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Corte Suprema, 15/04/2008, 1806 2008 Carlos Antonio Salazar Gatica PDF Imprimir E-Mail

Con Corte de Apelaciones de Copiapó Tipo: Recurso de Amparo Resultado: Rechazado Recurso de amparo; requisitos procedencia. Ilegalidad o arbitrariedad; concurrencia. Naturaleza del recurso; compatibilidad decisión sometida.

Doctrina
El artículo 21 de la Constitución Política de la República exige para la procedencia del recurso que el individuo se halle arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o las Leyes, para que la magistratura ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, igualmente en el inciso final de la disposición citado, se extiende el recurso a cualquiera otra privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual.

 Así, la Corte de Apelaciones ha resuelto someter a proceso en uso de sus facultades exclusivas y dentro de la competencia de un Tribunal de segunda instancia, sobre la base de un procedimiento previamente establecido y con audiencia de las partes, por lo tanto, estas solas circunstancias hacen improcedente el recurso, porque se ha actuado en conformidad a la Constitución y las Leyes, de manera que ninguna ilegalidad o arbitrariedad podría suscitarse en el estudio del proceso para adoptar la resolución indicada, máxime si en la resolución de alzada, se indican todos los antecedentes que justifican la decisión de dar por establecido el delito y los demás antecedentes sobre la participación fundada del amparado, de modo que este procedimiento rápido, sin forma de juicio y sin audiencia de las partes que participaron en el debate de la causa, está impedido dejar sin efecto dicha decisión.(Considerando 3º y 4º sentencia Corte de Apelaciones)
Sentencia
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó.

 Oficio Nº 310 Ref: Informa recurso de amparo rol 27 2008.

 Copiapó, 20 de marzo de 2008.

 Al tenor de lo solicitado en su oficio Nº 978 08 de 19 de marzo en curso, cúmpleme informar a S.S. Ilustrísima en recurso de amparo rol Nº 27 2007, deducido a favor de don Carlos Antonio Salazar Gatica:

 Que en autos rol corte 8 2008 y 42.322 del Primer Juzgado de Letras de Vallenar se conoció por esta Corte del recurso de apelación deducido por la querellante, el Servicio de Impuestos Internos, contra una resolución dictada en primera instancia por dicho Tribunal de fecha 8 de enero de 2008, escrita a fojas 667, que negó lugar a someter a proceso al querellado Carlos Antonio Salazar Gatica. Que con fecha 29 de febrero de 2008 esta Corte, revocando la resolución en alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, sometió a proceso al mencionado querellado como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 97 Nº 4 inciso 2º por encontrarse justificado en autos que, en la ciudad de Vallenar, entre los meses de marzo de 1998 a diciembre de 1999, un contribuyente, afecto al impuesto a las ventas y servicios, se proveyó intencionalmente de 27 facturas de 10 supuestos proveedores, sin que las operaciones comerciales de compra venta o prestación de servicios de que ellas daban cuenta se hubieren realizado, con el único objeto de ingresarlas en su contabilidad, para de este modo aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tenía derecho a hacer valer en relación con las cantidades que debía pagar por concepto de impuesto al valor agregado, ocasionando con su actuar ilícito un perjuicio fiscal ascendente a $ 39.034.286, hechos éstos que tipifican el delito previsto y sancionado en el artículo 97 número 4 inciso 2º del Código Tributario y que de los mismos antecedentes y propias declaraciones de Carlos Antonio Salazar Gatica prestadas de fojas 161 a 161 vuelta, a fojas 169 y de fojas 453 a fojas 454 vuelta de los referidos autos, se desprenden presunciones fundadas para estimar que a éste le ha correspondido la participación de autor de delito señalado en el fundamento anterior.

 Se adjunta copia de la resolución referida.

 Es cuanto puedo informar a S.S. Ilustrísima.

 Dios guarde a S.S. Ilustrísima.

 Alvaro Carrasco Labra, Presidente, Ministros señora Luisa López Troncoso y señor Francisco Sandoval Quappe.

 Antofagasta, a veintiséis de marzo de dos mil ocho.

 Vistos:

 La presentación de Manuel Saavedra Cerón, abogado, domiciliado para estos efectos en la Secretaría de esta Corte, actuando a favor de Carlos Antonio Salazar Gatica, quien deduce recurso de amparo con el objeto de adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y, asegurando la protección de la libertad del amparado se decrete la suspensión (sic) de la orden de aprehensión despachada y del auto de procesamiento que la origina.

 A fojas 25 informaron los señores Ministros recurridos:

 Puesta la causa en estado se han traído los autos para dictar sentencia.

 Con lo relacionado y considerando:

 Primero: Que se ha interpuesto recurso de amparo en contra de una resolución dictada por el Tribunal de Alzada de Copiapó que sometió a proceso a Carlos Antonio Salazar Gatica, pidiéndose la suspensión de dicho auto de procesamiento, porque juicio del recurrente, la libertad personal se encuentra conculcada cuando se resolvió en la causa rol 42.322 del Primer Juzgado de Letras de Vallenar.

 Funda su recurso, en lo referente a la competencia por la regla de subrogación de los artículos 215 y 216 del Código Orgánico de Tribunales y luego refiere los requisitos para procesar, presupuestos del delito, el mérito del proceso en cuanto a las operaciones cuestionadas, los informes contables y su valor probatorio, la objeción de los informes, el peritaje documental y las declaraciones del procesado. Asimismo, hace referencia a ilegalidades que afectan la declaración del amparado, en cuanto el fiscalizador reconoce que las operaciones y facturas que no eran objeto de cuestionamiento alguno, ni fueron materia de la querella y que en principio ante la negativa de reconocer las supuestas irregularidades el procesado fue presionado y amenazado por quien lo interrogaba, aludiendo además a la fecha de la declaración y a que dicha actuación no constituye un medio para acreditar el hecho punible. Por último, hace presente la falta de intervención en la contabilidad del amparado.

 Segundo: Que los Ministros recurridos sostienen en su informe que la Corte de Apelaciones de Copiapó conoció la causa aludida rol corte 8 2008, como consecuencia de un recurso de apelación deducido por el querellante, Servicio de Impuestos Internos, en contra de la resolución de primera instancia, que negó lugar a someter a proceso al querellado Carlos Antonio Salazar Gatica y que por fecha 29 de febrero último, revocando la resolución en alzada, se le sometió a proceso como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 97 Nº 4 inciso segundo de Código Tributario, por encontrarse justificado la existencia del delito, acompañándose copia de dicha resolución en donde constan los fundamentos y se hace referencia a las presunciones fundadas para estimar la participación del amparado como autor de dicho delito.

 Tercero: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República exige para la procedencia del recurso que el individuo se halle arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o las Leyes, para que la magistratura ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, igualmente en el inciso final de la disposición citado, se extiende el recurso a cualquiera otra privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual.

 Cuarto: Que la Corte de Apelaciones ha resuelto someter a proceso en uso de sus facultades exclusivas y dentro de la competencia de un Tribunal de segunda instancia, sobre la base de un procedimiento previamente establecido y con audiencia de las partes, por lo tanto, estas solas circunstancias hacen improcedente el recurso, porque se ha actuado en conformidad a la Constitución y las Leyes, de manera que ninguna ilegalidad o arbitrariedad podría suscitarse en el estudio del proceso para adoptar la resolución indicada, máxime si en el considerando primero de la resolución de alzada, se indican todos los antecedentes que justifican la decisión de dar por establecido el delito y en el considerando segundo los demás antecedentes sobre la participación fundada del amparado, de modo que este procedimiento rápido, sin forma de juicio y sin audiencia de las partes que participaron en el debate de la causa, está impedido dejar sin efecto dicha decisión.

 Quinto: Que sólo a título de referencia el otrora artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, exigía para la admisibilidad del recurso de amparo que el recurrente no hubiere deducido otros recursos legales, esto es, que no haber realizado actuaciones que implícitamente signifiquen la aceptación del procedimiento y por consiguiente la legalidad de la sustanciación de la causa. En este mismo sentido, el hecho de fijarse la audiencia para la vista del recurso, la posibilidad concreta de hacerse valer los derechos de las partes y los alegatos subsecuentes, significan una demostración palmaria de la falta de arbitrariedad o ilegalidad esencial en este recurso, de manera que habiéndose dictado un auto de procesamiento dentro de las atribuciones propias de una Corte de Apelaciones, no queda más que rechazar el recurso.

 Atendido lo expuesto y de conformidad con lo prescrito en el articuló 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se declara que se rechaza el deducido por don Manuel Saavedra Cerón a fojas 2 y siguientes de estos antecedentes, a favor de Carlos Antonio Salazar Gatica.

 Se previene que el Ministro Oscar Clavería Guzmán estuvo por declarar inadmisible el recurso de amparo, teniendo como único fundamento que éste es improcedente frente a las resoluciones adoptadas en segunda instancia por las Cortes de Apelaciones, quienes actúan dentro del procedimiento legal preestablecido y sobre la base de las atribuciones esenciales para ejercer jurisdicción.

 Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

 Redacción del Ministro señor Oscar Clavería Guzmán.

 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros señora Laura de Los Angeles Soto Torrealba, señor Oscar Clavería Guzmán y señora Gabriela Soto Chandía.

 Autoriza la Secretaría Interina señora Claudia Campusano Reinike.

 Rol Ing. Nº 27 2008.



 Santiago, quince de abril de dos mil ocho.

 Vistos y teniendo únicamente presente:

 Que del mérito del expediente traído a la vista, se desprende que el auto de procesamiento dictado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha veintinueve de febrero del año en curso, escrito a fojas 690, fue librado en atención a los antecedentes que obran en el proceso y, en consecuencia, en su pronunciamiento no aparece que dicha magistratura haya incurrido en alguna ilegalidad que pudiere importar privación, perturbación o amenaza en el derecho a la libertad personal o a la seguridad individual del recurrente, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 de la Constitución Política de la República, se confirma la sentencia apelada de veintiséis de marzo pasado, escrita de fojas 35 a 36 vuelta.

 Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

 Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde y Carlos Kunsemuller Loebenfelder.

 Autoriza la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema señora Carola Herrera Brummer.

 Rol Nº 1.806 08.


Disidencias y Prevenciones
El artículo 21 de la Constitución Política de la República exige para la procedencia del recurso que el individuo se halle arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o las Leyes, para que la magistratura ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, igualmente en el inciso final de la disposición citado, se extiende el recurso a cualquiera otra privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual
 Así, la Corte de Apelaciones ha resuelto someter a proceso en uso de sus facultades exclusivas y dentro de la competencia de un Tribunal de segunda instancia, sobre la base de un procedimiento previamente establecido y con audiencia de las partes, por lo tanto, estas solas circunstancias hacen improcedente el recurso, porque se ha actuado en conformidad a la Constitución y las Leyes, de manera que ninguna ilegalidad o arbitrariedad podría suscitarse en el estudio del proceso para adoptar la resolución indicada, máxime si en la resolución de alzada, se indican todos los antecedentes que justifican la decisión de dar por establecido el delito y los demás antecedentes sobre la participación fundada del amparado, de modo que este procedimiento rápido, sin forma de juicio y sin audiencia de las partes que participaron en el debate de la causa, está impedido dejar sin efecto dicha decisión.(Considerando 3º y 4º sentencia Corte de Apelaciones)Corte de Apelaciones de Antofagasta, 26/03/2008, 27 2008
Corte de Apelaciones :
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó.

 Oficio Nº 310 Ref: Informa recurso de amparo rol 27 2008.

 Copiapó, 20 de marzo de 2008.

 Al tenor de lo solicitado en su oficio Nº 978 08 de 19 de marzo en curso, cúmpleme informar a S.S. Ilustrísima en recurso de amparo rol Nº 27 2007, deducido a favor de don Carlos Antonio Salazar Gatica:

 Que en autos rol corte 8 2008 y 42.322 del Primer Juzgado de Letras de Vallenar se conoció por esta Corte del recurso de apelación deducido por la querellante, el Servicio de Impuestos Internos, contra una resolución dictada en primera instancia por dicho Tribunal de fecha 8 de enero de 2008, escrita a fojas 667, que negó lugar a someter a proceso al querellado Carlos Antonio Salazar Gatica. Que con fecha 29 de febrero de 2008 esta Corte, revocando la resolución en alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, sometió a proceso al mencionado querellado como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 97 Nº 4 inciso 2º por encontrarse justificado en autos que, en la ciudad de Vallenar, entre los meses de marzo de 1998 a diciembre de 1999, un contribuyente, afecto al impuesto a las ventas y servicios, se proveyó intencionalmente de 27 facturas de 10 supuestos proveedores, sin que las operaciones comerciales de compra venta o prestación de servicios de que ellas daban cuenta se hubieren realizado, con el único objeto de ingresarlas en su contabilidad, para de este modo aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tenía derecho a hacer valer en relación con las cantidades que debía pagar por concepto de impuesto al valor agregado, ocasionando con su actuar ilícito un perjuicio fiscal ascendente a $ 39.034.286, hechos éstos que tipifican el delito previsto y sancionado en el artículo 97 número 4 inciso 2º del Código Tributario y que de los mismos antecedentes y propias declaraciones de Carlos Antonio Salazar Gatica prestadas de fojas 161 a 161 vuelta, a fojas 169 y de fojas 453 a fojas 454 vuelta de los referidos autos, se desprenden presunciones fundadas para estimar que a éste le ha correspondido la participación de autor de delito señalado en el fundamento anterior.

 Se adjunta copia de la resolución referida.

 Es cuanto puedo informar a S.S. Ilustrísima.

 Dios guarde a S.S. Ilustrísima.

 Alvaro Carrasco Labra, Presidente, Ministros señora Luisa López Troncoso y señor Francisco Sandoval Quappe.

 Antofagasta, a veintiséis de marzo de dos mil ocho.

 Vistos:

 La presentación de Manuel Saavedra Cerón, abogado, domiciliado para estos efectos en la Secretaría de esta Corte, actuando a favor de Carlos Antonio Salazar Gatica, quien deduce recurso de amparo con el objeto de adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y, asegurando la protección de la libertad del amparado se decrete la suspensión (sic) de la orden de aprehensión despachada y del auto de procesamiento que la origina.

 A fojas 25 informaron los señores Ministros recurridos:

 Puesta la causa en estado se han traído los autos para dictar sentencia.

 Con lo relacionado y considerando:

 Primero: Que se ha interpuesto recurso de amparo en contra de una resolución dictada por el Tribunal de Alzada de Copiapó que sometió a proceso a Carlos Antonio Salazar Gatica, pidiéndose la suspensión de dicho auto de procesamiento, porque juicio del recurrente, la libertad personal se encuentra conculcada cuando se resolvió en la causa rol 42.322 del Primer Juzgado de Letras de Vallenar.

 Funda su recurso, en lo referente a la competencia por la regla de subrogación de los artículos 215 y 216 del Código Orgánico de Tribunales y luego refiere los requisitos para procesar, presupuestos del delito, el mérito del proceso en cuanto a las operaciones cuestionadas, los informes contables y su valor probatorio, la objeción de los informes, el peritaje documental y las declaraciones del procesado. Asimismo, hace referencia a ilegalidades que afectan la declaración del amparado, en cuanto el fiscalizador reconoce que las operaciones y facturas que no eran objeto de cuestionamiento alguno, ni fueron materia de la querella y que en principio ante la negativa de reconocer las supuestas irregularidades el procesado fue presionado y amenazado por quien lo interrogaba, aludiendo además a la fecha de la declaración y a que dicha actuación no constituye un medio para acreditar el hecho punible. Por último, hace presente la falta de intervención en la contabilidad del amparado.

 Segundo: Que los Ministros recurridos sostienen en su informe que la Corte de Apelaciones de Copiapó conoció la causa aludida rol corte 8 2008, como consecuencia de un recurso de apelación deducido por el querellante, Servicio de Impuestos Internos, en contra de la resolución de primera instancia, que negó lugar a someter a proceso al querellado Carlos Antonio Salazar Gatica y que por fecha 29 de febrero último, revocando la resolución en alzada, se le sometió a proceso como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 97 Nº 4 inciso segundo de Código Tributario, por encontrarse justificado la existencia del delito, acompañándose copia de dicha resolución en donde constan los fundamentos y se hace referencia a las presunciones fundadas para estimar la participación del amparado como autor de dicho delito.

 Tercero: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República exige para la procedencia del recurso que el individuo se halle arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o las Leyes, para que la magistratura ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, igualmente en el inciso final de la disposición citado, se extiende el recurso a cualquiera otra privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual.

 Cuarto: Que la Corte de Apelaciones ha resuelto someter a proceso en uso de sus facultades exclusivas y dentro de la competencia de un Tribunal de segunda instancia, sobre la base de un procedimiento previamente establecido y con audiencia de las partes, por lo tanto, estas solas circunstancias hacen improcedente el recurso, porque se ha actuado en conformidad a la Constitución y las Leyes, de manera que ninguna ilegalidad o arbitrariedad podría suscitarse en el estudio del proceso para adoptar la resolución indicada, máxime si en el considerando primero de la resolución de alzada, se indican todos los antecedentes que justifican la decisión de dar por establecido el delito y en el considerando segundo los demás antecedentes sobre la participación fundada del amparado, de modo que este procedimiento rápido, sin forma de juicio y sin audiencia de las partes que participaron en el debate de la causa, está impedido dejar sin efecto dicha decisión.

 Quinto: Que sólo a título de referencia el otrora artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, exigía para la admisibilidad del recurso de amparo que el recurrente no hubiere deducido otros recursos legales, esto es, que no haber realizado actuaciones que implícitamente signifiquen la aceptación del procedimiento y por consiguiente la legalidad de la sustanciación de la causa. En este mismo sentido, el hecho de fijarse la audiencia para la vista del recurso, la posibilidad concreta de hacerse valer los derechos de las partes y los alegatos subsecuentes, significan una demostración palmaria de la falta de arbitrariedad o ilegalidad esencial en este recurso, de manera que habiéndose dictado un auto de procesamiento dentro de las atribuciones propias de una Corte de Apelaciones, no queda más que rechazar el recurso.

 Atendido lo expuesto y de conformidad con lo prescrito en el articuló 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se declara que se rechaza el deducido por don Manuel Saavedra Cerón a fojas 2 y siguientes de estos antecedentes, a favor de Carlos Antonio Salazar Gatica.

 Se previene que el Ministro Oscar Clavería Guzmán estuvo por declarar inadmisible el recurso de amparo, teniendo como único fundamento que éste es improcedente frente a las resoluciones adoptadas en segunda instancia por las Cortes de Apelaciones, quienes actúan dentro del procedimiento legal preestablecido y sobre la base de las atribuciones esenciales para ejercer jurisdicción.

 Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

 Redacción del Ministro señor Oscar Clavería Guzmán.

 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros señora Laura de Los Angeles Soto Torrealba, señor Oscar Clavería Guzmán y señora Gabriela Soto Chandía.

 Autoriza la Secretaría Interina señora Claudia Campusano Reinike.

 Rol Ing. Nº 27 2008.

Corte Suprema, 15/04/2008, 1806 2008
Sentencia Corte Suprema:
Santiago, quince de abril de dos mil ocho.

 Vistos y teniendo únicamente presente:

 Que del mérito del expediente traído a la vista, se desprende que el auto de procesamiento dictado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha veintinueve de febrero del año en curso, escrito a fojas 690, fue librado en atención a los antecedentes que obran en el proceso y, en consecuencia, en su pronunciamiento no aparece que dicha magistratura haya incurrido en alguna ilegalidad que pudiere importar privación, perturbación o amenaza en el derecho a la libertad personal o a la seguridad individual del recurrente, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el inciso final del artículo 21 de la Constitución Política de la República, se confirma la sentencia apelada de veintiséis de marzo pasado, escrita de fojas 35 a 36 vuelta.

 Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

 Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde y Carlos Kunsemuller Loebenfelder.

 Autoriza la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema señora Carola Herrera Brummer.

 Rol Nº 1.806 08.



 

 
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