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TRIBUNAL DE GARANTÍA DE SAN BERNARDO. ABSUELVE DEL CARGO DE MALTRATO HABITUAL: PDF Imprimir E-Mail

EL TIPO EXIGE QUE EL MALTRATO SEA HABITUAL. 19 DE AGOSTO DE 2006, ROL 4074-2006

DOCTRINA. Tribunal de Garantía de San Bernardo absuelve del cargo de maltrato habitual. A juicio del tribunal el tipo del art. 14 de la ley 20.066 exige que el maltrato sea habitual, esto es, que los actos que signifiquen la afectación de la integridad física o psicológica de ciertas personas sean reiterados en el tiempo.

Además el tipo exige que los hechos deben producirse con cierta proximidad en el tiempo. El tribunal estima que son insuficientes 3 episodios en el lapso de 14 años, lo que corresponde al tiempo de relación de pareja entre agresor y víctima.


(Que, habiendo sido calificados jurídicamente por el Ministerio Público los hechos materia del requerimiento como “maltrato habitual”, previsto y sancionado en el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, se hace necesario reproducir lo dispuesto por esta norma cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 14.- Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5° de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a éste.

Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.

El Ministerio Público sólo podrá dar inicio a 1a investigación por el delito tipificado en el inciso primero, si el respectivo Juzgado de Família le ha remitido los antecedentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley N° 19.968.”.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española maltrato es “la acción y efecto de maltratar” y maltratar se define como “tratar mal a alguien de palabra u obra” y en cuanto a la palabra habitual, fija con claridad y precisión su significado como lo “que se hace, padece o posee con continuación o por hábito”, refiriéndose este Diccionario a hábito como “modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”.

Precisados estos conceptos y del tenor de la disposición legal citada aparece claramente que el verbo rector de la figura que sanciona es “maltratar”, pero exige que ello lo sea con habitualidad, es decir, estamos frente a un delito que requiere reiteración de actos que importan la afectación de la integridad física o psicológica de una persona, teniendo en consideración que los hechos deben producirse, además, con una proximidad en el tiempo.

En ese orden de ideas, la norma que el Minsiterio Público estima vulnerada, indica que para apreciar la habitualidad, “se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima.”, de lo que se hace necesario apreciar cuál fue el número de actos ejecutados y la proximidad de éstos y para ese fin, basta referirse al requerimiento presentado por el Minsiterio Público que da cuenta de tres episodios de violencia, sin perjuicio de indicar que éstos se vienen cometiendo desde aproximadamente noviembre de 2005 –pueden ser anteriores o posteriores- y


atendiendo a la relación de pareja que existe entre víctima y agresor, a saber, 14 años, la cantidad de episodios invocados por el ente persecutor penal así como el tiempo que media entre ellos, no son suficientes, a juicio de este sentenciador, para considerar que se esté en presencia de la figura de maltrato habitual, teniendo presente, además, que no se aportaron como elementos probatorios antecedentes suficientes que sustenten la ocurrencia de los hechos invocados por el Ministerio Público ni fue posible conocer ni valorar los antecedentes que el Juzgado de Familia habría considerado y le remitiera al ente persecutor, puesto que las probanzas rendidas en juicio por éste (declaraciones de funcionarios aprehensores) son útiles para acreditar el hecho ocurrido el día 13 de julio de 2006, mas no para acreditar fehacientemente otro u otros hechos” (considerando 7°). “Que valorada la prueba rendida por el Ministerio Público, constituida por la documental que da cuenta del vínculo de parentesco entre el imputado y las menores y las declaraciones de los testigos S.M.C. y J.V.C., ésta no resulta suficiente para pronunciar sentencia condenatoria respecto del requerido, toda vez que a través de las declaraciones de estos testigos se desprende que, si bien, están contestes respecto del hecho ocurrido el día 13 de julio de 2006, habiendo participado en el procedimiento policial de rigor, ellos no constituyen elementos suficientes, salvo los dichos del Carabinero Valenzuela Contreras, que recordó haber intervenido anteriormente en otro procedimiento vinculado a violencia intrafamiliar -que tenía como protagonistas a víctima y ofensor-, para acreditar el maltrato con la necesaria habitualidad requerida para tener por satisfechos los requisitos contemplados en el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar” (considerando 7°)).


TEXTO COMPLETO


San Bernardo, diecinueve de julio de dos mil seis.


VISTOS:


Que la Fiscal adjunto de San Bernardo, doña Beatriz Silva Cabezas, ha presentado requerimiento en procedimiento simplificado en contra de R.E.A.Q., cédula de identidad N° 12.023.xxx-x, chileno, soltero, temporero, nacido el 18 de julio de 1970, 36 años de edad, domiciliado en Población Yungay, xxx, La Escalera xxxx departamento x, comuna de la Granja, en su calidad de autor del delito de Maltrato Habitual, contemplado en el artículo 14 de la Ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar.


Que llevada a cabo la audiencia respectiva con la presencia del Fiscal del Ministerio Público doña B.S.C., el imputado y su abogado defensor doña Yanet Soto Vásquez, se le preguntó al requerido si admitía responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitaría la realización del juicio y éste respondió que no admitía responsabilidad en los hechos y solicitaba la realización de juicio al que se procedió de conformidad a lo que disponen los artículos 395 bis y 396 del Código Procesal Penal.


Tras la rendición de las pruebas por los intervinientes, el Tribunal dictó sentencia inmediatamente, pronunciando su decisión de absolución y fijó audiencia para dar a conocer el texto escrito de la sentencia.



C O N S I D E R A N D O:


PRIMERO: Que se presentó requerimiento verbal en procedimiento simplificado por el Ministerio Público en contra de R.E.A.Q., ya individualizado, en calidad de autor del delito consumado de maltrato habitual contemplado en el artículo 14, de la Ley Nº20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, de acuerdo a lo siguiente: “Que, aproximadamente desde el mes de noviembre de 2005, el imputado maltrata física y verbalmente a su conviviente, doña M. C.Jara Crisóstomo, que con fecha 13 mayo del 2006, realizó la primera denuncia la víctima en el Juzgado de Familia de Buin, denunciando maltratos tanto físicos como verbales de parte del imputado, que en dicha causa se fijó audiencia a la cual la víctima no asistió, sin embargo se produce una segunda denuncia que se acumula a la primera del 12 de junio de 2006, también porque su cónyuge la habría agredido verbalmente y físicamente y la habría golpeado en la cara con un puño.


Con fecha 14 de junio de 2006, estos antecedentes son remitidos a Fiscalía por el Juzgado de Familia, considerándolo el Tribunal de Familia como el delito establecido en el artículo 14 de la ley de violencia intrafamiliar, como maltrato habitual.


Finalmente, se produce el último episodio de violencia, el día 13 de julio de 2006 alrededor de las 23:50 horas, en que el imputado en una discusión, agredió con un golpe de puño en el rostro a la víctima, además de amenazarla con matarla a ella y las hijas que tienen en común, que son J.y L. A. J., ambas de 8 y 3 años respectivamente”.


El Ministerio Público solicita se le imponga al requerido una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, la accesoria legal de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena y las costas de la causa, indicando que al requerido lo perjudica la agravante del artículo 12 N° 15 del Código Penal, es decir, haber sido castigado anteriormente por delitos que la ley le asigne igual o mayor pena.


SEGUNDO: Que, hechas las advertencias legales contempladas en el artículo 395 del Código Procesal Penal, se le preguntó al imputado si admitía responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitaría la realización del juicio, respondiendo éste que no admitía responsabilidad en los hechos, procediéndose a la preparación y posterior realización del presente juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 395 bis y 396 del Código Procesal Penal, concediéndose la palabra a los intervinientes, tras lo cual se recibió la prueba.


TERCERO: Que, en su alegato de apertura el Ministerio Público sostuvo que se está frente a un caso de violencia intrafamiliar, la cual se caracteriza por tener un ciclo que consta de tres etapas, donde primero se acumulan las tensiones, después viene el episodio de violencia concretamente y luego lo que se denomina la luna de miel. Este ciclo se repite durante años, siendo cada vez más corto el período de acumulación de tensiones, más frecuentes los episodios de violencia y más corta la luna de miel, pero siempre se da y ésto se genera por la acumulación de tensiones, el agresor empieza a mostrar cada vez mayor hostilidad, lo que finalmente llega a la violencia, la que en un comienzo es verbal para pasar luego a la física y, a su juicio, se estaría, en este caso,


frente al maltrato habitual, ya que la víctima ha realizado dos denuncias en el Juzgado de Familia de Buin, denuncias que fueron consideradas como maltrato habitual por ese Juzgado, quien remitió los antecedentes a Fiscalía, según lo establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, y finalmente es detenido y pasado a control de detención ante este Juzgado de Garantía, por un nuevo episodio de violencia intrafamiliar y según las declaraciones que se tiene de la víctima ésto ya data de años.


Actualmente, señala, se encontrarían en la etapa de luna de miel, que se distingue porque la víctima ha sido citada a audiencia, tanto por el Juzgado de Familia como por este Tribunal de Garantía de San Bernardo y ésta no se ha presentado. Además, el síndrome de la mujer golpeada se caracteriza por justificar al agresor, generalmente se tiene una dependencia económica del mismo y ésto queda demostrado por la incomparecencia de la víctima, con la cual el Ministerio Público nunca contó para que prestara su declaración, como en la mayoría de casos de violencia intrafamiliar.


Que, en su alegato de apertura la Defensa sostuvo que con la prueba que rendirá el Ministerio Público en la audiencia, no se podrá probar la comisión del hecho, y mucho menos la habitualidad de éstos. Señala la Defensa, que el Ministerio Público, indica que hay denuncia por dos hechos, pero en los que la víctima no se ha presentado y, llevando la violencia intrafamiliar a lo concreto de ninguna manera se podrá acreditar que los hechos ocurrieron de la manera como señala el Ministerio Público, ya que, no se cuenta con la presencia de la principal afectada, la víctima, quien no se presentó y no se ha justificado la ausencia de ésta en audiencia.


En su alegato de cierre, el Ministerio Público ha señalado que no ha tenido efectivamente las declaraciones de la víctima y de sus hijas y respecto a las pruebas, indicó que éstas han sido bastante consistentes, teniendo en cuenta que no se ha contado con los testimonios de las víctimas, las principales involucrados, y sin embargo, se ha acreditado, que hubo una agresión el día 13 de julio de 2006, que se tomó un procedimiento policial, donde los dos funcionarios policiales declararon en el mismo sentido, señalaron por qué la víctima no había constatado lesiones, y fueron contestes en los hechos, y además, declaró el segundo funcionario policial, quien tenía conocimiento del procedimiento anterior, porque él mismo lo había tomado y había dado cuenta al Juzgado de Familia, encontrándonos en el presupuesto del artículo 5° de Ley de Violencia Intrafamiliar, puesto que ofensor y víctima han sido convivientes durante 14 años, además, existen certificados de nacimientos de las hijas que tienen en común y se debe considerar la confesión judicial del imputado, quien señaló que él trata mal a su señora y que es efectivo que ellos discuten en otras ocasiones, admitiendo que cuando él se paga, bebe y que las discusiones se producen generalmente cuando el bebe. Por lo anterior, el Ministerio Público estima, que las pruebas son bastantes contundentes, y además, hay que tener en cuenta, que en general, en las causas de violencia intrafamiliar es raro tener la declaración de la víctima, pero es más raro, aún, tenerla y que no sea favorable al imputado y solicita que se aquilaten las pruebas que son las que efectivamente siempre se van a tener en violencia intrafamiliar, esto es, aquellas que acreditan el vínculo familiar, y las declaraciones de los funcionarios aprehensores.


En su alegato de cierre, la Defensa, ha señalado que el Ministerio Público no podrá probar más allá de toda duda razonable, la comisión del delito. No existe, a su juicio,


prueba para acreditar estos hechos, ya que, no basta con la simple declaración del requerido, ni son suficientes las declaraciones de los funcionarios aprehensores, que señalan haber visto discutir a tres personas, pero, señaló, ¿quién no ha discutido en la vía pública, más discretamente o menos discretamente?, perfectamente posible es que haya habido un intercambio de palabras, que no necesariamente sirvan para acreditar el hecho. Por otra parte, ambos funcionarios señalaron, la intención de la víctima de ir hasta las últimas consecuencias con esta denuncia y nada se sabe de ella. El Ministerio Público no ha contado con prueba suficiente como para condenar a una persona y de condenar a su representado estaríamos ante un estándar mínimo de prueba requerida y bastaría para éste y otros casos la simple declaración de los funcionarios aprehensores o que cualquier imputado diga “yo lo hice” y eso sería suficiente para condenar y, justamente estamos en ese caso, donde existe declaración de su defendido y las pruebas rendidas por el Ministerio Público, claramente no son contundentes para condenar a una persona, razón por la cual la Defensa, insistió en que se resuelva con la absolución respecto de su representado, porque no se ha acreditado, de forma consistente, el hecho materia de este juicio.


CUARTO: Que a fin de acreditar lo que le interesa, la Fiscalía presentó ante el Tribunal prueba testimonial y prueba documental.


a) Prueba testimonial:


1.- Declaración de Salvador Muñoz Contreras, RUN N° 11.686.129-1, funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en Manuel Rodríguez N° 705, comuna de Buin, quien señala que el día 13 de julio de 2006 en horas de la noche, se encontraba en servicio de segundo patrullaje, de la 15° Comisaría de Buin, específicamente en el cuadrante 88, que corresponde a la población Nueva Buin, cuando recibió una comunicación radial, que señalaba que había una persona que estaba siendo víctima de una agresión. Concurriendo al lugar, donde habían dos personas y una mujer, los cuales se encontraban discutiendo en la vía pública, frente al domicilio de la víctima, al momento de llegar el carro policial uno de los sujetos se dio a la fuga, ante lo cual, descendió del carro con la persona que lo acompañaba, Carabinero Valenzuela, ante lo cual, la mujer se acercó de forma rápida hacia ellos apuntando al imputado, quien la había golpeado en la mejilla del lado derecho por lo que se procedió a detener al individuo, frente a lo que el imputado opuso tenaz resistencia y extrajo desde sus manos una “gillete” amenazando que se iba a cortar, ante lo que, reaccionó y le tomó la mano, percatándose que no tenía nada, procediendo su colega a esposarlo. Luego, fue trasladado a la asistencia pública para constatar lesiones, ahí señaló que se iba a autoeliminar y que iba a matar a su familia, luego se llevó al requerido a la unidad policial, se entregó en la guardia y se dio aviso a la fiscal, dándole cuenta del procedimiento efectuado. Acto seguido, se tomó declaración a la víctima, quien manifestó que era conviviente del imputado y que ha sufrido malos tratos y violencia verbal de manera constante por parte de su conviviente, que tiene tres denuncias por lo mismo y lo único que quiere es que esta persona salga del domicilio, porque se siente temerosa de presentar denuncia ante las posibles represalias que pudiese tomar el imputado. Indica, además, que la víctima no concurrió a constatar lesiones de inmediato, porque tiene dos menores, que no podía dejarlos solos, pero señaló que se comprometía a realizar ésto al día siguiente, lo cual no realizó.


2.- Declaración de José Valenzuela Contreras, RUN N° 12.362.347-7, funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en Manuel Rodríguez N° 705, comuna de Buin, quien señala que el día 13 de julio de 2006 aproximadamente a las 22:00 ó 23:00 horas, se encontraba en servicio de patrullaje, y se recibió un llamado de la central telefónica, indicando que en Las Parcelas, comuna de Buin, estaban agrediendo a una persona, llegando al lugar, había dos hombre y una mujer, y al percatarse de la presencia policial, uno de los hombres se dio a la fuga, ante lo cual, se acercó la mujer al carro policial, y manifestó que su cónyuge la había agredido por medio de un golpe de puño en su mejilla derecha, en eso bajo el Cabo que lo acompañaba, acercándose al agresor, deteniéndolo inmediatamente, ante lo cual, el agresor se puso la mano en la garganta diciendo que tenía “una gillete” señalando que se iba a cortar, debiendo reducir al agresor. Posteriormente, fue imposible meter al requerido al calabozo, el que fue llevado a la posta local para constatar lesiones, para después comunicarse con la fiscal de turno y dar aviso del procedimiento adoptado. Luego, se dirigieron a la casa de la víctima para tomar la declaración de lo ocurrido, siendo realizada por el Cabo de Carabineros que lo acompañaba, ya que él andaba de conductor y no podía dejar el carro solo. La víctima no concurrió a constatar lesiones de inmediato, ya que, indicó no tener dinero para realizarlo y no tenía con quien dejar a sus dos hijos menores. Señaló, finalmente, que en otras oportunidades la víctima ha formulado denuncias de agresión, incluso un día andaba como motorista con otro funcionario y el imputado se les había arrancado, habiendo ello ocurrido más o menos hace un mes y medio atrás, de lo cual, se dio cuenta al Juzgado de Familia, señalando la víctima que iba a seguir hasta las últimas consecuencias con ésta denuncia.


b) Prueba Documental


1.- Certificado de Nacimiento de L.B.A.J., nacida el 14 de agosto de 1997, Circunscripción San Miguel, número de inscripción 1.912, año 1997, donde se señala el nombre de los padres, R.E.A.Q.y M.C.J.C.

2.- Certificado de Nacimiento de J.C.A.J., nacida el 23 de junio de 2003, Circunscripción San Miguel, número de inscripción 2.057, año 2003, donde se señala el nombre de los padres, R.E.A.Q y M.C.J.C.


QUINTO: Que, la Defensa no aportó medios de prueba en relación a los hechos, valiéndose de la prueba acompañada por el Ministerio Público.


SEXTO: Que, el imputado ejerciendo su derecho y exhortado a decir verdad, prestó declaración señalando que en la actualidad se encuentra trabajando como temporero en Alto Jahuel, hace 14 años que mantiene una relación de convivencia con la víctima, misma fecha en que compró una casa y tuvo dos hijas con ella. Que nunca ha tratado de matar a sus hijas ni a su mujer, ya que las quiere, y que ama a su señora. Pide perdón por los hechos, indicando que ha sido culpa del trago, ya que estaba recién pagado, y se fue a tomar con unos vecinos una cerveza y una caja de vino. Ahora no tiene problemas con la droga, antes los tuvo, pero que hace mucho tiempo que no le “hace”. En relación al requerimiento indica que el día de los hechos, se tomó un trago, salió para afuera y sostuvo una discusión con su señora, se le fue la mano y le dio un combo en su mejilla y eso fue todo, comenzaron a discutir, llegó Carabineros quienes lo tomaron detenido, luego lo llevaron al Hospital y después lo trasladaron al Tribunal.


Manifestó que la forma de tratar a su mujer es con malas palabras y agresiones, lo cual se produce más que nada por los problemas económicos, ya que es temporero y cuando bebe.


SEPTIMO: Que, habiendo sido calificados jurídicamente por el Ministerio Público los hechos materia del requerimiento como “maltrato habitual”, previsto y sancionado en el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, se hace necesario reproducir lo dispuesto por esta norma cuyo tenor es el siguiente:


“Artículo 14.- Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5° de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a éste.


Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.


El Ministerio Público sólo podrá dar inicio a 1a investigación por el delito tipificado en el inciso primero, si el respectivo Juzgado de Família le ha remitido los antecedentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley N° 19.968.”.


Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española maltrato es “la acción y efecto de maltratar” y maltratar se define como “tratar mal a alguien de palabra u obra” y en cuanto a la palabra habitual, fija con claridad y precisión su significado como lo “que se hace, padece o posee con continuación o por hábito”, refiriéndose este Diccionario a hábito como “modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”.


Precisados estos conceptos y del tenor de la disposición legal citada aparece claramente que el verbo rector de la figura que sanciona es “maltratar”, pero exige que ello lo sea con habitualidad, es decir, estamos frente a un delito que requiere reiteración de actos que importan la afectación de la integridad física o psicológica de una persona, teniendo en consideración que los hechos deben producirse, además, con una proximidad en el tiempo.


En ese orden de ideas, la norma que el Ministerio Público estima vulnerada, indica que para apreciar la habitualidad, “se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima.”, de lo que se hace necesario apreciar cuál fue el número de actos ejecutados y la proximidad de éstos y para ese fin, basta referirse al requerimiento presentado por el Minsiterio Público que da cuenta de tres episodios de violencia, sin perjuicio de indicar que éstos se vienen cometiendo desde aproximadamente noviembre de 2005 –pueden ser anteriores o posteriores- y atendiendo a la relación de pareja que existe entre víctima y agresor, a saber, 14 años, la cantidad de episodios invocados por el ente persecutor penal así como el tiempo que


media entre ellos, no son suficientes, a juicio de este sentenciador, para considerar que se esté en presencia de la figura de maltrato habitual, teniendo presente, además, que no se aportaron como elementos probatorios antecedentes suficientes que sustenten la ocurrencia de los hechos invocados por el Ministerio Público ni fue posible conocer ni valorar los antecedentes que el Juzgado de Familia habría considerado y le remitiera al ente persecutor, puesto que las probanzas rendidas en juicio por éste (declaraciones de funcionarios aprehensores) son útiles para acreditar el hecho ocurrido el día 13 de julio de 2006, mas no para acreditar fehacientemente otro u otros hechos.


OCTAVO: Que valorada la prueba rendida por el Ministerio Público, constituida por la documental que da cuenta del vínculo de parentesco entre el imputado y las menores y las declaraciones de los testigos Salvador Muñoz Contreras y José Valenzuela Contreras, ésta no resulta suficiente para pronunciar sentencia condenatoria respecto del requerido, toda vez que a través de las declaraciones de estos testigos se desprende que, si bien, están contestes respecto del hecho ocurrido el día 13 de julio de 2006, habiendo participado en el procedimiento policial de rigor, ellos no constituyen elementos suficientes, salvo los dichos del Carabinero Valenzuela Contreras, que recordó haber intervenido anteriormente en otro procedimiento vinculado a violencia intrafamiliar -que tenía como protagonistas a víctima y ofensor-, para acreditar el maltrato con la necesaria habitualidad requerida para tener por satisfechos los requisitos contemplados en el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar.


NOVENO: Que atendida la insuficiencia de la prueba allegada por el ente persecutor penal y considerando las declaraciones de los testigos, útiles para acreditar un hecho preciso de violencia intrafamiliar –el ocurrido el 13 de julio de 2006- en concepto de este juzgador, el Ministerio Público, no ha logrado probar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito y la participación del imputado en el mismo.


En este sentido, este Juez considera oportuno y necesario reiterar que el estándar de prueba en el ámbito penal debe ser más alto dentro del sistema judicial, pues se trata de poner en actividad el derecho punitivo que constituye la “última ratio” y que afecta bienes jurídicos de diversa relevancia en relación a lo que sucede en materia civil, pero que en su centro se desarrolla y debate la aplicación de una sanción respecto de conductas que contienen valor negativo, alcanzando con intensidades diferentes la vida de los sujetos objeto de pretensión punitiva.


DECIMO: Que, por lo razonado y expuesto precedentemente, este sentenciador concluye que la prueba rendida a que se ha hecho referencia, no resulta suficiente para tener por acreditada la existencia del delito de maltrato habitual y, en consecuencia, la participación del imputado en el mismo en calidad de autor, por lo cual deberá ser absuelto de la imputación deducida en su contra.


UNDECIMO: Que, nadie puede ser condenado por delito, sino cuando el Tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible materia de autos y que en él hubiere correspondido al imputado una participación culpable y penada por la ley.


Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7 y 15 del Código Penal; 1, 2, 4, 45, 46, 48, 50, 282 y siguientes, 295, 296, 297, 298 y siguientes,


340, 347, 388, 393 bis, 395, 395 bis y 396 del Código Procesal Penal y artículo 1, 5, 7 y 14 de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, SE RESUELVE:


I.- Que SE ABSUELVE a RAUL EMILIANO ACEVEDO QUINTANA, ya individualizado, de la imputación formulada en su contra como autor del delito de maltrato habitual, previsto y sancionado en el artículo 14 de la Ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, cometido en la jurisdicción de este Tribunal.


II.- Déjense sin efecto las medidas cautelares provisorias contempladas en las letras a) y b) del artículo 9, de la Ley 20.066, decretadas con fecha 14 de julio de 2006. Ofíciese.


III.- Que, no se condena en costas al Ministerio Público por estimar el Tribunal que ha tenido motivo plausible para ejercer la acción penal.


Regístrese y archívese en su oportunidad.


RUC: N° 0600484459-7


RIT: N° 4074-2006


Dictada por don Eduardo A. Vásquez González, Juez Titular del Juzgado de Garantía de San Bernardo.

 

 
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