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Corte Suprema, 05/05/2008, 2243 2008 Aldo Marcelo Suárez Aravena PDF Imprimir E-Mail

Con Juez del Segundo Juzgado Civil de Chillán Tipo: Recurso de Amparo Resultado: Rechazad :Recurso de Amparo; requisitos procedencia. Normativa sistema cobro cotizaciones provisionales; finalidad apremio. Prisión por deudas; procedencia. Arresto; legalidad. Ilícito penal; configuración.

Doctrina
La finalidad que el legislador pretende con la normativa contemplada en el sistema de cobro de cotizaciones previsionales, es de apremiar al deudor para que cumpla con sus obligaciones previsionales (conforme artículo 12 de la Ley Nº 17.322 ), lo que responde a una idea de protección de la relación laboral y en especial de los trabajadores, a quienes el empleador les ha retenido parte de sus ingresos.

 Así, en el caso de autos, no se está frente a una prisión por deuda, de aquella que proscribe la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que se trata de retenciones efectuadas a los sueldos de los trabajadores, lo que constituye una obligación impuesta por la ley, que pesa sobre el empleador, quedando éste obligado a actuar como mero retenedor o recaudador de dineros ajenos en el sistema de fondos de pensiones introducido por el Decreto Ley 3.500, sumas que continúan siendo del trabajador y al existir un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empleador se configura el ilícito penal, previsto en el artículo 19 inciso final de la mencionada norma legal
 Por ende, al no estar en presencia de una obligación de naturaleza patrimonial, la orden de arresto dictada, fue decretada por una autoridad judicial competente y en un caso establecido por la ley. (Considerando 3º y 4º sentencia Corte de Apelaciones)
Sentencia
Chillán, diecinueve de abril de dos mil ocho.

 Oficio Nº 1084 En antecedentes sobre recurso de amparo Rol 97 2008, deducido en favor de don Aldo Marcelo Suárez Aravena, en cumplimiento de lo ordenado por US. Iltma., me permito informar lo siguiente:

 Como se sostiene en el recurso aludido, en los autos laborales seguidos en contra del recurrente, por cobro de imposiciones, Rol 689 2007, “A.F.P. Habitat con Sociedad Panificadora Soapin Limitada , por resolución de 16 del presente, se dictó orden de arresto en contra del señor Suárez Aravena a petición de la demandante y conforme al mérito de los antecedentes que obran en el proceso.

 En efecto, a juicio de este informante, se reunían todos los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 17.322, para ordenar el apremio que se cuestiona por el recurso, es decir, se trata de un apremio que se conforma a nuestro ordenamiento jurídico que sólo persigue, precisamente, que el empleador demandado cumpla con la obligación que la ley le impone de consignar en la respectiva institución previsional las sumas descontadas o, incluso, las que debió descontar al trabajador de su remuneración. En consecuencia, no hay aquí prisión por “deudas en el sentido en que dicho concepto se ha empleado en el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica, que lo ha sido como deudas personales derivadas del incumplimiento de obligaciones puramente civiles y no de aquellas que emanan de un imperativo legal y en las que no está afectado el patrimonio de quien debe cumplirlas, porque aquí de lo que se trata es de consignar en la institución respectiva las cantidades que se le descontaron o debieron descontársele al trabajador por expresa disposición legal. En otras palabras, no se está afectando abusivamente a la libertad individual, sino que se está tratando de poner atajo al grave incumplimiento de deberes que dañan el interés social.

 Por consiguiente, el apremio decretado es un procedimiento perfectamente legítimo de acuerdo a nuestra normativa jurídica, puesto que tiende a conseguir que se efectúe el pago de cotizaciones adeudadas y que son, en definitiva, de propiedad del trabajador.

 En resumen, no existe en el presente caso, ni por asomo, prisión por deudas; ni mucho menos que la orden de arresto decretada sea injusta y arbitraria y mucho menos ilegal; por el contrario, se funda estrictamente en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 17.322 y su legitimidad emana, además, de disposiciones constitucionales, como el Artículo 1º inciso 4º de la Constitución que establece como finalidad del Estado promover el bien común y también del Artículo 19 Nº 1 de la misma Constitución que, en su inciso 4º, prohíbe la aplicación de apremios ilegítimos y el decretado para obtener el pago de cotizaciones provisionales impagas, es del todo legítimo porque, precisamente persigue que se cumpla con la ley en beneficio de trabajadores que se están siendo afectados en sus derechos previsionales.

 Se acompaña expediente en que incide el recurso.

 Es todo cuando puedo informar a US. Iltma.

 Jorge Quintana Miranda, Juez Titular Segundo Juzgado Civil Chillán.

 Chillán, veintiuno de abril de dos mil ocho.

 Vistos:

 A fojas 1 comparece Aldo Marcelo Suárez Aravena, interponiendo recurso de amparo preventivo, en su favor y en contra del Juez del Segundo Juzgado Civil de Chillán. Funda su recurso en que consta en los autos ejecutivos laborales del Segundo Juzgado Civil de Chillán, caratulados “A.F.P. Habitat con Sociedad Panificadora Soapin Limitada , rol 689 2007, se ha dictado en contra del recurrente una orden de arresto hasta por cinco días, en su calidad de representante legal de la empresa ejecutada, lo cual estima que es ilegal, por cuanto el Pacto de San José de Costa Rica, tiene jerarquía superior a la Ley Nº 17.322, que establece en su artículo 7 Nº 7 que nadie puede ser detenido por deuda. Agrega que la sociedad demandada dejó de funcionar hace 5 ó 7 años, por lo que ya no existe en la vida jurídica. Termina solicitando tener por interpuesto el recurso de amparo y que se deje sin efecto la resolución que ordena el apremio, oficiando a la Prefectura de Carabineros de Chillán y a la Policía de Investigaciones, Prefectura de Chillán.

 A fojas 6, informando el recurso don Jorge Quintana Miranda, Juez del Segundo Juzgado Civil de Chillán, señala que efectivamente se dictó orden de arresto a petición de la demandante, por reunirse todos los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 17.322, por lo que no es una prisión por deuda, que afecte abusivamente la libertad individual, sino que se trata de poner atajo al grave incumplimiento de deberes que dañan el interés social, ya que se trata del pago de cotizaciones adeudadas y que son de propiedad del trabajador.

 Con lo relacionado y considerando:

 1º. Que según la causa rol Nº 689 2007, por cobro de imposiciones del Primer Juzgado Laboral de esta ciudad, tenida a la vista, la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. ha deducido demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo, en contra de la Sociedad Panificadora y, Comercial Soapin Ltda., representada por don Aldo Marcelo Suárez Aravena, a fin se la acoja a tramitación en todas sus partes, despachar mandamiento ejecución en su contra y ordenar seguir adelante hasta el entero y cumplido pago de lo adeudado, esto es, la suma de $ 660.745, más reajustes, intereses, recargos, y costas.

 A fojas 19 vuelta se tuvo por el tribunal por presentada la propuesta de liquidación del crédito ascendente a $ 2.613.438, tasando las costas personales en la suma de $ 130.000 y procesales en $ 15.000, respectivamente y a fojas 23 se despachó orden de arresto en contra del amparado por la suma de $ 2.758.438, por el lapso de cinco días.

 2º. Que el artículo 12 de la Ley Nº 17.322 dispone que: “El Empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales, dentro del término de quince días, contado desde la fecha del requerimiento de pago si no opuso excepciones, o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será apremiado con arresto, hasta por quince días .

 3º. Que la finalidad que el legislador pretende con la normativa contemplada en el sistema de cobro de cotizaciones previsionales, es de apremiar al deudor para que cumpla con sus obligaciones previsionales, lo que responde a una idea de protección de la relación laboral y en especial de los trabajadores, a quienes el empleador les ha retenido parte de sus ingresos.

 4º. Que en el caso de autos no se está frente a una prisión por deuda, de aquella que proscribe la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que se trata de retenciones efectuadas a los sueldos de los trabajadores, lo que constituye una obligación impuesta por la ley, que pesa sobre el empleador, quedando éste obligado a actuar como mero retenedor o recaudador de dineros ajenos en el sistema de fondos de pensiones introducido por el Decreto Ley 3.500, sumas que continúan siendo del trabajador y al existir un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empleador se configura el ilícito penal, previsto en el artículo 19 inciso final de la mencionada norma legal.

 Que por ende al no estar en presencia de una obligación de naturaleza patrimonial, la orden de arresto dictada en el caso de autos, fue decretada por una autoridad judicial competente y en un caso establecido por la ley, por lo que el recurso de amparo será rechazado.

 Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, Ley 17.322 y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Amparo, se rechaza el deducido por Aldo Marcelo Suárez Aravena, representante legal de la Sociedad Panificadora Soapin Ltda.

 Regístrese y archívese en su oportunidad.

 Devuélvase el expediente tenido a la vista.

 Rol Nº 98 2008 Amparo.



 Santiago, cinco de mayo de dos mil ocho.

 Vistos y teniendo presente:

 Se confirma la sentencia apelada de veintiuno de abril del año en curso, escrita de fojas 9 a 10 vuelta.

 Regístrese y devuélvase.

 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y Carlos Kunsemuller L.

 Autorizada por la Secretaria Suplente de esta Corte Suprema doña Beatriz Pedrals García de Cortazar.

 Rol Nº 2.243 08.

Corte de Apelaciones de Chillán, 21/04/2008, 98 2008
Sentencia Corte de Apelaciones :
Chillán, diecinueve de abril de dos mil ocho.

 Oficio Nº 1084 En antecedentes sobre recurso de amparo Rol 97 2008, deducido en favor de don Aldo Marcelo Suárez Aravena, en cumplimiento de lo ordenado por US. Iltma., me permito informar lo siguiente:

 Como se sostiene en el recurso aludido, en los autos laborales seguidos en contra del recurrente, por cobro de imposiciones, Rol 689 2007, “A.F.P. Habitat con Sociedad Panificadora Soapin Limitada , por resolución de 16 del presente, se dictó orden de arresto en contra del señor Suárez Aravena a petición de la demandante y conforme al mérito de los antecedentes que obran en el proceso.

 En efecto, a juicio de este informante, se reunían todos los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 17.322, para ordenar el apremio que se cuestiona por el recurso, es decir, se trata de un apremio que se conforma a nuestro ordenamiento jurídico que sólo persigue, precisamente, que el empleador demandado cumpla con la obligación que la ley le impone de consignar en la respectiva institución previsional las sumas descontadas o, incluso, las que debió descontar al trabajador de su remuneración. En consecuencia, no hay aquí prisión por “deudas en el sentido en que dicho concepto se ha empleado en el artículo 7 Nº 7 del Pacto de San José de Costa Rica, que lo ha sido como deudas personales derivadas del incumplimiento de obligaciones puramente civiles y no de aquellas que emanan de un imperativo legal y en las que no está afectado el patrimonio de quien debe cumplirlas, porque aquí de lo que se trata es de consignar en la institución respectiva las cantidades que se le descontaron o debieron descontársele al trabajador por expresa disposición legal. En otras palabras, no se está afectando abusivamente a la libertad individual, sino que se está tratando de poner atajo al grave incumplimiento de deberes que dañan el interés social.

 Por consiguiente, el apremio decretado es un procedimiento perfectamente legítimo de acuerdo a nuestra normativa jurídica, puesto que tiende a conseguir que se efectúe el pago de cotizaciones adeudadas y que son, en definitiva, de propiedad del trabajador.

 En resumen, no existe en el presente caso, ni por asomo, prisión por deudas; ni mucho menos que la orden de arresto decretada sea injusta y arbitraria y mucho menos ilegal; por el contrario, se funda estrictamente en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 17.322 y su legitimidad emana, además, de disposiciones constitucionales, como el Artículo 1º inciso 4º de la Constitución que establece como finalidad del Estado promover el bien común y también del Artículo 19 Nº 1 de la misma Constitución que, en su inciso 4º, prohíbe la aplicación de apremios ilegítimos y el decretado para obtener el pago de cotizaciones provisionales impagas, es del todo legítimo porque, precisamente persigue que se cumpla con la ley en beneficio de trabajadores que se están siendo afectados en sus derechos previsionales.

 Se acompaña expediente en que incide el recurso.

 Es todo cuando puedo informar a US. Iltma.

 Jorge Quintana Miranda, Juez Titular Segundo Juzgado Civil Chillán.

 Chillán, veintiuno de abril de dos mil ocho.

 Vistos:

 A fojas 1 comparece Aldo Marcelo Suárez Aravena, interponiendo recurso de amparo preventivo, en su favor y en contra del Juez del Segundo Juzgado Civil de Chillán. Funda su recurso en que consta en los autos ejecutivos laborales del Segundo Juzgado Civil de Chillán, caratulados “A.F.P. Habitat con Sociedad Panificadora Soapin Limitada , rol 689 2007, se ha dictado en contra del recurrente una orden de arresto hasta por cinco días, en su calidad de representante legal de la empresa ejecutada, lo cual estima que es ilegal, por cuanto el Pacto de San José de Costa Rica, tiene jerarquía superior a la Ley Nº 17.322, que establece en su artículo 7 Nº 7 que nadie puede ser detenido por deuda. Agrega que la sociedad demandada dejó de funcionar hace 5 ó 7 años, por lo que ya no existe en la vida jurídica. Termina solicitando tener por interpuesto el recurso de amparo y que se deje sin efecto la resolución que ordena el apremio, oficiando a la Prefectura de Carabineros de Chillán y a la Policía de Investigaciones, Prefectura de Chillán.

 A fojas 6, informando el recurso don Jorge Quintana Miranda, Juez del Segundo Juzgado Civil de Chillán, señala que efectivamente se dictó orden de arresto a petición de la demandante, por reunirse todos los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 17.322, por lo que no es una prisión por deuda, que afecte abusivamente la libertad individual, sino que se trata de poner atajo al grave incumplimiento de deberes que dañan el interés social, ya que se trata del pago de cotizaciones adeudadas y que son de propiedad del trabajador.

 Con lo relacionado y considerando:

 1º. Que según la causa rol Nº 689 2007, por cobro de imposiciones del Primer Juzgado Laboral de esta ciudad, tenida a la vista, la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. ha deducido demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo, en contra de la Sociedad Panificadora y, Comercial Soapin Ltda., representada por don Aldo Marcelo Suárez Aravena, a fin se la acoja a tramitación en todas sus partes, despachar mandamiento ejecución en su contra y ordenar seguir adelante hasta el entero y cumplido pago de lo adeudado, esto es, la suma de $ 660.745, más reajustes, intereses, recargos, y costas.

 A fojas 19 vuelta se tuvo por el tribunal por presentada la propuesta de liquidación del crédito ascendente a $ 2.613.438, tasando las costas personales en la suma de $ 130.000 y procesales en $ 15.000, respectivamente y a fojas 23 se despachó orden de arresto en contra del amparado por la suma de $ 2.758.438, por el lapso de cinco días.

 2º. Que el artículo 12 de la Ley Nº 17.322 dispone que: “El Empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales, dentro del término de quince días, contado desde la fecha del requerimiento de pago si no opuso excepciones, o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será apremiado con arresto, hasta por quince días .

 3º. Que la finalidad que el legislador pretende con la normativa contemplada en el sistema de cobro de cotizaciones previsionales, es de apremiar al deudor para que cumpla con sus obligaciones previsionales, lo que responde a una idea de protección de la relación laboral y en especial de los trabajadores, a quienes el empleador les ha retenido parte de sus ingresos.

 4º. Que en el caso de autos no se está frente a una prisión por deuda, de aquella que proscribe la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que se trata de retenciones efectuadas a los sueldos de los trabajadores, lo que constituye una obligación impuesta por la ley, que pesa sobre el empleador, quedando éste obligado a actuar como mero retenedor o recaudador de dineros ajenos en el sistema de fondos de pensiones introducido por el Decreto Ley 3.500, sumas que continúan siendo del trabajador y al existir un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empleador se configura el ilícito penal, previsto en el artículo 19 inciso final de la mencionada norma legal.

 Que por ende al no estar en presencia de una obligación de naturaleza patrimonial, la orden de arresto dictada en el caso de autos, fue decretada por una autoridad judicial competente y en un caso establecido por la ley, por lo que el recurso de amparo será rechazado.

 Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, Ley 17.322 y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Amparo, se rechaza el deducido por Aldo Marcelo Suárez Aravena, representante legal de la Sociedad Panificadora Soapin Ltda.

 Regístrese y archívese en su oportunidad.

 Devuélvase el expediente tenido a la vista.

 Rol Nº 98 2008 Amparo.

Corte Suprema, 05/05/2008, 2243 2008
Sentencia Corte Suprema:
Santiago, cinco de mayo de dos mil ocho.

 Vistos y teniendo presente:

 Se confirma la sentencia apelada de veintiuno de abril del año en curso, escrita de fojas 9 a 10 vuelta.

 Regístrese y devuélvase.

 Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y Carlos Kunsemuller L.

 Autorizada por la Secretaria Suplente de esta Corte Suprema doña Beatriz Pedrals García de Cortazar.

 Rol Nº 2.243 08.



 

 
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