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Colaboración sustancial articulo 11 N9 Código Penal PDF Imprimir E-Mail

(CORTE SUPREMA )DOCTRINA.

Del tenor del artículo 62 de la Ley N° 20.000, que señala que no se aplicará ninguna de las medidas alternativas contempladas en la Ley Nº 18.216 a la persona que haya sido condenada con anterioridad por alguno de los crímenes o simples delitos contemplados en esa ley o en la Ley Nº 19.366, en virtud de sentencia ejecutoriada, haya cumplido, o no, efectivamente la condena, a menos que le sea reconocida la circunstancia atenuante establecida en el artículo 22 de la misma ley, esto es, la cooperación eficaz al esclarecimiento de los hechos, se concluye que la ley sólo condiciona la concesión de los beneficios a la declaración previa de cooperación eficaz para el caso que exista una anterior condena, y no en la misma causa, interpretación que infringiría la aplicación lógica de esa disposición, restringiéndola a casos en los cuales si procede.

Texto completo de la Sentencia
Santiago, veintisiete de agosto de dos mil siete.

 Vistos y teniendo presente:

 1º Que aún habiéndose declarado inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la defensa de Sebastián Ordinas Corcuera en contra de la resolución de trece de marzo último, escrita de fojas 1608 a 1609, se ordenó traer los autos en relación para conocer de un posible vicio susceptible de invalidación de oficio por esta Corte;

 2º Que en dicha decisión la Corte de Apelaciones Valdivia estimó que el encartado Sebastián Ordinas Corcuera no puede ser acreedor a los beneficios de la Ley Nº 18.216 porque, según afirma, éste tendría una condena anterior y en la causa no se le ha reconocido la cooperación eficaz;

 3º Que, no obstante, de los antecedentes aparece que la única anotación que registra el prontuario del mencionado imputado es la referida a este proceso, por lo que sí goza de irreprochable conducta anterior, circunstancia esta que inclusive le fue reconocida en su oportunidad por las sentencias de primer y segundo grado. La segunda sentencia, por la que se recalificó el hecho punible adecuándose a la hipótesis contenida en el artículo 4º de la Ley Nº 20.000, se ha dictado en la misma causa, por lo que no se puede hablar de dos condenas, ni de una anterior ni de otra posterior, como si se tratara de dos delitos diferentes, que ciertamente no lo son;

 4º Que el artículo 62 de la ley del ramo señala que “No se aplicará ninguna de las medidas alternativas contempladas en la Ley Nº 18.216 a la persona que haya sido condenada con anterioridad por alguno de los crímenes o simples delitos contemplados en esta ley o en la Ley Nº 19.366, en virtud de sentencia ejecutoriada, haya cumplido, o no, efectivamente la condena, a menos que le sea reconocida la circunstancia atenuante establecida en el artículo 22 .

 La norma en cuestión únicamente condiciona la concesión de los beneficios a la declaración previa de cooperación eficaz, para el caso que exista una anterior condena, y no, como supuestamente lo sostiene la Corte de alzada, en la misma causa, desde que esa interpretación va en contra de la aplicación lógica de esa norma, restringiéndola a casos en los cuales si procede.

 Por estas consideraciones, y haciendo esta corte uso de sus facultades disciplinarias contempladas en los artículos 3º y 96 del Código Orgánico de Tribunales, artículos 68 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y artículo 79 de la Constitución Política de la República, de oficio, se invalida la sentencia de trece de marzo último, escrita de fojas 1608 a 1609, en la parte que no se concede al sentenciado ninguno de los beneficios alternativos para el cumplimiento efectivo de la condena, y en su lugar se resuelve que se mantiene aquel otorgado por el juez de primer grado en su sentencia de siete de diciembre de dos mil seis, que se lee a fs. 1580, esto es, el beneficio de la libertad vigilada, en las condiciones que allí se establecen.

 Se previene que el Ministro Sr. Rodríguez, concurre a invalidar de oficio el veredicto de segunda instancia de trece de marzo recién pasado, que se lee de fojas 1608 a 1609, porque adolece del vicio de casación en la forma contemplado en el artículo 541 Nº 11, del Código de Procedimiento Penal, esto es, por habérsele dictado “en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada .

 Para ello tuvo presente:

 PRIMERO: Que, contrariamente a lo aseverado en el fallo a quo y reproducido por los jueces de la Corte de Apelaciones de Valdivia, no resulta procedente en el caso en estudio el artículo 18 del Código Penal, que autoriza la aplicación de la ley más favorable cuando esta última se dicta antes de pronunciarse sentencia de término (inciso segundo), o después de ejecutoriada la sentencia (inciso 3º), ya que ninguno de esos presupuestos se presenta en la especie.

 SEGUNDO: Que, en efecto, la Ley Nº 20.000 fue publicada en el Diario Oficial del dieciséis de febrero de dos mil cinco e inserta en su artículo 4º el tráfico de sustancias estupefacientes, pero de pequeña cantidad de droga. Por consiguiente, no se trata de la tipificación de un nuevo ilícito, sino que de la imposición de una pena de menor entidad a aquella situación donde el objeto del tráfico ha sido una cantidad menor de sustancia alucinógena y que conlleva, por ende, una menor afectación del bien jurídico protegido.

 TERCERO: Que en el juicio se dictó dictamen definitivo de primera instancia el uno de abril de dos mil dos, que corre a fojas 1252 y siguientes, la que fue revisada y confirmada con declaración por la Corte de Apelaciones de Valdivia, el veintidós de septiembre de dos mil tres, como aparece de fojas 1356 y siguientes, es decir, más de un año antes que entrara en vigencia la Ley Nº 20.000, que estableció la penalidad menos rigorosa para el tráfico de pequeña cantidad de droga.

 Posteriormente, por haberse interpuesto recurso de casación en el fondo, la causa se elevó a esta Corte y el pronunciamiento que rechazó ese arbitrio procesal, se dictó el diecinueve de julio de dos mil seis, el que rola a fojas 1438 y siguientes, o sea, cuando ya se encontraba vigente la Ley Nº 20.000, sin que se haya dado aplicación a esa norma legal, y produciéndose además, la ejecutoria del laudo condenatorio el veinticinco de agosto del año pasado, como consta de fojas 1445, al estamparse por el juez a quo el cúmplase.

 CUARTO: Que, en consecuencia, el delito de tráfico ilícito investigado, no se reprimió conforme a la nueva ley, como lo estatuye el inciso 2º del artículo 18 del Código Penal, no obstante haberse extendido la sentencia de término antes de la promulgación de la Ley Nº 20.000, por lo cual no es dable hacerlo en una fase posterior, ni menos en un régimen como el punitivo donde no proceden las analogías, de suerte que el único medio de impugnación que resta es el recurso de revisión.

 Luego, tampoco pudo aplicarse esa disposición del modo previsto en el inciso 3º de ese artículo, porque la Ley Nº 20.000 no fue promulgada después de ejecutoriada la sentencia, sino más de un año antes de ello, lo que torna improcedentes las resoluciones adoptadas por la juez de primera instancia de fojas 1580 a 1584, y lo resuelto de fojas 1608 a 1609 por la Corte de Valdivia, en virtud de las cuales se redujo las penas originalmente impuestas al acusado Ordinas Corcuera, por aplicación indebida de los artículos 18 del Código Penal y 4º de la Ley Nº 20.000.

 QUINTO: Que, a mayor abundamiento, los incisos segundo y tercero del artículo 18 del Código sancionatorio deben interpretarse restrictivamente, dado su carácter de excepción a la regla general de irretroactividad de la ley penal que consagra el inciso primero del mismo precepto, lo que no hace más que corroborar la exclusión de las analogías en estas materias, máxime si se tiene en cuenta que el juez puede crear la ley en el orden civil recurriendo a la equidad natural a falta de ley que resuelva la cuestión (artículos 24 del Código Civil y 170, Nº 5, del de Procedimiento Civil), pero ello le queda absolutamente vedado en el ámbito criminal.

 En tales circunstancias, han obrado los jueces intervinientes, contrariando el mérito de la cosa juzgada porque ya se resolvió por sentencia ejecutoriada, que Sebastián Ordinas Corcuera, era responsable de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, descrito en el artículo 5º de la Ley Nº 19.366, resolución inamovible, en los términos que preceptúan los artículos 174, 175 y 182, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del artículo 43 de su homónimo de Enjuiciamiento Criminal, e incluso el artículo 76, inciso primero, de la Constitución Política de la República cuando impide “revivir procesos fenecidos , y cuya alteración, por lo tanto, impone la invalidación de oficio del referido dictamen de fojas 1608 a 1609, y la subsecuente revocación de la decisión de siete de diciembre de dos mil seis, que obra de fojas 1580 a 1584, por los fundamentos recién expuestos.

 Regístrese y devuélvase.

 Redactó el Ministro señor Dolmestch y la prevención, su autor.

 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau del C., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Sr. Fernando Castro A.

 Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brummer.

 Nº 1889 07.
Disidencias y Prevenciones
Se previene que el Ministro Sr. Rodríguez, concurre a invalidar de oficio el veredicto de segunda instancia de trece de marzo recién pasado, que se lee de fojas 1608 a 1609, porque adolece del vicio de casación en la forma contemplado en el artículo 541 Nº 11, del Código de Procedimiento Penal, esto es, por habérsele dictado “en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada”.
 Para ello tuvo presente:
 PRIMERO: Que, contrariamente a lo aseverado en el fallo a quo y reproducido por los jueces de la Corte de Apelaciones de Valdivia, no resulta procedente en el caso en estudio el artículo 18 del Código Penal, que autoriza la aplicación de la ley más favorable cuando esta última se dicta antes de pronunciarse sentencia de término (inciso segundo), o después de ejecutoriada la sentencia (inciso 3º), ya que ninguno de esos presupuestos se presenta en la especie.
 SEGUNDO: Que, en efecto, la Ley Nº 20.000 fue publicada en el Diario Oficial del dieciséis de febrero de dos mil cinco e inserta en su artículo 4º el tráfico de sustancias estupefacientes, pero de pequeña cantidad de droga. Por consiguiente, no se trata de la tipificación de un nuevo ilícito, sino que de la imposición de una pena de menor entidad a aquella situación donde el objeto del tráfico ha sido una cantidad menor de sustancia alucinógena y que conlleva, por ende, una menor afectación del bien jurídico protegido.
 TERCERO: Que en el juicio se dictó dictamen definitivo de primera instancia el uno de abril de dos mil dos, que corre a fojas 1252 y siguientes, la que fue revisada y confirmada con declaración por la Corte de Apelaciones de Valdivia, el veintidós de septiembre de dos mil tres, como aparece de fojas 1356 y siguientes, es decir, más de un año antes que entrara en vigencia la Ley Nº 20.000, que estableció la penalidad menos rigorosa para el tráfico de pequeña cantidad de droga.
 Posteriormente, por haberse interpuesto recurso de casación en el fondo, la causa se elevó a esta Corte y el pronunciamiento que rechazó ese arbitrio procesal, se dictó el diecinueve de julio de dos mil seis, el que rola a fojas 1438 y siguientes, o sea, cuando ya se encontraba vigente la Ley Nº 20.000, sin que se haya dado aplicación a esa norma legal, y produciéndose además, la ejecutoria del laudo condenatorio el veinticinco de agosto del año pasado, como consta de fojas 1445, al estamparse por el juez a quo el cúmplase.
 CUARTO: Que, en consecuencia, el delito de tráfico ilícito investigado, no se reprimió conforme a la nueva ley, como lo estatuye el inciso 2º del artículo 18 del Código Penal, no obstante haberse extendido la sentencia de término antes de la promulgación de la Ley Nº 20.000, por lo cual no es dable hacerlo en una fase posterior, ni menos en un régimen como el punitivo donde no proceden las analogías, de suerte que el único medio de impugnación que resta es el recurso de revisión.
 Luego, tampoco pudo aplicarse esa disposición del modo previsto en el inciso 3º de ese artículo, porque la Ley Nº 20.000 no fue promulgada después de ejecutoriada la sentencia, sino más de un año antes de ello, lo que torna improcedentes las resoluciones adoptadas por la juez de primera instancia de fojas 1580 a 1584, y lo resuelto de fojas 1608 a 1609 por la Corte de Valdivia, en virtud de las cuales se redujo las penas originalmente impuestas al acusado Ordinas Corcuera, por aplicación indebida de los artículos 18 del Código Penal y 4º de la Ley Nº 20.000.
 QUINTO: Que, a mayor abundamiento, los incisos segundo y tercero del artículo 18 del Código sancionatorio deben interpretarse restrictivamente, dado su carácter de excepción a la regla general de irretroactividad de la ley penal que consagra el inciso primero del mismo precepto, lo que no hace más que corroborar la exclusión de las analogías en estas materias, máxime si se tiene en cuenta que el juez puede crear la ley en el orden civil recurriendo a la equidad natural a falta de ley que resuelva la cuestión (artículos 24 del Código Civil y 170, Nº 5, del de Procedimiento Civil), pero ello le queda absolutamente vedado en el ámbito criminal.
 En tales circunstancias, han obrado los jueces intervinientes, contrariando el mérito de la cosa juzgada porque ya se resolvió por sentencia ejecutoriada, que Sebastián Ordinas Corcuera, era responsable de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, descrito en el artículo 5º de la Ley Nº 19.366, resolución inamovible, en los términos que preceptúan los artículos 174, 175 y 182, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del artículo 43 de su homónimo de Enjuiciamiento Criminal, e incluso el artículo 76, inciso primero, de la Constitución Política de la República cuando impide “revivir procesos fenecidos”, y cuya alteración, por lo tanto, impone la invalidación de oficio del referido dictamen de fojas 1608 a 1609, y la subsecuente revocación de la decisión de siete de diciembre de dos mil seis, que obra de fojas 1580 a 1584, por los fundamentos recién expuestos.Corte Suprema, 27/08/2007, 1889 2007
 

 
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La circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal.-

 

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