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Corte de Apelaciones de Chillán, 03/04/2008, 86 2008 Daniel Rodríguez Rodríguez PDF Imprimir E-Mail

Con Juez del Juzgado de Garantía de Chillán Tipo: Recurso de Amparo Resultado: Rechazado Orden de detención librada contra imputado. Procedimiento por delito de acción privada. Querellante puede solicitar detención del imputado. Necesidad que imputado comparezca. Aplicación supletoria de normas del procedimiento simplificado. Impulso procesal radica en el querellante. Orden de detención ajustada a derecho.

Doctrina
En los delitos por acción privada el querellante se encuentra plenamente facultado para pedir la detención del imputado y hacer posible la continuación del procedimiento pues, de lo contrario, bastaría con la no comparecencia de éste para frustrar el procedimiento. En efecto, teniendo como principal característica en los delitos de acción privada la exclusión de la intervención del Ministerio Público y la atribución de poder exclusivo de persecución al querellante, es en éste en quien radica el impulso procesal (considerando 7º)

 El procedimiento por delito de acción privada no tiene una regulación completa sobre su desarrollo, aplicándose supletoriamente las disposiciones relativas al procedimiento simplificado, de manera que corresponde que al querellado se le hagan las preguntas a que se refieren los artículos 394 y 395 del Código Procesal Penal, las que son de carácter personalísimo, dados los efectos penales que conllevan, por lo que, si no comparece el imputado, habrá que hacer efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 33 del Código mencionado, postergándose el inicio del juicio hasta que el imputado sea puesto a disposición del tribunal, por cuanto no es posible el juzgamiento en ausencia (considerando 4º)

 Por lo anterior, la orden de detención librada en contra del imputado no es arbitraria y se ajusta a derecho, pues se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 127 del Código Procesal Penal (considerando 8º).
Sentencia
Chillán, tres de abril de dos mil ocho.

 Vistos y teniendo presente:

 A fojas 1 comparece don Sergio Zúñiga Galdames, defensor local de Chillán, domiciliado para estos efectos en calle Arauco Nº 343 de Chillán, interponiendo recurso de amparo a favor del imputado Daniel Rodríguez Rodríguez, domiciliado en calle Bulnes 779 de Chillán en atención a que el 28 de marzo del año en curso, el señor Juez de Garantía de Chillán don Luis Ricardo Soto González, en audiencia de conciliación fijada en la causa RIT 7127 2007 sobre acción penal privada por el presunto delito de giro doloso de cheque, dispuso la detención a petición del abogado querellante señor Gustavo Baeriswyl Padilla, con clara infracción al artículo 127 del Código Procesal Penal el que solo permite al Ministerio Público pedir detención acreditando los supuestos materiales de esa norma. Agrega que la resolución dictada por el juez recurrido es arbitraria e ilegal y vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República que en su letra b) dispone “Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes... . Finalmente expresa tener por interpuesto el recurso de amparo constitucional en contra del Juez de Garantía de Chillán don Luis Soto González admitirlo a tramitación y previo informe, acogerlo y dejar sin efecto, por ser arbitraria e ilegal, la resolución que ordena la detención de su representado por infracción al artículo 127 del Código Procesal Penal.

 Al informar a fojas 4 don Luis Ricardo Soto González, Juez de Garantía de esta localidad, señala que efectivamente se decretó por esa magistratura orden de detención contra el amparado, ya que se estima por el subscrito que el artículo 127 del Código procesal Penal, si bien confiere facultades al Ministerio Público para solicitar la detención de un imputado, en los casos que contempla, ello no puede excluir al interviniente particular, en éste caso al querellante, existiendo mérito para ello, ya que no se divisa de lo contrario otra facultad de hacer eficaz la sustanciación y prosecución del proceso frente a un querellado contumaz a comparecer, cuyo ha sido al caso de autos, razón por la cual se decretó la orden.

 A fojas 5 se trajo los autos en relación.

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

 1º. Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes podrá recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que esta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Lo mismo podrá realizar toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

 2º. Que en el presente el recurso se funda en que el Juez de Garantía de Chillán, en causa sobre acción penal privada por el presunto delito de giro doloso de cheque, dispuso orden de detención de Daniel Rodríguez Rodríguez, a petición del abogado querellante, lo que constituiría una infracción al artículo 127 del Código Procesal Penal, que sólo permite al Ministerio Público pedir la detención, pero no al querellante.

 3º. Que de los antecedentes allegados al recurso, se desprende que en la causa RIT Nº 7121 2007 del Juzgado de Garantía de esta ciudad, por giro doloso de cheques, se han realizado dos audiencia, el 11 de febrero y 28 de marzo del año en curso, a las cuales sólo asistió la parte querellante y el abogado del querellado, sin que éste último haya asistido a ellas, por lo que el querellante solicitó se despachara orden de detención para los efectos de hacer comparecer al querellado, oponiéndose a ello la defensa, pero el juez a quo señaló que estando emplazado el querellado y no pudiendo seguirse con el procedimiento si este no comparece, dio lugar a despachar la orden de detención.

 4º. Que tratándose de delitos de acción privada no existe una regulación completa sobre el desarrollo del juicio, teniendo aplicación supletoria las normas del procedimiento simplificado (artículo 405). En consecuencia, una vez presentada la querella el juez de garantía ordenará su notificación al imputado y citará a todos los intervinientes al juicio, siguiendo las reglas contenidas en el artículo 393 del Código Procesal Penal, debiendo destacarse que no obstante la posibilidad de una conciliación, las partes deben concurrir al juicio con todos sus medios de prueba, pues la audiencia se desarrolla sin resolución de continuidad.

 El querellado debe estar presente en el juicio porque procede instruirlo y dirigirle las preguntas a que se refieren los artículo 394 y 395 del Código Procesal Penal, las que obviamente son de carácter personalísimo, por los efectos penales que ellos conllevan. Si no comparece el imputado, habrá que hacer efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 33 del Código Procesal Penal, postergándose el inicio del juicio hasta que el imputado sea puesto a disposición del Tribunal, ya que no es posible el juzgamiento en su ausencia.

 5º. Que el artículo 127 del Código Procesal Penal, ubicado el párrafo de la detención, que es la disposición legal impugnada por el recurrente, establece que “el Tribunal, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la detención, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiere versa demorada o dificultada. También se decretará la detención del inculpado cuya presencia en una audiencia judicial fuese condición de ésta y que, legalmente citado no compareciere sin causa justificada .

 Que por su parte el artículo 33 inciso 3º señala que el Tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere injustificadamente sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva.

 6º. Que el recurrente no impugna o señala que el imputado no fuese citado legalmente a las audiencias respectivas o que hubiese tenido causa justificada para inasistir, sino que únicamente impugna que la orden de detención no puede solicitarla el querellante.

 7º. Que respecto de esto último, hay que tener presente que en los delitos de acción privada, la característica principal del procedimiento es la exclusión de la intervención del Ministerio Público y la atribución de poder exclusivo de persecución al querellante y por consiguiente, el impulso procesal radica enteramente en este interviniente.

 Por lo anterior, se estima que el querellante se encuentra facultado para pedir la detención del imputado y hacer posible la continuación del procedimiento, ya que de lo contrario, bastaría con la no comparecencia de éste para frustrar el procedimiento.

 8º. Que, en consecuencia, para dictar la resolución impugnada se ha tenido en vista por el juez un fundamento fáctico plausible, lo que descarta de por sí la existencia de arbitrariedad, enmarcándose su actuación en lo previsto en el artículo 127 del Código Procesal Penal, hipótesis que lo autoriza legalmente a proceder como se ha hecho en este caso.

 9º. Que conforme a lo expuesto, la orden de detención que afecta al amparado ha sido dictada dentro de un proceso penal legalmente tramitado, por el juez competente y dentro de sus facultades, motivo por los cuales se desestimará el recurso de amparo interpuesto.

 Por estas consideraciones, lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de amparo deducido por don Sergio Zúñiga Galdames en favor de don Daniel Rodríguez Rodríguez y en contra del Juzgado de Garantía de Chillán.

 Notifíquese, comuníquese vía fax y, ejecutoriado, archívese.

 Redacción del Ministro señor Arcos.

 Rol Nº 86 2008.

Corte de Apelaciones de Chillán, 03/04/2008, 86 2008
Sentencia Corte de Apelaciones :
Chillán, tres de abril de dos mil ocho.

 Vistos y teniendo presente:

 A fojas 1 comparece don Sergio Zúñiga Galdames, defensor local de Chillán, domiciliado para estos efectos en calle Arauco Nº 343 de Chillán, interponiendo recurso de amparo a favor del imputado Daniel Rodríguez Rodríguez, domiciliado en calle Bulnes 779 de Chillán en atención a que el 28 de marzo del año en curso, el señor Juez de Garantía de Chillán don Luis Ricardo Soto González, en audiencia de conciliación fijada en la causa RIT 7127 2007 sobre acción penal privada por el presunto delito de giro doloso de cheque, dispuso la detención a petición del abogado querellante señor Gustavo Baeriswyl Padilla, con clara infracción al artículo 127 del Código Procesal Penal el que solo permite al Ministerio Público pedir detención acreditando los supuestos materiales de esa norma. Agrega que la resolución dictada por el juez recurrido es arbitraria e ilegal y vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República que en su letra b) dispone “Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes... . Finalmente expresa tener por interpuesto el recurso de amparo constitucional en contra del Juez de Garantía de Chillán don Luis Soto González admitirlo a tramitación y previo informe, acogerlo y dejar sin efecto, por ser arbitraria e ilegal, la resolución que ordena la detención de su representado por infracción al artículo 127 del Código Procesal Penal.

 Al informar a fojas 4 don Luis Ricardo Soto González, Juez de Garantía de esta localidad, señala que efectivamente se decretó por esa magistratura orden de detención contra el amparado, ya que se estima por el subscrito que el artículo 127 del Código procesal Penal, si bien confiere facultades al Ministerio Público para solicitar la detención de un imputado, en los casos que contempla, ello no puede excluir al interviniente particular, en éste caso al querellante, existiendo mérito para ello, ya que no se divisa de lo contrario otra facultad de hacer eficaz la sustanciación y prosecución del proceso frente a un querellado contumaz a comparecer, cuyo ha sido al caso de autos, razón por la cual se decretó la orden.

 A fojas 5 se trajo los autos en relación.

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

 1º. Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes podrá recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que esta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Lo mismo podrá realizar toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

 2º. Que en el presente el recurso se funda en que el Juez de Garantía de Chillán, en causa sobre acción penal privada por el presunto delito de giro doloso de cheque, dispuso orden de detención de Daniel Rodríguez Rodríguez, a petición del abogado querellante, lo que constituiría una infracción al artículo 127 del Código Procesal Penal, que sólo permite al Ministerio Público pedir la detención, pero no al querellante.

 3º. Que de los antecedentes allegados al recurso, se desprende que en la causa RIT Nº 7121 2007 del Juzgado de Garantía de esta ciudad, por giro doloso de cheques, se han realizado dos audiencia, el 11 de febrero y 28 de marzo del año en curso, a las cuales sólo asistió la parte querellante y el abogado del querellado, sin que éste último haya asistido a ellas, por lo que el querellante solicitó se despachara orden de detención para los efectos de hacer comparecer al querellado, oponiéndose a ello la defensa, pero el juez a quo señaló que estando emplazado el querellado y no pudiendo seguirse con el procedimiento si este no comparece, dio lugar a despachar la orden de detención.

 4º. Que tratándose de delitos de acción privada no existe una regulación completa sobre el desarrollo del juicio, teniendo aplicación supletoria las normas del procedimiento simplificado (artículo 405). En consecuencia, una vez presentada la querella el juez de garantía ordenará su notificación al imputado y citará a todos los intervinientes al juicio, siguiendo las reglas contenidas en el artículo 393 del Código Procesal Penal, debiendo destacarse que no obstante la posibilidad de una conciliación, las partes deben concurrir al juicio con todos sus medios de prueba, pues la audiencia se desarrolla sin resolución de continuidad.

 El querellado debe estar presente en el juicio porque procede instruirlo y dirigirle las preguntas a que se refieren los artículo 394 y 395 del Código Procesal Penal, las que obviamente son de carácter personalísimo, por los efectos penales que ellos conllevan. Si no comparece el imputado, habrá que hacer efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 33 del Código Procesal Penal, postergándose el inicio del juicio hasta que el imputado sea puesto a disposición del Tribunal, ya que no es posible el juzgamiento en su ausencia.

 5º. Que el artículo 127 del Código Procesal Penal, ubicado el párrafo de la detención, que es la disposición legal impugnada por el recurrente, establece que “el Tribunal, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la detención, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiere versa demorada o dificultada. También se decretará la detención del inculpado cuya presencia en una audiencia judicial fuese condición de ésta y que, legalmente citado no compareciere sin causa justificada .

 Que por su parte el artículo 33 inciso 3º señala que el Tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere injustificadamente sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva.

 6º. Que el recurrente no impugna o señala que el imputado no fuese citado legalmente a las audiencias respectivas o que hubiese tenido causa justificada para inasistir, sino que únicamente impugna que la orden de detención no puede solicitarla el querellante.

 7º. Que respecto de esto último, hay que tener presente que en los delitos de acción privada, la característica principal del procedimiento es la exclusión de la intervención del Ministerio Público y la atribución de poder exclusivo de persecución al querellante y por consiguiente, el impulso procesal radica enteramente en este interviniente.

 Por lo anterior, se estima que el querellante se encuentra facultado para pedir la detención del imputado y hacer posible la continuación del procedimiento, ya que de lo contrario, bastaría con la no comparecencia de éste para frustrar el procedimiento.

 8º. Que, en consecuencia, para dictar la resolución impugnada se ha tenido en vista por el juez un fundamento fáctico plausible, lo que descarta de por sí la existencia de arbitrariedad, enmarcándose su actuación en lo previsto en el artículo 127 del Código Procesal Penal, hipótesis que lo autoriza legalmente a proceder como se ha hecho en este caso.

 9º. Que conforme a lo expuesto, la orden de detención que afecta al amparado ha sido dictada dentro de un proceso penal legalmente tramitado, por el juez competente y dentro de sus facultades, motivo por los cuales se desestimará el recurso de amparo interpuesto.

 Por estas consideraciones, lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de amparo deducido por don Sergio Zúñiga Galdames en favor de don Daniel Rodríguez Rodríguez y en contra del Juzgado de Garantía de Chillán.

 Notifíquese, comuníquese vía fax y, ejecutoriado, archívese.

 Redacción del Ministro señor Arcos.

 Rol Nº 86 2008.



 

 
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