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Justicia Express PDF Imprimir E-Mail
Sin lugar a dudas, uno de los temas mas mencionados en todas las elecciones en Chile es la Justicia.

El debate hoy por hoy, no está centrado en si los gobiernos de la Concertación han o no perdido la batalla contra la delincuencia. Eso es un hecho. Mas bien está dirigido a si efectivamente la están combatiendo y cómo lo están haciendo para que el esfuerzo en detener a los delincuentes no sea en vano.

Durante los últimos diez años, el Estado Chileno, comenzó con un profundo y moderno método de adecuación del sistema judicial, que se instauraba a fines del siglo XIX, a los principios de un Estado de Derecho.

Mediante esta transformación, llamada Reforma Procesal Penal, fruto del trabajo de los Presidentes Frei y Lagos y los ministros Alvear, Gómez y Bates, el sistema de administración de justicia criminal, dejó aquel sistema inquisitivo caracterizado por ser secreto y escrito, y aceptó como suyos los estándares internacionales en materia de derechos humanos adaptándolos al desarrollo que ha experimentado la sociedad chilena en las últimas décadas. En estricto rigor, su objetivo es instalar y adecuar una administración de justicia moderna capaz de conciliar el poder del Estado con todas las garantías individuales.

¿Cómo lo hace? Consagrando principios fundamentales para toda aquella instancia que signifique modificar y alterar la vida de un ser humano. Hablamos de la "imparcialidad" al separar la investigación, acusación y sentencia. La "publicidad" y "oralidad" de las audiencias y juicios. La "eficiencia" al no ser tan plana y establecer distintos mecanismos para resolver un conflicto y la "inmediación" que es la justificación con la presencia de un juez o jueza para validar la audiencia.

A un año de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana, ya comienzan a oírse las primera críticas, las cuales fundamentalmente apuntan a la poca investigación y rapidez innecesaria del proceso, lo que conllevaría a tomar decisiones muchas veces erradas o poco eficaces.

Una gran cantidad de procesalistas, estiman que el actual sistema afecta garantías de la víctima como del imputado. Siendo este último el mayor beneficiado. Expertos investigadores policiales han sostenido que este nuevo sistema es, aunque menos burocrático, igual de ineficiente que el anterior. Dejando muchas veces anulado el esfuerzo que han logrado deteniendo a los delincuentes. Economistas a su vez, creen que los recursos fiscales en materia penal están siendo mal asignados lo que a la larga generará rendimientos decrecientes en el país.

Todas las estadísticas disponibles dan cuenta que en los casos mas frecuentes de delito (robos con violencia o con fuerza) el porcentaje de las causas con sentencia carcelaria es abrumadoramente bajo.

Es allí cuando este nuevo sistema comienza a mostrar sus primeras y mas graves falencias.

Recientes investigaciones realizadas en la Fiscalía Oriente arrojan datos alarmantes sobre la mano blanda que utilizan los jueces para entregar libertad a los acusados, mayormente de tráfico y microtráfico de drogas.

De 46 casos investigados, hubo 26 detenidos y sólo 2 condenados. El 15% de estos casos en tramitación se mantienen en prisión preventiva y el restante 85% en libertad, es decir, ya pasaron por la "puerta giratoria".

A nivel nacional, de cada mil delitos que se investigan en Chile, se producen 76 detenciones. De ellas, 7 llegan a ser condena y solamente 3 personas efectivamente pagan su culpa y van a la cárcel.

Y hay más. Un reciente estudio dirigido por el Abogado Patricio Lazcano revela que el 51% de los arrestados por tráfico de estupefacientes han quedado de inmediato en libertad en los juzgados de garantía.

Como vemos, el problema radica fundamentalmente en la facilidad que hoy en día tienen los delincuentes para optar a la libertad bajo una medida cautelar, una verdadera "justicia express", dejando a la cárcel de lado, que es donde efectivamente se deben cumplir las penas. A diferencia de muchos países latinoamericanos ésta facilidad y regalía para los delincuentes no existe como "debiera" ser en las calles ni en los barrios, sino que en el propio poder judicial.

A pesar de los 300 millones de dólares dirigidos para financiar la inversión de la Reforma, la evidencia práctica confirma que los delincuentes están mucho mejor ahora con el nuevo sistema. Y mas aún, han descubierto los mecanismos para eludir la acción de la justicia o hacerla "más blanda".

Soluciones, hay muchas. Pero ninguna podrá ser viable si no existe una verdadera intención de aplicarlas.

Desde 1990 a la fecha se han puesto en práctica más de 25 planes para combatir la delincuencia y las tasas de victimización no han decrecido. El gobierno de Bachelet deberá ser más humilde que nunca, incluyendo en su agenda la voluntad política para corregir el cual se presentó como el proyecto estrella de la Concertación. El apoyo de Chile lo tienen. Incluso de quienes no habían pensado recibirlo, como es la oposición. La UDI, el partido mas grande y votado de Chile, propuso hace unos meses la iniciativa mas enérgica y dura contra la delincuencia, llamada "la tercera es la vencida". Ésta establece que los delitos de connotación social serán inexcarcelables (no tendrá derecho a libertad provisional) entre otras cosas fundamentales.

Todo lo anterior, políticamente no es en vano.

Hoy en día Chile no sólo sufre una gran crisis a nivel educacional, sino que además parte del mundo está preocupado por nuestro país. Los empresarios nacionales e internacionales están muy inquietos por el actual estancamiento económico. Las ventas inmobiliarias cayeron en un 5,7%, los fondos de pensiones viven su peor mes desde el 2005, las ventas industriales caen un 2,3% versus el 8,8% respecto de Marzo, con un dólar muy bajo, un petróleo muy caro y un cobre que comienza un descenso paulatino en su precio que hay que saber manejar. Sin lugar a dudas, todo lo anterior sumado a la impericia del gobierno, por ejemplo, en el conflicto con los secundarios, ha impactado fuerte a nivel internacional y ha hecho que nuestro país pierda credibilidad e interés para con el mundo. No es sorpresa para ningún economista que los inversionistas extranjeros no sólo evalúan a un país por el desempeño económico. Sino que además se preocupan de la nación en término estables generales. Es decir políticos y sociales. Cuando deciden donde poner su capital, analizan especialmente la tasa de denuncias de delitos (robo y robo con violencia) de un país. Tasa que en Chile desde 2000 a la fecha ha aumentado de 28.000 a 48.500 denuncias.

El Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Chile indica que respecto a crímenes violentos, nuestro país tiene un registro menor comparado con otras economías emergentes. Pero, ello no se aplica en lo que se refiere a los delitos contra la propiedad. Ya que debido a la desigualdad social han aumentado.

Las principales preocupaciones de los Chilenos (según CERC) es la delincuencia con un 52%. Es decir, existe un alto grado de temor  (17.4% según Paz Ciudadana) en convertirse en víctima. El tema no es menor.  Ya que una mala aplicación de justicia conlleva obligadamente a un aumento del delito.

Los defensores del nuevo sistema procesal penal, sostienen que menores penas carcelarias también implicarían menos oportunidades de contagio delictivo, a lo cual, un ex asesor de Lagos (que no quiso dar públicamente su nombre) responde que eso se soluciona con el programa de concesiones de infraestructura de cárceles en Chile, donde a un costo total de USD 280 millones, diez cárceles reducirán significativamente la sobrepoblación de las prisiones y mejorarán la rehabilitación a través de la implementación de programas.

Todas las cifras dejan mucho que pensar.

El 87% de todos los casos ingresado a nivel nacional bajo la Reforma Procesal Penal durante sus primeros cinco años de vigencia está terminado.  Es decir que de 1.613.000 hoy tenemos 1.406.000 casos terminados. A la fecha se han realizado 6.570 juicios orales y públicos. En la RM el 50% de los casos está terminado. Cabe destacar que del total de los delitos ingresados en la RM, casi el 50% corresponde a delitos contra la propiedad (ya vimos el por qué) y el 84% se denuncia a través de Carabineros. Hasta la fecha, en la Región Metropolitana existen 9 mil 879 imputados formalizados, de los cuales sólo 2 mil 467 se encuentran bajo prisión preventiva (25%). De los 155.223 imputados sujetos a medidas cautelares, el 20% está en prisión preventiva (92.3% hombres y 7.7% mujeres) y un 80% goza de otra medida cautelar (48% presentarse ante autoridad y 24% arraigo). En aquellos casos de robo que tardaban en promedio un año en aclararse, hoy lo hacen en 87 días. Donde los homicidios tardaban dos años como mínimo, hoy concluyen en 264 días.

¿A qué llegaremos?

Es imposible no mencionar el caso de la "jueza express" María Angélica Grimberg. Sin duda obtuvo el premio a la trabajadora del mes. Se ganó todos los bonos posibles, ya que dictó 841 fallos en 48 horas. Mas que sorprendente. Al parecer la reforma trajo consigo a verdaderos reformistas, monstruos penales, capaces de dictar 17 fallos por hora. Quizás ahora puede parecer casi insólito. Pero no lo es para un grupo de chilenos, liderados por Lucy Holzapfel, que con mucha pena comenta que  "a mí me parece que esto es importante, porque la justicia tiene que dar señales de transparencia y que los procesos judiciales son iguales para todos. Mas aún cuando está en juego la dignidad de varias familias humildes como la mía y la de nuestra agrupación". Pero como consuelo no somos los únicos. Basta recordar un momento aquella noticia española sobre la mala utilización de la Justicia Express en aquel país. Un juez de Plaza de Castilla vio 19 casos en tres horas y diez minutos. Hubo uno que duró 45 segundos. La sentencia, escrita a los 3 minutos.

Este Viernes 16 de Junio casos como el de la red de pornografía infantil "Paidos", el montaje que sufrió la UDI en el marco del Caso Spiniak y el caso MOP-GATE, dejarán los tribunales que durante meses los tuvieron a su cargo. Como estaba previsto, al cumplirse un año de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, estos como otros miles de procesos experimentarán un gran cambio. Ya que los juzgados con números pares serán los que recibirán las causas que salgan de los que cierren. Medida que ya ha generado molestias y preocupación entre los abogados. Desorden al interior de los tribunales impares, sobreseimientos al por mayor y resoluciones apresuradas son algunos de los reclamos que los tramitadores de casos empiezan a deslizar en tribunales. A ello se agregan aún más denuncias como las del abogado Gustavo Menares, en torno a que se estarían entregando libertades de manera acelerada a fin de destrabar los cúmulos de expedientes. Es decir, la ciudadanía y las víctimas de delitos no tendrán una real justicia.

Creamos un modelo que ha servido como ejemplo para otros países como Argentina. No obstante, ellos no sólo optaron por este tipo de "Justicia Express" sino que la adecuaron con una "Tolerancia Cero". Tomemos un caso ejemplar, el que inauguró la nueva justicia Argentina, contado en exclusiva por el fiscal de la provincia de Buenos Aires Marcelo Blanco. Los hermanos Pili entraron a la agencia de turismo de Moreno y Mitre en el centro de Mar del Plata el 11 de julio pasado. Uno empuñaba una Browning 9 milímetros y  el otro una Ballester Molina 1125. Le sacaron al cajero 40 pesos (Argentinos). Los detuvieron en plena fuga cuadras más tarde. El juicio se hizo en tiempo record: el 14 de julio los condenaron a trece años de prisión por "tentativa de robo calificada".

En contraparte, en nuestro país, no podemos olvidar el caso de la Sra. Lucía Angélica Cerda (QEPD). La sexta víctima de los nefastos trabajos, liderados por el ex intendente Trivelli, de reparación de la Alameda, que hoy le costarán al país 7.2 millones de dólares re-arreglar.  Ésta joven maestra de escuela, viuda con tres hijos, fue brutalmente atropellada por un camión debido al mal estado de señalética de aquella avenida. Sólo tres meses demoró el tercer juzgado del crimen de Santiago en investigar y fallar a favor del conductor, quien fue sobreseído y exculpado de todos los cargos, a pesar de la evidencia empírica de lo contrario. 

Y mas cerca aún, cómo olvidar el caso del Senado Lavandero y su excelente defensa. Cuando el ex  senador solicitó un juicio de tramitación rápida, creíamos que lo hacía porque asumía su culpabilidad en casos de abusos contra menores. Creíamos, además, que sus abogados tomaban este rumbo sabiendo que de esta forma se evitaba mayor exposición en los medios y una eventual sanción mayor. Sin embargo no sólo el castigo en este "juicio express" es bastante menor a lo que suponíamos (robarse un caballo será, entonces, más grave en este país que abusar sexualmente de niños pequeños). Sino que además porque nuestros recintos penitenciarios están llenos de delincuentes que se supone están cumpliendo castigo y en una de esas rehabilitándose. Por ello es que la nueva justicia sólo está demostrando rapidez a costa de igualdad y en este caso estará además, olvidando velar por la dignidad y seguridad de los niños.

Concluyendo, es común escuchar entre la opinión pública como una de las primeras críticas, el principio de inocencia (inspirado en el tratado de Costa Rica). Principio que según muchos es el gran causante de la mala gestión actual. Se les acusa a los jueces de "mano blanda". Porque tienen el derecho de dejar en libertad a los imputados por algún delito. Ya que es primordial considerarlo inocente hasta comprobar que sea culpable. No obstante, aunque es cierto que los casos se han desarrollado mas rápido, es cierto afirmar también que la mayoría se resuelven en acuerdo con el fiscal, evitando el juicio oral. Lo que conlleva a no aplicar las penas debidas ya que sólo se llegan a acuerdos menores; salidas alternativas, principio de oportunidad, procedimiento abreviado entre otros. Pero también existe la responsabilidad judicial. Ya que en ellos tampoco encontramos respuestas satisfactorias en las prácticas de los tribunales de justicia. Mas bien intentan culminar cuanto antes los procesos, alentar cualquier avenimiento y así con miles de procesos terminados cumplir las metas de gestión.

Claro está, que el poder judicial deberá ser capaz de mirar casi tridimensionalmente los hechos para actuar con verdadera eficacia en cada uno de los delitos. Hay momentos donde es tremendamente necesario, dirimir y sentenciar a la brevedad. Hablo de casos como inmigración ilegal o deficiencias económicas que podrían resentir algún modelo clave para la sociedad. O en casos similares (si es que nos llegara a pasar) como en Alemania, donde durante la duración del mundial de Fútbol, el fiscal nacional Dieter Anders anunció que se actuará con celeridad ante cualquier delito y dispondrá de los mecanismos necesarios para celebrar juicios rápidos contra los infractores, incluido un fiscal en cada estadio del torneo.

La sensación de sabor amargo en contra de la mala gestión de la justicia, crece aún más cuando tenemos cifras que analizan la evolución de los presupuestos entregados por el Gobierno a los organismos encargados de la prevención y sanción de los delincuentes. Entre 1990 y 2004, se observa que el presupuesto de Carabineros de Chile presenta un aumento en un 144%, el de Policía de Investigaciones, de un 239% y el de Gendarmería, de un 358%. Entonces si se toman las cifras totales, se puede advertir un incremento en un 189%, lo que implica una diferencia de más de 290 mil millones de pesos en 15 años ó 19 mil millones de pesos al año. A ello cabe agregar el costo privado que, según un estudio de Libertad y Desarrollo, alcanzaba a los US $2.572 millones el año 2002.

La policía uniformada regularmente recibe una calificación de más de 5.0 (en escala de 1 a 7). No obstante cuando se trata de evaluar el sistema judicial, la nota califica cerca al 3.5. Por lo que el trabajo de Carabineros se está haciendo en la medida justa. Sin embargo, ya se escuchan reclamos dentro de la institución, quienes a través de un parlamentario dijeron estar preocupados ante la autoridad que deben representar, porque a quienes llevan detenidos y al otro día están libres por decisión de los jueces, se burlan de estos y de la comunidad a quienes afectan.

Sin embargo a pesar de todo lo expuesto, hay un punto que no se debe olvidar para enriquecer el debate.

El rol de la sociedad civil.  Es ampliamente reconocido que una sociedad civil fuerte y activa es esencial en el proceso de desarrollo político, institucional, social y económico de un país. En efecto, una sociedad civil informada (responsabilidad del gobierno) y organizada (responsabilidad del pueblo) no sólo permite relevar las necesidades sociales o denunciar los problemas más graves y urgentes, sino también permite contribuir a la generación de soluciones a través del establecimiento de consensos y alianzas, además de participar en la formulación técnica de políticas y programas. Queda abierto el debate de si es necesario que los vecinos lleguemos a organizarnos en sociedades como lo es  la "Seguridad Comunitaria" en los EEUU. Quienes no sólo abordan el tema de la acusación delictual, sino que exigen y presionan para que luego la justicia haga su trabajo eficientemente entregando verdaderas penas ejemplificadoras y justas.
 
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