El resguardo de su inversión, es el que hace necesaria la declaración, misma que no se asienta sobre la sola confianza que le pueda inspirar su contratante, sino que se acredita con el certificado de inscripción y anotaciones vigentes, que emana del respectivo Conservador de Bienes Raíces y que en este caso, fue también manipulado por el vendedor. De ello deriva , por tanto, que el perjuicio sufrido por el querellante, sea consecuencia directa del engaño: el acusado vende una propiedad a un valor determinado, pero engañando a su comprador sobre la existencia de una hipoteca y un embargo; con ello obtiene el desembolso, por parte de la Sociedad Constructora, de $125.000.000, única suma que ésta se obligó a pagar, pero donde debió desembolsar otros $22.000.000 más, sobre el precio pactado, para liberar la propiedad de aquéllos gravámenes que tenía constituidos y que le significaban la pérdida de su uso, goce y disposición. Por último, forzoso resulta deducir que la actuación de la querellante en el juicio civil no fue voluntaria, sino que compareció en él compelida por el engaño del que fue objeto y con el único propósito de liberar el bien adquirido de los defectos que pesaban sobre el.

DECIMO: Que, en la forma señalada, concurren en el hecho establecido en el segundo razonamiento del fallo de primer grado, todos los elementos típicos del delito de estafa previsto y sancionado en los artículos 467 N° 1 y 470 N° 4 del Código Criminal, por el cual fue acusado J.C.C., de modo que se acogerá el recurso de casación en el fondo, respecto de la decisión penal, interpuesto por la querellante de autos.

UNDECIMO: Que atendido lo resuelto, se omitirá el análisis del mismo recurso, en cuanto se dirigió contra la parte civil del fallo.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 535 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto por la querellante y, se acoge en cambio, el de casación en el fondo, por lo que se invalida la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil cinco, escrita a fs. 373 y siguientes. Regístrese.

Redacción del Ministro Sr. Nibaldo Segura Peña.

Rol N° 5576-05.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y el abogado integrante Sr. Carlos Künsemüller L. No firma el Abogado Integrante Sr. Künsemüller, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brummer.

Sentencia de reemplazo.

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil siete.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por disposición del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, se dicta a continuación la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos: Se reproducen los fundamentos 1° a 3° del fallo casado y los razonamientos octavo y noveno del fallo de casación dictado con esta misma fecha. Se reproduce asimismo, la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

En el fundamento sexto, se incorpora después de la referencia a los motivos tercero y cuarto de esta sentencia, la frase y lo razonado en los fundamentos octavo y noveno del fallo de casación.

En el motivo 10°, se reemplazan las formas verbales cancelarle y la cancelación por las siguientes: pagarle y el pago. 3) Se incorporan, en las citas legales, los artículos 49 y 68 bis del Código Penal, el 10 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 1.559 y 2.314 del Código Civil. Y se tiene además, presente:

1° Que la parte querellante, solicitó en su adhesión y acusación particular, que se agravase la responsabilidad del acusado, por concurrir a su respecto las circunstancias de los números 7 y 16 del artículo 12 del Código Penal. La primera, por cuanto no ha existido abuso de confianza en la forma expresada por el acusador particular y por constituir además, parte del engaño que materializó para la comisión del delito. Se rechazará la circunstancia del ordinal 16 del referido artículo, por cuanto el delito de giro doloso de cheques que registra el acusado en su prontuario, se habría cometido con anterioridad a febrero de 1991, tal como se aprecia del certificado de fs. 221 vuelta, de modo que entre esa fecha y la de comisión del delito que se investigó en estos autos, transcurrió el plazo establecido en el artículo 104 del Código Criminal.

2° Que la pena asignada al delito es de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, habiéndose acogido en beneficio del acusado, una circunstancia atenuante que se ha estimado como calificada en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, se le sancionará en definitiva, con la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo. En cuanto a la multa, teniendo en consideración, que no afectan al acusado, circunstancias agravantes y que se trata de un varón jubilado y octogenario, se le aplicará una multa inferior al grado que le corresponde.

3° Que de la manera expuesta, esta Corte comparte parcialmente la opinión del Sr. Fiscal, manifestada en su dictamen de fs. 349 y siguiente. Por estas consideraciones y de acuerdo además, a lo dispuesto en los artículo 514, 527 y 533 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto y se confirma la sentencia apelada de nueve de abril de dos mil uno, escrita a fs. 310 y siguientes y complementada el veinte de abril de dos mil uno, por resolución de fs. 319, con declaración, que se reduce a sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, la pena privativa de libertad impuesta y se condena también a Joel Cofré Canales, a pagar una multa de 2 unidades tributarias mensuales. Si el sentenciado no dispusiere de bienes para pagar la multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión, regulándose un día por cada un quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses. Se mantiene el beneficio de reclusión nocturna, otorgado en el fallo que se revisa, reduciéndolo a 61 noches y debiendo descontarse además, los días que estuvo privado de libertad con motivo de esta causa. Lo anterior, sin perjuicio, de la facultad que pueda ejercer el juez de primera instancia, en caso de serle pedido, atendida la edad del condenado y la facultad prevista en el artículo 10 de la ley 18.216.

Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro Sr. Nibaldo Segura Peña.
Rol N° 5576-05.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros S res. Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y el abogado integrante Sr. Carlos Künsemüller L. No firma el Abogado Integrante Sr. Künsemüller, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brummer. 
 

 
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La circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal.-

 

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