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TRIBUNAL DE GARANTÍA DE ILLAPEL. ABSUELVE DEL CARGO DE MALTRATO HABITUAL: PDF Imprimir E-Mail

EL CONCEPTO DE LESIONES NO COMPRENDE LAS VÍAS DE HECHO. 26 DE ENERO DE 2006, ROL 1384-2005

DOCTRINA Tribunal de Garantía de Illapel absuelve del cargo de maltrato habitual. A juicio del tribunal el requerimiento de Juicio Simplificado debe contener una narración del hecho que se atribuye y demás circunstancias relevantes, de manera que al no explicitar el detrimento a la salud de la víctima ocasionado por el imputado al mencionar únicamente las vías de hecho, se han omitido las circunstancias esenciales que podrían permitir configurar el delito de Lesiones. En consecuencia se ha infringido el principio de congruencia.

Por último el tribunal estima que la acusación del MP al imputar la realización del tipo del art. 14 ley 20.066, atribuye un hecho que no es subsumible en esa figura penal, puesto que el concepto de lesiones no comprende las vías de hecho.

(Que asentado lo anterior, digamos que conforme ha expuesto mayoritariamente nuestra doctrina, el sistema jurídico-penal chileno no admite comprender dentro del concepto de lesiones el de las solas vías de hecho (Cfr. Bustos, Grisolía, Politoff, Derecho Penal Chileno, Ed. Jdca., Stgo., 2ª Ed., 2001, p.207; Politoff, Matus, Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, Ed. Jdca., Stgo., 1ª Ed., 2004, pp. 109 y 110).
Ergo, los meros golpes ejecutados por el imputado, que no dejaron huellas perceptibles en la salud de la ofendida –pues de haberlas, debieron precisarse en el requerimiento-, no se incluyen en el régimen de las lesiones de nuestro derecho, sin perjuicio de que puedan constituir un atentado al honor de la acometida, captado por la figura de acción penal privada de la injuria.

Sólo a mayor abundamiento, apuntemos que los autores nacionales sostenedores de la tesis contraria a la que adhiere este juzgador, ponen como límite a la sanción de los malos tratos de obra a título de lesión, el que éstos produzcan en la víctima un sufrimiento físico (Cfr. Etcheberry, Derecho Penal, Ed. Jdca., Stgo., 3ª Ed., 2001, T. III, p. 113 ss.), resultado o efecto que tampoco se ha incluido en los hechos del requerimiento” (considerando 7°). “Que para desestimar la petición del Ministerio Público de incluir en el hecho litigioso, el resultado de la agresión de que da cuenta el dato de atención de urgencia ofrecido en el requerimiento -respecto del cual no tenemos ninguna noticia: fecha, paciente, diagnóstico, gravedad, etc.-, primero que nada y antes que todo, cabe recordar que el art. 391 letra b) del Cód. Procesal Penal dispone que el requerimiento debe contener una relación sucinta del hecho que se atribuye, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes.
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define el adjetivo relevante como sobresaliente, destacado, y en otra acepción, como importante, significativo.

No cabe duda que en el caso sub lite, se han omitido circunstancias históricas esenciales que permitan configurar el delito de Lesiones, ya sea leves o menos graves, por cuanto no se ha explicado por el inquisidor en qué consistió el menoscabo o detrimento a la salud de la ofendida ocasionado por el reo, mencionando solamente el maltrato de obra o vía de hecho” (considerando 8°). “Que el ingrediente olvidado, no puede suponerse o presumirse como concurrente por el Tribunal, sobretodo si el único medio de convicción con que se ha contado para decidir es la admisión del incriminado -la que recayó sobre hechos que no lo comprenden-, pues el Ministerio

Público sólo aludió a un dato de atención de urgencia ofrecido en el requerimiento, sin aportar mayores antecedentes, ni poner a disposición del tribunal la carpeta de investigación para su estudio.
Por lo demás, el examen de dicho registro también sería procesalmente objetable, ya que conlleva asimilar el procedimiento de resolución inmediata del art. 395 del Cód. Procesal Penal al procedimiento abreviado. En este último el encartado acepta no sólo los hechos materia de la acusación, sino además los antecedentes de la investigación que la fundan –de los cuales debe estar en conocimiento-, lo que no sucede en este proceso, donde sólo admite responsabilidad en los hechos del requerimiento, mas no acepta ni valida el registro de la investigación, de manera que no puede este sentenciador revisarlo a objeto de complementar lo ya admitido, añadiéndole circunstancias que agravarían su responsabilidad, y respecto de las cuales el imputado no podrá controvertir aportando prueba en su descargo, alternativa que le fue coartada al renunciar al juicio oral.
En tal línea han resuelto distintos tribunales superiores. Por ejemplo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 23 de agosto de 2005 en causa Rol N° 26-2005, explicó que en el procedimiento de resolución inmediata reglado en el art. 395 del Cód. Procesal Penal, no se rinde prueba, siendo en tal caso para el legislador suficiente el reconocimiento, que no es una mera aceptación de los hechos –a diferencia del procedimiento abreviado-, sino una asunción de responsabilidad respecto de ellos que hace el imputado y por tal razón el legislador le asigna un tratamiento penal más benigno. Por su lado, la Iltma. Corte de Apelaciones de la región de O’Higgins resolvió el día 28 de diciembre recién pasado, en causa Rol Nº 315-05, que el procedimiento simplificado permite que, si el imputado admite responsabilidad, se prescinda del juicio. En ese caso, el juez dicta sentencia sobre la base del requerimiento y de ese reconocimiento, y nada más, pues imposible es exigir pruebas si no hay juicio (Cfr. Rol N° 336-05, 12.01.2006)” (considerando 9°). Que en otro orden de ideas, y a mayor abundamiento, como nos enseñan los profesores Horvitz Lennon y López Masle (Derecho Procesal Penal Chileno, T.II., Ed. Jdca. 1ª Ed., Stgo., 2005, p. 477), existe una identidad material entre el requerimiento y la acusación, la primera cumple prácticamente las mismas funciones en el procedimiento que la segunda, las cuales, sintéticamente, son las siguientes: informar debidamente de los cargos al imputado; delimitar el objeto del juicio respecto de los hechos, lo que determinará una prohibición para el tribunal de exceder el contenido del requerimiento; e, informar al imputado acerca de los elementos o antecedentes que fundan los cargos, a fin de posibilitar el ejercicio de su derecho de defensa.

En el mismo sentido, debe observarse, que por disposición del art. 389 del Cód. adjetivo del ramo, se aplican al procedimiento simplificado las normas del Libro II, en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza, disposiciones entre las que se encuentra el art. 341, el cual prescribe que la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación, no pudiéndose condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella.

De lo que se ha venido razonando, se desprende que la obligación de congruencia entre la sentencia y la acusación, también rige en este procedimiento para el fallo y el requerimiento, por lo que no es jurídicamente factible ni procesalmente tolerable que el tribunal condene al incriminado por hechos o circunstancias que no le fueron atribuidos en el momento procesal pertinente, y que por lo tanto, no tuvo en vista al momento de decidirse por la resolución inmediata conforme al art. 395 tantas veces citado” (considerando 10°). “Que en fin, no es descaminado subrayar que el imputado

únicamente aceptó los hechos atribuidos, no así la calificación jurídica efectuada por el Ministerio Público, sobre todo considerando que la defensa cuestionó que aquéllos constituyan un ilícito criminal.
En palabras del Tribunal de alzada de Valdivia, para la procedencia del procedimiento simplificado la ley exige que el imputado acepte responsabilidad en los hechos, pero no señala la norma legal, que el imputado deba aceptar responsabilidad penal en los hechos, de manera que esta aceptación de responsabilidad no impide al juez absolverlo (Rol N° 287-2005, 13.01.2006)” (considerando 11°)).

TEXTO COMPLETO

Illapel, veintiséis de enero de dos mil seis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°)    Que ante este Juzgado de Garantía de Illapel, con esta fecha se celebró audiencia de procedimiento simplificado, iniciado éste por requerimiento del Ministerio Público de esta ciudad, representado en estrados por el Fiscal adjunto don Andrés Villalobos Squella, en contra de R.E.C.O., nacido el 25 de junio 1970 en Salamanca, chofer, soltero, Cédula Nacional de Identidad N° 11.514.xxx-x domiciliado en Tomás Davis, casa N° x, Salamanca, asistido por el Defensor Penal Público, Sr. Erick Astudillo Canessa, fundado en el siguiente hecho:

Que “el día 10 de diciembre de 2005, aproximadamente a las 02:55 horas, la víctima doña R.E.E.B., solicitó la presencia de funcionarios policiales de la Subcomisaría de Carabineros de Salamanca, toda vez que acababa de ser golpeada por su conviviente, el imputado R.E.C.O., concurriendo inmediatamente personal policial, logrando la detención del sujeto a las afueras del domicilio de la víctima, ubicada en calle Bulnes Nº 9xx, comuna de Salamanca, a las 03:00 horas, mientras que el imputado procedía a agredir verbalmente a víctima la Sra. E.B.”.

Hechos que en opinión del Ministerio Público, son constitutivos del delito de violencia intrafamiliar, previsto y sancionado en el art. 14 de la ley 20.066, en grado de consumado. No concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y solicita se imponga al enjuiciado la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias y costas de la causa.

Para el evento que el imputado admita su responsabilidad conforme al art. 395 del Código de la especialidad, el Ministerio Público rebaja su pretensión punitiva a 61 días de presidio menor en su grado mínimo.

2º)    Que en la audiencia de estilo, el imputado, ante la disyuntiva a que lo enfrenta el art. 395 del Cód. Procesal Penal, de elegir entre la admisión de responsabilidad o la continuación de la audiencia, y asesorado por un letrado, optó por la primera alternativa.

3º)    Que la defensa, en su discurso reclamó la absolución de su poderdante, por cuanto no se ha señalado en el requerimiento que la violencia ejercida en contra de la


ofendida tenga un carácter habitual, y por no constituir las meras vías de hecho el delito de lesiones.

4º)    Que la admisión de responsabilidad efectuada por el requerido, por constituir una confesión libre, voluntaria e informada, se estima por este sentenciador como suficiente y bastante para arribar al convencimiento por sobre cualquier duda razonable, de la existencia de los hechos objeto de cargo y de la participación que en los mismos le ha correspondido al encartado, sin que por lo demás su defensa realizara alegación disidente sobre estos puntos.

Sin embargo, los acontecimientos establecidos no se encuadran en la figura del art. 14 de la ley 20.066, pues en ellos falta la habitualidad esencial y básica en este ilícito.

5º)    Que reconociendo esta mella, y buscando salvarla, el representante del Ministerio Público retrucó que los hechos imputados se encuadran en las lesiones del art. 494 Nº 5 del Cód. Penal, cometidas contra una de las personas mencionadas en el art. 5° de la ley sobre violencia intrafamiliar, lo que se acredita con el dato de atención de urgencia ofrecido en el requerimiento, obedeciendo la calificación original a un error “tipográfico”.}

6º)    Que no existe controversia que los hechos materia del requerimiento no se encuadran en la figura delictiva del art. 14 de la ley 20.066.

7º)    Que asentado lo anterior, digamos que conforme ha expuesto mayoritariamente nuestra doctrina, el sistema jurídico-penal chileno no admite comprender dentro del concepto de lesiones el de las solas vías de hecho (Cfr. Bustos, Grisolía, Politoff, Derecho Penal Chileno, Ed. Jdca., Stgo., 2ª Ed., 2001, p.207; Politoff, Matus, Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, Ed. Jdca., Stgo., 1ª Ed., 2004, pp. 109 y 110).

Ergo, los meros golpes ejecutados por el imputado, que no dejaron huellas perceptibles en la salud de la ofendida –pues de haberlas, debieron precisarse en el requerimiento-, no se incluyen en el régimen de las lesiones de nuestro derecho, sin perjuicio de que puedan constituir un atentado al honor de la acometida, captado por la figura de acción penal privada de la injuria.

Sólo a mayor abundamiento, apuntemos que los autores nacionales sostenedores de la tesis contraria a la que adhiere este juzgador, ponen como límite a la sanción de los malos tratos de obra a título de lesión, el que éstos produzcan en la víctima un sufrimiento físico (Cfr. Etcheberry, Derecho Penal, Ed. Jdca., Stgo., 3ª Ed., 2001, T. III, p. 113 ss.), resultado o efecto que tampoco se ha incluido en los hechos del requerimiento.

8º)    Que para desestimar la petición del Ministerio Público de incluir en el hecho litigioso, el resultado de la agresión de que da cuenta el dato de atención de urgencia ofrecido en el requerimiento -respecto del cual no tenemos ninguna noticia: fecha, paciente, diagnóstico, gravedad, etc.-, primero que nada y antes que todo, cabe recordar que el art. 391 letra b) del Cód. Procesal Penal dispone que el requerimiento

debe contener una relación sucinta del hecho que se atribuye, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define el adjetivo relevante como sobresaliente, destacado, y en otra acepción, como importante, significativo.

No cabe duda que en el caso sub lite, se han omitido circunstancias históricas esenciales que permitan configurar el delito de Lesiones, ya sea leves o menos graves, por cuanto no se ha explicado por el inquisidor en qué consistió el menoscabo o detrimento a la salud de la ofendida ocasionado por el reo, mencionando solamente el maltrato de obra o vía de hecho.

9º)    Que el ingrediente olvidado, no puede suponerse o presumirse como concurrente por el Tribunal, sobretodo si el único medio de convicción con que se ha contado para decidir es la admisión del incriminado -la que recayó sobre hechos que no lo comprenden-, pues el Ministerio Público sólo aludió a un dato de atención de urgencia ofrecido en el requerimiento, sin aportar mayores antecedentes, ni poner a disposición del tribunal la carpeta de investigación para su estudio.

Por lo demás, el examen de dicho registro también sería procesalmente objetable, ya que conlleva asimilar el procedimiento de resolución inmediata del art. 395 del Cód. Procesal Penal al procedimiento abreviado. En este último el encartado acepta no sólo los hechos materia de la acusación, sino además los antecedentes de la investigación que la fundan –de los cuales debe estar en conocimiento-, lo que no sucede en este proceso, donde sólo admite responsabilidad en los hechos del requerimiento, mas no acepta ni valida el registro de la investigación, de manera que no puede este sentenciador revisarlo a objeto de complementar lo ya admitido, añadiéndole circunstancias que agravarían su responsabilidad, y respecto de las cuales el imputado no podrá controvertir aportando prueba en su descargo, alternativa que le fue coartada al renunciar al juicio oral.

En tal línea han resuelto distintos tribunales superiores. Por ejemplo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 23 de agosto de 2005 en causa Rol N° 26-2005, explicó que en el procedimiento de resolución inmediata reglado en el art. 395 del Cód. Procesal Penal, no se rinde prueba, siendo en tal caso para el legislador suficiente el reconocimiento, que no es una mera aceptación de los hechos –a diferencia del procedimiento abreviado-, sino una asunción de responsabilidad respecto de ellos que hace el imputado y por tal razón el legislador le asigna un tratamiento penal más benigno. Por su lado, la Iltma. Corte de Apelaciones de la región de O’Higgins resolvió el día 28 de diciembre recién pasado, en causa Rol Nº 315-05, que el procedimiento simplificado permite que, si el imputado admite responsabilidad, se prescinda del juicio. En ese caso, el juez dicta sentencia sobre la base del requerimiento y de ese reconocimiento, y nada más, pues imposible es exigir pruebas si no hay juicio (Cfr. Rol N° 336-05, 12.01.2006).

10º)    Que en otro orden de ideas, y a mayor abundamiento, como nos enseñan los profesores Horvitz Lennon y López Masle (Derecho Procesal Penal Chileno, T.II., Ed. Jdca. 1ª Ed., Stgo., 2005, p. 477), existe una identidad material entre el requerimiento y la acusación, la primera cumple prácticamente las mismas funciones en el

procedimiento que la segunda, las cuales, sintéticamente, son las siguientes: informar debidamente de los cargos al imputado; delimitar el objeto del juicio respecto de los hechos, lo que determinará una prohibición para el tribunal de exceder el contenido del requerimiento; e, informar al imputado acerca de los elementos o antecedentes que fundan los cargos, a fin de posibilitar el ejercicio de su derecho de defensa.

En el mismo sentido, debe observarse, que por disposición del art. 389 del Cód. adjetivo del ramo, se aplican al procedimiento simplificado las normas del Libro II, en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza, disposiciones entre las que se encuentra el art. 341, el cual prescribe que la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación, no pudiéndose condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella.

De lo que se ha venido razonando, se desprende que la obligación de congruencia entre la sentencia y la acusación, también rige en este procedimiento para el fallo y el requerimiento, por lo que no es jurídicamente factible ni procesalmente tolerable que el tribunal condene al incriminado por hechos o circunstancias que no le fueron atribuidos en el momento procesal pertinente, y que por lo tanto, no tuvo en vista al momento de decidirse por la resolución inmediata conforme al art. 395 tantas veces citado.

11º)    Que en fin, no es descaminado subrayar que el imputado únicamente aceptó los hechos atribuidos, no así la calificación jurídica efectuada por el Ministerio Público, sobre todo considerando que la defensa cuestionó que aquéllos constituyan un ilícito criminal.

En palabras del Tribunal de alzada de Valdivia, para la procedencia del procedimiento simplificado la ley exige que el imputado acepte responsabilidad en los hechos, pero no señala la norma legal, que el imputado deba aceptar responsabilidad penal en los hechos, de manera que esta aceptación de responsabilidad no impide al juez absolverlo (Rol N° 287-2005, 13.01.2006).

12º)    Que, así vistas y entendidas las cosas, las empeñosas elucubraciones del Fiscal en estrado no resultan eficaces para dar vida al tantas veces citado delito de lesiones, al carecer la imputación de los elementos típicos propios de ese ilícito. De este modo, sólo cabe la absolución del incriminado.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en los artículos 4, 48, 341, 388 y siguientes del Cód. Procesal Penal, se declara que:

I.-    Se ABSUELVE a R.E.C.O., ya individualizado, de su responsabilidad en los hechos objeto del requerimiento, cometidos en contra de R.E.E.B. el 10 de diciembre de 2005 en la comuna de Salamanca.

II.-    Se exime al Ministerio Público del pago de las costas del procedimiento, por haber accionado con fundamentos plausibles, aunque insuficientes.    

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RUC. Nº 0510017895-K

RIT Nº 1384-2005

Resolvió don Manuel E. Rodríguez Vega, Juez Titular del Juzgado de Garantía de Illapel
 

 
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La circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal.-

 

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